Escrito por Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD
2 de mayo, 2020
A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD
Sin ninguna duda, el hecho más relevante de esta semana lo constituye el anuncio del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, de acusar al Ex Jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares (el “Tigre”), de “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”. Sin embargo, la nota más significativa de esta acusación es la aseveración que Bonilla Valladares cometió los delitos indicados “en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente” (Juan Orlando Hernández).
En efecto, desde el juicio en Nueva York contra Tony Hernández, la hipótesis de la fiscalía estadounidense es que en este país centroamericano, especialmente a partir del golpe de Estado del 2009, el Estado hondureño ha protegido a grupos narcotraficantes. Es decir, el asocio entre políticos hondureños, en su carácter de funcionarios públicos y bandas criminales, ha permitido el tráfico de drogas y de armas hacia los Estados Unidos, caracterizando a esta sociedad como una “violenta conspiración internacional del narcotráfico”.
Tan en serio es esta aseveración que, de acuerdo a la alegación publicada por la mencionada fiscalía el 30 de abril, este caso esta siendo investigado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la DEA, con los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow , a cargo de la acusación.
Desde Casa Presidencial, en su cuenta en Twitter, el gobernante Juan Orlando Hernández ha negado esta vinculación, argumentando, entre varios elementos, que en su primer gobierno no ratificó como Jefe de la Policía a Bonilla Valladares y que inició un proceso de depuración policial. No obstante, este proceso de depuración ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña por su carácter incompleto, marcado por la opacidad y falta de resultados. Al grado que en este momento la policía nacional no termina de depurarse y se encuentra sumida en una crisis que no parece tener fin, permanentemente cuestionada por organismos de derechos humanos debido a sus reiteradas infracciones a las garantías constitucionales.
¿Cuáles serán las repercusiones políticas de estas acusaciones?
El anuncio de estas acusaciones se produce en el momento de mayor auge de la pandemia del COVID-19 en Honduras, coyuntura que ha estado siendo aprovechada por Juan Orlando Hernández para recuperar su cuestionada legitimidad, originada por las fraudulentas elecciones de noviembre del 2017. En una mezcla de autoritarismo, populismo y clientelismo, ha posicionado su imagen en frecuentes cadenas nacionales, tal como si estuviera en una carrera presidencial sin rival.
También ver: El manejo de la crisis del covid-19 en un contexto de desigualdad y las amenzas a la transparencia y la democracia
La falta de resultados de la oposición política y social por el retorno al orden constitucional, el miedo al contagio del virus por amplios sectores urbanos, el confinamiento en los hogares y el estado de emergencia que ha cancelado la mayoría de las garantías constitucionales, ha creado un estado de animo de desmovilización social generalizada. Al grado, que las reflexiones y discusiones sobre los próximos eventos electorales y los riesgos que ya tienen en un Estado de Derecho cancelado, han sido estigmatizadas por algunos sectores de la población.
No obstante, Juan Orlando y su régimen han estado siendo fuertemente cuestionados por organizaciones ciudadanas debido a la corrupción y falta de transparencia en la administración de los fondos públicos, al grado que ha tenido que destituir a uno de los principales funcionarios en el manejo de la crisis del COVID-19. También se ha impugnado, por diversos actores, lo que se considera una gestión ineficiente de la crisis sanitaria. En la percepción ciudadana esta crisis ha estado siendo manejada por políticos tradicionales que han excluido a los especialistas de la salud, representando una grave amenaza en el derecho al acceso a la salud de la población en general.
También ver: El Coronavirus en Honduras: ¿Hasta dónde aguantará la sociedad un proceso prolongado de aislamiento social?
En este marco, las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York lo que colocan y recuerdan es la ilegitimidad política del régimen actual, con su secuela de actos de corrupción, vinculaciones a grupos ilícitos y de bloqueo a la acción penal en contra del grupo en el poder (Pacto de Impunidad y expulsión de la MACCIH en enero de este año).
En tal sentido, su implicación más directa tendrá que ver con la reactivación de la lucha política por la recuperación de la democracia. El 30 de abril, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal llamó a que Hernández sea inhabilitado “jurídica y moralmente para continuar en el ejercicio de la Presidencia de la República” y convocó a la oposición política a conformar un “Bloque Común de Lucha”. Por su parte, el 1 de mayo, en un comunicado del Coordinador General de LIBRE, en reacción a las alegaciones de la fiscalía de Nueva York, subrayó que “la ambición y la codicia de la mafia política empresarial que nos gobierna no tiene límites (…) la dictadura protege carteles de la droga y del crimen organizado”. De nuevo, está abierto el desafío para la oposición política y social por recuperar la constitucionalidad del país o por lo menos impedir el sabotaje del próximo proceso electoral por parte del partido en el gobierno.
Es un hecho, que las acusaciones de la fiscalía estadounidense, representan, asimismo, un fuerte incentivo a Juan Orlando Hernández para continuar en el poder y evitar por largo tiempo, enfrentar un eventual juicio en las cortes estadounidenses, ya sea mediante el uso de las facultades extraordinarias que le otorga el estado de emergencia sanitaria o, a través del quebrantamiento del cronograma de las elecciones del 2021.
En tal sentido, es posible afirmar que Honduras en medio de las acusaciones y los diferentes juicios incoados por la fiscalía estadounidense contra poderosos actores de la política hondureña y por los múltiples efectos que tendremos en el pos COVID-19, ingresará en los próximos meses a una profunda crisis política, económica, social y cultural probablemente no conocida en la historia del país. Y los términos de la confrontación sólo serán dos: democracia o dictadura.
