Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD.
Estamos a menos de un mes de que termine la vigencia del Convenio entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras que posibilitó la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)[1]. El mecanismo establecido en el mismo Convenio para su renovación es muy sencillo, sólo requiere un intercambio de notas entre el Presidente de la República y el Secretario General de la OEA, expresando el acuerdo y la voluntad de la renovación. Pero así como es de sencillo el mecanismo, es a su vez complejo, porque requiere de una voluntad política clara del gobernante. La voluntad política, junto a la movilización ciudadana y una institucionalidad eficiente y eficaz, son factores clave de una misma triada para la lucha exitosa contra la corrupción.
Desde hace algunos meses, Juan Orlando Hernández ha insistido que la renovación del Convenio de la MACCIH dependerá de los resultados de la evaluación del Convenio realizada de manera conjunta entre la OEA y el Gobierno. Sin embargo, el Congreso Nacional que se había mantenido al margen, decidió realizar su propia evaluación del Convenio de la MACCIH, creando para tal fin una Comisión Especial[2]. La Comisión Especial del Congreso Nacional presentó su informe el 10 de diciembre de 2019. Esta Comisión Especial concluyó: “se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la Ley, por lo que: respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos derivados de los informes presentados a esta Comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto irrespeto de la ley y convenios internacionales: NO SE RENUEVE EL CONVENIO HONDURAS – OEA QUE CREÓ DICHA MISIÓN”[3].
En términos generales, la Comisión Especial del Congreso Nacional sostiene que la MACCIH no ha contribuido a fortalecer instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Instituto Nacional Penitenciario, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR), Servicio de Administración de Rentas del Estado (SAR) y Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. También sostiene que el Convenio viola el debido procedimiento de los enjuiciados, la Constitución de la República, la soberanía, y que los casos son seleccionados con criterios políticos selectivos.
La Comisión Especial del Congreso presenta como uno de los hallazgos, “que la MACCIH no actúa en todos los casos de corrupción que se presentan en el país, sino que hace una selección o escogencia, sin que hayamos podido identificar de manera objetiva cuáles son esos criterios que justifican abstenerse de ejercitar acciones penales en determinados casos, a pesar de que esta Comisión envió oficio a la MACCIH solicitando aclarar dichos criterios, la petición fue ignorada. La falta de claridad afecta la percepción ciudadana sobre rumores referentes a que la selección obedece a criterios basado en ideologías políticas o Justicia Selectiva”[4].
La Comisión Especial del Congreso Nacional evaluó a la MACCIH de forma unilateral, sin ninguna participación de la Misión. Tampoco se puede desconocer el hecho que en los diferentes casos de corrupción que ha trabajado la MACCIH-UFECCIC, están implicados un alto número de diputados del Congreso Nacional. A lo anterior hay que agregar, que es desde el Congreso Nacional que se han puesto los obstáculos mayores a la lucha contra la corrupción. Esto ha llevado a presuponer a diferentes sectores de la sociedad hondureña, que la evaluación del Congreso Nacional a la MACCIH era una especie de “ajustes de cuentas” por el malestar que la MACCIH-UFECCIC han generado en las elites políticas implicadas en redes de corrupción.
La evaluación realizada de manera integrada entre representantes del Gobierno de Honduras y la OEA tiene un carácter mucho más integral y técnico. En esta evaluación, se concluye que, “con base a los resultados anteriores, la Mesa de Evaluación invita al Gobierno de Honduras y a la SG/OEA a prorrogar el texto actual de Convenio MACCIH; y posteriormente, a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios”[5]. En la evaluación se destacan los logros y avances en la ejecución del Convenio de la MACCIH, los retos y obstáculos que ha enfrentado la MACCIH, y aspectos que están pendientes en la ejecución de los objetivos del Convenio. El informe de la evaluación también incluye acciones de seguimiento del Gobierno, recomendaciones y conclusiones.
En las cuatro líneas de acción, -prevención y combate a la corrupción, reforma a la justicia penal, reforma política electoral y seguridad pública -, la evaluación reconoce logros y avances y los aspectos que siguen pendientes. Un aspecto relevante en esta evaluación, es que se destacan los retos y obstáculos, que por su importancia reproducimos en extenso a continuación:
- En los últimos años, el Congreso Nacional ha aprobado normas que de alguna forma representan un retroceso en la legislación contra la corrupción. El 8 de agosto de 2017, por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó una reducción a las penas del delito de malversación de caudales públicos. En el año 2019, se aprobó el nuevo Código Penal que reduce las penas y los pazos de prescripción de la acción penal. Asimismo, en el Congreso Nacional se han discutido reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que podrían debilitar las acciones de auditoría y fiscalización del Tribunal y la independencia del Ministerio Público.
- En diciembre de 2016, la MACCIH presentó, por los conductos correspondientes, el Proyecto de Ley de Colaboración Eficaz. Pese a que la MACCIH ha resaltado la importancia de la aprobación de esta ley como una herramienta fundamental para realizar una lucha efectiva contra el crimen organizado y las redes de corrupción, el Congreso Nacional aún no la ha aprobado.
- La MACCIH también ha insistido en la derogación de la Ley de Secretos y ha propuesto modificaciones a esa ley, sin que las mismas sean consideradas por el Congreso. La ley vigente impide el avance de las investigaciones, por cuanto mucho de la información que se requiere está resguardada bajo el velo de “Secreto de Estado”.
- En el proceso de aprobación de leyes, el Congreso ha modificado ciertos aspectos de las leyes presentadas de un modo que la MACCIH considera que se podrían afectar los esfuerzos de combate a la corrupción en el país. Durante el proceso de aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos, el Pleno del Congreso modificó la propuesta técnica de la MACCIH acerca de la estructura de la UFTF [Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización], optando por una estructura que la MACCIH considera puede afectar la funcionalidad y autonomía de la UFTF. Días después de la publicación en el Diario Oficial, la MACCIH recibió una denuncia de que no había concordancia entre el texto aprobado por el Pleno del Congreso y el texto publicado. Después de una reunión entre la MACCIH y el Congreso Nacional acerca de esta discrepancia, el Congreso aceptó que había diferencias entre los dos texto y publicó una fe de errata[6].
Juan Orlando Hernández ha expresado que en enero de 2020 tomará y comunicará la decisión de renovación o no del Convenio con la OEA para la continuidad de la MACCIH.
Los escenarios posibles son los siguientes:
Escenario 1. Que se renueve el Convenio tal y cómo está por cuatro años más, retomando la recomendación de la evaluación integrada realizada entre la OEA y el Gobierno de Honduras. Esto implica considerar las voces a favor de la MACCIH de la ciudadanía hondureña, de las organizaciones de la sociedad civil, de algunos sectores políticos de oposición y de la comunidad internacional. Pero implica también desconocer la recomendación del Congreso Nacional de la República al Poder Ejecutivo, de que el Convenio de la MACCIH no sea renovado. En los próximos dos años en los que tomará forma la contienda electoral hacia las elecciones generales de noviembre del 2021, el tema de la MACCIH y la corrupción pueden ser temas de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ampliamente controlado por el Partido Nacional. Este sería el escenario más idóneo para profundizar la lucha contra la corrupción y tiene altas probabilidades de que se materialice, ya que el costo político que pagaría Juan Orlando Hernández al no renovar el Convenio de la MACCIH, sería muy alto.
Escenario 2. Que no se renueve el Convenio de la MACCIH, que sería el extremo del escenario 1. Esta decisión de Juan Orlando Hernández sería coherente con la recomendación del Congreso Nacional de la República de NO renovar el Convenio MACCIH. Una decisión de este tipo implicaría desconocer las posturas a favor de la MACCIH de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de empresarios, de iglesias y de la comunidad internacional, con un alto costo político para Juan Orlando Hernández. Este escenario exhibiría, aún más, al Gobierno y Estado de Honduras, como carente de voluntad política para permitir la lucha contra la corrupción, y sin ningún tipo de límites éticos y políticos para proteger las redes de corrupción e impunidad.
Escenario 3. Se renueva el Convenio por dos años (incluso puede ser menos), bajo el argumento de que es el periodo que le resta en la presidencia a Juan Orlando Hernández, y que no es correcto dejar comprometido a un nuevo gobierno que asumirá a partir del 27 enero de 2022. Esta podría ser “una salida salomónica” del Gobierno ya que, siempre tendría un costo político para Juan Orlando Hernández, pero no tanto como el escenario 2. En este escenario 3 surge un interrogante que no tiene una respuesta clara, y es ¿sí la renovación por dos años o menos, obliga a enviar el Convenio al Congreso Nacional de la República? Si la respuesta es positiva, lo más probable es que el Congreso NO ratifique la renovación del Convenio. En este caso, el costo político recaería más sobre las espaldas de Congreso Nacional de la República y menos en Juan Orlando Hernández, como la “cabeza” del Poder Ejecutivo.
Escenario 4. Que el Poder Ejecutivo proponga renovar el Convenio con modificaciones, argumentando que es el camino para considerar los aspectos principales de la evaluación del Congreso Nacional y de la evaluación integrada del Gobierno y la OEA. En este caso existen dos riesgos: uno, que los cambios realizados al Convenio MACCIH dejen a esta Misión como una pequeña instancia de asesoría técnica, sin ninguna posibilidad de que impacte positivamente en la lucha contra la corrupción en el país. Dos, el Convenio MACCIH tendría que ir de nuevo al Congreso Nacional de la República, con altas probabilidades de que éste decida NO ratificarlo. Si se materializa el riesgo uno, sería una jugada política pata no pagar, o reducir, el costo político que tiene NO renovar el Convenio MACCIH. Si se materializa el riesgo 2, tendría para el Gobierno y el Partido Nacional un alto costo político. En cualquiera de sus variantes, este escenario implica un retroceso fuerte en la lucha contra la corrupción.
Entre estos escenarios se pueden producir también, otras variantes y combinaciones. Ante la pregunta, ¿qué escenario es el que tiene altas probabilidades de materializarse?, la respuesta es que existe una incertidumbre alta sobre el futuro de la MACCIH y de la lucha contra la corrupción en Honduras.
Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Influencia ciudadana para la renovación del mandato de la MACCIH”, financiado por Abogados Sin Frontera-Canadá. Sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] La vigencia del Convenio llega a su fin el 19 de enero del año 2020.
[2] La Comisión Especial del Congreso Nacional fue integrada por: Felícito Ávila (Presidente de la Comisión), Leonor Osorio, Walter Chávez, Juan Carlos Ávila, Sergio Figueroa, Erick Alvarado y Dunia Ortiz.
[3] Informe de la Comisión Especial Nombrada por el Congreso Nacional para: Investigar y elabora un informe al Pleno sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, en sus cuatro ejes de actuación, para el logro de los objetivos establecidos en el Artículo 1 del Convenio de instalación de dicha Misión, en los casi cuatro años de su funcionamiento, Congreso Nacional de la República, 10 de diciembre de 2019.
[4] Ibíd.
[5] Informe de la Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH, 9 de diciembre de 2019.
[6] Ibíd.
