Escrito por: Lucía Vijil Saybe, analista del CESPAD
21 de mayo, 2020
Que las comunidades en el interior del país estén haciendo trueques entre alimentos y servicios, o que otras incorporen a su cultura las llamadas “ollas comunitarias”, para dar alimento a todos, nos evidencia cómo las expresiones comunitarias están cambiando. La pandemia del COVID19, a nivel mundial, nos ha puesto en jaque, porque las formas de hacer lo que conocemos están cambiado y es necesario comenzar a incorporar componentes humanos y de solidaridad en el accionar de los pueblos, antes que las rapaces y dominantes tradicionales formas de hacer las cosas.
En Honduras, las medidas adoptadas por el régimen en el contexto COVID19, que paralizaron por completo la economía con el cierre de negocios que se relaciona directamente con el empleo y medidas de seguridad policial y militar para el control del tránsito de personas y mercancías, fueron las condiciones necesarias para que la ciudadanía se preguntara: ¿qué vamos a comer?
La CEPAL en su informe: “Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura”, señala que el sector agropecuario de Honduras se distribuye de la siguiente forma: agroexportación (56%), ganadería (20%), granos básicos (11%), pesca (7%) y bosque (5%). El dato que interesa desatacar, es que ese 11% que se dedica a la producción de granos básicos, está compuesto por 385,000 productores y productoras beneficiando directamente a 2 millones de personas en las comunidades rurales.
Según el Marco de Programación País para la Cooperación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “La pobreza en el sector agrícola en Honduras alcanza su más alto valor: 64.5% de población es pobre y 42.6% está en pobreza extrema al 2014. La desigualdad es un aspecto clave para explicar la pobreza: en el agro el quintil más rico de la población tiene el 60.4% del ingreso rural y el quintil más pobre tiene el 3.2% del total del ingreso”.
La Ley de Modernización Agrícola, la deuda gubernamental con los pequeños productores y productores en temas de reforma agraria y ahora una contrarreforma agraria más depredadora que según el Centro de Estudio para la Democracia en su informe “La contrarreforma agraria en tiempos de COVID-19” tiene como pilares un mayor control del territorio a través de la reconcentración de tierras en manos de los empresarios, mayor dependencia de la agroindustria y el desconocimiento del sector campesino como sujeto político, coloca en mayor riesgo a las comunidades rurales que producen y comercializan sus productos inmersos en una lógica de las cadenas de valor formal y comercio internacional.
Con ese panorama preocupante respecto a la producción de alimentos acechada por las grandes corporaciones es preciso repensar la existencia de cadenas de valor formal, quienes desde la óptica empresarial se constituyen en procesos lineales en donde cada uno de ellos se asocia a actores y a escalones que aportan valor a dicho producto.
En esa lógica lineal de mercado, los productores y productoras a pequeña escala, quienes se categorizan así por el tamaño de la propiedad agrícola (dos hectáreas o menos como pequeñas propiedades agrícolas), existiendo por lo menos entre 450 y 500 millones de pequeñas propiedades agrícolas, que representan el 85% de las propiedades agrícolas del mundo, según datos de Hivos, ocupan el peor lugar en la cadena de proveedores de producción, expuestos aún más al “precio negociado” con los intermediarios, y sin contar con el gasto inicial que debe asumir para la producción bajo estándares que son solicitados por las grandes empresas.
A nivel mundial y a nivel país, se promueven políticas centradas para el crecimiento económico basado en exportaciones. En donde las cadenas mundiales son los nuevos instrumentos “eficaces” y “modernos”, que permiten la salida de la crisis a las economías primarias que cumplen el papel del eslabón más bajo, Honduras es el caso. La mercantilización de la vida del pequeño productor y productora, también aplica la mercantilización de la vida del país, en este caso Honduras, que lleva años demostrando que por más tierra que se les entregue a las agroexportadoras, el desarrollo económico no viene ni se asegura.
En regiones tan desiguales, las apuestas industriales han significado mayor conflicto en los territorios y mayor pobreza. El Estado no parece retroceder y en medio de una pandemia continúa tomando decisiones, pareciera, al azar. La ciudadanía hondureña continúa preguntándose, ¿qué vamos a comer?, y confía esa respuesta a quienes producen a pequeña escala, en sus pequeños terrenos alquilados (en su mayoría) o propios, es decir, en los pequeños agricultores.
El término de mercado territorial, según la FAO, se refiere a:
“Los mercados en los que participan la amplia mayoría de los productores a pequeña escala porque todos ellos se sitúan en áreas específicas con las que se identifican. Su gestión y organización puede incorporar una dimensión de mayor o menor formalidad, pero siempre existe alguna conexión con las autoridades competentes, por lo que no se pueden definir como puramente «informales». Satisfacen la demanda de alimentos en áreas de distinta índole: rurales, urbanas y periurbanas. Incluyen a otros actores a pequeña escala del territorio: entre otros, comerciantes, transportistas o procesadores. En ocasiones, estas otras funciones las cumplen los propios productores a pequeña escala o sus asociaciones. Las mujeres son protagonistas, por lo que estos mercados les brindan una fuente importante de autoridad e ingresos cuyos beneficios se transfieren a sus familias.”
Considerando algunos de los elementos planteados en esa definición y una realidad hondureña agrietada, será necesario proponer la vuelta al mercado territorial comunitario. Un mercado que sea capaz de reconocer, como lo dice la Vía Campesina, “el derecho de los pueblos a decidir y controlar de forma autónoma su alimentación a través de la agroecología campesina”.
Un mercado territorial que cuestione, recupere y actualice los saberes ancestrales y formas de cultivos de las comunidades y que no continúe con la precarización salarial y una alimentación globalizada de chatarra. Un mercado campesino “porque gracias al conocimiento y el saber hacer de quienes cultivan, crían y elaboran alimentos, se genera la autonomía”, tal como lo han dicho Soler, Rivera y García[1].
La puesta en marcha de mercados territoriales no es nueva, de hecho, son prácticas recurrentes incluso antes de la pandemia del COVID19, entre ellas, la mantenida por la Plataforma Nacional de las Mesoamericanas Honduras con venta de productos cultivados por mujeres campesinas, así como, iniciativas de intercambio y venta de productos por mujeres rurales en cadenas solidarias hacia otras comunidades, en las que se refleja dicha práctica de mercado.
Y es que lo mercados territoriales tienen algunas características:
- Con diversos actores sociales participante en economías locales, departamentales e incluso regionales, se aporta una mayor variedad de productos que ponen a disposición diferentes sistemas alimentarios.
- Son espacios de interacción social que refuerzan el común entre los actores, se tejen vínculos más allá del dinero movido entre cada transacción.
- Existe un mayor reconocimiento al valor justo por el trabajo que realizan los pequeños productores y productoras, dando capacidades de negociación más autónomas para las familias.
- Este tipo de mercados contribuye a que las ganancias locales, se distribuyan y reingresen a dicha economía, que, siguiendo el ciclo de ganancias, potencia las comunidades.
- Configuran nuevas formas territoriales de gobernanza y organización, reforzando las capacidades de colectivización de los saberes y conocimientos comunitarios.
- El mercado territorial, si se desea, puede formar parte de negociaciones colectivas con entidades municipales o nacionales para ampliar su mercado, o bien, para compra de tierras, locales o formas de distribución.
- La forma en que el mercado territorial puede cuestionar las relaciones de poder en la familia, y reconocer la labor de las mujeres como comerciantes y agricultoras, que en lógicas de mercado convencional se parte del reconocimiento únicamente del “propietarios de la tierra”, en su mayoría, los hombres.
En fin, hay múltiples beneficios de los mercados territoriales, sin embargo, hay un elemento que resuena cada vez más, y es la potencia enraizada en las demandas de la agroecología feminista, la cual asegura que las las “propuestas agroecológicas viables deben colectivizar los trabajos de cuidados y conseguir ingresos dignos para el campesinado y también precios asequibles para las personas consumidoras precarizadas”[2].
En Honduras, diferentes iniciativas comunitarias como las que posiciona la Plataforma Nacional de las Mesoamericanas Honduras en donde la venta de productos se da desde las mujeres que cosechan y elaboran los mismos, así como esfuerzos de la Articulación de mujeres de la Vía Campesina, entre otras, se colocan de frente, disputan y ganan ese debate occidental y monetarista, esa óptica occidental y consumista que hoy tiene colapsadas a las sociedades.
Esas experiencias, recuerdan que el valor monetario de las relaciones de producción no es más que un valor egoísta explotador, y que, en medio de situaciones complejas, es el valor de lo justo y el pago por el trabajo campesino, lo que sostendrá la alimentación. En un momento como este, las cadenas de importación están complicadas, los alimentos enlatados y procesados no ingresan, pero a las mesas hondureñas, son frutas y vegetales cultivados por las poblaciones rurales, indígenas y mujeres, las que siguen alimentando a un país, a una región y a un planeta entero.
Mientras el régimen de Honduras continúe favoreciendo a las empresas agroexportadoras y a su capital, y por consiguiente a las cadenas de valor internacionales, en detrimento de las poblaciones más pobres y de su alimentación, será difícil se avance en la construcción de una democracia sólida e inclusiva.
[1] Vea: Agroecología feminista para la soberanía alimentaria: ¿de qué estamos hablando? Disponible en: https://www.pikaramagazine.com/2019/05/agroecologia-feminista-soberania-alimentaria/
[2] Idem.
