Durante el período del 11 al 17 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, dos acontecimientos marcaron la coyuntura del país: 1) Entrada en vigencia del Decreto ejecutivo en materia agrícola PCM-041-2020, publicado en la Gaceta el 11 de mayo del 2020, el cual se deriva del Decreto ejecutivo PCM-030-2020, publicado en la Gaceta el 9 de abril del 2020. 2) Aprobación de solicitud de préstamo por 55 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el “Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad”.
Los PCM-030-042/2020 y el enfoque empresarial de la política agraria en tiempos de COVID-19
En un contexto mundial marcado por la crisis alimentaria y en un marco de país con un alto déficit alimentario, el gobierno ha declarado al campo agrícola de alta prioridad y necesidad nacional de interés público, debido a que los efectos humanitarios generados por el COVID-19 está evidenciando con fuerza la crisis alimentaria que golpea a la población hondureña.
En Honduras las medidas agrarias para ese fin se encuentran enmarcadas en el Decreto ejecutivo PCM-30-2020 y en el PCM-41-2020, sin desconocer otros medidas como el agrocrédito 8.7 Exprés (SAG), Bono de solidaridad productiva a 190.000 productores (INVEST-H). El primero hace un llamado a la creación del “Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria” y el segundo hace un llamado a reformar los artículos 4, 5 (numeral 1) y 24 del PCM-30-2020, en relación a proyectos agrícolas a ejecutar en el actual contexto y en el acceso y uso de tierras ejidales, fiscales y nacionales.
En el fondo ambos PCM contienen medidas que favorecen ampliamente al sector agroempresarial y agroexportador, en detrimento de la economía campesina de pequeña escala, quienes, junto a la mediana producción, son los que producen alimentos para el abastecimiento del mercado interno y consumo familiar.
Primero, se desconoce la institucionalidad pública de vocación campesina, como es el caso del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), y en contraposición se le otorga a la banca privada y a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en su totalidad la administración y gestión de los proyectos y programas, instancias que en el fondo promueven y defienden los intereses del sector agroempresarial.
Segundo, el acceso a crédito y asistencia técnica sigue estando al servicio del sector agroempresarial, a través de una serie de facilidades económicas, administrativas y técnicas, que imposibilitan que el campesino (a), pequeños y medianos productores (as) puedan competir de manera justa en el acceso de dichos beneficios a la par de la gran empresa. En definitiva, la ausencia de un enfoque campesino en dichas medidas son las que bloquean toda posibilidad de democratización del agro en tiempos de inseguridad alimentaria y de COVID-19.
Tercero, el uso de tierras fiscales, nacionales y ejidales que no se encuentren cumpliendo con su función social, a las cuales se podrá acceder con una concesión de 20 años pagando un canon anual de 100 L por manzana. Partiendo del enfoque empresarial expuesto en los párrafos anteriores, se prevé desde la dirigencia campesina que el acceso a dichas tierras se destinara a los grandes terratenientes y la gran empresa agroindustrial, lo cual conllevaría a tres aspectos que en el fondo profundizaran la crisis de los derechos humanos en el sector rural: i) Reconcentración de la tierra, ii) Mayor control del territorio y los bienes comunes naturales, y, iii) Expropiación de tierras y desplazamientos forzados en tierras de interés estratégico donde se encuentran comunidades indígenas, garífunas y campesinas.
En un momento se consideró que el sector campesino podría acceder a esas tierras a través de procesos de titulación, pero el PCM-041-2020 en su artículo 4 señala que las tierras seguirán siendo propiedad del Estado y no serán objeto de reivindicación de dominio de ningún tipo. En definitiva, lo anterior cierra la posibilidad a que las actuales medidas abran paso a procesos de acceso a tierra y que sienten las bases para un transformación integral y democrática del campo a través de una reforma agraria.
Y cuarto, la ausencia de una estrategia para que las mujeres rurales puedan acceder a los fondos y programas agrícolas, mediante un enfoque diferenciado que ponga en el centro el papel que juegan las mujeres en la producción agrícola. En definitiva, las actuales medidas carecen de un enfoque de género que les permitan a las mujeres cerrar las brechas de desigualdad en temas como la tenencia de la tierra, acceso a créditos y comercialización justa de productos agrícolas.
En resumen, las actuales medidas agrarias para darle respuesta a la inseguridad alimentaria que azota a la población y al mundo rural, no están concebidas desde un enfoque de derecho que pongan en el centro las demandas históricas del movimiento campesino, en los esfuerzos por avanzar en la democratización del campo y cerrar las grandes brechas de exclusión, desigualdades y pobreza.
La contrarreforma agraria en perspectiva
Si bien el proceso de contrarreforma agraria se inicia en la década de los 90 del siglo pasado, el proceso que actualmente experimenta el campo rural tiende a ser más agresivo y abarcador. Tres ideas centrales permiten problematizar esa hipótesis.
Un mayor control del territorio, a través de la reconcentración de la tierra en manos del sector empresarial, el control del territorio en su totalidad será sin duda una de las grandes apuestas políticas de dicho sector. El control del territorio implicaría acceso abierto a bosques, tierras y posibles recursos minerales que ahí se encuentren, dando paso a una reconfiguración de la cuestión rural en el país, mediante acciones directas que profundizaran violación de derechos humanos a gran escala.
Este control conllevara a un proceso de colonialismo interno expresado en sus distintas dimensiones: visión de desarrollo, desarraigo social y precarización de la vida rural, entre otros. El control del territorio es parte de un proceso más amplio y está detrás de la idea, de cómo la actual crisis generada por el COVID-19 en el fondo esta promoviendo una reconfiguración de la élite económica del país, alrededor de un proyecto económico de corte neoliberal y de despojo de bienes públicos y bienes comunes naturales.
Mayor dependencia de la agroindustria alimentaria, en el fondo los PCM arriba señalados promueven una especie de dependencia alimentaria en tres vías: i) Mediante la propuesta de construcción de parque industriales se da paso libre para que el capital extranjero y nacional, no solo controle la producción de alimentos sino que se le acredita la parte de innovación tecnológica y técnica para el desarrollo del agro, ii) Los programas y proyectos que se impulsan en el actual contexto, presentan la característica de ser una continuidad de proyectos agrícolas que en el pasado no lograron solucionar la crisis del sector agrario y la mayoría son financiado a través de préstamos internacionales (Banco Mundial, BID y BCIE),y, iii) Haciendo una rápida revisión de los componentes de los proyectos y programas agrícolas, se constata la forma en que prevalece la producción de alimentos agrícolas de exportación y una precaria presencia producción de granos básicos para consumo interno.
Esas tres dependencias (tecnológica, crediticia y alimentaria) agudizan de manera proporcional la crisis alimentaria, a la vez que va expandiendo y radicalizando una visión de desarrollo rural con énfasis agroexportador alejado del sentido de la economía campesina. En definitiva, esas dependencias son bloqueos estructurales que impiden el desarrollo de una política agraria con énfasis de derecho y apuestas políticas democratizadoras para el campo rural en Honduras.
Negación del campesino(a) como sujeto político, y no menos importante es la forma de como las actuales medidas niegan la existencia política del campesino(a) hondureño. En los PCM no se reconoce el papel que puede jugar el INA y BANADESA en procesos de seguridad y soberanía alimentaria, a la vez que se desconoce el rol que juegan las estructuras organizativas campesinas (centrales campesinas, empresas asociativas, cooperativas y cajas rurales), en los esfuerzos por garantizar que las actuales medidas agrarias beneficien a los sectores más necesitados y que permitan la producción de alimentos para el mercado interno y consumo familiar.
Descargar: Reporte Semanal – 4 CESPAD
