Por Claudia Mendoza
Periodista y analista del CESPAD
Uno de los jóvenes inculpados en el abuso sexual colectivo permanece en prisión; el segundo logró que su juicio se desarrolle mientras goza de libertad y un tercero, anda prófugo de la justicia. Y entre tanto, una madre impotente lucha para que se haga justicia. “Todos Somos Alejandra”, es la consigna del caso de una niña que fue abusada sexualmente hace un año, tiempo en el que se ha desarrollado un juicio plagado de retrasos, irregularidades e injerencias de poder político y económico.
El 20 de abril del 2019
“Abro la puerta del cuarto. Sacamos tres majes y la niña tirada allí. Estaba lleno de mujeres y hombres y ninguno la pudo ayudar; todo mundo sabía lo que estaba pasando. Con una amiga la ayudamos, la sentamos, le dimos agua y la bañamos. Como mujer no podía dejarla allí. La violaron; nos pusimos a llorar. Es la experiencia más fea que hemos tenido, por eso me toca ir a testificar”. El texto anterior es la transcripción literal de un audio que circuló en las redes sociales el 24 de abril del 2019, en el que una testigo describe la forma en cómo ella y una amiga suya hallaron a la niña en el Hotel Palma Real, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, norte de Honduras, luego de que tres jóvenes (dos adultos y un menor) abusaron de ella en una de las cabañas que allí se alquilan para turistas.
Con ese y otros testimonios, incluyendo el de Alejandra y el de su madre, la abogada Flor de María Sosa, inició un juicio que parece no tener fin porque aparte del retardo en el desarrollo de todas las etapas, el 20 de abril del 2020 se cumplió un año de tropiezos y vacilaciones por parte del Sistema Judicial de Honduras.
¿Qué ha pasado durante ese año?
Flor de María Sosa es abogada, jueza y una madre que afirma que no descasará hasta que se haga justicia para su hija. Y eso lo dejó muy claro cuando el pasado 1 de noviembre se lanzó y literalmente se guindó de la parte frontal de una patrulla policial para evitar que Luis Ulloa Hernández, uno de los señalados de haber participado en la violación colectiva, fuese sacado por la parte trasera del Juzgado en La Ceiba. “Sáquenlo por enfrente”, gritó indignada. “La policía se está prestando a sacar a esta persona por la parte de atrás del Poder Judicial, en lugar de sacarlo y exhibirlo a los medios y a la ciudadanía de este país como lo que es: un delincuente”, le decía a los medios de comunicación locales. Y lo logró, porque esa fue la única forma a través de la cual se conoció el rostro de uno de los acusados en el atroz crimen.
Y es que luego de que trascendiera el abuso sexual, en abril del 2019, una nebulosa se posó sobre el caso. Pasó un tiempo importante antes de que se conociera de forma pública y con certeza que los acusados eran Juan Manuel Gómez Castejón y Luis Ulloa Hernández (ambos mayores de edad), más un tercer implicado de quien, por ser menor a los 18 años, se omite su nombre.
Luis Ulloa Hernández
Siete meses de presunta búsqueda de Luis Ulloa Hernández pasaron, entre el 20 de abril y el 1 de noviembre del 2019, hasta que él se presentó voluntariamente a los juzgados en La Ceiba. Es decir, en todo ese tiempo, los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Policial (ATIC), nunca dieron con su paradero.
El caso de Ulloa se dirime en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Sobre esta joven pesa el delito de violación especial. Sin embargo, quizás el hecho de que Luis procede de una familia con recursos económicos, contactos sociales y políticos tanto en la ciudad de la ciudad de La Ceiba, como en Tocoa, departamento de Colón, de donde es originario, explique en gran medida el retraso de su captura. De acuerdo con una fuente consultada, “el padre de Luis es empresario y socio de la asociación de Palmeros del Valle del Aguan y en la zona, nadie desconoce que su familia es cercana a reconocidos diputados del Partido de gobierno. Incluso, a uno de ellos Luis le llama padrino”.
Su familia también es amiga de las autoridades locales del departamento de Tocoa, al igual que de autoridades de los juzgados de la zona. Quizás, eso también explique el por qué en el centro penal de Trujillo donde guarda prisión, se le permitan privilegios por encima del resto de la población penitenciaria, “al punto que durante la emergencia por la pandemia, el resto de los privados de libertad tuvieron que instar a una reunión que se llevó a cabo el pasado 6 de abril, ante la sub inspectora de la policía de la Dirección Policial de Investigación de aquel sector, con el director y sub director de ese centro penal, en virtud de que el privado de libertad Luis José Ulloa Hernández recibe visita todos los días después de las 4 de la tarde, exponiendo al resto de la población carcelaria, al que se le ha sido privado el derecho a la visita, con razón de evitar el contagio y propagación del COVID-19”, continuó afirmando una persona consultada y quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Juan Manuel Castejón
El segundo implicado, señalado por la niña como uno de sus abusadores, es Juan Manuel Gómez Castejón. Al igual que Ulloa, Gómez es acusado del delito de violación especial y su caso también se ventila en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Ciudad de La Ceiba. A este muchacho, quien presuntamente proveniente de una familia de pocos recursos económicos, políticos y sociales, la justicia hondureña le dio la tregua suficiente para huir y hoy, a más de un año del abuso, sigue huyendo.
Un menor, el presunto artífice del abuso
Del tercer implicado, aunque su nombre y su fotografía han trascendido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación hondureños, omitiremos sus datos por respeto a lo que establece la Ley, porque aún tiene 17 años. “Este jovencito proviene de un hogar en el que ha vivido una serie de episodios vinculados a actividades reñidas con la ley, que incluso, ha tenido a algunos de sus familiares cercanos en prisión”, nos dijo otra fuente.
Este joven, cuya acusación se instituye en el número 0101-2019-14-2, se presentó voluntariamente el 10 de septiembre del 2019. Él también tenía orden de captura y un presunto grupo de agentes de la ATIC buscándole. Sin embargo, luego de su presentación voluntaria porque se le supone “responsable de la comisión de las infracciones de tipo penal violación especial en su grado de coautoría y violación especial en su grado de tentativa, en su grado de participación de autor”, comenzó un juicio, también cargado de irregularidades.
La primera situación que aconteció luego de su entrega es que debido a que el juicio no se celebró dentro de los primeros seis meses de haber ocurrido el hecho, los apoderados legales del imputado pidieron la modificación de sus medidas y con ello fue puesto en libertad. Una segunda situación es que en la audiencia de proposición de medios de prueba, la jueza que lleva el caso desestimó algunas pruebas testificales al igual que algunos objetos encontrados dentro de las pericias que se llevaron a cabo en el lugar donde ocurrió el abuso. Sin embargo, la Fiscalía consideró que eran medios de prueba que debieron ser admitidos por ser útiles y pertinentes y por esa razón presentó un amparo en contra de la inadmisión de pruebas, ya que consideró que existe vulneración del derecho de la defensa.
Es así que este tercer implicado llega a los juzgados a “firmar en libertad”, cada cierto tiempo, y tiene prohibido acercarse al domicilio o al centro educativo de Alejandra.
Las irregularidades en el proceso judicial de los imputados
Para Sosa, la primera falta en el juicio de su hija fue la inacción del Ministerio Público, desde que se interpuso la denuncia, el propio 20 de abril a las 7: 31 p.m. “Voy a hablarle como abogada”, aclara. “Recibiendo una denuncia, en la cual una víctima de este tipo de delitos identifica plenamente a la persona y sobre todo, que identifica dónde pueden encontrarse esta persona, la obligación del fiscal de turno es mandar a detenerla y realizar las diligencias correspondientes, ya sea hacer el peritaje a esta persona, extracción de muestras y todo”.
Sin embargo, nada de lo anterior pasó e incluso: “Si la autoridad considera que después de los preliminares hay suficientes elementos para poder presentarse un requerimiento fiscal dentro de las 24 horas, se presenta y se pone a la orden del órgano jurisdiccional, pero eso nunca”, confirma Sosa. Y de hecho, el requerimiento fiscal se emitió hasta el 23 de abril. Y fue hasta el 4 de mayo que el Juez de Letras de la Niñez envía una resolución de la Corte a la Dirección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la que se le solicita la ejecución de la aprehensión y que se ponga a la orden de este órgano jurisdiccional a los acusados, por suponérseles responsables de la violación especial.
De igual forma, el 4 de mayo, el Juzgado de Letras de la Niñez envió notificación de prohibición a la Dirección General de Migración y Extranjería, y una Alerta Roja a dirigida a INTERPOL, a efecto de prevenir a ambas entidades para evitar la salida del país de los implicados en el delito.
“Irónicamente, en el requerimiento no se solicitan ordenes de allanamientos de manera inmediata a los domicilios de las familias de los implicados. Es hasta más de un mes después que hacen allanamientos a algunos de los domicilios y no en todas las direcciones y domicilios facilitados, dándoles suficiente tiempo no solo para huir, sino para vaciar las residencias”, complementa Sosa.
Algunas estadísticas preocupantes
En el año 2017, el Ministerio Público registró 2, 880 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas, en sus diversas expresiones. De ese número, 703 fueron casos de violación y de esa cantidad, 636 se cometieron en contra de menores de edad, seguido de 569 actos de lujuria. Esos datos equivalen a decir que durante ese año, cada 3 horas una mujer denunció una agresión sexual.
La Dirección de Medicina Forense, por su parte, en el 2018, registró 3, 067 casos de violencia sexual de los cuales, 2,664 ocurrieron en contra de niñas y mujeres jóvenes menores de 18 años. En el 12% de los casos las víctimas fueron hombres (la mayoría niños y adolescentes) y en un 2% de los casos no se especifica el sexo. Lo anterior indica que en el 86% de los casos de violencia sexual las víctimas son mujeres.
Otro dato preocupante es que en la última década (entre 2009 y 2018) el Ministerio Público le solicitó a Medicina Forense practicarle exámenes a unas 17 mil 743 niñas, que llegaron a presentar denuncias por agresiones, de acuerdo con estadísticas del observatorio de violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Flor y Alejandra, el retrato de miles de mujeres y jovencitas en Honduras
Es común que emociones como el enojo, la frustración, la rabia e indignación se apoderen de Flor Sosa porque es madre y en el interior sigue latente el dolor por el abuso que sufrió su hija. Alejandra, en cambio, se ha recluido en su dormitorio; a ratos cree que el mundo no vale la pena, pero la mayor parte del tiempo se siente optimista y recupera el sabor por la vida.
Ambas han tenido que apoyarse psicológicamente pues ha sido un año muy duro. “Gracias a Dios y a la terapia psicológica ella ha evolucionado de manera positiva. Todavía continuamos con la terapia y quien sabe por cuánto tiempo más estaremos así, debido a los altos y bajos que se generan del mismo proceso por la negligencia y la re-victimización que generan las autoridades”, dice Sosa.
Las condiciones en las que acontece el abuso de Alejandra, sin lugar a dudas, es diferente a los episodios vividos por miles de mujeres, jóvenes y niñas que en Honduras cohabitan entre la delincuencia de las pandillas, la corrupción de las autoridades policiales que, en barrios y colonias marginales de las principales ciudades del país se vuelven cómplices y en ocasiones, autores de esos delitos. Sin embargo, este caso y el de miles coinciden en la lentitud y desidia con la que se abordan los abusos sexuales en contra de las mujeres, por parte del Sistema Judicial hondureño.
Pero Flor dice que, en medio de la frustración, la incompetencia y la negligencia, seguirá luchando contra ese sistema que, por ser dirigido por funcionarios públicos indolentes e incapaces, “se mantiene con vida, pero contaminado de estiércol”.
Descargue: Periodismo8 – CESPAD
