Autores del documento: Sergio Ulloa y Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
Introducción
En este documento se realiza un análisis del reciente ejercicio de defensa de sus riquezas naturales que ha emprendido la Mesa Regional de Gestión del Territorio en distintas comunidades del departamento de La Paz, en pro de la protección de los bienes comunes de la naturaleza: tierra, agua, bosque, flora y fauna.
En el primer apartado se hace una aproximación al conflicto, identificando y analizando elementos de fondo que han motivado la acción por parte de estas comunidades. En el segundo apartado se identifica la actual correlación de fuerzas y el balance de las acciones emprendidas por los actores en la disputa.
En el tercer apartado se identifican posibles escenarios a desarrollarse en la actual coyuntura, a manera de esfuerzo para fortalecer la visión estratégica y táctica de la Mesa Regional. Y en el cuarto y último apartado se plantean una serie de recomendaciones encaminadas a potencializar las acciones político-organizativas de la Mesa Regional.
Agradecemos la cooperación del liderazgo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC-La Paz) y al Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), por la información brindada para el desarrollo de análisis.
I. Dinámica del conflicto
En esta ocasión, nuestro análisis se concreta en La Paz, departamento de Honduras en donde comunidades organizadas del pueblo Lenca de los municipios de San Pedro de Tutule, Guajiquiro, Santa María, San José, Santa Elena, Santa Ana, Marcala, Opatoro, Chinacla, Santiago de Puringla, Cabañas, Aguanqueterique, Cane y Nahuaterique se han unido para defender los bosques, los ríos y por consiguiente, la vida de la actual y las futuras generaciones. Este hecho es inusual entre las comunidades de Honduras y se cataloga como “ejercicio autónomo de control territorial”.
El departamento de La Paz es un territorio que posee una amplia biodiversidad y por su importancia geográfica, política y económica se ubica en la mira de las empresas privadas que se dedican a la explotación de las riquezas naturales, mediante la imposición proyectos extractivos. De igual forma, la zona es una de los principales focos de resistencia territorial del país por la lucha que han emprendido por el acceso a la tierra y la defensa de los bienes comunes. Es, además, uno de los territorios que ha sido priorizado para la ejecución de políticas agrarias por parte de los miembros de las Fuerza Armadas (FF.AA.) de Honduras, abriendo un posible escenario de control y militarización del territorio indígena Lenca.
La coyuntura actual en La Paz evidencia, como en muchos otros casos en el país, la ilegalidad y la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras, hidroeléctricas y madereras, por parte del actual régimen. En la zona existen alrededor de cuatro (4) concesiones para la explotación minera, seis (6) hidroeléctricas y los permisos para la extracción de madera se otorgan con duración de dos (2) y hasta diez (10) años. Todos han sido otorgados sin el consentimiento de las comunidades, violentando el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese contexto de contraofensiva extractivista, sobresale la entrega de varios planes de manejo para la extracción de madera. Desde el liderazgo territorial se sostiene que dicho proceso se desarrolló al margen de la legalidad y sin haber realizado el proceso de consulta estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Lo anterior está implicando el saqueo y la comercialización de los árboles, la destrucción de hábitats naturales, deforestación de los bosques de la Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero, que amenaza con secar las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de los municipios que se encuentran en resistencia.
A raíz de lo expuesto, aproximadamente desde el mes de octubre del 2019, las comunidades organizadas en Patronatos, Juntas de Agua, iglesias, organizaciones campesinas e indígenas de los municipios arriba señalados han realizado (de manera gradual) acciones de control territorial que van desde asambleas de consejos indígenas, supervisión de lugares de explotación del bosque y movilizaciones, hasta reuniones con autoridades a nivel nacional y municipal para abordar la problemática que afecta los territorios y buscar soluciones satisfactorias para el pueblo Lenca.
Al no obtener respuestas favorables de los gobiernos locales de Marcala y San Pedro de Tutule, el 27 de enero las organizaciones campesinas, indígenas y comunitarias pusieron en marcha bloqueos de carreteras en el Municipio de San Pedro de Tutule, una importante arteria vial que conecta a ciudades importantes de la región. De igual forma, el 28 de enero del 2020, de manera pública, se comienza a constituir la Mesa Regional de Gestión del Territorio conformada por la Central Nacional de Trabajadores del Campo -CNTC La Paz-, la Unión de Trabajadores del Campo -UTC-, el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz -MILPAH-, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH-, la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de La Paz –REDILPAZ-, y la Organización Indígena Lenca de Honduras –ONILH-, entre otras.
En ese contexto de control y disputa territorial, el 30 de enero se instaló un proceso de diálogo en la comunidad de Lepaguare, Tutule, La Paz. El proceso dejó como resultado la firma de acuerdos entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Mesa Regional, entre los que destacan:
- La suspensión temporal por 15 días de los Planes de Manejo de uso comercial.
- Un plazo de 3 días para que las empresas saquen la maquinaria de los territorios.
- La prohibición total del corte de árboles y el otorgamiento del aprovechamiento de la madera decomisada a las comunidades indígenas.
- El compromiso del gobierno de garantizar la integridad física, la no persecución ni criminalización de quienes participan en las acciones de protesta.
- La realización de inspecciones de campo para verificar los daños ocasionados por los planes de manejo y,
- La reunión entre las partes, en el lapso de los 15 días, para buscar soluciones a la problemática discutida.
La acción más reciente realizada por la Plataforma de Marcala, integrada en la Mesa Regional, orilló a la Corporación Municipal a realizar un Cabildo Abierto Ambiental en el municipio, el 15 de febrero del 2020. El Cabildo contó con una nutrida representación y participación de los pobladores y las pobladoras de diferentes comunidades de la zona.
Entre los acuerdos obtenidos, más destacados figuran:
- Declaratoria de las zonas de recarga y de amortiguamiento intocables, de por vida.
- Cancelación de Planes de Manejo comerciales y no comerciales en el municipio, de forma definitiva.
- Cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos y otros.
- Declaratoria del municipio libre de plásticos, glifosato y agroquímicos contaminantes de la salud y el medio ambiente y
- Sistemáticos procesos de educación ambiental gratuita y de calidad que se brindarán en todos los niveles educativos y a la población en general.
II. La actual correlación de fuerzas
El conflicto ha dado paso a la configuración de actores que emergen con intereses políticos, económicos, comunitarios y ambientales. Se identifican dos bloques en disputa: el bloque de resistencia territorial y el bloque extractivista.
El bloque de resistencia territorial lo representa la Mesa Regional de Gestión del Territorio, un espacio para los pueblos Lencas que aglutina e integra a diferentes organizaciones comunitarias: Patronatos, Juntas de Agua, iglesias, comités ambientales, organizaciones de derechos humanos, campesinas e indígenas. Aunque estas estructuras se encuentran en proceso de construcción y búsqueda de identidad política y organizativa, su convergencia gira alrededor de la defensa del territorio, protección, conservación de los bienes comunes de la naturaleza, respeto a los derechos humanos y autonomía del pueblo Lenca.
Entre sus demandas sobresalen:
- Cancelación y no más autorización de permisos de operación de Planes de Manejo otorgados por el ICF.
- Cancelación de otorgamiento de concesiones a proyectos extractivos hidroeléctricos, mineros y del bosque.
- Aprovechamiento de los bienes naturales, de acuerdo con las necesidades y consentimiento de las comunidades.
- Cumplimiento de la apertura de espacios de participación y respeto de la voluntad de los pueblos, expresada en acuerdos de los cabildos abiertos realizados en los municipios de Santa María, Chinacla, Santiago de Puringla, San José, Guajiquiro, La Paz y Marcala, exigiendo declaratorias de territorios libres de extractivismo
- Garantías de que no habrá procesos de persecución ni de criminalización a quienes participantes en las acciones de control y resistencia territorial y,
- Gestión y administración de los bienes comunes naturales por las comunidades.
En el bloque extractivista entra en juego la empresa privada maderera, que obtiene permisos de explotación y comercialización con los que depredan los bosques y convierten los bienes comunes en mercancías. Junto a la empresa extractiva se posiciona el régimen de Hernández, a través de instituciones como el ICF, MiAmbiente y el Congreso Nacional, impulsando el avance del modelo extractivo sin consultar ni obtener el consentimiento del pueblo Lenca.
En el actual conflicto, las Corporaciones Municipales se han caracterizado por mantener un papel ambivalente, puesto que mediante las Unidades Municipales Ambientales han permitido la extracción de los árboles en los bosques de La Paz. Sin embargo, debido a la presión popular ejecutada mediante acciones de control territorial, han sido orilladas a realizar Cabildos Abiertos en siete (7) municipios que han declarado a sus territorios libre de proyectos extractivos.
Al realizando un balance en la correlación de fuerzas de los actores en disputa, es preciso señalar que si bien los empresarios madereros han contado y continúan con el aval institucional y jurídico del aparato gubernamental, para la explotación y comercialización de los bosques, la coyuntura beneficia política y organizativamente a la Mesa Regional de Gestión del Territorio, que con su accionar estratégico y político ha logrado la integración y movilización de las fuerzas comunitarias. Las comunidades han manifestado el rechazo colectivo a la depredación de los bosques y, a la vez, han realizado procesos de incidencia con autoridades del ICF y las corporaciones municipales para discutir y posicionar la problemática socioambiental en la agenda municipal y nacional.
III. Posibles escenarios
En ese contexto identificamos tres (3) posibles escenarios que podrían desarrollar en la coyuntura del 2020.
Escenario A. Cancelación de los planes de manejo forestal y proyectos hidroeléctricos y mineros
Este escenario significa que el conflicto territorial, en el corto plazo, se resuelve a favor de las comunidades en resistencia. La cancelación de los planes de manejo forestal y proyectos extractivos se podría realizar a través de tres (3) vías:
- Negociación entre representantes del régimen Hernández, gobiernos locales, madereros y organizaciones territoriales
- Procesos de auto-consultas comunitarias y
- Fallo del sistema de justicia a favor de las comunidades.
Para que este escenario se pueda materializar, se requieren las características o condiciones siguientes:
- La Mesa Regional de Gestión Territorial potencia su accionar estratégico y táctico y reposicionar públicamente el conflicto.
- Las organizaciones emprenden procesos de diálogo e incidencia encaminados a lograr la cancelación de los planes de manejo forestal y concesiones.
- Las organizaciones realizan acciones legales encaminadas a lograr la apelación del sistema de justicia, ante las irregularidades en la entrega de los planes de manejo forestal y concesiones.
Este escenario es el más deseable. La probabilidad de que ocurra en la cancelación de planes de manejo es alta, debido a que la actual coyuntura favorece significativamente a las organizaciones territoriales. Sin embargo, la probabilidad es baja en lo referente a la cancelación de la concesiones mineras e hidroeléctricas, debido al control que ejercer el bloque extractivista sobre la institucionalidad que rectora la política extractivista en el país.
Escenario B. Ascenso y radicalización de la lucha socio territorial
Este escenario significa la intensificación de la lucha territorial y radicalización de ejercicios de control territorial. El ascenso y radicalización de la lucha podría ser motivado por tres razones:
- La no cancelación o cancelación parcial de los planes de manejo.
- La persistencia de las concesiones hidroeléctricas y mineras a pesar de las declaraciones municipales libres de proyectos extractivos y,
- La profundización de los impactos ambientales.
Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:
- La falta de voluntad política de instituciones estatales como el ICF, MiAmbiente y el INGEOMINH en darle respuesta a las demandas de las comunidades.
- Los gobiernos locales no acatan la decisión de las comunidades y se vuelcan a promover los intereses de los empresarios extractivistas.
- Las acciones colectivas de control territorial trascienden del plano local al regional, provocando condiciones para una crisis política regional con alcance nacional.
Este escenario es menos deseable por el costo humano y político hacia el movimiento y con una probabilidad mediana de que ocurra debido a la actual disputa en la correlación de fuerzas. Por un lado, la clase política regional que promueve el proyecto extractivo ejerce control en el seno de la institucionalidad pública. Y, por otro lado, la amplia capacidad de movilización, protesta y de incidencia de la Mesa Regional de Gestión del Territorio, es decir que las organizaciones territoriales seguirán resistiendo y presionado hasta liberar a sus territorios de proyectos extractivos.
Sin embargo, este escenario dependerá en gran medida del desenlace que pueda tener el “Escenario A”, considerando que es probable que la institucionalidad acceda a la cancelación de los planes de manejo, lo cual no indica que se avanzará en la misma ruta con la cancelación de las concesiones hidroeléctricas y mineras. En conclusión, la cancelación de los planes de manejo no resolverá de manera integral la conflictividad socioambiental en el departamento de La Paz.
Escenario C. Militarización del territorio y desaparición del movimiento socio territorial
Este escenario significa la imposición de proyectos extractivistas en las comunidades y para lograrlo, la élite política hace un uso desmedido de la fuerza policial y militar. La militarización del territorio se podría dar en las siguientes condiciones:
- El ejercicio de control territorial desata una crisis política regional y
- El aumento de la presión desde el bloque extractivista hacia el gobierno de Honduras, que garanticen condiciones estables para la instalación de proyectos extractivistas.
Para que se materialice este escenario se requieren las características o condiciones siguientes:
- La estructura institucional y legal que dio origen a las concesiones se mantiene vigente.
- Se implementan nuevas estrategias de criminalización contra las y los líderes territoriales, a la vez que se ponen en marcha prácticas de contrainsurgencia militar en los territorios en conflicto.
- Fragmentación en lo interno del movimiento, en temas relacionados con las acciones de estrategia de la Mesa Regional de Gestión Territorial.
Este escenario no es deseable y la probabilidad de que ocurra es baja. Primero, implicaría el control del territorio por parte de las fuerzas militares y el posterior desaparecimiento del movimiento socio territorial. Y segundo, existe una apuesta a corto y mediano plazo de parte de la Mesa Regional, de incidir en la institucionalidad pública y de esa manera buscar una salida pactada a la crisis.
IV. Recomendaciones a la Mesa Departamental de Gestión del Territorio
Partiendo de la actual correlación de fuerzas y los posibles escenarios, la Mesa Regional, en el corto y mediano plazo se enfrenta a cinco (5) grandes desafíos, los que se plantean a continuación a manera de recomendaciones:
Fortalecimiento de le Mesa Regional de Gestión del Territorio: El fortalecimiento debe considerar la construcción de una identidad política y organizativa, encaminada a articular las distintas organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas y sectores políticos del departamento de La Paz. El proceso de articulación deberá considerar la heterogeneidad de actores y las múltiples demandas desde las comunidades: acceso y legalización de la tierra, cancelación de proyectos extractivos, conservación y protección de las fuentes de agua y la ambientalización del departamento de La Paz (uso de químicos, educación ambiental, uso de plásticos, protección de la fauna y vida silvestre, etcétera). En definitiva, lo que entra en juego es la construcción de un proyecto alternativo para el buen vivir desde y para las comunidades.
Expansión de los procesos de defensa y autonomía territorial: Uno de los aspectos determinantes en la actual coyuntura, que favorece a las comunidades en resistencia, es la puesta en marcha de múltiples mecanismos de defensa y autonomía territorial puestos en marcha en los últimos años. Entre ellos se puede mencionar: movilización permanente, denuncia pública nacional e internacional, redes de seguridad comunitaria, auto consultas comunitarias y cabildos abiertos. La actual coyuntura exige que esos mecanismos se expandan, en un esfuerzo por construir un bloque de oposición territorial, con poder contra hegemónico y con amplia capacidad en la recuperación y necesaria transformación democrática del país.
La inclusión e integración de las mujeres indígenas y campesinas: En los procesos de resistencia territorial también participan y con fuerza, las mujeres, que han posicionado en el espacio público los problemas que genera la contaminación ambiental y los proyectos extractivistas. De igual forma, las mujeres se han convertido en un sector poblacional que ha avanzado en una propuesta alternativa de cambio y transformación, que también permita superar la visión de desarrollo capitalista y extractivista. Es por ello que el reconocimiento de las demandas, posicionamientos y aportes de las mujeres es de suma importancia para consolidar la identidad política y organizativa de la Mesa Regional de Gestión.
Avanzar en los procesos de incidencia política: Los sectores indígenas y campesinos se caracterizan por su capacidad de diálogo y negociación con instancias gubernamentales. Es de importancia repotencializar esta línea estratégica y avanzar en procesos más sistemáticos de incidencia política, partiendo de las demandas de las comunidades, con el objetivo de seguir evidenciando la problemática, presionar a las instancias gubernamentales y atraer la opinión y acompañamiento de la comunidad internacional con presencia en el país.
La administración y gestión del territorio por las comunidades: Este aspecto es muy importante como punto de partida para avanzar en la construcción de alternativas no capitalistas y concretar políticamente la autonomía de los territorios. Este punto deberá considerar la cosmovisión indígena en temas claves de la gestión territorial: buen vivir, desarrollo local, cultura, género, democracia comunitaria, entre otras, como un esfuerzo sistemático que fortalezca la resistencia y la protesta. Pensar y practicar nuevas alternativas es sin duda el tema de fondo que está detrás de la administración y gestión del territorio.
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