¿En manos de quién están los 8 mil millones de lempiras emitidos para el agro en Honduras?

Por Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD

Para ser exactos son 8 mil 325 millones de lempiras los que están contemplados en el Decreto PCM 030-2020, aprobado el 8 de abril del presente año, y que se pusieron a disposición para el sector “productor de alimentos”, luego de que la administración de Juan Hernández lo declarara “prioridad nacional”. A casi 4 meses de la aprobación de ese PCM, hay muchas preguntas que ameritan respuestas: ¿han beneficiado los programas a las comunidades rurales pobres de Honduras?, ¿son políticas integrales que contribuyen a gestionar de mejor forma la crisis? o, al contrario, ¿son excluyentes y no responden a los intereses y demandas de las comunidades rurales, indígenas y campesinas?

Para ahondar en los programas para la reactivación del Agro, que ha puesto a disposición el gobierno de Honduras, es necesario hacer referencia al Decreto PMC 30-2020 que se aprobó en el mes de abril, un mes después de la declaratoria de emergencia en el país por la presencia del coronavirus en el país. Garantizar la “Soberanía y Seguridad Alimentaria” de la población es el estandarte de ese decreto que para diversos sectores resulta preocupante porque establece apoyo irrestricto para el “sector productor y de procesamiento de alimentos”, y se ordena al “Poder Ejecutivo, el sector agroindustrial alimentario, el sector financiero, el sector de transporte y demás sectores relacionados.

El objetivo, reza el texto, es “reorientar esfuerzos en el sentido de asegurar que el país cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria y sanitaria que afecta a la Nación, priorizando mantener las cadenas productivas y de distribución de alimentos activas en todo momento, acciones que deben ser sostenibles en el tiempo para paliar los efectos posteriores a las crisis”.

¿A quién va dirigida esa política pública?

Pero al hacer el cruce entre lo que dice la teoría y la práctica, una de las primeras situaciones que amerita que se le ponga atención es que en su contenido, el Decreto en ningún momento menciona que el apoyo se dirija hacia los pequeños o medianos productores o productoras del campo, los que, de acuerdo con datos de la FAO, a nivel mundial producen el 70% de los alimentos que se consumen.

“Y en Honduras pasa igual”, dice Wendy Cruz, quien se vincula contantemente con campesinos y campesinas. “Es preocupante porque la seguridad y la soberanía alimentaria solo es posible produciendo en manos de los pequeños productores y medianos agricultores que tienen desde media manzana hasta 5 manzanas”, agrega Cruz, quien es Coordinadora de Proyectos dentro de la Vía Campesina, una institución que impulsa procesos con ese segmento del agro en el interior de los pueblos del país.

Ya en el país, y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe “Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura”, los pequeños y medianos productores son el 11%, que equivale a 385 mil productores y productoras, que en el país benefician directamente a 2 millones de personas en las comunidades rurales. Sin embargo, son los eternos marginados de las políticas públicas ya que en su lugar se beneficia a la agro-exportación, segmento que de acuerdo con el citado informe es el 56% y es, precisamente, el sector que se prioriza en el PCM 30-2020. “Los agroexportadores producen en grande para exportar fuera del país o para producir derivados, por ejemplo, etanol, con el maíz, no para darle de comer a nuestras comunidades rurales del país”, cuestiona Cruz.

Una emergencia con la que se aprobaron millones de lempiras

Con la consigna, “El sector Agrícola como prioridad nacional para asegurar los alimentos del pueblo hondureño”, el gobierno de Hernández aprobó diversos programas desde que se registraron los primeros casos de Covid19 en el país. Uno de esos programas es el de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, siempre a través del Decreto 30-202, y que viene a ser “la gran sombrilla” para la erogación de fondos con los que afirman “asegurarán que el país cuente con reservas suficientes de alimentos”.

El cuadro que a continuación se presenta, muestra nombres de proyectos y montos que se erogaron a partir del decreto en cuestión. Se trata de 6 proyectos destinados para la reactivación del corredor seco, para asegurar la reserva alimentaria del país, para la ejecución del programa SEMPRENDE, al igual que para el inicio del programa Agro-crédito 8.7; más dos bonos, uno de Solidaridad Productiva y un segundo llamado Bono Cafetalero. La suma total puestos unos en dólares y otros en lempiras es de 8 mil 325 millones de lempiras.

Cuadro con proyectos y montos erogados para el Agro en el marco de la pandemia

Cuadro generado con datos sustraídos del Decreto 30-2020, emitido por el Gobierno.

Los Créditos y Bonos para el Agro durante la pandemia en Honduras

Nos centraremos en el programa de créditos y en los dos bonos que se plantean para ser entregados al sector agrícola en Honduras.

El programa Agro-crédito 8.7

Este programa es promovido por el Gobierno de Honduras, a través de los medios de comunicación, como una panacea que apoyará a las y los campesinos en la siembra de sus tierras, para generar la producción que el país necesita. Específicamente, se enmarca en el artículo 13, siempre del Decreto PCM 30-2020, que ordena al Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), a “gestionar créditos a favor de los productores en condiciones similares en cuanto a tasa y plazos similares al producto financiero AGROCRÉDITO 8.7”, el que será otorgado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). El texto dice: “pudiendo hacerlo a través de casas comerciales de insumos agropecuarios”. Para la operación del crédito, el gobierno dice en el Decreto que destina una suma inicial de ciento cincuenta (L 150, 000, 000. 00) millones de lempiras.

Consultamos a Alfren Cruz, ingeniero encargado del acceso a créditos para el Agro, por parte de BANHPROVI para los departamentos de Francisco Morazán, Yoro y La Paz, quien nos dijo que “toda aquella persona natural o jurídica que este con necesidad para financiar un proyecto o expandirse, puede optar a él. El objetivo es la transformación para aumentar la productividad. También incluye la asistencia, el productor debe solicitarla porque le pedimos que la incluyan para mejorar la productividad y que se tecnifique”.

En la conversación sostenida, Cruz comentó que han tenido reuniones con algunos productores: “en las que han participado representantes de AHPROCAFE, Banco de Occidente, diputados como Gladys Aurora López, el Gobernador, muchos representantes y creo que en La Paz se hace un estimado promedio de que hay unos 20 a 25 millones en lempiras, de solicitud de crédito entre productores”.

Para acceder a esos créditos, el productor o productora debe elegir la financiera intermediaria, constituida con personaría jurídica; hacer un plan de inversión o negocio del proyecto por el cual pide financiamiento y presentar una garantía hipotecaria, movilizaría o fiduciaria, se nos informó.

Pero, ¿qué pasa con los pequeños y medianos campesinos y productores del campo?

Honduras tiene en su haber una mora agraria impresionante en cuanto a la titulación de tierras se refiere. Miles de campesinos y campesinas en el país nacieron y han vivido en tierras que cultivan pero que por razones diversas, incluyendo la negligencia de los gobiernos pasados y presente, no cuentan con un título de propiedad.

De hecho, de acuerdo con datos oficiales, el Instituto Nacional Agrario, en su Informe de Ejecución (POA)-IV Trimestre y Acumulado Anual, en el año 2016, “se emitieron 2, 280 títulos mediante los cuales se titularon 3, 662.76 hectáreas de tierra, cuya legalización beneficia a un total de 2,237 familias, representadas como cabezas de hogar por 1,412 hombres y 825 mujeres”. Sigue diciendo el informe que “al año (2016) se ha acumulado la emisión de 7,625 títulos, en un área de 94,989.31 has., beneficiando a 12,194 familias representadas por 8,143 hombres y 4,051 mujeres”.

Aunque el informe no señala cantidad o números de tierras o campesinos y campesinas que en el país siguen a la espera de su título de propiedad, si dice implícitamente que la mora es alta y que se siguen haciendo esfuerzos para sanear el problema. De allí que las preguntas, ¿y para los productores pequeños qué opciones hay?, ¿se les ha tomado en cuenta?, sean pertinentes.

Fondo de garantía para pequeños productores

Según Cruz, dentro del programa 8.7 se cuenta con el llamado “Fondo de garantía” que consiste en que el gobierno cubre el 70% del crédito solicitado y que el productor cubra el 30% restante. Sin embargo, ese porcentaje que debe asumir el campesino o pequeño productor deberá estar respaldado por la hipoteca de un bien mobiliario (una picadora, secadoras, despulpadoras, tostadoras, etc.). Pero, por otro lado, adicional a lo descrito en este párrafo, el pequeño productor deberá pagar un costo extra de 0.5% anual, por acceder a ese Fondo de Garantía.

“Aquí casi toda la tierra que se está recuperando se tiene ilegal porque no se han preocupado en apoyarnos, más hemos tenido desalojos, grandes desalojos, ordenes de capturas. Unos con medidas cautelares que hasta ni pueden salir del país”, pero ayudar a resolver el problema de la titulación, no. Y en cuanto a programas, peor, no nos toman en cuenta”, cuestiona Sebastián Reyes, quien en su condición de Secretario de la CNTC-La Paz, sabe que entre los cerca de 10 mil campesinos y campesinas que aglutina su organización, muchos llevan años luchando para que se les emita sus títulos de propiedad para acceder a créditos como los que plantea el Decreto 30-2020.

Los pequeños productores y productoras del campo que están en esa condición saben que automáticamente quedan fuera del alcance de crédito agrícola alguno. “Eso lo hace desigual, porque debería tomarse en cuenta la gente que produce pero que tiene problemas con las tierras y que en el país son muchos. Los que hacen grandes esfuerzos para sobrevivir para conseguir fertilizantes para la siembra para asegurar la comida de los otros meses”, cuestiona al respecto Susana Vásquez Martínez, lideresa y miembro de la Central de Desarrollo 16 de Octubre, grupo que nació como el brazo económico de la CNTC-La Paz.

El cuestionamiento en la entrega del Bono de Solidaridad Productiva y el Bono del Café

En los medios de comunicación del país, Juan Orlando Hernández anunció, a finales del mes de abril del 2020, que comenzaría a entregar bonos y fertilizantes para beneficiar a más de 91.000 pequeños productores de café de 15 departamentos y 222 municipios de todo el país. El Gobierno hará una inversión de 300 millones en dotación de insumos para atender 161.000 manzanas de café, cuyo efecto será «espectacular en esa industria», señaló el mandatario. «Estamos listos mañana para comenzar una operación sin precedentes para apoyar a más de 91.000 pequeños productores de café con un bono de fertilizantes e insumos agrícolas para que no me abandonen las fincas», agregó.

Ese Bono en el Decreto 30-2020 se llama Bono Cafetalero y para su entrega, el gobierno erogó trescientos millones de Lempiras (L. 300, 000, 000. 00). “Esto significa”, dijo Hernández a los medios locales del país, “una cobertura en el parque cafetalero del 87%”.

Ese Decreto también establece la vigencia de otro bono, el de Solidaridad Productiva, por doscientos millones de Lempiras (L 200, 000, 000. 00), con el que se afirma que se beneficiará a 140.306 productores de 17 departamentos del país. En suma, en ambos Bonos el Gobierno, puso a disposición 500 millones de lempiras.

Sin embargo, para acceder a esos beneficios no basta con ser campesino o campesina y sembrar café.  Para acceder a esos bonos, los pequeños y medianos productores deben declarar e inscribir su producción o cosecha, ante entes como el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE). Es decir, en principio, deben estar en los listados de productores de Café de sus zonas para hacerse acreedores a un carné y, en segundo lugar, el bono se les entrega a las y los productores, con base en el monto de producción declarada.

“El problema es que la gran mayoría de productores no cuentan con carnet de productores o productoras, porque para ello tiene que declarar ante esa institución su producción y esos son procesos engorrosos que hacen que prefieran vender su café en su comunidad a intermediarios, que son los que se benefician porque son ellos los que declaran ante el IHCAFE y los que al final reciben los bonos”, afirma Policarpo Argueta Calles, miembro del equipo técnico de la CNTC-La Paz.

De allí que a la hora de la “repartición”, muchos pequeños productores y productoras no aparezcan en la lista que se remite a las municipalidades, para la entrega de los Bonos.

¿Qué opinan las Municipalidades de los créditos para productores y productoras?

Le consultamos a Ramón Roberto Vásquez Hernández su opinión. Él es alcalde la municipalidad de San José (Partido liberal-alianza con Libre), perteneciente al departamento de La Paz. Esta alcaldía tiene un poco más de 10 mil 500 habitantes y reporta un ingreso anual de unos 16 millones de lempiras pago de impuestos y gravámenes de sus pobladores. A eso se le debe sumar las transferencias que le hace el Gobierno Central.

En este municipio el 90% de sus habitantes son pequeños productores que siembran de “2 tareas a una manzana de tierra”. Una tarea es el equivalente a unos 400 metros cuadrados. Apenas un 8% son medianos productores y un 2% son grandes productores.

El edil de esta municipalidad dice que actualmente la situación de esta comarca es precaria porque el Gobierno Central le adeuda las transferencias completas de los meses de febrero hasta junio. Es decir, han estado haciendo frente a la pandemia y a las secuelas de la crisis, como la del Agro, con la recaudación local vía impuestos, que ronda el millón 400 mil lempiras, pero por año.

“Están con eso de los fondos que van a poner desde el gobierno para agricultores, pero para los que producen más de 150 quintales para arriba es que van a ceder algún crédito. Hay programas que vienen como alivio de esto y de lo otro, pero estos fondos van a accederse al que tiene garantías y desde luego los que las tienen libres. Y no va a obtener nada quien no tiene garantías, llámese escritura pública”, cuestionó el edil.

El alcalde también puso en entredicho los que considera engorrosos trámites, para la obtención de créditos. “Ahorita si se ven bonitos, pero en realidad los trámites son tan engorroso porque hay que presentar los créditos, y dígame el pequeño productor”.

El bono de fertilizante de café, que ha anunciado el Gobierno con “bombos y platillos”, también llegó a este municipio. Sin embargo, sus autoridades dicen que ha sido inequitativa su distribución porque en el municipio hay un estimado de 500 productores de café, pero apenas se benefició a unos 250.

“Los listados no los elaboramos como productores, eso ya viene del Instituto del café”, dijo el edil, cuestionando que el problema radica en la ausencia de la correcta identificación geográfica de los productores de café de la zona, en el que debería participar las instituciones del Estado, al igual que el Instituto Hondureño del Café.

¡Urgen políticas públicas para el agro, pero incluyentes!

A mediados de mayo, en su página web nacional, el gobierno de Honduras informó que desde marzo a la fecha, más de 248 millones de lempiras se lograron colocar a través del programa Agro-crédito 8.7, más otros mecanismos de financiamiento. Asimismo, indicó que “más de 400 millones de lempiras serán desembolsados en las próximas semanas, los que abarcarán todos los programas que arropa el sector agroalimentario del país”.

Sin embargo, la valoración que se hace de estas políticas públicas en este texto, dejan en claro que muchos pequeños y medianos productores, que intentan producir la tierra en  paupérrimas situaciones, quedan al margen del alcance de los créditos y de los bonos que el Gobierno ofrece porque se enfocan más hacia quienes tienen capitales que les ayudan a sustentar los créditos. En doble condición de marginación, se encuentran, por otro lado, las y los campesinos que durante años han luchado por el título de sus propiedades, pues con este sector, las políticas públicas son más dura y los deja en total marginación de la obtención de sus beneficios.

Al tenor de lo anterior expuesto, los sectores consultados consideran urgente la promulgación de políticas públicas para el Agro, que brinden apoyo a los y las campesinas, pequeños y medianos productores del campo, por igual. Similar situación debe acontecer con la entrega de los bonos productivos, los que deben brindarse de forma equitativa. Sugieren al gobierno, además, evaluar las condiciones de vida y dinámicas de subsistencia de las y los pequeños productores para diseñar una política agraria acorde a sus reales necesidades para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia.

Los datos y las personas consultadas en este texto forman parte del documento intitulado, “Los programas para la seguridad alimentaria de JOH, que excluyen las iniciativas de las y los pequeños campesinos de Honduras. El caso CNTC-La Paz”, realizado con apoyo de TROCAIRE y las y los líderes, campesinas y campesinos de la CNTC-regional La Paz. 

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