Durante el período del 13 al 19 de julio en clave de derechos humanos y garantías constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura del país: 1) Asesinato de Marvin Castro, líder del Movimiento (MASSVIDA), 2) Desaparición forzada de líder de la OFRANEH y tres personas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, y, 3) Intimidación y destrucción de cultivos en perjuicio de la base campesina Nueva Esperanza en La Paz.
Prácticas de criminalización en tiempos de COVID-19
En un reciente análisis publicado desde el CESPAD, se expone abiertamente la manera en la cual la crisis del COVID-19 está agudizando las contradicciones políticas, sociales y humanitarias en los territorios, alrededor de tres elementos de fondo: i) suspensión de las garantías constitucionales, ii) disposiciones ejecutivas e institucionales en materia extractivista, y, iii) marginamiento de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas en las políticas públicas aprobadas por el régimen de Hernández para gestionar la crisis.
La suspensión de las garantías constitucionales, está conllevando a una agudización sin precedente de la crisis de los derechos humanos en las comunidades que se disputan el control del territorio contra el capital, agentes del crimen organizado y terratenientes. En ese sentido, un monitoreo desarrollo desde el CESPAD, registra que de marzo a julio se desarrollaron 5 asesinatos, 30 acciones de criminalización y 8 acciones de persecución penal contra líderes y lideresas del movimiento territorial en Honduras.
En ese contexto, los asesinatos se han desarrollado en dos de las regiones más conflictivas del país. En la zona Norte se registran 3 asesinatos de líderes pertenecientes a la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y, en la zona Sur 2 asesinatos contra una lideresa del asentamiento campesino La Lempira y hacia un líder líder del Movimiento Ambientalista del Sur por la Vida (MASSVIDA). En el caso de la zona Norte, los asesinatos se desarrollan en comunidades garífunas de Punta Piedra y el Triunfo de la Cruz, donde en el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de dichas comunidades, obligando al Estado a reparar la violación de lo derechos humanos y devolverles sus tierras, hasta la fecha el Estado ha hecho caso omiso a dicho fallo, agudizando los actuales conflictos en estas comunidades.
A los asesinatos hay que agregarle una segunda práctica, las desapariciones forzadas. La desaparición forzada el 18 de julio de Sneider Centeno de la (OFRANEH) y tres personas más de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, por manos de grupos armados identificados con chalecos de la Dirección de Policía de Investigación (DPI), vuelve a poner en el escenario la forma en la que operan estos grupos, que según las organizaciones territoriales tienen vínculos con el crimen organizado.
La tercera práctica para criminalizar al liderazgo territorial, son las intimidaciones directas. En ese sentido, el pasado jueves 16 de julio el supuesto dueño de las tierras, donde se encuentra ubicado el grupo campesino Nueva Esperanza, ingresó violentamente al asentamiento campesino destruyendo los cultivos, causando daños a la propiedad, amenazas a muerte, intimidación y coacción. En una alerta emitida por ACI-PARTICIPA el 17 de julio, enuncia que las tierras donde se encuentra la base campesina han sido declaradas de carácter ejidal (pertenecientes a la Municipalidad) por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Rasgos principales de la criminalización en tiempos de COVID-19
Las tres prácticas de criminalización mencionadas anteriormente presentan una serie de características, que dan cuenta la manera en la cual opera la política de exterminio hacia el liderazgo territorial en tiempos de pandemia del COVID-19. Sobresalen las siguientes características:
- El establecimiento de un estado de excepción: Los territorios siempre han estado en emergencia permanente (sin derechos, ni garantías) y en la actual coyuntura de suspensión de las garantías constitucionales, el panorama se agrava. Por un lado, está ausente la atención focalizada en materia sanitaria, social y económica hacia las comunidades indígenas, garífunas y campesinas. Por otro lado, no existe una política de emergencia desde las instituciones de derechos humanos del Estado, orientadas a salvaguardar la vida de las y los defensores y asegurar la convivencia pacífica en las comunidades originarias. La vigencia del Estado de excepción vulnera derechos y acrecienta la crisis en los territorios.
- Las redes que controlan los territorios: Lo sectores que controlan los territorios son diversos: empresarios, políticos, crimen organizado y terratenientes, por eso no es extraño que las organizaciones los señalen como los actores intelectuales detrás de los asesinatos. En la práctica funcionan como redes, comparten los mismos intereses económicos, hacen uso de la institucionalidad pública, recurren a las fuerzas policiales, instrumentalizan a medios de comunicación y a ciertas organizaciones locales. Estas redes en la actual coyuntura no solo controlan el territorio, sino que imponen con mayor libertad la política de exterminio contra el liderazgo territorial.
- La presión de fuerzas no estatales: En distintas acciones de criminalización e intimidación son las fuerzas de seguridad de las empresas y grupos armados privados, los que ejercen con violencia el control del territorio. Estas fuerzas no estatales operan de manera escalonada y ordenada, a la luz de las instituciones del Estado, intimidando, amenazando y asesinando, por eso no exageran las organizaciones territoriales cuando expresan que existe una política de exterminio bien montada y estructurada desde los grupos de poder y desde el Estado, ya que este último no emprende acciones judiciales hacia los responsables de las criminalización y asesinatos.
La actual crisis de derechos humanos en los territorios, nos enseña la forma en que la suspensión de las garantías constitucionales genera mayor desprotección y vulnerabilidad, a la vez que nos invita a reflexionar sobre la importancia de avanzar en la construcción de instituciones públicas con capacidad de respuesta ante la crisis como la actual.
En conclusión, nos encontramos ante un escenario critico en los territorios con el peligro a que en el corto plazo se abran procesos más prolongados de intimidación y asesinatos hacia el liderazgo territorial, pudiendo conllevar a desenlaces de hartazgo y de indignación por parte de las comunidades, radicalizando y polarizando los conflictos actuales contra los grupos que intentan apoderarse del territorio.
Descargar: AnálisisSemanal11-CESPAD
