Por Asís Castellanos, sociólogo e investigador del CESPAD
8 de junio 2020
Durante el mes de mayo, el escenario político electoral pasó de la polémica de un presunto plan para suprimir las elecciones primarias de 2021, denunciado durante la primera semana, a otra: el peligro de elecciones primarias sin un nuevo documento nacional de identificación y sin un Censo Nacional Electoral depurado y actualizado.
David Chávez Madison, jefe diputado de la bancada del Partido Nacional (PN) y activista del movimiento Unidad y Esperanza, liderado por Nasry Asfura, provocó controversia al opinar que los recursos para la nueva tarjeta de identidad deberían ser destinados a atender la emergencia provocada por el COVID-19, añadiendo que la licitación para el nuevo documento de identificación no había sido adjudicado. Ante esta declaración, las reacciones de los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP) no se hicieron esperar, así como las reacciones de los jefes de bancadas del Partido Liberal (PL) y de Libertad y Refundación (LIBRE), compareciendo en distintos medios de comunicación.
El RNP, el 12 de mayo, publicó una “nota de prensa” en la que explica la compra de 1,400 equipos de enrolamiento y el rol que estos cumplirán en el Proyecto “Identifícate” para actualizar la información de la base de datos del RNP. Sin embargo, el 13 de mayo, el RNP emitió un comunicado, señalando que el contexto de la pandemia del coronavirus sí afectó el cronograma de ejecución de enrolamiento masivo de la ciudadanía y que, por tanto, el nuevo Censo Nacional Electoral y documento de identificación estarían listos para las Elecciones Generales 2021. En otras palabras, no ofrecía iguales condiciones para las elecciones primarias. Al respecto, Xiomara Castro se pronunció diciendo que participar en las elecciones primarias sin garantías de transparencia sería, prácticamente, “un nuevo engaño” e invitó a los partidos a dialogar.
Mientras las tres fuerzas políticas más grandes del país—PN, LIBRE y PL—, convocaron a reuniones de emergencia, el RNP solicitó, el 18 de mayo, una reunión al Consejo Nacional Electoral (CNE), para tratar el cronograma y actividades que el RNP debe desarrollar de cara a la próximas elecciones. Y, el 20 de mayo, Rixi Moncada, consejera presidenta del CNE, presentó ante el pleno de consejeros una propuesta que aborda asuntos torales relacionados al cumplimiento de las convocatorias y realización de las elecciones primarias y generales. En esa misma fecha, el RNP anunció que para finales de 2020 habrá “nuevo censo e identidad”.
Por otro lado, Porfirio Lobo Sosa, expresidente de la República, señaló que el CN se ha convertido en un ente que legisla exclusivamente para el Poder Ejecutivo y, de igual manera, cuestionó la alianza entre Mauricio Oliva, Ricardo Álvarez y Roberto Castillo que, en opinión de Lobo Sosa, no podrá disputar el poder directo e indirecto a lo interno del PN a Juan Hernández Alvarado. Para él, los movimientos internos que participarán en las próximas elecciones primarias no representan al PN y son, más bien, movimientos “juanorlandistas”. Por ello, su movimiento “Todos por el Cambio” decidió retirarse, puesto que participar sería avalar la continuación directa o indirecta de Hernández Alvarado en el poder. También ha manifestado su apertura a las alianzas con sectores anti-JOH.
De los recientes acontecimientos en el escenario político electoral es pertinente señalar algunos elementos.
Como señala la propuesta del CNE, por ley, en agosto esta institución debe recibir el censo electoral provisional para que el CNE lo remita, a partir del 15 de septiembre, a los registros municipales de Honduras. Por lo que, de cara a las elecciones primarias y en función al plan de trabajo y calendarización del Proyecto Identifícate del RNP, el CNE estará dirigiendo al CN una iniciativa de “Ley Especial para regular los plazos aplicables al Nuevo Censo Nacional Electoral, los listados electorales y la Nueva Tarjeta de Identidad”. Dicha iniciativa es vital porque dejaría claro, de una vez, los tiempos viables para que tanto el RNP como el CNE cumplan sus mandatos, considerando la coyuntura crítica generada por el COVID-19 que ha trastocado los ámbitos político, económico y social del país. Aunque las tres fuerzas políticas han declarado que las elecciones primarias no pueden postergarse, finalmente sólo LIBRE anunció que el proceso electoral debe realizarse con un nuevo censo y nuevo documento de identificación. Es importante resaltar que su viabilidad todavía está en cuestión.
En el seno del CN, aún no se han aprobado la nueva Ley Electoral, así como la Ley Procesal sobre Justicia Electoral, y otras iniciativas necesarias encaminadas a garantizar mecanismos y procesos transparentes para las próximas elecciones. A pesar que en las últimas semanas el RNP, el CNE, los partidos políticos y sus representantes se pronunciaron, esto sucedió en medio de la presión mediática e incertidumbre que demostró los pocos y débiles consensos construidos en torno a las reformas político-electorales. Por ahora, lo único claro es que todavía no se ha resuelto lo que la oposición política ha llamado los “elementos del fraude” que, entre otros, se han señalado: el censo y documento de identificación vigente; el manejo de las credenciales y la transmisión y conteo de resultados. Y continúan pendientes, por ejemplo, la segunda vuelta y el voto electrónico, que el CNE propone se implemente en al menos veinte ciudades. También, queda pendiente se llegue a un consenso en torno a las mesas electorales receptoras y, el punto más polémico, la reelección.
En cuanto a la nueva Ley Electoral, se ha adelantado que amplia y flexible propuesta en relación con los mecanismos de alianzas y candidaturas independientes. Más allá de la folklórica explicación que ofreció Fernando Anduray, diciendo que “limitar las alianzas sería poner a llorar a Nasralla”, la nueva Ley, de alguna manera, debe reflejar el nuevo escenario multipartidista que emergió después del golpe de Estado militar de 2009. Además, que junto con los nuevos aspirantes presidenciales y perfiles dentro del PL, no sería sorpresa que los votos de la oposición se fragmenten.
A partir del debate político electoral visto en los meses de marzo a mayo de 2020, se avizora un crecimiento de las contradicciones en lo interno de los partidos políticos y en los organismos electorales sin precedentes, por tanto, hay un riesgo inminente en la realización del proceso electoral como está previsto actualmente.
Los partidos políticos están en la obligación de ceder en sus intereses particulares y buscar un acuerdo que permita la realización del proceso electoral primario y general con las garantías demandadas por la sociedad civil y movimientos sociales del país, quienes deberán asumir un rol activo en el seguimiento y las medidas de presión, que aseguren la alternabilidad en el poder, la transparencia, competitividad y equidad en el proceso electoral.
