Autores del documento: Lucía Vijil y Bladimir López
Introducción
En Honduras la actual crisis generada por el COVID-19, ha venido a generar una serie de medidas económica, políticas, ambientales y sociales que están generando una crisis sin precedentes en los derechos humanos de la población hondureña.
En un contexto de crisis alimentaria, uno de los campos priorizados por la élite política y el sector empresarial ha sido el campo agrario, que a través del Decreto ejecutivo PCM-030-2020 apunta a reconfigurar la actual política agraria del país a través de un mayor control y presencia del sector agroindustrial y agroexportador, a la vez que desplaza al sector campesino, pequeños y medianos productores(as) y agudiza la crisis alimentaria.
El primer apartado de este análisis, se exponen elementos de contexto para comprender la actual crisis alimentaria del país y la forma en la cual las comunidades están haciendo frente a la crisis alimentaria. En un segundo apartado, se desarrollan los puntos más críticos del Decreto ejecutivo PCM-030-2020 aprobado por el régimen de JOH, y en un tercer apartado, se enumeran los riesgos de dicho PCM para el sector campesino hondureño de frente al actual contexto.
I. Puntos para comprender la crisis alimentaria del país en tiempos de COVID-19
En la actual crisis, las comunidades rurales en su mayoría integradas por productores a pequeña escala, a pesar de sus limitaciones técnicas y financieras mantienen la producción agrícola para el sustento de sus familias y para el abastecimiento del mercado interno. No obstante, una tendencia real, en esta pandemia, es la reducción de la disponibilidad de alimentos para el consumo interno.
En ese contexto el régimen de JOH ha emprendido una serie de acciones orientadas a asegurar la producción de alimentos en tiempos de COVID-19. En ese marco requiere especial atención el Decreto Ejecutivo, PCM-030-2020, el cual crea el “Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, con el objetivo de asegurar la producción y acceso de alimentos a través de la articulación de dos sectores económicos: el sector agroindustrial alimentario y el sector financiero.
Antes de entrar en detalle sobre el PCM y su impacto negativo para el campesinado, mujeres rurales, pequeños y medianos productores, nos detendremos a caracterizar la política agraria del país en los esfuerzos por comprender elementos de contexto que están detrás de la actual crisis alimentaria, desde una perspectiva de los derechos campesinos y enfoque de género.
En Honduras, con la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola (1992) se inició el desmantelamiento de la institucionalidad estatal agrícola heredada del período reformista de grandes beneficios para el sector campesino de la época, y se priorizó a las industrias agro exportadoras y el otorgamiento de tierras a las mismas y se marginó al sector campesino de pequeña escala, incrementando de esa manera la pobreza, el hambre y la exclusión.
La actual política agraria se caracteriza por tres aspectos. Primero, falta de acceso a tierra. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-201, en la zona rural del país el 65% de los hombres y el 86% de las mujeres no tienen acceso a la tierra; en la zona urbana el 83% de los hombres y 90% de las mujeres tampoco tienen acceso a tierra.
Segundo, sobresale la dinámica de la producción agrícola en el país. La CEPAL en su informe: “Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura”, señala que el sector agropecuario de Honduras se distribuye de la siguiente forma: agroexportación (56%), ganadería (20%), granos básicos (11%), pesca (7%) y bosque (5%). El dato que interesa desatacar, es que ese 11% que se dedica a la producción de granos básicos, está compuesto por 385,000 productores y productoras beneficiando directamente a 2 millones de personas en las comunidades rurales.
Y tercero, la ausencia de una política pública integral en clave campesina que sea capaz de hacerle frente de manera estratégica a los impactos del cambio climático en el campo hondureño. Los pequeños productores y productoras a nivel nacional previo a la crisis del COVID-19, según el informe del Programa Mundial de Alimentos, el promedio de pérdida de producción debido a las sequías prolongadas fue del 40% en maíz y 38% en frijol, además, pérdida de ganado y sin ninguna capacidad de reabastecer sus reservas alimentarias hasta la próxima cosecha.
En definitiva, las anteriores cifras ponen en cuestión la fuerte apuesta del gobierno de Honduras al sector agro exportador y, por ende, la exclusión del mayor porcentaje de la población rural de la producción agrícola a nivel nacional, se traduce en el incremento de la pobreza y crisis alimentaria.
Sin embargo, el impacto de la crisis del COVID19 y la crisis de alimentos está representando una afectación especialmente grave en la vida de las mujeres rurales. En una entrevista realizada a Wendy Cruz, representante de la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina, comenta que una de las dificultades para las mujeres campesinas es que al ser ellas quienes asumen el rol de proveedoras de alimentos y el rol de cuidados en sus familias, exponen su salud pues deben ingeniárselas, para que aún en medio de la crisis del COVID19, sus familiares posean comida en casa, algunas incluso buscan la forma de preservar los mangos (Honduras está en época de cosecha de mangos) en jaleas, en dulces u otras formas, para asegurar un pequeño bocado al día siguiente.
Pese a las limitaciones, algunas mujeres campesinas están negociando el alquiler de tierras para cultivar en primera, ¿y cómo van a negociar el alquiler si no están teniendo ingresos de ninguna forma?, pues ellas, están comprometiendo sus cultivos, con la esperanza de cosechar, vender sus productos y luego pagar el alquiler de la tierra.
En ese contexto adverso, el movimiento campesino hondureño posiciona una serie de demandas: política de desarrollo rural integral con enfoque de género, un nuevo marco legal que garantice la reactivación del sector agrario y promueva la participación activa del sector campesino, democratizar el acceso a tierra para los campesinos y campesinas, comunidades rurales y pueblos indígenas, la reactivación de BANADESA, cajas rurales, cooperativas agrícolas y bancos comunales para entrega de crédito ágil para el sector campesino, entre otras.
II. Puntos críticos del Decreto ejecutivo PCM-030-2020
Detrás de PCM se evidencian cinco (5) puntos críticos que nos ayudan a sustentar la hipótesis arriba mencionada: El PCM apunta a reconfigurar la actual política agraria del país a través de un mayor control y presencia del sector agroindustrial y agroexportador, a la vez que consolida el desplazamiento del sector campesino, pequeños y medianos productores(as) y agudiza la crisis alimentaria del país.
Primero, programas y planificación agrícola sin identidad campesina
El actual programa agrícola detrás del PCM carece de identidad campesina, y por ende es incapaz de responder a los desafíos coyunturales y estructurales del sector agrario en el actual momento de crisis alimentaria. El PCM es la continuación de una serie de programas que se han venido implementando en el país durante los últimos años (artículo 5 y 6, PCM-030-2020), o en su defecto versiones 2.0[1] de anteriores proyectos acopladas al actual contexto sin ningún tipo de rigurosidad técnica y científica y carentes de apuestas políticas de trasformaciones agrarias.
Esa variedad de programas se ha caracterizado por: beneficiar directamente al sector empresarial agroexportador, proyectos que en su mayoría son financiados a través de préstamos internacionales y programas que no han ayudado a reducir las brechas de desigualdades en el campo y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones rurales.
En resumen, la ausencia de una política pública integral para el sector agrario conlleva a que las actuales acciones carezcan de una planificación con perspectiva agraria a largo plazo, en los esfuerzos de avanzar hacia una gestión democrática de la actual crisis alimentaria con énfasis en el campesinado, pequeño y mediano productor(a), y orientado a fortalecer las bases de una economía rural sostenible, innovadora, competitiva, integradora de las mujeres y la juventud y con prácticas agroecologías que abonen a la preservación de medio ambiente y del planeta tierra.
Segundo, debilitamiento de la institucionalidad en clave campesina
Al carecer de un enfoque agrario en el sentido de política pública, las acciones en base a programas y proyectos se vuelven contradictorias en su esencia y débiles en la práctica. En ese marco el PCM es un esfuerzo por dar un golpe más a la debilitada institucionalidad agraria, por eso no es extraño que la institución ejecutora de dichos programas (artículo 1 y 4, PCM-030-2020) estén adscritos a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), con el acompañamiento exclusivo del sector agroindustrial alimentario y sector financiero.
En clave campesina lo anterior tiene grandes implicaciones: i) El INA es la principal institución encargada de desarrollar la Reforma Agraria a través de la administración y entrega de tierras y a la cual se aboca el campesinado, pequeños y medianos productores. El INA no es objeto de señalamiento en el PCM, cuando dicho PCM (artículo 4, PCM-030-2020), hace referencia a la identificación de tierras ejidales y nacionales para la producción en el actual contexto, ii) La SAG es fuertemente influenciada por las empresarios del sector agroalimentario y por ende su accionar es en clave empresarial, no en clave campesina y, iii) Ante el quiebre financiero de BANADESA (por la élite política y empresarial corrupta), la entrada del sector bancario (la cual no es nueva) viene a bloquear el acceso a crédito al campesinado y a pequeños y medianos productores(as), a los cuales les resulta imposible acceder a fondos disponibles en el sistema bancario privado, con el tradicional sistema de garantías (hipotecarias principalmente).
En suma, el debilitamiento de la institucionalidad agraria en clave campesina viene a bloquear el tema de acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y comercialización justa de productos, ya que la actual institucionalidad encargada de gestionar y administrar la actual crisis alimentaria no responde a los intereses del sector campesino, sino que su lógica de accionar se mueve alrededor de los intereses del sector agroempresarial y agroexportador.
Tercero, la reconcentración de la tierra en manos privadas
Más allá de la concepción y gestión del programa agrario inscrita en el PCM, el tema de acceso a tierra es de preocupación para el movimiento campesino. Se establece (artículo 4, PCM-030-2020) que la SAG es la que administrara el control de las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola y que no estén siendo utilizadas, cuando está tarea es exclusividad del INA.
Desde el liderazgo campesino se sostiene la idea de que dichas tierras van a parar a las manos de los grandes terratenientes y al control de las grandes empresas agroindustriales, ya que el PCM no se refiere a la entrega de dichas tierras al sector campesino, pequeños y medianos productores (as) y en ningún momento se menciona de forma clara y precisa que tipo de contratos serán utilizados para la utilización de las tierras y tampoco define el papel que debe jugar el INA.
La principal hipótesis alrededor de esa idea, es que la entrega de las tierras conllevara un fuerte proceso de reconcentración de tierras en manos de la gran empresa, tierras que posiblemente sean ricas en minerales, fuentes hídricas y bosques. Ese proceso en el mediano y largo plazo podría desencadenar en hondas luchas por el acceso a tierra y defensa de los bienes comunes de la naturaleza: agua y bosque.
En resumen, un posible proceso de reconcentración de tierra vendría a reposicionar estratégicamente al sector empresarial, a la vez que refuerza sus mecanismos de control territorial por encima de los intereses de las comunidades rurales y, sería un catalizador de conflictos territoriales por la defensa y control del territorio.
Cuarto, programas agrícolas carentes de enfoque de género
Desde las mujeres campesinas, tal como se ha expuesto en el primer apartado, existe una fuerte crítica a la falta de políticas públicas diferenciadas que sean capaces de reducir la brecha de la desigualdad y que faciliten el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares.
Desde el 2015, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural “CREDIMUJER”, una norma jurídica construida en colectivo desde organizaciones de base campesina que apunta a asegurar facilidades de crédito a las mujeres campesinas y asistencia técnica para que, de manera progresiva, se puedan romper los círculos de violencia doméstica y de pobreza. Este programa, que realmente garantiza beneficios tangibles a las mujeres, aún “duerme en el sueño de los justos”.
Antes del COVID-19, el gobierno de Honduras ya tenía una gran deuda con las mujeres campesinas, no obstante, en el presente se continúan aprobando programas y decretos de emergencia sin tomar en cuenta la sobrecarga de responsabilidades de trabajo productivo y reproductivo y su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Mientras no se garantice el acceso al mercado laboral formal e informal y políticas que garanticen los derechos de las mujeres rurales seguirán siendo uno de los sectores de la sociedad más excluidos y condenados a vivir en pobreza.
Quinto, los parques agroindustriales y la reconcentración de la riqueza
Por último, sobresale el tema de los parques agroindustriales[2] (artículo 25, PCM-030-2020) los cuales cumplirán con el fin de garantizar prioritariamente el suministro de la demanda de alimentos de la población, así como el abastecimiento de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado, pudiendo exportar los excedentes que produzca.
Desde la perspectiva del desarrollo rural dichos parques son un pilar fundamental para avanzar en la soberanía y seguridad alimentaria, como también, espacios para el desarrollo tecnológico del agro, generando un valor agregado a los productos agropecuarios, generación de empleo, desarrollo de gestión del productor agropecuario, fomento de la inversión y mejorar el nivel de vida de la población rural, etcétera.
Cabe mencionar que esta idea de parques agroindustriales se ha puesto en marcha en Colombia y México, y los movimientos campesinos de dichos países posicionan algunas ideas criticas alrededor de esa iniciativa: son gestionados por el sector empresarial y es precaria la participación del gobierno, se desconectan del mundo rural ya que su énfasis es la exportación a gran escala y refuerza la dependencia tecnológica, a la vez que profundizan la desindustrialización de la agricultura campesina.
En Honduras en los últimos años se ha desarrollado la experiencia de los parques industriales en el sector de la maquila, y en la práctica han conducido a una reconcentración de la riqueza, violación de los derechos humanos de las y los trabajadores, desconexión del precario sistema industrial nacional y el poco margen de maniobra del Estado al momento de reorientar la producción industrial del país.
En definitiva, el PCM es un esfuerzo más por radicalizar las políticas agrarias de corte neoliberal, ya que el programa agrícola detrás de dicha iniciativa persigue fines ajenos a las demandas del sector campesino y en contra posición viene a profundizar elementos estructurales que en las últimas décadas han sumergió al sector agrario en el atraso, precariedad y dependencia.
Alrededor de esos cinco puntos críticos como lo menciona en una entrevista Rafael Alegría de LVC-H, el PCM tiene cuatro cuellos de botella: 1) No hace diferenciación entre el campesino, el pequeño y mediano productor y en su totalidad está enfocado al sector agroindustrial , 2) Ante la desarticulación de la pequeña y mediana producción agrícola, estos sectores fácilmente son desplazados por el sector agroindustrial y agroexportador en los proceso de producción, procesamiento y comercialización, 3) Competencia desigual entre la agroindustria, campesinos, jóvenes, mujeres, ya que el sector de la agroindustria tiene respaldo político y apoyo financiero del gobierno, sector bancario privado y organismos internacionales y, 4) Las instituciones del sector público están desarticuladas y son inoperantes en el decreto, como el caso del INA.
III. Riesgos para el movimiento campesino y comunidades rurales
En ese contexto adverso desde el liderazgo del movimiento campesino se puntualizan algunos riesgos:
- Profundización de la crisis alimentaria: Los actuales programas no aseguran el abastecimiento de productos agrícolas, debido a la ausencia de una política pública integral que ponga en el centro al sector campesino y al pequeño y mediano productor/a, y en contra posición se reposiciona el sector agroempresarial y agroexportador con un énfasis de economía agraria hacia afuera, es decir de mercado.
- Aumentan los riesgos para las mujeres campesinas: La falta de operatividad por parte del Estado de Honduras para asegurar programas diferenciados y con acciones afirmativas, continúa acentuando los riesgos para la salud física y emocional de las mujeres campesinas, asimismo, reduciendo la posibilidad para que ellas puedan responder ante el cambio climático mediante la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la gestión de los bienes comunes naturales.
- Desarticulación del movimiento campesino: Los programas agrícolas en el hipotético caso de llegar a las bases campesinas, no se gestionan a través de sus estructuras organizativas (empresas asociativas, cooperativas y centrales campesinas), sino que se ejecutan directamente con las bases campesinas, generando un proceso de desarticulación interna y en el peor escenario la infiltración a las organizaciones campesinas, con el fin de destruirlas.
- Control del territorio y bienes comunes naturales: La actual gestión antidemocrática de la crisis alimentaria y un eventual proceso de reconcentración de la tierra, conllevaría a una nueva oleada del control del territorio por parte de los terratenientes y el sector empresarial, lo cual generaría una serie de contradicciones políticas que conducirían a graves conflictos entre pobladores y comunidades contra el capital por el acceso a tierra y defensa de bienes comunes naturales.
Descargar: Coyuntura Territorios – PCM030 Crisis Alimetaria 042020
[1] Por ejemplo: Programa de aseguramiento de la soberanía alimentaria, Fondo de garantías de un 70% para el sector público a través de BANPROVIH y Programas para el sector bobino.
[2] Los parques agroindustriales se fundamentan alrededor de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (2011), mediante un proceso normativo que profundiza el control del sector empresarial y transnacional. Si se desea profundizar véase articulo 4 y 7 de dicha Ley.
