Escrito por Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD
8 de marzo 2020
En los primeros días de este mes de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, por mayoría de votos, adoptó la transcendental decisión de la falta de “procedencia constitucional y legal de la reforma” solicitada por el Partido Nacional a sus estatutos, en lo referente a la regulación del asunto de la reelección.
Esta decisión va más allá de la denegación de este tipo de reformas al partido de gobierno, en tanto es una determinación que apunta a establecer el carácter ilegal de la reelección. La actual presidenta de este organismo colegiado Rixi Moncada lo ha expresado con mucha claridad “se emitió una resolución administrativa en contra de la reelección presidencial y hemos planteado por mayoría, argumentándose que los artículos pétreos de la Constitución de la República solo pueden ser reformados, derogados o modificados por el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente o una consulta popular”.
La decisión adoptada por el CNE es un claro desconocimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habilitó la reelección presidencial.
Coherente con esta posición, el CNE ha presentado a la Comisión de Reformas Electorales del Congreso Nacional (CN) un conjunto de 20 reformas, destacando, entre ellas: “la realización de una consulta popular para definir la reelección presidencial y la segunda vuelta”. El CNE fundamenta la necesidad de estas reformas porque “las elecciones limpias y transparentes solamente serán posibles si crean las condiciones requeridas”. Para algunas organizaciones de sociedad civil las reformas electorales actualmente pactadas no son sustantivas y están lejos de asegurar la transparencia en las próximas elecciones, en especial si no se incluye la segunda vuelta y si no se resuelve el tema de la reelección presidencial.
Por su parte, el Partido Nacional, en un comunicado público, ha querido desvirtuar el carácter colegiado del CNE, intentando presentar la decisión anteriormente explicada, como una decisión personal de la actual presidenta de este organismo. Además, ha denunciado que “la Sra. Moncada ha iniciado una campaña de desestabilización y confrontación política con la que va desprestigiar y debilitar al Consejo Nacional Electoral”. Además, acusa a Moncada de “involucrarse en los asuntos internos del Partido Nacional”.
¿Cuáles son las implicaciones de la resolución del CNE?
Para empezar, marca un nuevo alineamiento de fuerzas políticas, por lo menos en el tema de la reelección presidencial. Por primera vez, el sector más tradicional del Partido Liberal y LIBRE coinciden en ese asunto de gran relevancia para la crisis política hondureña, en especial la derivada del fraude electoral del 2017.
Pero aún más relevante, es que la nueva institucionalidad electoral tome distancia de la institucionalidad estatal controlada de manera absoluta desde el Ejecutivo. De mantenerse este nuevo alineamiento de fuerzas en el CNE, podría contribuir a crear los indispensables pesos y contrapesos propios de una democracia liberal, abriendo la posibilidad de que las elecciones del 2021 puedan gestionarse de manera más transparente y creíble.
Pero a nivel inmediato las implicaciones son más precisas:
- Coloca nuevamente sobre la agenda nacional el asunto de la restitución constitucional. Dándole fuerza a sectores sociales y políticos que han continuado denunciando el fraude electoral de noviembre del 2017 y demandando la constitución de un gobierno de transición que reemplace el gobierno presidido por Juan Orlando Hernández.
- Habilita el camino para la confrontación entre diferentes poderes del Estado: Consejo Nacional Electoral (CNE), Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso Nacional (CN), entre otros. Marcando lo que podría ser el inicio de una pre-crisis política con componentes electorales y sociales.
- Bloquea la posibilidad de reelección presidencial de Juan Orlando Hernández y de cualquier ex presidente del país, mientras no se haya resuelto legal y constitucionalmente el tema de la reelección.
Todo esto ocurre en un contexto de proselitismo electoral prematuro, donde diversas fuerzas políticas se despliegan a nivel nacional, dibujando un país políticamente polarizado y fragmentado. Pero también con un gobierno nacional, en especial la presidencia del país, es decir, Juan Orlando Hernández, con espacios cada vez más limitados de legitimidad, señalado reiteradamente por la fiscalía de Nueva York por sus vínculos con la criminalidad organizada. Estos factores y otros más, alientan una nueva fase de confrontación política.
¿De qué factores dependerá una salida realmente democrática a esta compleja crisis política y social que arrastramos desde hace más de 10 años?
Seguiremos conversando.
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