Escrito por: Bladimir López, miembro del equipo de analistas del CESPAD
11 de mayo, 2020
Durante el período del 4 al 10 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura del país: i) Aprobación del Vacatio Legis de Nuevo Código Penal, ii) La imparable violencia doméstica y femicidios hacia las mujeres, y, iii) Discriminación y estigmatización hacia ciudadanos (as) portadores del COVID-19.
I. El Vacatio Legis del Nuevo Código Penal: ¿Demagogia partidaria o apertura democrática?
En el actual contexto de país la entrada en vigencia del nuevo Código Penal será un golpe fuerte a los derechos humanos y a las libertades políticas de la ciudadanía, ya que su actual contenido esta orientado a salvaguardar los intereses de la élite política corrupta, funcionarios y ex funcionarios públicos, refuerza el control de las fuerzas militares sobre la sociedad, limita ejercicios democráticos como la libertad de expresión y protesta social pacifica, a la vez que refuerza la violencia machista hacia las mujeres, a través de la reducción de penas hacia los hombres que cometan violencia doméstica e intrafamiliar.
En ese contexto distintos sectores sociales, agencias internacionales de derechos humanos y sector académico desarrollaron a través de las redes sociales y medios de comunicación una serie de manifiestos, pronunciamientos, comunicados y conferencias de prensa, solicitando al Congreso Nacional un “Vacatio Legis” para prorrogar el plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal. El 9 de mayo en sesión extraordinaria virtual el Congreso Nacional aprobó la prórroga de entrada en vigencia de dicho Código.
El Decreto en su exposición de motivos fundamenta que la decisión tomada se debe a la falta de socialización del código en distintas regiones del país y a la dificultad de realizar los procesos de capacitación iniciados por los operadores de justicia. En el fondo la exposición de motivos no garantiza que se entrará a un nuevo proceso de construcción de dicho Código, tampoco asegura que las observaciones de reformas propuestas desde los sectores sociales serán incluidas en una versión final y en un contexto de suspensión de garantías constitucionales no ofrece posibilidades reales para un proceso de diálogo democrático con las organizaciones sociales.
En conclusión, la actual Vacatio Legis parece ser más un acto de demagogia política de la élite partidaria, que una apertura democrática en los esfuerzos de avanzar en la construcción de un Código Penal que resguarde los derechos humanos de la población, que incorpore las demandas de los distintos sectores políticos, sociales y académicos, con el objetivo de sentar las bases para la construcción de un sistema de justicia democrático y protector de los derechos humanos.
II. La imparable violencia y femicidios hacia las mujeres en tiempos de COVID-19
En el actual contexto de crisis social, humanitaria y sanitaria las mujeres siguen siendo presas de un sistema político patriarcal que posterga sus derechos y es culpable directo de la violencia y la exclusión que sufren las mujeres en el actual contexto. En décadas de demandas desde las organizaciones de mujeres y feministas, el gobierno no ha tenido la voluntad política de avanzar en una sistema de justicia y de protección social con enfoque de género, y en contraposición su accionar se ha caracterizado por dotar de privilegios a los actores e instituciones que promueven y reproducen la cultura de vida patriarcal, machista, racista y de odio hacia las mujeres.
Esta vez la alarma suena desde los hogares en donde la violencia hacia las mujeres en el actual período de confinamiento se ha disparado de manera abrumadora. En una publicación el 6 de mayo, la organización de mujeres Visitación Padilla, publicó un mapa en el cual se registran que en enero se recibieron un total de 7827 denuncias de violencia domestica e intrafamiliar, en febrero 7657, en marzo 7940 y hasta el 26 de abril se registraron 8056 denuncias, para ser un total de 31,480 denuncias en los últimos meses.
De igual forma es de suma preocupación los asesinatos de mujeres en el actual período de confinamiento. De marzo a abril se registran un total de 83 femicidios, los cuales evidencian la manera en que opera la violencia estructural contra la mujeres hondureñas y la falta de persecución penal contra los hombres que realizan estos crímenes.
En resumen, los actuales hechos de violencia hacia las mujeres en el fondo demuestran que el gobierno en su actual gestión de la crisis no prioriza enfoques de equidad y de género, orientados a promover y salvaguardar los derechos de las mujeres y a difundir una cultura de convivencia familiar y societal desde una perspectiva de derechos, que siente las bases para la gestión de la actual crisis desde una visión feminista y democrática.
III. La discriminación y estigmatización hacia personas portadoras de COVID-19
Por último, el actual proceso de discriminación y estigmatización que sufren las personas portadoras de COVID-19. Este proceso de discriminación se da en un contexto de país marcado por una democracia de baja intensidad y por la expansión del COVID-19 hacia los barrios y colonias de Tegucigalpa, en donde hasta la fecha 118 colonias registran casos de Coronavirus.
Lo anterior es importante verlo en perspectiva de derechos y de cultura democrática. Los actuales procesos de estigmatización se dan con mayor fuerza en aquellos barrios y colonias socialmente marginados y culturalmente segregados, en donde prevalecen practicas de vida desestructuradas y sin marcos socioculturales que promuevan relaciones sociales basadas en la solidaridad, respeto y colaboración mutua.
Asimismo, es un ejemplo claro del estado de crisis en que se encuentra el sistema cultural del país (escuela, familia, iglesias) y que en tiempos de crisis y los miedos generalizados que promueve el COVID-19, reproducen modelos de vida desprovistos de todo sentido ético y moral. A eso se suma el olvido que el gobierno ha sumido al sector sociocultural del país, en los esfuerzos por avanzar en la construcción de un pacto social que tenga en el centro a las personas alrededor de sus diferencias de clase, étnicas, religiosas, etcétera.
Por su parte el gobierno ha declarado establecer medidas de sensibilización y comunicación para concientizar a la población hondureña, lo cierto es que este tipo de medidas son positivas en sociedades con una amplia cultura cívica, educativa y democrática. Pero nuestra sociedad con índices elevados de exclusión política y marginalidad cultural las campañas no son suficientes, para frenar un proceso de discriminación y estigmatización que amenaza con normalizar el odio, acrecentar el miedo y profundizar el individualismo.
En suma, el actual proceso de discriminación y estigmatización amenaza con descomponer en su totalidad la fragilidad de las relaciones sociales en la sociedad hondureña, a la vez que refuerza valores propios de sociedades fragmentadas y altamente individualizadas a través de comportamientos de vida que atentan contra modelos de vida sostenibles preservadores de las relaciones de solidaridad y empatía humana.
IV. Puntos para la reflexión estratégica
Desde el CESPAD consideramos que es urgente que las organizaciones políticas y sociales del país enfoquen su capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:
- En relación al nuevo Código Penal, es de importancia que las fuerzas políticas y sociales de oposición realicen esfuerzos encaminados a cambiar la relación de fuerzas y empujar coordinadamente en la dirección de construir un Código Penal desde un enfoque de derechos y libertades constitucionales.
- La violencia hacia las mujeres acentúa las desigualdades a la vez que alteran la convivencia pacífica en las sociedades, de ahí la importancia de pensar en acciones inmediatas encaminadas a salvaguardar la vida de las mujeres, a la vez que se presiona al gobierno para la ejecución de acciones de mitigación con enfoque de género.
- El actual proceso de discriminación y estigmatización, invitan a repensar modelos democráticos con énfasis en la persona humana, a la vez que motivan la construcción de nuevos procesos cognitivos que sean capaces de reforzar lazos de comunidad, solidaridad y cooperación. Al no tomarse con seriedad la actual discriminación y estigmatización, la explosión de una serie de fascismos sociales desde las clases excluidas puede poner en aprietos la convivencia pacífica de la población en tiempos de COVID-19.
Descargar: Análisis3 Semanal DDHH – CESPAD
