En el marco de la pandemia de COVID-19 se desarrollan en el país una serie de protestas ciudadanas en la demanda de alimentos y seguridad sanitaria, las cuales son reprimidas por las fuerzas políticas y militares. En esta ocasión la acción de protesta desarrollada el día jueves 23 de abril en la comunidad de Metalias, ubicada en Tela, Atlántida, la cual terminó con dos personas heridas de bala y cinco personas detenidas en un desalojo violento por parte de la policía militar.
Los pobladores e integrantes de las fuerzas vivas de la comunidad a la vez que demandaban alimentos, señalaban la entrega politizada de alimentos por parte del gobierno, además del incumplimiento de la municipalidad, con quien se había pactado que se entregarían los alimentos a las personas más necesitadas de la comunidad. Sin embargo, al momento de entrega de los mismos, ésta se hacía según listado predeterminado en donde se les proporcionaba únicamente a las personas afines al partido nacional.
Durante la protesta integrantes de la policía militar respondieron con gases lacrimógenos y disparos de arma, dejando como resultado dos heridos de bala: Rommel Josué Reyes Cruz de 20 años y Francisco Javier Manueles Aguilar de 26 años. La comunidad tiene más de un mes de estar en cuarentena y denuncian enérgicamente que el gobierno está contra ellos y que lo que dicen en sus cadenas de radio y televisión resultan ser mentiras, pues la realidad de las personas es muy distinta a la que Juan Orlando describe. “El pueblo muere de hambre”, manifiesta uno de los agredidos.
Aún en la adversidad el gobierno, en confabulación con miembros de la municipalidad de la zona y la policía militar, continúa atropellando los derechos de la población hondureña. Además del violento desalojo, detuvieron a 5 personas pertenecientes al Movimiento Ambientalista por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que corresponden a los nombres de Roberto Ferrera, Alex Velásquez, Lorenzo, Luis Turcios, Marcos Galdámez y Cristián Eliazar Bizuela, quienes se encuentran detenidos en la posta policial de Tela. Los pobladores muestran preocupación de que se tomen represalias contra los compañeros, como lo han hecho en otras ocasiones cuando salen a defender sus bienes comunes naturales.
Ante estos escenarios de violación a los derechos humanos desde el CESPAD demandamos:
- A la Corporación Municipal a cumplir con el deber de velar por el bienestar de la población hondureña y asegurar su bienestar en tiempos de crisis alimentaria.
- A la fiscalía de los derechos humanos que se investiguen los actos de violación de derechos humanos que se están desarrollando durante el confinamiento.
- Al Ministerio Público que se investiguen de manera urgente y transparente estos casos de violación de derechos contra la ciudadanía que reclama alimentos.
- A los entes anti corrupción que le den continuidad y monitoreo constante al uso de los fondos públicos que se han destinado para asegurar los derechos de la población.
El actual contexto afecta en mayor medida a quienes no cuentan con disponibilidad económica para solventar sus necesidades básicas, ante esta situación es importante alertar a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para que alcen su voz de presión hacia el gobierno en los esfuerzos de gestionar democráticamente la crisis y que se respeten los derechos humanos de la ciudadanía que protestas en demanda de alimentos.
Tegucigalpa, Honduras 24 de abril del 2020
