Por Asís Castellanos, sociólogo e investigador del CESPAD
18 de junio 2020
En mayo de 2020, el Departamento de Estado (DOS) de los Estados Unidos ha certificado de un sólo golpe a Honduras, junto con El Salvador y Guatemala, para recibir millones de dólares en ayuda estadounidense, aunque el régimen de Hernández Alvarado ha profundizado el deterioro del endeble estado de derecho que mantiene a la población hondureña en una profunda situación de indefensión. Situación ahora reafirmada en el contexto de la pandemia del COVID-19 que se ha reflejado en la elevada tasa de muertes, comparado con otros países, y ha agudizado su letalidad por su intersección con otras epidemias paralelas que azotan al país.
Como parte de su política internacional, la ley de los EE.UU. tiene el mandato de proporcionar ayuda económica en materia de derechos humanos y asuntos relacionados, por ello el DOS debe realizar su evaluación anual de los países objeto de ayuda. Sin embargo, esta ayuda económica, EE.UU la viene proporcionando por lo menos desde 1982, mientras fungía como embajador estadounidense John Dimitri Negroponte, en cuya época reportes similares se maquillaban y/o elaboraban específicamente para asegurar que el financiamiento no cesara a pesar de los graves abusos de derechos humanos. Incluso, Jack Binns —ex embajador que precedió a Negroponte—, denunció el rol de Negroponte cubriendo los abusos de derechos humanos para apoyar al General Álvarez Martínez y a su escuadrón de militares sicarios del Batallón 3-161.
Para el llamado Triángulo Norte, el gobierno estadounidense ha destinado aproximadamente 500 millones de dólares para cada año fiscal 2019 y 2020—el año fiscal 2019 finaliza el próximo 30 de septiembre de 2020 —, que se dividirá entre los tres países. Cabe recordar que, en marzo de 2019, Trump amenazó con cortar la ayuda monetaria2 hacia los tres países, en el contexto de las caravanas de migrantes de Centroamérica, principalmente de Honduras.
El escueto documento «Memorandum de Justificación» del DOS dedicado a Honduras, en ocho páginas, explica el trabajo del “Gobierno de Honduras” en las siguientes áreas: (i) Combate a la corrupción y la impunidad, incluyendo el enjuiciamiento de funcionarios corruptos; (ii) Implementación de reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas; (iii) Protección a los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios; (iv) Aplicación de la ley y seguridad efectiva y responsable hacia sus ciudadanos y defensa el debido proceso; (v) Implementación de políticas para reducir la pobreza y promover oportunidades y crecimiento económico equitativo; (vi) Apoyo a la independencia del poder judicial y de las instituciones electorales; (vii) Mejora de la seguridad fronteriza; (viii) Combate al tráfico y la trata de personas, así como de las actividades de bandas criminales, narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales; e, (ix) Información a sus ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos.
Al respecto, Los Angeles Times3, señaló varios aspectos de la evaluación del DOS hacia Guatemala, El Salvador y Honduras que son relevantes mencionar. En primer lugar, el DOS reportó avances limitados en los esfuerzos de Guatemala, El Salvador y Honduras para mejorar la situación de los derechos humanos y la disminución de la corrupción y la violencia. En el caso de Honduras, sin dificultades se puede afirmar que hay más retrocesos que avances. No obstante, los tres países recibieron las calificaciones más altas en relación a la cooperación hacia la política migratoria de Trump, diseñada para reducir al máximo la migración desde Centroamérica hacia los EE.UU.
En particular, el certificado del DOS dedicado a Honduras, menciona el juicio de Tony Hernández una vez y no se indica la conexión a Juan Orlando Hernández Alvarado. Hay que recordar que en el juicio federal estadounidense contra Tony Hernández, Juan Hernández Alvarado fue señalado como un co-conspirador no acusado. En el juicio en que se encontró culpable a Tony Hernández de operar una red de narcotráfico responsable de enviar toneladas de cocaína hacia los EE.UU., fiscales y testigos, involucraron a Juan Orlando Hernández Alvarado con la red de narcotráfico. Y, en abril de 2020, una acusación federal presentada en Manhattan señaló a Juan Carlos Bonilla Valladares, quien fue Director General de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-214), de conspirar para exportar cocaína a los EE.UU en nombre de Juan Orlando Hernández Alvarado.
Por otra parte, el «Memorándum de Justificación», destaca en la sección «Mejora de la seguridad fronteriza» el incremento del «Gobierno de Honduras» de un 148% en detenciones de migrantes en 2019 y que también:
aumentó su fuerza de policía fronteriza de 315 oficiales en marzo de 2018 a 614 oficiales en marzo de 2020. […] aumentó sus esfuerzos para identificar y detener […] nacionales de terceros países (NTC, por sus siglas en inglés) en tránsito por Honduras, resultando en una caída de casi el 80 por ciento en las entradas mensuales de NTC de 5.500 personas en mayo de 2019 a menos de 1.200 en noviembre de 2019. Las detenciones de CBP [de la agencia de Protección de Fronteras y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior de los EE.UU] de ciudadanos hondureños en la frontera suroeste de los EE.UU. disminuyeron en más del 90 por ciento desde mayo de 2019 hasta febrero de 2020.
Por tanto, ¿qué queda claro de la ayuda monetaria que proporcionará el Departamento de Estado al régimen de Hernández Alvarado? Que de fondo no importa las condiciones de violencia y persecución política, impunidad, corrupción —que opera al más alto nivel del Estado de Honduras—, y la ausencia de un Poder Judicial independiente4, mientras Juan Orlando Hernández Alvarado cumpla con la tarea asignada por Trump en materia migratoria, el respaldo continuará.
La maniobra del DOS, así como el papel de legitimador de la Embajada de los EE.UU en Honduras del segundo período presidencial, a todas luces ilegal y fraudulento de Juan Orlando Hernández Alvarado, nos recuerda la política de doble rasero del gobierno estadounidense hacia Honduras—que se remonta a una historia anterior al rol de Negroponte por estas Honduras. Por ello, al margen del rol que ha tomado la justicia estadounidense llevando a juicio, en el marco de las extradiciones de hondureños a los EE.UU aprobada en 2012, a Tony Hernández con las fuertes conexiones hacia Juan Orlando Hernández Alvarado, las profundas transformaciones que Honduras necesita dependerá, en gran medida, de la articulación de una oposición política, amplia y popular, capaz de implementar un programa de democratización política, social y económica.
Por último, en términos geopolíticos para los EE.UU, Honduras continúa siendo una pieza central en la región latinoamericana. En ese sentido, vale la pena mencionar que el mismo candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joseph R. Biden Jr., jugó un importante rol para asegurar que se aprobase esta ayuda monetaria para Honduras—así como lo hizo en los ochentas apoyando las mentiras y abusos de Negroponte5—, mediante un paquete económico que, de hecho, se llama «Plan de Biden» para mantener a los migrantes centroamericanos fuera de los EE.UU. Así, la agenda migratoria estadounidense hacia nuestra región centroamericana no es exclusiva de Trump ni del Partido Republicano.
Descargar: Análisis33 – CESPAD
Referencias
- Adrienne Pine. Sobrevivir Honduras, (Tegucigalpa: Casasola Editores, 2015), pág. 132.
- BBC News, «Trump ordena cortar toda la ayuda económica de Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador», (marzo 30, 2019).
- Tracy Wilkinson, «Trump administration OKs aid to Central American countries praised for immigration help», Los Angeles Times, (junio 5, 2020).
- Eugenio Sosa, «Un Fiscal General en su caverna combatiendo sombras y fantasmas del crimen y la corrupción», CESPAD, (junio 10, 2020).
- Mark Matthews, «Senate hearings to examine envoy’s role in 1980s abuses»,The Baltimore Sun, (Septiembre 7, 2001).
