Por Bladimir López y Claudia Mendoza
7 de junio del 2020
A continuación, se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.
La semana terminó y los puntos que leyó en un comunicado de prensa, el pasado 4 de junio, la doctora Suyapa Sosa, Jefa del servicio de neumología del Instituto Nacional del Torax y presidenta de los médicos de ese instituto, ante los medios de comunicación, siguen resonando.
Rescatamos algunos aspectos que enunció, textualmente:
- Los insumos y el equipo médico que poseemos son insuficientes, no son adecuados para enfrentar la gravedad ni para garantizar la posibilidad de salvar a todos los que deberían sobrevivir.
- No se ha asignado el presupuesto necesario para la compra de los insumos de laboratorio clínico que ayuden a definir la etapa de gravedad en que se encuentran los pacientes.
- SINAGER estableció hace meses que se harían cargo de eso y no hemos vuelto a escuchar hasta el momento.
Esas declaraciones, más las imágenes de un grupo de ancianos que estaban siendo atendidos en unas maltrechas carpas en las afueras del Hospital Escuela (4 de junio), y la de un señor en la zona norte que pereció, sospechoso de tener Covid19 (5 de junio), en una acera de la parte exterior del Instituto Hondureño del Seguro Social en Choloma, Cortés, mientras esperaba ser atendido, generaron indignación, enojo, rabia y tristeza entre la población hondureña.
A pocas horas de arrancar la fase 1 del proceso de reapertura inteligente de la economía, el futuro de la sociedad hondureña pende de un hilo. Los expertos apuntan que en los próximos meses Honduras estará en una situación sanitaria de colapso total, ya que el número de contagios puede elevarse considerablemente teniendo implicaciones directas: la imposibilidad de detener la propagación del COVID-19, la sobresaturación de la red hospitalaria de país y el aumento en la tasa de letalidad.
Lo anterior sucede en un marco muy particular. Por un lado, el proceso de confinamiento resulto ser un fracaso, ya que la población estuvo encerrada por 80 días y la curva en vez de aplanarse se elevó de manera considerable, a tal punto que se registran más de 5 mil casos de COVID-19. Y, por otro lado, con el presupuesto público más alto de la región para gestionar y atender la actual emergencia sanitaria, el número de pruebas diarias es la más baja y el sistema sanitario el más débil y precario de la región.
En el actual contexto de reapertura “inteligente de la economía”, el sistema público de salud es más débil y precario que mucho antes de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se trata de una precariedad orquestada desde la administración Hernández, en dos direcciones:
El autoritarismo y la demagogia médica: los expertos sostienen que si la actual emergencia sanitaria hubieses sido gestionada por los expertos y especialistas del sector de salud, el país hubiese reducido considerablemente la expansión de COVID-19. En contraposición el gobierno cerró filas y la crisis sanitaria fue asumida por una Secretaría de Salud timorata y un SINAGER desconectado de los problemas sanitarios.
La corrupción y la precariedad del sistema sanitario: las autoridades hondureñas han solicitado más de mil millones de dólares a organismos multilaterales: Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La mayoría de estos préstamos han sido otorgados y aprobados por el Congreso Nacional. Sin embargo, desde distintas veedurías ciudadanas se ha dado a conocer el mal manejo de los fondos públicos en la compra de material y equipo de bioseguridad para atender la crisis sanitaria. El discurso de la doctora Sosa, atrás citado, es congruente con esas denuncias.
En definitiva, la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos para atender la pandemia, más la ausencia de una planificación estratégico-sanitaria para atacar una crisis que ya está instalada, tienen a la población hondureña caminando, como se cita en el argot popular, “directo al despeñadero”.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Las organizaciones ciudadanas y la ciudadanía en general debemos romper el confinamiento social, sin dejar de lado el necesario aislamiento físico. Es urgente dar seguimiento a los efectos sanitarios y sociales de esta primera fase de la “reapertura” económica y pasar a construir una agenda mínima, con la más amplia participación social y popular, para enfrentar esta crisis sanitaria y, en general, la crisis estructural que padece la sociedad hondureña.
