Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
Con las siguientes palabras, que por su importancia cito en extenso, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno Coello, increpó a la oposición política y social por sus críticas a la forma errática y sin transparencia que el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández está manejando la pandemia de la COVID-19.
“Yo no voy a mencionar nombres porque ustedes los han visto en los medios y ustedes saben quiénes son, yo a esas personas les pido, que no es el momento de estar dividiendo al pueblo hondureño, de estar criticando cada acción que alguien quiere hacer para llevar ayuda sanitaria”. “Es el momento de que demostremos con hechos que servimos y que queremos al pueblo, no seguir utilizando el nombre del pueblo para dividir, para violentar, no es eso, este es el momento de llevar ayuda, de desprenderse de egoísmos, de envidias, de rencores o de cosas que dividen al pueblo hondureño, es el momento de unirnos”. “A toda aquella persona, sin importar su condición social, su condición política, su condición en la que se desempeña, no es el momento para estar criticando ni estar ganando notoriedad aprovechando para llevar agua a su molino”. “Que, si van a ayudar, ayuden, pero no desprestigiando al país, poniéndonos siempre como que somos lo peor del mundo”[1].
Las declaraciones anteriores del Jefe del Estado Mayor Conjunto implican una violación clara a su condición de institución apolítica y no deliberante. Constituye una intromisión en los asuntos políticos del país. El General Tito Livio Moreno Coello cree que tiene la autoridad para regañar a la oposición política, a la oposición social e incluso a la ciudadanía. Asume la condición de guardaespaldas personal del presidente Juan Orlando Hernández, en detrimento de la institucionalidad de Las Fuerzas Armadas de Honduras.
En un país con real subordinación de los militares a la conducción civil, con separación de poderes, con funcionarios e instituciones eficientes y transparentes, y con una tradición democrática, las declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto, hubiesen sido suficientes para pedirle la renuncia o destituirlo.
Sin embargo, en Honduras estas declaraciones del General Tito Livio Moreno Coello no suscitaron ningún debate democrático, reflejo de cuánto nos falta para avanzar en la construcción de la democracia.
Avanzar en la desmilitarización hasta llevarla a un punto de no retorno, es una tarea que implica grandes desafíos. Los políticos hondureños parece que no pueden gobernar sin el protagonismo de los militares y los militares no terminan de perder el deseo por lo político, que construyeron durante el siglo XX. En la constitución de 1982, con la que arrancó la llamada transición a la democracia, dejó un enclave militar autoritario nefasto, que es otorgarles la responsabilidad de ser los garantes de la democracia y de la alternabilidad en el poder (gobierno).
Pero en esta relación entre los políticos y los militares hay algunos cambios. Los militares aun cuando persiste su participación en el derrocamiento o la renuncia obligada de presidentes democrática y constitucionalmente electos, ya no asumen como en el siglo XXI la presidencia de manera directa. La relación entre políticos y militares se ha vuelto más compleja, ahora se trata de una relación más de tipo clientelar.
El renovado protagonismo de los militares no es exclusivo de Honduras, sino que está produciéndose en toda la región de América Latina. Como lo señala Diamint, “en forma distinta, varios presidentes han recurrido a las Fuerzas Armadas. Ahora no son los militares los que presionan para adueñarse de la política, sino las autoridades elegidas quienes los utilizan para sus propios proyectos. Mientras asumen nuevas funciones, los oficiales adquieren más vinculación con el poder político y una relación aventajada con la población civil. Las Fuerzas Armadas ya no son aliadas de los perdedores del juego electoral. No pactan con quienes no ganan votos. Ahora son convocadas por los triunfadores de las compulsas electorales. Ya no entran en las casas de gobierno con los tanques, sino por las puertas privilegiadas de la recepción de autoridades”[2].
La violencia y la inseguridad han constituido la gran puerta de entrada de la militarización en América Latina. En un estudio del 2012 de la Junta Interamericana de Defensa, sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad, el hallazgo fue que 33 países involucraban a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, sólo Argentina y Cuba no lo hacían[3].
Siguiendo a la autora ya citada, “cada vez es más común que los países de América Latina utilicen las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Justificado por una configuración de las amenazas y vinculado al fracaso estatal para proveer orden público, parece natural que los militares y policías se amalgamen. Pero cuando los militares patrullan calles o fiscalizan documentos de identidad avanzan en una mayor intervención en el sistema político”.
Según Diamint, esto lleva a consecuencias como las siguientes: 1. Las Fuerzas Armadas son una institución cara. La militarización lleva a un crecimiento desmedido del presupuesto para los militares en detrimento para otras áreas y sectores. 2. Otorgar las tareas en el campo de la seguridad a las Fuerzas Armadas desvirtúa su rol profesional. 3. Existe poca información respecto a la reacción de los militares ante la “policialización” de sus efectivos. 4. Los militares asumen tareas de seguridad temporalmente y luego se quedan en ellas de manera permanente. 5. La segmentación del personal militar entre los involucrados en el trabajo policial y los que están en los cuarteles distorsiona la cadena de mando militar[4].
La militarización en el caso hondureño ha ido mucho más allá del tema de la seguridad, implica muchos otros procesos, como el ocupar puestos importantes en la estructura del Poder Ejecutivo, sobre todo de militares en condición de retiro. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha publicado estudios donde se puede observar la presencia de militares convertidos en funcionarios del Ejecutivo[5]. En el contexto de la pandemia de COVID-19 los militares han profundizado su presencia en las calles, con el pretexto de garantizar las medidas impuestas, sobre todo las relacionadas con el confinamiento. Sin embargo, desde la ciudadanía se desconoce, ¿a cuánto ascienden los recursos financieros y logísticos adicionales al presupuesto que están manejando las Fuerzas Armadas? Según el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) entre marzo y junio del 2020 las Fuerzas Armadas ejecutaron 4,129 (cuatro mil ciento veinte y nueve) millones de lempiras en compras directas[6].
El 24 de julio 2020 Juan Orlando Hernández nombró al general de brigada (R) José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la Junta Interventora de Inversión Estratégica (INVEST-H), una institución que maneja unos 3,700 (tres mil setecientos) millones de lempiras[7] en el manejo de la pandemia y que en este contexto se ha visto implicada en fuertes denuncias de corrupción. Por otro lado, ha trascendido que la administración de los hospitales móviles estaría a cargo de las Fuerzas Armadas.
Desde la perspectiva del CESPAD, Hernández y los militares han tejido redes sólidas de lealtades y en la coyuntura de la pandemia COVID-19, esos lazos se han reforzado. Lo anterior obedece a dos objetivos: “primero, elevar la legitimidad de las fuerzas armadas en la conducción de la crisis, ante el fuerte cuestionamiento de la ciudadanía en los últimos meses. Segundo, la crisis de legitimidad que atraviesa Hernández es crítica y al mantener a los militares cerca de la conducción de la crisis le permite mayor maniobra política”[8].
Así las cosas, los militares avanzan tomando e invadiendo espacios políticos en el Estado y la sociedad, constituyéndose en un peligro para la ya precaria democracia hondureña.
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[1] https://www.radiohrn.hn/honduras-en-libertad-queda-la-mayoria-de-implicados-en-caso-pandora. 17 de julio de 2020.
[2] Diamint Rut. ¿Quién custodia a los custodios? Democracia y uso de la fuerza en América Latina, en revista Nueva Sociedad, No. 278, noviembre – diciembre 2018. Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung.
[3] Diamint Rut. ¿Quién custodia a los custodios? Democracia y uso de la fuerza en América Latina, en revista Nueva Sociedad, No. 278, noviembre – diciembre 2018. Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung. Página 34.
[4] Diamint Rut. ¿Quién custodia a los custodios? Democracia y uso de la fuerza en América Latina, en revista Nueva Sociedad, No. 278, noviembre – diciembre 2018. Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung. Página 31-34.
[5] Sector defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas, Tegucigalpa: Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), julio de 2019. http://cespad.org.hn/2019/08/20/sector-defensa-seguridad-en-honduras-es-posible-una-reforma-democratica/
[6] https://contracorriente.red/2020/07/29/mas-responsabilidades-a-cambio-de-mas-impunidad-ff-aa-y-su-rol-en-la-pandemia/
[7] https://contracorriente.red/2020/07/29/mas-responsabilidades-a-cambio-de-mas-impunidad-ff-aa-y-su-rol-en-la-pandemia/
[8] http://cespad.org.hn/2020/08/03/cronologia-impunidad-de-funcionarios-publicos-y-la-militarizacion-de-invest-h/
