Escrito por: Bladimir López, analista del CESPAD
11 de agosto, 2020
Global Witness en su reciente informe, Defender el mañana: Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, señala que durante el 2019 se asesinó en Honduras a 19 líderes territoriales, convirtiéndose en el país con asesinatos más altos de Centroamérica y el quinto a nivel mundial. De igual forma, el informe menciona que los asesinatos aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 2019, ubicando a Honduras en el lugar más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.
En el actual contexto de país, marcado por la crisis sanitaria del COVID-19 y la suspensión de las garantías constitucionales, se está desarrollando una fuerte ola de violencia y vulneración de derechos en los territorios en resistencia y lucha contra los extractivismos. De marzo a julio se registraron un total de 5 asesinatos (9 en lo que va del año) y una centena de acciones de criminalización contra personas defensoras del medio ambiente.
El Estado de excepción y su impacto en los territorios
La violencia y la militarización en los territorios no están en cuarentena. La criminalización y los asesinatos siguen estando presentes en un contexto donde el régimen de Hernández emprende ataques sistemáticos a los territorios: suspensión de garantías constitucionales, entrada en vigencia del nuevo Código Penal y la emisión de una serie de Decretos de Emergencia y disposiciones institucionales que refuerzan el proyecto extractivista como visión de desarrollo que se caracteriza por la explotación a gran escala – para su posterior exportación al mercado internacional- de los bienes comunes de la naturaleza (tierra, agua, bosques, minerales) pertenecientes a las comunidades indígenas, campesinas y garífunas.
La suspensión de las garantías constitucionales se aplicó con el pretexto de gestionar eficientemente la actual crisis sanitaria y brindar seguridad y bienestar a la población. Sin embargo, ese proceso ha dado paso al desarrollo de una serie de “medidas policiales en cuarentena” y a la consolidación de una “Dictadura constitucional” con grandes impactos en el Estado de derecho y en la democracia del país.
Esa suspensión condujo al establecimiento de un Estado de excepción. Los territorios siempre han estado en emergencia permanente (sin derechos, ni garantías) y en la actual coyuntura, el panorama se agrava ya que las comunidades experimentan un fuerte proceso de desplazamiento de sus derechos ciudadanos y territoriales y un proceso de exclusión política, ya que las organizaciones no han sido partícipes de las medida gubernamentales y locales para atender la actual crisis sanitaria y humanitaria.
Sin embargo, lo más dramático de la situación es la inexistencia de una política de emergencia desde las instituciones de Derechos Humanos del Estado, orientada a salvaguardar la vida de las y los defensores y asegurar la convivencia pacífica en las comunidades originarias.
En resumen, el Estado de excepción ha abierto un nuevo ciclo de violencia y ha agravado la crisis de los derechos humanos en los territorios, a la vez que fuerzas estatales y fuerzas no estatales se disputan con las comunidades el territorio.
Las medidas policiales en cuarentena y la violencia en los territorios
La actual violencia en los territorios obedece a seis causas: i) negación de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, ii) medidas policiales en cuarentena, iii) remilitarización de los territorios en lucha contra los extractivismos, iv) ofensiva reaccionaria de las fuerzas no estatales vinculadas a empresas extractivistas y al crimen organizado, v) impunidad y la incompetencia del sistema policial y judicial, y, vi) corrupción extractivista.
Las medidas policiales en cuarentena están implicando el retroceso en la salvaguarda de libertades constitucionales y democráticas. En el país se evidencia un doble proceso de remilitarización: político y territorial. En lo político, los militares lideran juntas de intervención (en el caso de INVEST-H), y administran hospitales móviles. En lo territorial, existe un despliegue táctico y estratégico de las fuerzas militares y policiales hacia los territorios en resistencia, impidiendo/reprimiendo acciones de movilización, protestas, reunión y organización.
Esas medidas son el punto de partida para comprender la forma en la que operan los principales mecanismos de violencia que se ejecutan en los territorios: coerción, control, intimidación, vigilancia y asesinatos. Lo anterior no solo profundiza la crisis de los derechos humanos, sino que evidencia una “política de contrainsurgencia” que tiene como telón de fondo el exterminio del liderazgo territorial alrededor de una intencionalidad étnica, racista y patriarcal.
Otro de los elementos que aparece como detonador de violencia, es la remilitarización de los territorios por las fuerzas policiales y militares. En la actual coyuntura, son constantes las denuncias emitidas desde las organizaciones de sociedad civil, expresando la forma en cómo la crisis sanitaria es aprovechada por las fuerzas estatales para acrecentar su presencia en los territorios. La remilitarización presenta la siguiente dinámica: i) brindan protección a las empresas extractivistas que en plena pandemia siguen con la extrahección (mediante la fuerza y la violencia) de los bienes comunes naturales, ii) acciones de vigilancia, intimidación y persecución contra las personas defensoras del territorio, y, iii) con la excusa de combatir al narcotráfico se asientan en territorios de comunidades garífunas y campesinas que sostienen luchas territoriales.
La remilitarización de los territorios es una respuesta táctica del régimen de Hernández, en el esfuerzo por socavar y debilitar los procesos de organización y lucha territorial, en un marco de país donde se avizora una nueva oleada del proyecto extractivo el cual solo puede ser impuesto mediante la fuerza y la violencia, ante al rechazo generalizado que existe en las comunidades.
De igual forma aflora una ofensiva de las fuerzas no estatales en los territorios. En Honduras existe toda una red de actores que se disputan el control del territorio con las organizaciones territoriales. Esta red la componen actores de la élite política y empresarial en asocio con el capital nacional e internacional, terratenientes locales, fuerzas no estatales como la seguridad privada de las empresas extractivas y estructuras criminales vinculas al narcotráfico.
Favorecidos por varios aspectos, estas fuerzas no estatales han arreciado acciones de contrainsurgencia política en los territorios. Por un lado, toda la atención mediática del país está puesta en la pandemia, permitiéndole a dichos grupos operar con mayor libertad y fuerza. Por otro lado, el acompañamiento de una defensoría nacional e internacional ha disminuido considerablemente, pese a que en el pasado han servido para visibilizar y detener las agresiones contra el liderazgo territorial.
A esa ola creciente de violencia y contrainsurgencia se le suma la impunidad y la incompetencia del sistema policial y de justicia, como piedra angular que reproduce la violencia y vulnera los derechos territoriales. En Honduras son múltiples las acciones legales que las organizaciones emprenden para frenar los proyectos extractivos y salvaguardar los derechos de las comunidades originarias. En ese sentido, la impunidad se debe a múltiples factores, tales como la incapacidad o inefectividad de la policía y Ministerio Público en investigar los casos, identificar a los responsables, juzgarlos y penalizarlos. También incide en que personas detrás de las redes extractivistas tienen estrechos vínculos militares, políticos, familiares y empresariales con los que ejercen la violencia y vulneran derechos.
Por último, sobresale el papel de la corrupción extractivista en toda esta ola creciente de violencia, ya que por ese medio se valen las redes extractivistas para imponer ese modelo y avanzar hacia la colonización de los territorios. De igual forma, es importante mencionar que en Honduras la corrupción extractivista es gestada, reproducida y legitimada por todo un sistema político y cultural: Congreso Nacional, academia, diversos sectores intelectuales, partidos políticos, sistema de justicia y medios de comunicación.
En resumen, las medidas policiales en cuarentena elevan los niveles de conflictividad y acrecientan la violencia en los territorios, ya que dichas medidas, además de restringir y vulnerar derechos humanos y territoriales, son pensadas para abrir paso a un proyecto amplio de control territorial y legitimar acciones de contrainsurgencia política en manos de las fuerzas estatales y fuerzas no estatales.
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