Escrito por Asís Castellanos, analista del CESPAD
22 de abril, 2020
Durante este periodo de significativos cambios, las decisiones y respuestas estatales que se han tomado (y se tomarán) determinarán, en gran medida, los desenlaces no sólo sociales y económicos, sino también políticos del país. Desde este punto de vista, el panorama político no es alentador ya que en el marco de esta crisis se han bloqueado los avances en materia de reforma político electoral, que previo a la crisis sanitaria se perfilaban de limitado alcance, en comparación con las necesidades de avance democrático del sistema político hondureño. No podemos desconocer que esta crisis afectará a la reforma político electoral en sí, y al futuro de la democracia hondureña que padece de una falla de origen que hace que se mantenga en crisis permanente.
Ante este contexto, ¿cuál es el estado de las reformas electorales? y ¿qué podemos esperar de las reformas político electorales pendientes de «discutirse» y aprobarse en el seno del Congreso Nacional?
- El estado de las reformas político electorales
Recientemente, en abril 2020, el concejal Kelvin Aguirre, designado del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que esta entidad cuenta con su calendario electoral y que sus modificaciones dependerán del Congreso Nacional (CN), no del pleno del CNE.
En enero de 2020, durante la instalación de la tercera legislatura del CN, Mauricio Oliva, presidente por segunda vez consecutiva del Poder Legislativo, en su discurso de apertura aseveró que el CN aportaría al país «las reformas electorales más profundas que la historia ha conocido». Oliva, en enero de 2018, fue señalado por Juan Jiménez Mayor, vocero de la extinta MACCIH, de liderar un «pacto de impunidad». Asimismo, Oliva lideró, junto con su correligionario Juan Hernández Alvarado, la no renovación en la continuación de la MACCIH que reveló casos de corrupción que implican, en su mayoría, al Partido Nacional.
Para febrero, según Manuel Zelaya Rosales se habían alcanzado «el 90% de las reformas estructurales electorales»[1]. Zelaya hacía referencia a la separación de las atribuciones entre la administración de los procesos electorales y el ejercicio de la jurisdicción electoral del Tribunal Supremo Electoral, expresado en la conformación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, respectivamente. De igual forma, que estaba en marcha la actualización del censo electoral a cargo del Registro Nacional de las Personas (RNP) y la integración de las tres fuerzas políticas: Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (LIBRE), en los entes electorales.
Sin embargo, varias propuestas y debates de las reformas político electorales sustantivas como la segunda vuelta, el voto electrónico, la reelección, el financiamiento político, el sistema informático de resultados electorales, las elecciones simultáneas o separadas (entre los comicios municipal-legislativo y presidencial), el rol efectivo del financiamiento público en las políticas de equidad de género, entre otras, no se han discutido con la seriedad y profundidad necesaria.
Hasta marzo de este año no había acuerdo claro entre las fuerzas políticas, sobre el manejo y composición de las Mesas Electorales Receptoras (MER), que han servido como uno de los nodos de tráfico de credenciales, documentado y denunciado en los procesos electorales de 2013 y 2017. Organizaciones de la sociedad civil propusieron la necesidad de la «ciudadanización» de las MER.
En otro ámbito de importancia, el CNE hizo pública su posición oficial de no admitir la inscripción de candidaturas presidenciales que implique la reelección—decisión en que el concejal Aguirre votó en contra—, este tipo de reformas político electorales de carácter constitucional deben contar con la mayoría calificada del CN, de 86 votos, para que pueda realizarse una consulta popular en torno a la reelección presidencial, así como para la segunda vuelta.
- Alcance de las reformas político- electorales
En el contexto de la crisis generada por el COVID-19, el alcance de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Político y Candidatos/as (conocida como Ley de Política Limpia) cobra relevancia, debido al dudoso manejo de los fondos estatales y la procedencia de las empresas proveedoras al Estado. Sin embargo, algunas de las limitaciones fundamentales de esta ley son: la eliminación de la lista de fuentes prohibidas para el financiamiento privado a las empresas con contratos de concesión con el Estado y que se mantiene el bloqueo en el acceso de información a la ciudadanía en torno a las aportaciones y aportantes del financiamiento privado de la política.
Antes de la declaración oficial de la emergencia sanitaria, las reformas político electorales se perfilaban de alcance limitado debido, principalmente, al manejo partidista politizado del proceso. No obstante, la presente coyuntura de multi-crisis agrega un elemento que limitará aún más las reformas político- electorales. El PN, en el gobierno, debido al manejo autoritario en la gestión de la crisis, se ha colocado como el único interlocutor del país que desesperadamente busca legitimarse. Esta manera de operar del PN es altamente peligrosa para el futuro inmediato de los mecanismos y normativa que regirán las próximas elecciones primarias y generales: en el fondo, está en juego el poder político que Juan Orlando Hernández Alvarado y sus principales aliados económicos han concentrado y acumulado en la última década.
Ante este panorama político, desde el CESPAD, insistimos que a pesar del COVID-19, el país enfrenta el enorme desafío de garantizar elecciones transparentes o estaremos ante la víspera de otro fraude electoral disfrazado de democracia y, probablemente, en el peor de los casos, a la continuidad del actual régimen.
Descargar: Análisis16 – CESPAD
[1]La Tribuna, 26 de febrero. https://www.latribuna.hn/2020/02/26/90-de-las-reformas-electorales-ya-estan-hechas-mel-zelaya/
