Introducción
El mes de enero del 2020 comenzó con acontecimientos que ponen en relieve la convulsiva coyuntura territorial en Honduras: asesinato de líder indígena Santos Felipe Escobar perteneciente al pueblo Pech[1], la muerte de la lideresa garífuna Karla Ignacia Piota[2], quien en el mes de diciembre del 2019 en un atentado sufrió varias heridas de bala; procesos de acción penal contra líderes campesinos en el Bajo Aguán, el llamado de la Comisión Especial del Congreso Nacional para realizar reunión y tratar el tema del Proyecto de Ley de la Consulta Libre, Previa e Informada; el bloqueo de carreteras (control territorial) por indígenas y campesinos en La Paz contra el extractivismo forestal y el anuncio del régimen de Juan Orlando Hernández (JOH), sobre la inversión de 24,810 millones de lempiras en la construcción de 54 represas a nivel nacional[3].
Sobre ese contexto, el presente análisis busca poner en perspectiva la comprensión de la actual correlación de fuerzas y plantea ideas para avanzar en la rearticulación del movimiento socio-territorial, en el marco de la militarización de las políticas agrarias.
En el primer apartado se plantean posibles escenarios durante la coyuntura del 2020, identificando riesgos y oportunidades para el movimiento socioterritorial. En el segundo apartado se realiza una exposición sobre la necesidad de avanzar en el proceso la rearticulación del movimiento socioterritorial.
I. Posibles escenarios en la coyuntura del 2020
En el análisis anterior, “Hacia dónde avanza la lucha socio-ambiental en Honduras”, un balance de la coyuntura del 2019[4], se planteó la idea que el momento actual de la lucha gira alrededor de cuatro aspectos claves: “Primero: expansión y radicalización de la lucha socioambiental. Segundo: remilitarización de los territorios a través de instrumentos legales y políticas agrarias. Tercero: profundización del Estado de excepción (pérdida de derechos) y Cuatro: paralización de distintos proyectos extractivos en diferentes regiones del país”.
De igual forma se puntualizó que, “la correlación de fuerzas del momento actual es un campo en disputa que favorece ampliamente al Estado y sectores empresariales beneficiados por los múltiples recursos y mecanismos. Pero, por otro lado, los movimientos territoriales disponen de capacidad de denuncia, acceso a medios de comunicación (comunitarios), movilización y solidaridad internacional que, hasta ahora, les ha permitido paralizar diversos proyectos extractivistas”.
En ese contexto en disputa identificamos cuatro escenarios posibles durante la coyuntura territorial del 2020.
Escenario A. Cancelación/paralización de proyectos extractivos
Este escenario significa que los conflictos territoriales encuentran una salida a corto y largo plazo. En este sentido, la cancelación o paralización se podría realizar a través de cuatro vías: 1) Procesos de autoconsultas comunitarias, 2) Cabildos abiertos, 3) Plebiscitos municipales y 4) Fallos favorables a las comunidades por parte la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para que este escenario se pueda materializar se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:
- Las comunidades emprenden procesos de autoconsultas comunitarias, obligando a las empresas a retirarse de los territorios concesionados. Actualmente es una estrategia que ha favorecido abiertamente a las comunidades en resistencia, logrando paralizar diversos proyectos extractivistas.
- Las organizaciones territoriales articuladas en un frente común presionan a las Corporaciones Municipales para desarrollar procesos de consultas en el marco de la Ley de Municipalidades y declarar a los municipios libres de proyectos extractivos. Aunque esta práctica evidencia muchos bloqueos políticos y legales debido al control que ejerce el bloque extractivista sobre la institucionalidad pública, es una de las estrategias que va tomando fuerza en el seno del movimiento.
- En el marco de la entrega de concesiones, al margen de la legalidad, distintas organizaciones interponen amparos al sistema de justicia para que esta falle a favor de las comunidades. Es una de las estrategias con menor eficacia, aunque debido a esos esfuerzos se registran casos de persecución penal contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción extractivista.
Este escenario es el más deseable. No obstante, es probable que se materialice en el nivel de auto-consultas y cabildos abiertos y, medianamente probable que se concrete en el nivel de fallos de la CSJ, debido al control que ejerce el bloque extractivista sobre el sistema de justicia.
Escenario B. Radicalización del proyecto extractivista y el ascenso de la lucha socioambiental
Este es un escenario de polarización y de intensificación de la lucha territorial. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La persistencia y ascenso de la política de concesionamiento y entrega del territorio de parte del régimen al capital nacional y multinacional.
- Los gobiernos locales ante la presión de las empresas extractivistas, no abren espacios de participación ciudadana para decidir sobre el futuro de los proyectos extractivistas en las comunidades.
- Ascenso y profundización de los impactos ambientales y daños a la salud de las personas.
- La criminalización y judicialización se profundiza y las acciones colectivas de protesta logran escalar del nivel local a un plano regional y probablemente nacional.
Este escenario presenta un menor grado de deseabilidad por su costo social y humano, muy elevado para las comunidades en resistencia. No obstante, y ante la presión internacional durante el 2019, por instancias internacionales de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, Grupo de Trabajo Empresas y Derechos, entre otras), implicaría para el régimen un alto costo político.
Escenario C. Salida pactada a la conflictividad socioambiental y territorial
Este es un escenario intermedio de cese al fuego, ante las intenciones desde el régimen de JOH y el sector privado de avanzar en esta línea, lo que implicaría una serie de riesgos y oportunidades para el movimiento socioambiental. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- Procesos de diálogo y negociación con los actores legítimos y comunitarios involucrados en el conflicto.
- Establecimientos de pactos que recojan las exigencias de las comunidades y del bloque extractivista.
- Construcción de una agenda común de trabajo a corto plazo, con la construcción de un ente de monitoreo externo.
Los procesos de negociación entre empresas y comunidades no son una práctica en el seno del movimiento, debido a la desconfianza hacia los empresarios y el rechazo hacia el proyecto extractivista, pero sin duda sería un interesante ejercicio de resistencia democrática del movimiento en los esfuerzos, de incidir de manera directa en el rumbo de las políticas extractivistas.
Escenario D. Remilitarización de los territorios en conflicto y desaparición de movimiento socioambiental
Este es un escenario en el cual termina de imponerse el proyecto extractivista en las comunidades. Pero, para ello, la élite política y económica tendrá que hacer un uso desmedido y sostenido de la fuerza militar y policial y, como consecuencia, sería un factor que podría dar lugar a la desmovilización y a la posterior desaparición del movimiento. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La actual política extractivista sigue su cauce actual y la estructura legal e institucional que ha dado origen a las concesiones se mantiene vigente.
- Implementación de nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización, judicialización, persecución, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.
- Se produce fragmentación a lo interno del movimiento territorial, particularmente en torno al accionar estratégico y operar político de las organizaciones territoriales.
Este escenario es el menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto extractivista en los territorios donde la ciudadanía organizada se ha opuesto de manera enérgica a dicho proyecto.
II. Puntos para la rearticulación del movimiento socioambiental
Para hacerle frente a los escenarios mencionados es importante que en el seno del movimiento se retomen discusiones y apuestas para avanzar en los procesos de rearticulación. En las últimas décadas han surgido en el país numerosas apuestas para la articulación del movimiento social. La más reciente y con fuerte contenido socio-ambiental es la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras[5].
La rearticulación del movimiento se plantea en una coyuntura en donde las organizaciones territoriales se enfrentan a un contexto adverso a sus intereses: la militarización de las políticas agrarias. El 2019, el régimen de JOH dio a conocer la aprobación del Decreto Ejecutivo número PCM-052-2019, que contiene el programa de desarrollo agrícola de Honduras (PDAH), el que presenta la característica de estar bajo la dirección y control de las Fuerzas Armadas (FFAA) y desarrollarse al margen de la institucionalidad agraria existente en el país.
Desde el liderazgo territorial se considera que la puesta en marcha de dicho programa es un esfuerzo desde el régimen para avanzar en el corto y mediano plazo en tres frentes estratégicos: aminorar la crisis de legitimidad del régimen, control y militarización de los territorios en conflictos agrarios y socio-ambientales y, la desaparición del movimiento socioterritorial.
En este análisis es de nuestro interés indagar sobre los dos últimos frentes estratégicos, en el esfuerzo por analizar el contexto en el cual surge la necesidad de emprender los procesos de rearticulación, en el seno del movimiento socioterritorial.
El programa de desarrollo agrícola se plasmará en las regiones del país con mayores niveles de conflictividad y lucha por el acceso a tierra y bienes comunes naturales (Colón, La Paz, Choluteca, otras), por consiguiente, cruza el quehacer de los sectores campesinos, indígenas, garífunas y comunidades rurales. Para el liderazgo territorial lo anterior es una clara intención de control y militarización de los territorios por parte de las fuerzas castrenses que, en el marco de programas de desarrollo agrícola, identificarán a las organizaciones beneficiarias, abrirán canales de comunicación con las organizaciones y mantendrán presencia permanente en los territorios[6].
Lo anterior representa una serie de riegos para el movimiento socioterritorial, entre ellos: deslegitimación de las organizaciones territoriales, identificación de liderazgo y conocimiento de la dinámica política de las organizaciones comunitarias.
La experiencia de contrainsurgencia militar desarrollada en América Latina en la década del 60, 70 y 80 del siglo XX, nos indica que cuando los procesos de militarización de los territorios no logran contener los conflictos sociales, las fuerzas militares optan por poner en practicas estrategias encaminadas a desparecer toda fuerza de oposición política, a través de la guerra psicológica, estigmatización, criminalización, judicialización y asesinato selectivo del liderazgo territorial.
En conclusión, con esta iniciativa el régimen de JOH busca profundizar el proceso de militarización de las instituciones públicas y reducir la influencia de los movimientos territoriales en la defensa de los bienes comunes naturales: agua, tierra y territorio.
En ese contexto adverso y desafiante, sobresale la idea del proceso de rearticulación del movimiento socioterritorial. La articulación se considera un proceso estratégico de acción política que tiene como objetivo principal lograr la unidad y cohesión del movimiento socio-territorial en tres niveles, en lo político: la acción estratégica, la acción colectiva y la acción hegemónica[7].
La acción estratégica hace referencia a la naturaleza de la articulación. Todo proceso de articulación debe partir de un objetivo común compartido (hacerle frente a la militarización de las políticas agrarias), el cual a la vez genere las condiciones para la constitución del momento político de la acción estratégica (construcción del bloque social de resistencia). Ese objetivo común y la constitución del momento político es una apuesta por influir en el contexto y trasformar la correlación de fuerzas en la actual coyuntura.
Por su parte, la acción colectiva prioriza los niveles de articulación y busca establecer los horizontes sobre los cuales se debe realizar la apuesta estratégica del bloque social de resistencia. La experiencia de articulación hondureña nos indica que los procesos de articulación pueden pensarse en tres niveles: local, regional y nacional. El nivel local, en la actualidad, es el que se ejecuta a través de frentes municipales, comités y coaliciones ambientalistas; la experiencia con los mayores resultados positivos, sin desconocer sus debilidades y contradicciones.
Lo anterior indica un desafió para el movimiento social en dos direcciones. Primero, las acciones de articulación deben comprender la dinámica de las organizaciones, heterogeneidad organizativa, autonomía política, demandas y actores diferenciados. Para avanzar en este punto es importante definir en qué niveles de articulación se va a mover la acción política estratégica y la forma de organización, por ejemplo, a nivel nacional (coalición, frentes, comités, otras) y a nivel regional (plataformas, redes, consejos, otras).
Segundo, lo anterior permitirá identificar y avanzar en la construcción de articulaciones con mayor alcance político y estratégico, lo cual a la vez se enfrenta a una serie de tensiones: actores que integrarían las articulaciones (organizaciones de derechos humanos, ONGs solidarias, organizaciones comunitarias), capacidad de acción territorial de las organizaciones en materia económica y logística y la capacidad de incluir en sus agendas temas relacionados con la militarización de las políticas agrarias.
Lo anterior es quizás uno de los elementos más importantes en la actual coyuntura, por el hecho que el movimiento socioterritorial necesita fortalecer su identidad política y organizativa como movimiento social y trazar líneas de acción encaminadas a avanzar en la democratización de la sociedad. Eso será posible si cuenta con espacios orgánicos que sean capaces de posicionar los problemas de las comunidades en resistencia, construir y movilizar proyectos de transformación social.
Y, por último, la acción hegemónica se refiere a los alcances de la articulación y la acción política estratégica, es decir la materialización de los objetivos en común traducidos en demandas políticas de transformación. Esta acción es un esfuerzo por avanzar más allá de la resistencia y de la oposición, como formas tradicionales de lucha territorial.
Los alcances de la articulación buscarían lograr la unificación en una propuesta global todas las reivindicaciones o al menos las más urgentes de las organizaciones territoriales. En la actual coyuntura se podría pensar en una acción hegemónica que gire alrededor de tres temas: militarización de las políticas agrarias, defensa de los bienes comunes naturales, crisis agraria y sequía.
Lo anterior deberá ir acompañado de acciones colectivas concretas:
- acciones de incidencia política para avanzar en los problemas que enfrenta el sector campesino (movilizar y visibilizar propuestas de transformación)
- estrategias de autodefensa comunitaria en un contexto de militarización
- acciones de comunicación (problemática agraria y socioambiental) y de sensibilización (a nivel de comunidades)
- fortalecer la organización de base y
- acciones de protesta territorial y nacional.
El proceso de articulación, tal como lo hemos planteado, requiere de tres principios básicos[8]: principio democrático, principio político de factibilidad estratégica y el principio de planificación táctica. El principio democrático hace énfasis en la necesidad que líderes/as se desprenden de caudillismos, protagonismos y agendas particulares y que pongan en práctica principios básicos de cultura política que permitan cohesión y unidad.
El principio político de factibilidad estratégica se refiere a las condiciones materiales de la acción política, teniendo en cuenta que dichas acciones tienen que ser siempre consideradas como posibilidades factibles. Y el principio de la planificación táctica, hace mención a los instrumentos y recursos políticos (organización, movilización, incidencia) que se van a utilizar para aplicar las estrategias apoyándose en las condiciones del entorno.
Los puntos de rearticulación se proponen como un insumo que ayude a situar el debate estratégico en el seno del movimiento y permita reorientar las apuestas estratégicas del movimiento en la actual coyuntura territorial.
Descargar: Coyuntura territorial 11 – CESPAD
[1] Véase: https://tiempo.hn/colon-hallan-sin-vida-a-lider-de-la-comunidad-pech/
[2]Véase: https://im-defensoras.org/2020/01/alertadefensoras-honduras-intentan-asesinar-a-la-defensora-garifuna-karla-piota-martinezintegrante-de-ofraneh/
[3]Véase:https://www.latribuna.hn/2020/01/08/honduras-invertira-l24810-millones-en-la-construccion-de-54-represas/
[4]Véase: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/01/CoyunturaCESPAD-dIC2019-convertido.pdf
[5] https://www.movimientos.org/es/content/declaración-de-la-plataforma-del-movimiento-social-y-popular-de-honduras
[6] Reflexión de dirigente campesino en medio de comunicación nacional. Noviembre, 2019.
[7] Dussel, Enrique (2010). 20 tesis de política. Centro Simón Bolívar, Venezuela.
[8] Peter, Schroder (2004). Estrategias políticas. Organización de Estados Americanos (OEA), Washington, D.C.
