18 de abril, 2020
En el contexto de la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, en el país se desarrollan una serie de protestas ciudadanas desde cuatro frentes: personal médico que demanda equipo de bioseguridad en los centros asistenciales del país, personas que fueron despedidos de sus puestos de trabajo al margen de la ley, ciudadanos que se oponen a la instalación de albergues para hospedar a personas sospechosas y contagiadas por el virus y ciudadanos de a pie en barrios, colonias y caseríos que demandan acceso a alimentos, agua y seguridad sanitaria para sus familias.
En este análisis nos detendremos a analizar el cuarto frente, cuantificando y describiendo el número de protestas, perfil de los actores que protestan, demandas principales y los posicionamientos de la ciudadanía sobre la actual crisis humanitaria que azota a los sectores excluidos y vulnerables de la sociedad hondureña.
En Honduras la pobreza, la exclusión, la marginalidad y las desigualdades van juntas[1] y en tiempos de pandemias se encuentran por doquier, son inseparables y muestran el rostro de quienes desde su posición social de excluidos demandan el cumplimiento de derechos humanos básicos para hacerle frente a los impactos humanitarios del COVID-19.
Esas posiciones son diferenciadas y para fines de este análisis los vamos a ubicar en tres tipos de clase social[2]: clase marginada, clase baja y clase obrera. Como veremos más adelante las actuales protestas son desarrolladas en su mayoría por una clase marginada (personas sin trabajo y madres solteras), clase baja (trabajadores del sector informal) y la clase obrera (trabajadores que fueron despedidos de sus trabajos y a trabajadores a quienes les suspendieron contrato).
I. Emergencia de la protesta social en demanda de alimentos
En el periodo comprendido del 18 de marzo al 17 de abril se desarrollaron en el país un total de 128 protestas, en un contexto marcado por la puesta en marcha del toque de queda y su posterior proceso de aislamiento social que ha obligado a la población hondureña en situación de precariedad social y laboral a confinarse en sus casas.
Durante este período los principales focos de protestas se concentraron en barrios, colonias y caseríos de los lugares señalados en el gráfico #1, territorios que comparten algunas características: población excluida y desprovista de los principales medios de vida y altamente dependientes de los bajos ingresos económicos que obtienen de sus actividades laborales en el sector informal de la economía, rubro de la maquila, actividades agrícolas, ganadería y agro industria. Si bien es cierto que el tema económico es clave para comprender las motivaciones de estas protestas, existen elementos sociopolíticos que dan cuenta de otras motivaciones que incentivan a la ciudadanía a salir a las calles.
Las protestas se caracterizan por su carácter espontaneo y por sus limitados niveles de articulación política y estratégica, lo cual no le resta transcendencia para identificar desde el discurso de la ciudadanía temas sociopolíticos que motivan estas propuestas: a) Acumulación de descontento ciudadano hacia el régimen de JOH por sus acciones en detrimento de los sectores excluidos, b) La toma de conciencia y forjamiento de una identidad subalterna generadora de presión política y social y, c) Politización social de la ciudadanía producto del cambio cultural que ha vivido el país en la última década.
En conclusión, nos encontramos ante protestas que políticamente carecen de articulación estratégica, pero que a niveles discursivos y pragmáticos van forjando una identidad subalterna que en el corto y mediano plazo pueden desencadenar procesos de protestas más consistentes y prolongados por la disputa de lo humanitario y lo social en el país, en un contexto marcado por las desigualdades y repolitización de lo social[3].
II. Perfil de los actores que lideran las protestas ciudadanas
En tiempos de COVID 19 las actuales protestas se caracterizan por su carácter clasista, ya que son los sectores más excluidos de la sociedad los que confluyen en las asambleas comunitarias y bloqueos de carretera para demandar por alimentos, seguridad sanitaria, entre otras. El siguiente gráfico trata de ilustrar dicha integración.
De las personas que participan en las protestas el 26% expresa no contar con trabajo, el 23% son vendedores ambulantes, un 20% lo representan madres solteras, el 18% trabajadores que fueron recientemente despedidos de sus trabajos al margen de la ley y, el 14% aquellas personas que fueron suspendidas temporalmente de sus empleos.
Detrás de esas cifras hay al menos tres puntos de reflexión:
- Estos sectores históricamente han estado excluidos de las oportunidades de acumulación que han sido acaparadas por las élites políticas y económicas,
- Los procesos de constitución de ciudadanía social (salud, trabajo y educación) han sido débiles o en el peor de los casos inexistentes, y,
- El mercado laboral genera trabajo antes que empleos, lo que se traduce en amplios procesos de precarización del mundo asalariado sin paquetes de protección y seguridad social.
En conclusión, el orden neoliberal a la vez que es productor de desigualdades extremas expulsa de manera constante a las personas del mundo laboral, sometiéndolas a un mercado laboral regido por leyes depredatorias. Mientras que el régimen de JOH impulsa acciones de protección hacia la gran economía, los sectores subalternos soportan las decisiones canallas de los gobernantes.
Principales demandas de la ciudadanía en las protestas
Quizás uno de los punto más interesantes de las protestas ciudadanas, es que sus demandas no se reducen al tema alimentario y encaran exigencias concretas de reinvindicación/cumplimiento de derechos humanos básicos para enfrentar el actual proceso de crisis humanitaria. El siguiente gráfico busca aproximarnos a las demandas detrás de las protestas.
El tema coyuntural que convoca a la ciudadanía es el tema alimentario con un 45%, luego sobresale el tema agua con un 18%, lo sigue con un 15% la atención sanitaria (equipamiento de centros de salud, mascarillas y gel anti- bacterial), con un 12% la atención especial a personas de la tercera edad, considerados por la OMS como el sector más vulnerable y proclive a contagiarse del COVID-19, y, por último, con un 9% la suspensión de pago de los servicios públicos (agua y electricidad).
En resumen, lo que estás demandas nos intentan decir, por un lado, es que el régimen de JOH, pese a la aprobación de una jugosa cantidad de dinero para atender la emergencia del COVID-19 y a una serie de acciones de asistencia social, sigue sin darle repuestas a las necesidades básicas de los sectores excluidos y, por otro lado, evidencia con fuerza el colapso del sistema público de atención primaria y la inseguridad alimentaria en la que esta sumergida la población hondureña.
D. Posicionamiento de la ciudadanía en protesta sobre la actual crisis humanitaria
El régimen de JOH para atender la actual crisis alimentaria y sanitaria ha tomado como medida principal la entrega del saco solidario, en el marco de programa Honduras Solidaria con un monto de 3,600 millones de lempiras, el que consiste en la entrega de 30 alimentos básicos. Desde las valoraciones de la ciudadanía esa medida no satisface las necesidades básicas de los sectores excluidos. El siguiente gráfico busca ilustrar dicha premisa.
El 65% de la ciudadanía que protesta considera que la actual política de entrega de alimentos carece de transparencia, ya que expresan que son entregados a personas afines al partido de gobierno. El 15% considera que la cantidad de alimentos entregados no está en proporción a la cantidad de integrantes de las familias. Mientras que el 12% señala la limitada entrega de insumos sanitarios (mascarillas y gel antibacterial) para protegerse de la propagación del virus y el 8% expresa que las autoridades locales no dan respuesta a las demandas alimentarias y sanitarias de la población.
En términos generales, esos posicionamientos nos indican que la actual gestión y administración de la crisis carece de estrategias adecuadas de actuación y en la práctica, se traducen en una serie de limitaciones que no permite darles respuestas a las demandas de la ciudadanía. En ese marco, la ciudadanía se encuentra despojada y desprovista de sus principales derechos humanos en un contexto de crisis en el cual es difícil la sobrevivencia diaria.
A manera de cierre
Lo expuesto en el análisis nos indica que en el corto y mediano plazo la presión política y social desde los sectores excluidos hacia el régimen se acrecentara y, las protestas pueden radicalizarse hasta el punto de desembocar en saqueos. La élite, es posible prever, reaccionará con medidas orientadas a bajar la actual tensión social, que pueden desbocar en un proceso gradual de suspensión del actual toque de queda, en un contexto en el que los expertos sostienen que sería altamente peligroso y elevaría potencialmente el número de personas contagiadas.
Descargar: Análisis15 – CESPAD
[1] Para profundizar sobre el tema véase: Pérez Sáinz, Juan Pablo. Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina, Capitulo 1. San José, C.R.: FLACSO, 2014.
[2] Para profundizar sobre el tema véase: Bauman, Zygmunt. Trabajo, consumidores y nuevos pobres, Capitulo 4. Barcelona, España.: Editorial Gedisa, 1999.
[3] Para profundizar sobre la relación entre identidad subalterna y repolitización social véase: Pérez Sáinz, Juan Pablo. Las desigualdades y la repolitización de la cuestión social en América Latina. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Costa Rica, 2019.
