6 de julio del 2020
Durante el período del 29 de junio al 5 de julio, en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, el acontecimiento que marcó la coyuntura del país fue la denuncia de las trabajadoras de la maquila ante la ausencia de medidas de bioseguridad en las plantas de trabajo.
Derechos de las trabajadoras y la pandemia del COVID-19
En Honduras el rubro de la maquila es uno de los sectores más precarizados históricamente, en términos de condiciones laborales: salarios, jornadas de trabajo, protección a la salud y seguridad social. En los últimos años han sido constantes las voces desde las organizaciones de mujeres en la demanda enérgica por mejores las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos laborales. En contraposición, las maquilas, en contubernio con los gobiernos, han adoptado una serie de represalias hacia las mujeres que luchan por sus derechos laborales.
La maquila fue uno de los sectores priorizados en el marco de la reapertura inteligente de la economía. El gobierno y la empresa privada argumentaron, pese a las advertencias del gremio médico, que reabrir el rubro era estratégico para la reactivación económica del país. Hay que recordar que la mayor cantidad de fábricas maquiladoras se encuentran instaladas en los municipios de Villanueva, Choloma y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés y en El Progreso, Yoro, ciudades donde se han reportado la mayor cantidad de muertos y contagiados por COVID-19.
Desde entonces los señalamientos del gremio médico y de las organizaciones de mujeres han sido constantes, ya que en las empresas maquiladoras no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas, no se respetan los derechos laborales y se obliga a las mujeres a trabajar pese a estar contagiadas de COVID-19.
En ese marco, según el doctor Carlos Humaña, el 30% de los pacientes contagiados de COVID-19, en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) de San Pedro Sula, provienen de la maquila. Las mujeres por orden médica son puestas en cuarentena, sin embargo, los jefes y jefas al mando de las plantas de producción las obligan a que se presenten a trabajar, y ellas, por la necesidad de sostener a sus familias, acceden a los llamados, pese a las denuncias que interponen ante los recursos humanos de las empresas.
Por su parte el Equipo de Monitoreo Independiente (EMI), organización no gubernamental, que trabaja en la defensa derechos laborales de las obreros y obreros de la maquila, denunció en sus redes sociales, que las empresas exponen a las trabajadoras a contagiarse en los medios de transporte que las trasladan amontonados y sin los protocolos de bioseguridad.
En ese sentido, la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) organización que defiende los derechos de las trabajadoras de la maquila, en un reciente vídeo compartido en redes sociales expone la precariedad en la que trabajan las mujeres: “los primeros días si nos daban gel y los días siguientes nada de gel; al inicio aparecieron 30 personas infectadas y después casi la planta completa, ya que no están respetando el metro de distancia ni en las plantas y ni en los autobuses”.
En ese contexto, adverso para los intereses de las trabajadoras de la maquila, el Colegio Médico de Honduras (CMH), energéticamente se ha pronunciado en contra de la actual situación que atraviesan las mujeres, enfatizando que es importante el cierre de esa industria. Sin embargo, señalan que si el gobierno y los empresarios no cierran las maquilas, ellos cerraran los hospitales del país.
De igual forma, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), a través de Pedro Barquero, pidió el cierre de varios municipios durante tres semanas para evitar la propagación del contagio de coronavirus. Los municipios a cerrarse serían San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, El Progreso, Choloma, Potrerillo, Pimienta en el departamento de Cortés, zonas donde se concentra gran parte de la industria de la maquila en el país.
El posicionamiento de ambos sectores se da en un contexto de colapso sanitario, tanto en el sector publico y privado, ante el incremento desproporcionado de personas contagias de COVID-19 y, en un contexto donde son constantes los señalamientos de corrupción hacia funcionarios de gobierno, que han malversado fondos públicos en la gestión de la actual crisis sanitaria.
En resumen, la actual problemática en las maquilas, en el fondo evidencia el fracaso de la reapertura inteligente y el incumpliendo por parte de las empresas al momento de implementar los protocolos de bioseguridad. Lo anterior plantea un escenario sombrío para las obreras del rubro, debido a que el gobierno y la empresa privada han actuado al margen de las opiniones del sector medico y de las organizaciones de mujeres y siguen priorizando la economía por encima de la vida de las mujeres.
Puntos para la reflexión y accionar estratégico
Desde el CESPAD consideramos que es importante que el sector médico, organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos enfoquen su capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:
- El Colegio Médico, en alianza con las organizaciones de mujeres y otras organizaciones afines, deben emprender acciones de denuncia a través de campañas sistemáticas que evidencien con fuerza la situación de las mujeres en la maquila.
- Las organizaciones de mujeres deben emprender acciones encaminadas a promover el cierre temporal de las maquilas, a la vez que se fortalecen redes de comunitarias de autocuidado encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de las mujeres en el actual contexto.
- Las organizaciones de derechos humanos deben acuerpar y visibilizar las actuales acciones de denuncia, orientadas a salvaguarda la vida de las mujeres en la maquila, a través de acciones que ayuden a ejercer presión política que permitan el cierre temporal de las maquilas y movilizar a las instituciones del Estado para que gestionen responsablemente la actual situación.