Escrito por:Lucía Vijil, analista junior del CESPAD.
23 de marzo 2020
Me encerré en casa desde el viernes 13 de marzo. Ya han pasado 10 días desde que se decretó toque de queda en Tegucigalpa. Creo que nunca se está lista para una pandemia, ni sabemos lo que emocional y físicamente va afectar a nuestros cuerpos. La he pasado (como muchos/as) entre redes sociales, con dificultades para conciliar el sueño, viendo y escuchando cadenas nacionales, leyendo noticias falsas, comentarios absurdos en los noticieros y un sin número de mensajes que contribuyen al pánico. Sumado a eso, por si fuera poco, no sabemos cuándo nos van a abastecer de agua potable.
Mientras les comparto estas letras, ya suman 367,457 casos confirmados de COVID-19. A ese dato se le suman 16,113 muertes y 100,879 personas recuperadas alrededor del mundo. En noticias y vídeos he visto las diferentes medidas adoptadas por las dependencias de Salud Pública que se han tomado en los diferentes países para combatir la propagación del coronavirus y según expertos en la materia, en Honduras se han tomado las medidas adecuadas, dentro de lo posible, si es que puede decirse.
En cualquier tipo de crisis, sea golpe de Estado, huracán o una pandemia, las desigualdades nos siguen atravesando el cuerpo, a unas personas más que a otras. Pero siguen siendo las mismas/os de siempre: aquellas que lavan ajeno, las que venden trapos en la calle para limpiar el carro, las que asean a diario casas y edificios, las que venden en el mercado y las están todos los días en los semáforos esperando un poco de solidaridad.
Pero saben ¿qué es lo que más me molesta?, que todo lo que está pasando y la manera en cómo pudiese estar siendo abordada esta cuarentena, tiene respuestas que el gobierno desoyó desde hace casi 6 años atrás. ¿Por qué lo digo?, hagamos un poco de retrospectiva.
- Lucha por la defensa de la salud pública y la educación
Durante más de un mes de movilizaciones populares, con sus picos más altos el 30 y 31 de mayo del 2019, se posicionó en Honduras la crisis de los principales centros asistenciales del país (tomaré el tema de salud únicamente), que incluía, corrupción administrativa, la falta de personal, las condiciones laborales en los centros de salud, el nulo abastecimiento de medicamentos y la amenaza de la privatización bajo decreto de los hospitales públicos a nivel nacional.
La Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública logró la derogación de los decretos ejecutivos (PCM) y, a su vez, convocó a un diálogo entre sectores para presentar una propuesta integral de mejora al sistema de salud y educación. Los resultados de ese diálogo y en la calle, se le hicieron saber al abogado Juan Hernández, porque era necesario:
- El aumento significativo al presupuesto de salud: “es necesario que se asignen 42 mil millones de Lempiras al presupuesto en salud y no 14 mil millones de Lempiras porque allí tenemos un déficit enorme; esa diferencia es asumida por los pacientes quienes deben comprar las jeringas, sueros y medicinas”, decía Samuel Santos, es una de las tantas declaraciones, que desde el Colegio Médico, se dieron respecto al tema de presupuesto.
- La dotación de equipo médico adecuado para cada patología en los centros de salud. En aquel entonces (y no es menos importante) se hablaba del dengue, “los programas en Honduras que atendían la prevención del virus del dengue, fueron desmantelados por el gobierno, resultando en menos acciones de prevención de la propagación del virus”, afirmó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
- Mecanismos de transparencia y control financiero para asegurar que los presupuestos lleguen a la población hondureña. Durante las movilizaciones de la Plataforma, se pedía a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), investigara los actos de corrupción en el sistema de salud, decían desde el Colegio Médico: “Usted tiene en sus manos un documento donde se demostró que los actos de corrupción del Seguro Social se han legalizado a través de los decretos ejecutivos que se han emitido durante el pasado y actual gobierno”.
- Y desde los movimientos sociales en la Mesa 11 (en la que participaron más de 20 organizaciones territoriales y de derechos humanos), de los diálogos alternativos impulsados por la Plataforma, se recomendó como necesario:
- La conformación de farmacias comunitarias medicinales, capaces de proporcionar métodos preventivos y curativos en las comunidades a bajo costo y con un mayor beneficio en la salud de los territorios.
- Auditorías ciudadanas y constante vigilancia comunitaria, el manejo de los centros de salud y hospitales para la demanda de equipos de atención médica.
- La creación de políticas públicas y presupuestos para incorporar la medicina ancestral preventiva al sistema de salud pública.
- Lucha por el acceso a crédito para las mujeres rurales
Desde el 2015, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural “CREDIMUJER”, un trabajo en colectivo de construcción, movilización e incidencia realizado por las mujeres y campesinas en nuestro país. Las mujeres han luchado para que se instale el programa a nivel técnico, se les asignen fondos y se apruebe el reglamento de la misma ley.
CREDIMUJER tiene como prioridad a las mujeres rurales que habitan en las comunidades más pobres y con mayor vulnerabilidad agroecológica en el país, para fomentar entre ellas soluciones económicas dirigidas a la pequeña y mediana empresa de producción agrícola, acuícola, agropecuaria, ganadería, transformación de servicios y comercio.
El programa no era solamente un crédito, sino que se constituyó como una herramienta para fomentar la autonomía entre las mujeres y de esa forma reducir los círculos de violencia doméstica. ¿Y qué pasó? Se le asignaron apenas 35 millones (no era esa la demanda inicial) y actualmente, las mujeres están a la espera (ya más de 6 meses) de la apertura de la Ventanilla CREDIMUJER en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
El jueves 20 de marzo, Juan Hernández, en cadena nacional, anunció la “habilitación de líneas de financiamientos directas a bancos, cooperativas, micro financieras y cajas rurales, a fin de hacer más expedito la utilización de los 2,500 millones de lempiras a través del programa Agrocrédito 8.7%”. El programa Agro crédito tiene como objetivo, incentivar el acceso al crédito agroalimentario para mitigar los efectos del cambio climático en el sector productivo.
El programa agro crédito, así como todo los programas de gobierno, son altamente asistencialistas, responden a los intereses del partido político en el poder y no a una transformación integral desde las comunidades, mucho menos a una propuesta que asuma indicadores de género y resultados más integrales en las comunidades.
¿Cuáles eran las respuestas?
Si las élites de poder hubiesen atendido las demandas ciudadanas hace meses y años, tal vez las familias del personal médico y de enfermería y de otras áreas, no estarían preocupadas por la falta de equipo para atender esta pandemia; las familias no temerían porque sus pacientes deban acudir a los hospitales públicos en precariedad, ni tampoco estarían asustados por sus adultos mayores, que son los más propensos al contagio, porque le temen más al sistema de salud hondureño que al COVID19.
Si las élites hubiesen escuchado a las mujeres campesinas y productoras en el campo, hace 5 años, serían ellas las que estarían contribuyendo a abastecer de alimentos y acompañando de manera solidaria a sus comunidades, no las empresas que dicen ser “socialmente responsables”, mientras violentan las garantías de sus empleados al cancelar los contratos, de acuerdo con denuncias que han trascendido en los medios de comunicación.
Si el gobierno hubiese escuchado, si tan solo hubiese sido operativo y pensante, entonces el miedo no caminaría ni crecería en esta “cuarentena” y segura estoy que dejaríamos de asustarnos con cada cadena nacional, pensando en cuántos más serán los contagiados.
