Por: Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD
5 de julio 2020
A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.
Sin duda, el acontecimiento más relevante de la semana lo ha constituido la decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación contra el ex Director de INVEST H, Marco Bográn. Esta investigación está a cargo de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La investigación contra Bográn se ha iniciado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, que habría cometido al realizar compras de materiales, equipos médicos y otros productos, para la contención del COVID 19. Y de acuerdo a información de la ATIC, las líneas de investigación que se siguen son la compra de los hospitales móviles en Turquía, adquisición de equipo de protección personal, ventiladores mecánicos y contratación de consultorías, entre varios servicios.
El 2 de julio, la ATIC secuestró documentos de la residencia de Bográn y de COPECO en busca de evidencias para sustentar los delitos arriba indicados. Sin embargo, aún Bográn no se presenta a declarar al Ministerio Público, aduciendo problemas de salud.
¿Cuál es el asunto de fondo? ¿Qué podemos esperar de esta investigación?
En un contexto de una descarada y extendida corrupción gubernamental en el uso de los fondos públicos para enfrentar la pandemia, ha quedado mostrado el papel relevante que la sociedad civil y la ciudadanía en general pueden desempeñar en enfrentar esta terrible epidemia. En una situación de confinamiento y de toque de queda las constantes denuncias en las redes sociales sobre la sobrevaloración de los precios de equipo e insumos y sobre la eventual estafa en la compra de los hospitales móviles, así como los informes documentados del CNA, han sido determinante para obligar al Ministerio Público a actuar de oficio.
No obstante, genera mucha duda la efectividad que pueda tener esta acción emprendida por el Ministerio Público. La investigación ha sido encargada a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) conocida por su ineficiencia en la lucha contra la corrupción en el país, dejando marginada a la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), herencia de la MACCIH, con conocida voluntad política y capacidades técnicas para enfrentar los delitos de corrupción públicos y las redes en que operan funcionarios públicos, empresarios y otros actores.
Adicionalmente, esta investigación criminal se desarrolla en un marco jurídico e institucional que asegura la impunidad de los corruptos. En octubre del año anterior el Congreso Nacional mediante reforma de leyes y creación de otras nuevas aseguró la inmunidad parlamentaria de los diputados y diputadas (Decreto Legislativo No. 117-2019), y bloqueo la acción penal del Ministerio Público, al dejarla subordinada a los informes de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mediante dos decretos legislativos (Decreto Legislativo No. 145-2019 y Decreto Legislativo No. 116-2019). Y, por supuesto, el nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017) que rebaja las penas por corrupción. Es por eso que a este marco jurídico en su conjunto se le ha denominado el Pacto de Impunidad de la élite. En estas circunstancias, cualquier investigación del Ministerio Público será bloqueada o desestimada por los tribunales de justicia.
No obstante, es importante considerar que el contexto actual de la pandemia ha creado condiciones favorables para conjuntar un diverso número de fuerzas sociales y políticas que presionen por la derogación de este Pacto. ¿Qué ha cambiado en este contexto? El régimen de Hernández ha experimentado el mayor deterioro de su gestión gubernamental y ha generado una extendida indignación ciudadana, al grado que aliados tradicionales han tomado distancia, en especial por el tema de la corrupción, como la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, sectores empresariales, algunos medios de comunicación, universidades y otros actores. Un hecho relevante, por su significado político, ha sido la actuación en bloque, por primera vez en esta legislatura, de la oposición política en el Congreso Nacional; si actuaron contra el Código Penal, siendo optimistas, es posible pensar que pudieran hacerlo contra el Pacto de Impunidad.
En tales circunstancias, la investigación fiscal contra Marco Bográn y los bloqueos que enfrente, puede representar el más importante argumento para dar fin al Pacto de Impunidad de la elite, articulando una amplia alianza de fuerzas por la decencia y la justicia. La naciente Coalición Anti-Corrupción (CAC) podría ser un puente para juntar a fuerzas tan diversas. Aspecto esencial es presionar al Congreso Nacional porque derogue el conjunto de decretos que blindan el accionar de funcionarios públicos corruptos, decretos estos que son incompatibles con la esencia de todo estado de derecho y con la administración de un sistema de justicia efectivo.
