Escrito por: Signy Fiallos
Edición: Claudia Mendoza
Aunque ya transcurren tres años desde que se realizó la campaña electoral del 2017, en la que se invistió a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, tiempo, además, de creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, es hasta ahora que se conoce que el monto estimado de dinero que se invirtió en esa campaña, asciende a más de 1, 000 millones de lempiras (más de 42, 7 millones de dólares).
Según la información que dio a conocer en su momento el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad abolida en el 2019, pero que fungió como administrador de las elecciones generales del 2017, ese año participaron 30 mil 160 aspirantes para aspirar a 3 mil 016 cargos de elección popular, también 10 partidos políticos: Alianza Patriótica, Partido Anticorrupción (PAC), Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Alianza de Oposición, Democracia Cristiana (DC), Unificación Democrática (UD), Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), el Partido Va-Movimiento Solidario (Vamos), el Partido Libertad y Refundación (Libre), el que formó una alianza con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y 46 candidaturas independientes.
En las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, las más cuestionadas de la historia política de Honduras por atribuírsele a muchos de los partidos y candidatos, incluyendo al abogado Juan Orlando Hernández, el financiamiento de sus campañas por parte del crimen organizado y el narcotráfico, se eligieron 128 diputados titulares y 128 diputados suplentes para el Congreso Nacional; 40 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2, 092 regidores a nivel nacional.
Faltan auditorías de candidatos no electos
Para los políticos que coordinan la redacción de leyes relacionadas con su funcionamiento, los Partidos Políticos son una “necesidad social”. Al menos así lo establece la Gaceta número 137-2016 que se publicó oficialmente el 18 de enero del 2017, con la que se creó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Es en el artículo 20 de esa ley que se crea la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (conocida como Unidad de Política Limpia), la que en la Ley se adscribe al TSE y se establece que se encargará de “revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y sus sanciones”.
Sin embargo, en enero del 2019, el Congreso Nacional aprobó reformas constitucionales mediante las que se disolvió el TSE y se transformó la estructura organizativa del Registro Nacional de las Personas (RNP), para dar vida, mediante un decreto que contiene dos artículos, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esa reforma, la Unidad de Política Limpia pasó a la égida de esta estructura.
Pero, indistintamente de los cambios antes mencionados, la Unidad de Política Limpia ha sido duramente criticada durante estos tres años de funcionamiento por la lentitud en dar a conocer cuánto dinero se invirtió en la campaña electoral del 2017. Al consultárseles, los comisionados dijeron al equipo periodístico del CESPAD que la tardanza se ha debido a la minuciosidad con la que se han realizado las auditorias ya que ese proceso electoral fue el primero en el que se presentaron numerosos partidos políticos y candidaturas independientes. Más en detalle, el Comisionado Coordinador de la Unidad, Javier Francisco Franco, explicó que se han hecho 8 informes de rendición de cuentas a nivel nacional después de la elección general del 2017, aun cuando la Ley no los obliga. “Nosotros como una Unidad de Transparencia, en el pleno del comisionado, nos vimos en la obligación, por ética y por principio básico de la Unidad, como una unidad anticorrupción y transparencia, de hacer informes de rendición de cuentas. El último, por el momento, lo hicimos en diciembre de 2019. En los mismos se informó cómo iba la auditoria, porque la auditoría es después de la elección y lo que nosotros vayamos viendo”.
A la fecha, los Comisionados de la Unidad dicen que ya cumplieron con el 100 por ciento de las auditorías y la fiscalización a los candidatos electos que están en el ejercicio de sus cargos. Pero están por terminar la auditoría con los candidatos no electos, dijeron, por lo que no pueden dar una cifra exacta. Hay un avance muy importante y les falta poco, agregan, por eso se hace una estimación del costo de los políticos auditados que participaron en la campaña general y que sobrepasa los 1, 000 millones de lempiras, es decir, más de 42, 7 millones de dólares.
¿Qué dice la Ley sobre la rendición de cuentas?
La ley establece en el artículo 1, la figura de la Rendición de Cuentas, es decir, la obligación de “los sujetos de informar sobre la utilización del recurso público a la sociedad”. Esa responsabilidad también recae sobre los donantes y las instituciones fiduciarias y bancarias. La rendición de cuentas incluye dar a conocer el origen de los “Aportes”, los que tipifica la Ley como la contribución monetaria en efectivo, cheque o depósito interbancario. Asimismo, el “Aporte en especie”, que es la contribución no monetaria que recibe el sujeto obligado, destinada a apoyar la actividad política. Aquí se incluye la entrega de bienes, suministros, propaganda, contrato por terceros, entre otros. En relación con la figura del “Donante”, la ley lo describe como la “Persona natural o jurídica que realiza aportes en efectivo, cheque o depósito y también en especie, a los partidos políticos, a los movimientos, a las candidaturas independientes y a las Alianzas”. El donante también está obligado a rendir cuentas sobre sus aportes.
En el marco de una investigación originada por una operación sospechosa, la Unidad tiene competencia para solicitar directamente información bancaria, fiscal y fiduciaria de los sujetos obligados que reciban aportes en especie o monetario, a través del Ministerio Público. Es decir, la Unidad, a diferencia de países como México, no tiene acceso directo a ese tipo de información.
Los vacíos de la Ley
La Ley, en el Capítulo III del Financiamiento Político, artículo 22, del Registro de Aportaciones, establece que “los aportes monetarios o en especie deben ser notificados a la Unidad. Aquellos de estos que sean superiores a ciento veinte (120) Salarios Mínimos deben realizarse mediante cheque o transferencia electrónica bancaria…”. La ley busca que haya un registro o documento que compruebe el depósito y que permita la identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y banco de origen, fecha, nombre completo del titular y, en el caso del beneficiario, nombres y apellidos, número de cuenta y banco de destino, generando las alertas financieras que el caso amerite.
Sin embargo, este es un primer gran escollo, ya que es difícil llevar control de lo que cada aspirante político o los partidos políticos en general, reciben antes o durante una campaña política. Conocer de forma pública los datos y montos de los donantes es imposible luego de la aprobación de la resolución SO-86-2018 por parte de la Unidad de Política Limpia. La resolución contempla guardar secretividad de todas las bases de datos de la Unidad sobre aportes financieros, así como los datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo. La petición de mantener en reserva esa información contrasta con la urgencia de transparentar el origen de los fondos del financiamiento de las campañas electorales.
La ley también reza que las personas naturales podrán realizar aportaciones en especie o monetaria hasta por un monto máximo de 200 salarios mínimos, equivalentes a dos millones treinta y tres mil seiscientos lempiras (L. 2, 033, 600.00), unos 86 mil 87. 42 dólares. Las personas jurídicas, por su parte, también podrán hacer aportaciones en especie o monetarias hasta por un monto máximo de 1000 salarios mínimos equivalentes a diez millones ciento sesenta y ocho mil lempiras (L. 10,168, 000.00), unos 430 mil 437.08 dólares. Ese dato se obtiene promediando el salario mínimo más alto vigente el año de las elecciones, que en este caso fue el asignado al sector financiero y bancario de diez mil ciento sesenta y ocho lempiras (L 10,168.00), unos 430 .43 dólares.
Pero si las elecciones se realizaran durante el presente año 2020, los montos establecidos serían otros, ya que actualmente el salario mínimo del sector financiero, que entró en vigencia en enero anterior, asciende a doce mil trecientos cincuenta y siete lempiras con 84 centavos (L. 12, 357.84), unos 500. 32 dólares. Es decir, las personas naturales podrían aportar un máximo dos millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos sesenta y ocho lempiras (L. 2, 471, 568. 00), unos 100 mil 63 dólares. Mientras que para las personas jurídicas su aporte sería de doce millones trecientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta lempiras (L. 12, 357,840.00), unos 500 mil 317 dólares.
Habrá que esperar el resultado de la negociación del aumento al salario mínimo del año 2021, para conocer con mayor precisión de cuánto serán los montos máximos de aportaciones que establecerá la ley para las personas naturales y jurídicas en la campaña electoral.
Sin nombres acciones irregulares
Franco, en su condición de Comisionado dijo al CESPAD que en el proceso de fiscalización que se ha efectuado la Unidad, se realizaron 90 citaciones a candidatos que no tenían completos sus expedientes. De esa cantidad, 60 terminaron en audiencias de descargo: 4 casos fueron remitidos al Ministerio Público y 2 al Tribunal Superior de Cuentas (TSE). “Este es el trabajo que la Unidad ha estado haciendo y que continúa realizando”, agregó.
El funcionario omitió brindar detalles de los nombres y de los ilícitos o irregularidades en los que habrían incurrido los personajes de los cuatro casos porque se les prohíbe brindar esa información. “Son casos que remitimos porque ya el Ministerio Público llevaba algunos procesos contra estas personas y decidimos mejor remitir la documentación respectiva, al igual que los dos que se remitieron al Tribunal Superior de Cuentas”. Lo que sí indicó es que se trata de casos de candidatos postulados para diputaciones y Municipalidades.
De manera global, con las investigaciones que la Unidad realizó se documentan 90 expedientes con irregularidades. Sin embargo, el entrevistado afirma que 30 casos ya fueron subsanados en la primera comparecencia, cuando los sujetos obligados presentaron la documentación que faltaba, mientras que 60 personas fueron llevadas a audiencias de descargo.
Como ejemplo del nivel de compromiso que la Unidad tiene, el funcionario narró el caso de un aspirante a la alcaldía de un partido político de un municipio de la costa norte que casi fue declarado en desacato, por no asistir a las tres citaciones establecidas en la Ley. “Al final tuvo que intervenir el pleno de la Unidad e ir los tres Comisionados a citarlo personalmente. Acudió y se resolvió el problema”, agregó.
Una onerosa campaña en un país pobre
Los 1, 000 millones de lempiras (42, 7 millones de dólares) que hasta el momento se registra como monto invertido en la campaña electoral 2017 es onerosa para un país que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo un índice de pobreza extrema para ese año de 4.7%, en medio de una población de más de 9.2 millones de habitantes.
Paralelo a la variable pobreza, el tema cobra fuerza con los señalamientos de financiamiento ilícito de las campañas políticas, particularmente cuando entre los años 2017 y 2019, se conocieron públicamente casos de corrupción de decenas de diputados del Congreso Nacional de Honduras que habrían urdido tramas de corrupción para sustraer fondos a través de organizaciones no gubernamentales. Se trató de dinero aprobado desde el propio Congreso Nacional y desde Casa Presidencial de Honduras. Las denuncias afirman que mucho de ese dinero se utilizó para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.
La periodista, politóloga y estudiosa del tema, Thelma Mejía, dice que fue precisamente la corrupción extrema lo que influyo para que, en su momento, se creara la Unidad de Política Limpia y que el desafío es devolver la credibilidad y la independencia a una institución como el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral, porque dejó en la población un sabor amargo por la opacidad en sus actuaciones durante el proceso de elecciones del 2017.
Mejía cuestiona que aunque existe una Ley que limita la cantidad del dinero que las y los aspirante a cargos públicos puede usar en su campaña, al igual que la obligación de rendir cuentas del origen de esos fondos utilizados, el hecho que la Unidad diga que no detectó el uso de dineros irregulares en la campaña del 2017, deja un velo de duda.
La entrevistada considera que deben mejorarse los mecanismos que supervisen y eviten la filtración de dinero proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, porque de lo contrario el país seguirá a merced de las redes de corrupción.
Para la entrevistada, el Congreso Nacional está obligado a fortalecer la Ley de Política Limpia para recuperar prestigio y credibilidad ciudadana. Asimismo, considera que el actual contexto obliga a la Unidad de Política Limpia a salir del confort en que se encuentra. Su voz debe ser escuchada para saber cómo quieren verse de cara a la historia: pro-activos o cómodos con lo que el destino les depare.
“Los capos de la droga confesos en Nueva York, no están hablando de donaciones de tomates o manzanas, están hablando de dinero contante y sonante que hace pensar el por qué cada vez las campañas políticas en Honduras son tan costosas y, en un país quebrado, como el nuestro ¿de dónde sale tanto dinero?”, cuestionó.
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