Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD
La corrupción se produce con complicidades desde el interior del Estado, si no, no sería posible. Por lo general implica a actores internos de la burocracia estatal que hacen negocios con actores privados para apropiarse de recursos públicos, bajo diferentes modalidades. Cuando los actores económicos, del crimen organizado y de redes de corrupción, entre otros, logran penetrar el Estado y convertirlo en un instrumento a su servicio, estamos frente a lo que se conoce como la captura del Estado, entendida como “la capacidad de grupos para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de alta decisión del Estado, que a su turno se convierte en una forma predominante de corrupción asociada con el favoritismo de intereses privados en las altas esferas del poder”[1]. Esta idea de captura del Estado pone como protagonistas principales de la corrupción a actores externos que cuentan con influencias o aliados al interior del Estado.
En el caso hondureño, los protagonistas principales de la corrupción están en lo interno del Estado, como parte de las elites políticas partidarias y de la burocracia estatal. En todo caso, sería una captura del Estado desde adentro, no una captura del Estado desde afuera. Un estudio de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH), de manera muy clara vincula el problema de la corrupción al poder. Sostiene que “la corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado, de sus instituciones, de sus funcionarios que las dirigen, de los políticos que gobiernan y de los empresarios, que a veces están plenamente identificados con un partido y, en otras, son figuras poco visibles en las estructuras partidarias (aunque no siempre) pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas. En conclusión, la corrupción está vinculada al poder y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción (los paréntesis son nuestros)[2].
FOPRIDEH, en el estudio del 2004 da un paso más y propone la captura del Estado en un doble sentido, desde afuera y desde adentro. “Capturado desde afuera, capturado por empresarios que con el apoyo y complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza y, capturado desde adentro, no sólo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal, sino que también por funcionarios que, paradójicamente, tienen como su función, jurada ante la constitución, luchar en contra de la corrupción”[3].
La captura del Estado va al corazón de la misma institucionalidad responsable de combatir la corrupción y la impunidad. Como lo señaló otro informe de FOPRIDEH, en las dos [ahora casi cuatro] últimas décadas el Estado de Honduras ha creado instituciones y ha reformado otras para enfrentar este problema. En 1994 se crea el Ministerio Público y en el año 2002 se reforma el sistema de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República […] Han transcurrido más de una década (ahora más de tres décadas), […] y no dan evidencia de que las instituciones responsables del sistema de justicia asuman la lucha contra la corrupción como política de Estado[4]. Esto constata que las instituciones responsables de la lucha contra la corrupción han sido totalmente ineficientes. Es más, parece que la corrupción se ha reconfigurado con nuevas formas de operar, hasta ahora inimaginables[5].
En el caso hondureño, la captura del Estado se produce más desde adentro que desde afuera. Observando los 13 casos de corrupción que ha judicializado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH-UFECIC), los principales protagonistas de la corrupción y la impunidad son personas que pertenecen a las élites políticas partidarias y a la burocracia estatal. Estas élites políticas partidarias que participan activamente de las redes de corrupción, son las que de manera negociada y pactada eligen a los funcionarios responsables del combate a la corrupción y la impunidad como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y el Procurador General de la República. Estos funcionarios, surgidos de esta manera, se sienten más comprometidos a guardar lealtad ante quienes los eligieron que a su mandado de luchar contra la corrupción y la impunidad. De esta manera, la voluntad política, que es uno de los pilares fundamentales del combate a la corrupción, está totalmente ausente. Esto ha quedado más que demostrado en los casos de corrupción que han conocido los jueces naturales (magistrados de la Corte Suprema de Justicia) presentados por la MACCIH-UFECIC.
El gran problema para avanzar en el combate a la corrupción, es que ésta es parte constitutiva del funcionamiento de la institucionalidad estatal. La corrupción e impunidad no son la excepción del funcionamiento del Estado, se constituyeron en la regla y su esencia. No son una casualidad. La corrupción es parte del funcionamiento del sistema político y el ejercicio del poder. El poder se ejerce más por fuera de las reglas formales establecidas en el cuerpo constitucional y las leyes, que dentro de las mismas. La política hondureña, más allá de las diferencias ideológicas, posicionamientos políticos y de partidos, tiene un denominador común que es el caudillismo, el personalismo, el fraccionamiento y las divisiones internas. Así se ha construido un modelo político basado en “vínculos de lealtad, no con el partido y sus principios doctrinarios, sino que con caudillos particulares”[6].
El despojo del Estado, la corrupción y la impunidad han sido bienes de negociación e intercambio de ese pacto perpetuo. Las elecciones son periodos especiales ya que los bienes comunes estatales se reparten para movilizar las clientelas y los votos. Los grandes terratenientes oligarcas dieron paso a elites políticas y económicas más modernas, pero reservaron la política, los partidos y el Estado, para la perpetuación de sus feudos, en los que se puede hacer todo a partir de los deseos y voluntades personales[7]. El caso Pandora que presentó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), confirma que los políticos están tan acostumbrados a estas prácticas que las reivindican como correctas y normales. En este caso, los políticos son confesos de haber recibido dinero público que fue a parar a sus cuentas personales para cubrir gastos de la campaña política de Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de 2013.
En la corrupción, la cuestión en juego no es la debilidad del Estado en términos técnicos, sino la colusión entre el poder de los políticos y de los funcionarios con las redes de corrupción. Más que ante un fracaso del Estado, estamos frente a una activa constelación de intereses cuyo resultado es la promoción de la corrupción. No se trata de un escenario de abandono estatal sino de conexiones usualmente ilícitas, entre actores estatales y empresarios actores de la corrupción.
Toda la lógica de argumentación anterior es la que permite comprender la actuación del Congreso Nacional de la República, que ha construido todo un marco jurídico, cometiendo todo tipo de atropellos y abusos de poder para evitar que redes políticas de corrupción activas y con poder sean llevadas ante la justicia. El Congreso Nacional , a la ya existente Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (conocida como Ley de secretos), le suma otras que se han aprobado en el contexto de la acción de la MACCIH-UFECIC: reformas a la Ley del Presupuesto General de la República, el nuevo Código Penal, la Ley de protección jurídica de los legisladores (conocida como Ley de la inmunidad para los diputados), la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (Decreto Legislativo 116-2019, conocida como Ley del fondo departamental), más las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Todas estas leyes contribuyen a “blindar” a los diputados y funcionarios públicos de la acción penal, limitan la persecución penal del Ministerio Público y limitan el acceso a la información pública[8]. La “joya de la corona” de esta cruzada legislativa contra la MACCIH-UFECIC para favorecer las redes políticas de corrupción e impunidad, fue el informe de evaluación de la MACCIH que elaboró el Congreso Nacional y la recomendación al presidente Juan Orlando Hernández, de que no se renueve el Convenio de la MACCIH que vence el 19 de enero de 2020.
La ciudadanía percibe este comportamiento de las elites políticas y lo expresa en diferentes encuestas como la presentada por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) en noviembre de 2019. En relación al tema abordado en este artículo, es de suma relevancia destacar los hallazgos siguientes:
- El 87% de la ciudadanía considera que hay mucha corrupción en Honduras.
- Más del 80% de la ciudadanía considera que las instituciones principales como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, las Alcaldías, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Presidencia de la República, la Policía Nacional y los partidos políticos, están afectadas por la corrupción.
- Vinculado al tema anterior, la desconfianza de la ciudadanía en que las instituciones anteriores puedan desempeñar un papel en la lucha contra la corrupción, es alta. El 61% de la ciudadanía no tiene ninguna confianza en la Presidencia de la República, el 57% en la Corte Suprema de Justicia, el 56% en el Ministerio Público, el 59% en el Congreso Nacional y el 62% en los partidos políticos.
- El 65% de la ciudadanía está de acuerdo que se renueve el Convenio entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras que permitiría la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
- Los principales aspectos que según la ciudadanía han limitado o bloqueado el desempeño de la MACCIH son: las acciones del Congreso Nacional para proteger a los corruptos, la vigencia de la Ley de secretos de Estado, la falta de aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, las resoluciones de los tribunales de justicia y la falta de una institucionalidad eficaz[9].
En conclusión, la lucha contra la corrupción, en las actuales condiciones, no tiene posibilidades de desarrollarse de manera eficiente y sostenida desde la institucionalidad nacional, debido a que está capturada por las redes de corrupción e impunidad y han convertido al Estado en un instrumento a su servicio. Los cambios más profundos vendrán desde abajo, desde la movilización ciudadana, que con su acción política puede provocar cambios sustantivos en las elites políticas y el sistema político. Mientras tanto, para seguir avanzando, es de fundamental importancia la presencia de instancias internacionales, como la MACCIH.
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Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Influencia ciudadana para la renovación del mandato de la MACCIH”, financiado por Abogados Sin Frontera-Canadá. Sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
[1] Kaufmann, 2002. Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Informe Nacional de Transparencia. Hacia un Sistema Nacional de Integridad, Tegucigalpa, 2007. Página 107.
[2] Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras (octubre, 2004). Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras FOPRIDEH, Tegucigalpa, 2004.
[3] Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras (octubre, 2004). Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras FOPRIDEH, Tegucigalpa, 2004.
[4] II Informe Sobre el Estado de los Casos de Corrupción en Honduras 2006 http://foprideh.org/documentos/pdf/Libros/II-informecorrupcion-Hn.pdf [consultado en diciembre 2019]
[5] II Informe Sobre el Estado de los Casos de Corrupción en Honduras 2006 http://foprideh.org/documentos/pdf/Libros/II-informecorrupcion-Hn.pdf [consultado en diciembre de 2019]
[6] D’Ans, André-Marcel, Honduras. Difícil emergencia de una nación, de un Estado, Litografía López, 2007, páginas 408-442.
[7] Ibíd…
[8] CESPAD. Pandora, el caso de corrupción de la MACCIH que develó cómo se financió la campaña electoral del Partido Nacional en el 2013. Noviembre 2019.
[9] CESPAD. En medio de una percepción apocalíptica de la corrupción, la ciudadanía hondureña apuesta a la continuidad de la MACCIH. Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de la MACCIH para combatirla, noviembre de 2019.
