29 de junio, 2020
Durante el período del 22 al 28 de junio en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, dos acontecimientos marcaron la coyuntura del país: 1) Protestas ciudadanas y represión policial, y, 2) Agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Protestas imparables versus represión insaciable
Según el monitoreo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), del 16 de marzo al 28 de junio se han registran un total de 410 protestas en 15 de los 18 departamentos del país, demandando alimentos, regreso al trabajo, pago de bonos estales y equipo de bioseguridad. En las últimas semanas el epicentro de las protestas se ha situado en los mercados capitalinos, en las calles de distintas ciudades del país por los taxistas y en el centro de Tegucigalpa por los vendedores ambulantes, sectores que demandas al gobierno alimentos y el regreso al trabajo.
Respecto a la situación de los locatarios de los mercados, el gobierno desde un inicio de la pandemia no considero la situación económica y laboral de este sector, y en contraposición sus acciones se han caracterizado por desalojar a los locatarios y bloquear el acceso a las principales calles que conducen a los mercados. Por su parte, los taxistas desde el mes de abril mantienen procesos de diálogo y negociación con el gobierno, el cual no ha accedido en su totalidad a las demandas, pese a que el pasado mes de mayo se comprometió a entregar alimentos y un bono mensual de 2,000 lempiras, los taxistas reiteran que la ayuda sigue sin llegar.
Por su parte, los vendedores ambulantes del Centro de Tegucigalpa debido a la reapertura de bancos, farmacias y supermercados y ante la renuencia de las autoridades de no permitirles laborar, cerraron pacíficamente 50 negocios de la zona, como medida de presión hacia la Corporación Municipal para establecer un proceso de diálogo y que se les permita circular y comercializar sus productos por las calles del Centro.
La situación de estos sectores se ha agravado dramáticamente en el proceso que dio paso a la reapertura inteligente de la economía. Particular atención requiere el sector de los mercados y los vendedores ambulantes, ya que no fueron incluidos en el proceso de dicha reactivación y a los días de la implementación de la primera fase de reactivación, el gobierno los catalogó como los responsables de expandir el contagio del COVID-19 y procedió al cierre de 6 mercados capitalinos.
Lo anterior es dramático y ahonda más la crisis de los derechos humanos en el país, ya que el sector de los mercados emplea grandes cantidades de mano de obra, solo el mercado Zonal Belén cuenta son 1,278 adjudicatarios donde se emplea a más de 5,000 personas. De igual forma, mencionar que los mercados es donde el campesino, pequeños y medianos productores venden sus productos agrícolas y aseguran la seguridad alimentaria de un gran porcentaje de los pobladores de la capital y de los sectores populares.
En ese contexto adverso los locatarios de los mercados, vendedores ambulantes y los taxistas han retomado sus espacios de trabajo y las calles para exigir al gobierno respuesta a sus demandas y el cumplimiento de los compromisos pactados. El gobierno respondió con fuerza y violencia a través de las fuerzas policiales y militares, quienes el pasado 22 de junio desalojaron violentamente con toletazos y patadas a los vendedores y tiraban por doquier los canastos con tomates, aguacates, bolsas con agua, repollos, zanahorias y toda clase de verduras y legumbres, la venta diaria de los locatarios.
La actual situación de vulnerabilidad que viven los sectores informales de la economía desnuda la falta de una estrategia económica y social para atender a estos sectores, a la vez que abre un escenario dramático de crisis de los derechos humanos ante la agudización de contradicciones sociales y políticas que en el corto plazo pueden desatar procesos más prolongados y radicales de protestas sociales, en un contexto de país donde existe un malestar generalizado por la gestión de la actual crisis por parte del gobierno y donde la ciudadanía comienza a perder el miedo a la actual política de militarización y represión en tiempos de COVID-19.
Periodistas entre el asecho y la desprotección
Según un monitoreo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), durante el período del 16 de marzo al 11 de junio, se registran 41 agresiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la mayoría dirigidas contra periodistas y medios de comunicación.
La importante labor informativa de los periodistas se viene dando en un contexto en el cual el gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales, un hondo proceso de centralización de información y la ausencia de una estrategia de comunicación democrática orientada a informar con veracidad y responsabilidad a la sociedad hondureña, labor que las y los periodistas han tenido que asumir responsablemente y con gran compromiso.
Las agresiones contra el sector periodista son de suma preocupación en el actual contexto, ya que su labor de informar a la población ha sido de suma relevancia para demostrar la crisis sanitaria del país, cubrir eventos de protestas y represión policial y a través del periodismo de investigación poner en evidencia la corrupción y la malversación de fondos públicos.
Lo anterior ha traído consigo ataques cibernéticos a medios de comunicación digital, estigmatización y desprestigio de autoridades hacia las y los periodistas, acoso policial al momento de cubrir los hechos noticiosos, acoso sexual hacia periodistas, violaciones laborales en sus espacios de trabajo, la ausencia de protocolos de bioseguridad laboral para realizar un trabajo de comunicación seguro, lo cual ha costado el contagio de COVID-19 de 13 comunicadores sociales y por último la ausencia de aplicación de pruebas masiva para detectar posibles contagios.
Descargar: Análisis9SemanalDDHH-CESPAD
