Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD
En la recta hacia el fin de la vigencia1 del convenio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras, mediante el cual creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), los actores que han enfrentado los requerimientos de la MACCIH y de la UFECIC se fueron alineando con la intención de evitar la extensión o renovación del convenio sin ser modificado. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, tiene el mérito de haber sido el primero de los altos funcionarios que públicamente fijó la posición de que la institucionalidad hondureña podía “caminar” en la lucha contra la corrupción por su propia cuenta, con o sin presencia de la MACCIH en el país.
En diciembre de 2019 exhibió sus “dientes” contra la MACCIH el Congreso Nacional de la República, quien argumentando, a través de una evaluación unilateral, incumplimiento de la MACCIH en el fortalecimiento a la institucionalidad nacional y actuaciones que lesionan la Constitución de la República, la soberanía nacional y el respeto al debido procedimiento, recomendó al Poder Ejecutivo que no se extendiera o renovara el convenio con la OEA para la continuidad de la MACCIH. Este comportamiento del Congreso Nacional, en particular de los diputados del Partido Nacional, no es de extrañar porque este es uno de los poderes del Estado que más malestar tiene debido a decenas de diputados que tienen requerimientos fiscales y juicios por casos de corrupción como la “Red de diputados”, “La caja de pandora”, “Fe de erratas”, entre otros”.
El Poder Ejecutivo junto con la OEA, también realizó una evaluación de la ejecución del convenio de la MACCIH. Esta evaluación reconoce los logros y avances de la MACCIH, los temas en los que quedaron tareas pendientes,
algunos de los obstáculos que enfrentó la MACCIH, proporciona sugerencias y al final, recomienda que el convenio sea extendido o renovado de manera íntegra, sin ningún tipo de modificación. Si bien es cierto que esta evaluación es mucho más equilibrada que la del Congreso Nacional, se queda limitada en la crítica sobre el comportamiento del Congreso Nacional y elites políticas corruptas que han creado todo un nuevo marco jurídico, que no sólo bloquea el trabajo de la MACCIH-UFECIC, sino que crea un clima o entorno altamente favorable a la proliferación de la corrupción y la impunidad.
En este contexto tomó forma la Coalición por la Renovación del Convenio de la MACCIH integrada por organizaciones de la sociedad civil y por diputados y ex –diputados (miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH), quien ha estado demandando lo estipulado en el convenio; en el sentido que para su extensión o renovación, basta con un intercambio de notas entre el Gobierno de Honduras y el Secretario General de la OEA, expresando la voluntad política de la continuidad de la vigencia del convenio.
Sin embargo, Juan Orlando Hernández en representación del Gobierno de Honduras y Luis Almagro como Secretario de General de la OEA, anunciaron la negociación de un nuevo convenio. De esta manera se está desconociendo la posición unánime de la cooperación internacional, de las organizaciones de la sociedad civil y de al menos, el 65% de la ciudadanía hondureña, que han expresado su demanda por la extensión o renovación del convenio de la MACCIH, sin ningún tipo de modificación. Durante el proceso de esta negociación de un nuevo convenio, ha trascendido que hay nueve temas en discusión, que son los siguientes:
- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática;
- Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión;
- Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales;
- Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas;
- Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos;
- Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción;
- Cooperación en materia de seguridad pública;
- Fortalecimiento del Sistema de Garantía de los Derechos Humanos; y,
- Creación de un nuevo modelo penitenciario, así como de la administración de los centros de internamiento para menores infractores.
En un comunicado la Cancillería hondureña sostiene que, “las negociaciones entre el Gobierno de Honduras y la OEA están enmarcadas en el principio de combate a la impunidad y la corrupción, como se ha hecho desde un principio, a fin de fortalecer la institucionalidad”. Pero, ¿qué es lo que está en el fondo en el proceso de negociación de un nuevo convenio? Al menos, tres aspectos centrales:
1. La principal amenaza que se enfrenta con este nuevo convenio, es que a la MACCIH se le quiten las competencias relacionadas con la acción penal. Específicamente, que construya junto con la UFECIC los requerimientos fiscales y acompañe a la UFECIC en los juicios. En esta línea es donde la MACCIH ha hecho las mejores contribuciones, presentando requerimientos y judicializando trece (13) casos de corrupción.
2. El nuevo convenio, de acuerdo a los nueve puntos o temas que están en proceso de negociación, tendrá entre sus características ser amplio temáticamente, una especie de “cajón de sastre”, donde todo cabe, pero reducido a una oficina de asesoría técnica, que dará recomendaciones y sugerencias, que quedarán en manos de la voluntad política y de los intereses de grupos políticos y de una burocracia estatal con fuertes nexos con las redes de corrupción, de impunidad y del crimen organizado.
3. Al tratarse de un nuevo convenio, éste tendrá que ser ratificado por el Congreso Nacional, quien no aprobará un convenio que represente posibilidades reales de persecución a las redes de corrupción e impunidad, en las cuáles están implicados.
Este nuevo convenio representa un desafío para la cooperación internacional, a quién es importante preguntarle, ¿si estará dispuesta a seguir financiando una MACCIH desnaturalizada, convertida en una instancia técnica asesora, sin ninguna posibilidad de impactar de manera efectiva en el combate contra la corrupción y la impunidad?
No se puede dejar de mencionar que este nuevo convenio de la OEA con el Gobierno de Honduras se está negociando a puertas cerradas, con altos niveles de hermetismo, y de espaldas a la ciudadanía. Este tipo de prácticas, es propio de gobiernos dictatoriales, que representan intereses oscuros, y que dan a conocer sus decisiones hasta que ya están consumadas.
La no extensión o renovación del convenio de la MACCIH representa un duro retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En el año 2020 la sociedad civil y la ciudadanía, enfrentan un gran desafío político para avanzar en la lucha anticorrupción. Es necesario trabajar de manera ardua y sistemática en la construcción de un nuevo movimiento ciudadano contra las redes de corrupción e impunidad que han convertido el Estado en un instrumento a su servicio.
Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Influencia ciudadana para la renovación del mandato de la MACCIH”, financiado por Abogados Sin Frontera-Canadá. Sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
DESCARGAR: Coyuntura2020 – CESPAD1
