Escrito por Asís Castellanos y Claudia Mendoza
Miembros del equipo de analistas del CESPAD
10 de mayo, 2020
A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.
La primera semana de mayo fue el escenario de una serie de opiniones, comentarios, debates y controversias de diversos actores políticos hondureños, en torno al presunto plan para suprimir las elecciones primarias en Honduras. Y es que este país centroamericano se apresta a hacer la convocatoria para la realización de las elecciones primarias, las que de acuerdo con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, serán convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, según el calendario electoral, deberán realizarse durante la segunda semana del mes de marzo del 2021. Es decir, que la convocatoria deberá hacerse en las primeras dos semanas del mes de septiembre del 2020, seis meses antes, tal como establece la Ley.
Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), fue el primero en hacer pública la denuncia de un plan y dijo que se orquestaba desde el Poder Ejecutivo. Otras voces le siguieron, como la del Coordinador General del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya, quien en un programa televisivo opinó que el asunto de fondo en torno a la realización o no de las elecciones responde a la posibilidad del continuismo del régimen de Hernández Alvarado. Sin embargo, señaló que no hay condiciones para un tercer período consecutivo debido a la composición multipartidista del CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas.
La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones, Rixi Moncada, también reaccionó en su cuenta de Twitter, calificando de “irresponsable” la denuncia de un plan de suprimir las elecciones y enfatizó que usarán “todos los medios físicos y tecnológicos necesarios, para hacer que se respete la fecha de la elecciones…”. Desde el Partido Nacional también reaccionaron personajes como el presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, quien se comprometió a vigilar el “Estado de Derecho” y Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del CN, quien señaló de “absurdo” pensar que no habrá elecciones. Aunque hubo otras opiniones, finalmente, Juan Orlando Hernández, quien se había mantenido al margen de comentar, dijo en una comparecencia pública “busquen qué hacer”, a quienes según él especulan con el calendario electoral.
Globo sonda, ¿para qué?
Las discusiones del tema acontecen sobre dos escenarios: el primero, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus en el mundo y en Honduras. El segundo, la aprobación de las reformas electorales, como el gran tema pendiente y en discusión, desde años atrás. Aunque hasta el momento ningún movimiento, partido político o persona particular se ha atribuido públicamente una propuesta formal para suspender o posponer las elecciones primarias, diversos sectores coinciden, desde una sospechosa incertidumbre, en que es el propio partido en el poder, el que lanzó el “globo sonda”, entre otros objetivos, con el fin de medir los niveles de popularidad, rechazo o probabilidad de posponer el evento político.
Los señalamientos de la justicia estadounidense contra Juan Carlos Bonilla, ex jefe de la Policía de Honduras y que vinculan de nueva cuenta a Hernández con la narcoactividad, no pueden desligarse de la discusión política actual. La eventual salida de la presidencia de la República quita a Hernández un importante blindaje. En ese sentido, posponer, o como sugieren algunos sectores, eliminar las elecciones primarias al tenor de la crisis generada por el Covid19 en el país, solo sería el primer paso para suspender o posponer los comicios generales y, de esa forma, continuar bajo el ropaje de la institucionalidad hondureña y la venia del gobierno de Donald Trump.
Pero Hernández y el Partido Nacional tienen también a su favor, otro “as bajo la manga”, que le da la pandemia. Y es que tanto las elecciones primarias como las generales, tienen muchas probabilidades de llevarse a cabo con las viejas, cuestionadas y manipulables reglas del juego, pues las reformas de fondo que amerita la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras, no han podido consensuarse entre las principales fuerzas político-electorales del país.
Así, con el control absoluto de las instituciones estatales por parte de Hernández y del Partido Nacional que le proveyeron en el pasado reciente el apoyo, para adjudicarse un segundo periodo presidencial, en abierta y descarada violación de la Constitución de la República, se pone en riesgo la alternabilidad en el poder y por tanto, se prevé una nueva crisis sociopolítica que sumado a la crisis económica, social y de salud pública actuales, harían retroceder al país, con mayor intensidad, en materia política y democrática.
