Autor del documento:  Mario Sorto

Revisión de estilo: Claudia Mendoza

INTRODUCCIÓN

Estos apelativos no son lejanos para la sociedad hondureña: Caja Chica de la Dama, Pandora, Red de diputados, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III- Colusión y Corrupción y Narcopolítica. Estos son los juegos de palabras que la Misión de Apoyo contra Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), han utilizado para nombrar a las redes de corrupción que se evidenciaron con diversos trabajos de investigación penal que han sido denunciados ante la sociedad hondureña en los últimos meses.

Los resultados del trabajo de la MACCIH, ahora de forma conjunta con la UFECIC, pueden significar para algunos sectores transcendentales, para otros, irrelevantes o de poco impacto. Reflexionar sobre la presencia y el papel que la MACCIH-UFECIC ha jugado en Honduras, obliga a remontarnos al 2015, año en el cual el Movimiento de Indignados y la presión ciudadana tuvieron una particular influencia en la llegada de la MACCIH a Honduras.

Como se recordará, en el 2015,  se iniciaron una serie de protestas que se produjeron como una reacción de grupos de jóvenes, organizaciones de sociedad civil y de otros sectores de la ciudadanía ante el conocimiento público que se hizo del desfalco de los recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por parte de una red de corrupción en el país, que de acuerdo con algunas investigaciones, se ha identificado que está conformada por tres sectores: privados, públicos y estructuras criminales externas (Chayes, 2017).

De acuerdo con la información presentada por los medios de comunicación, una parte de los fondos estatales se destinaron al financiamiento de la campaña electoral del Partido Nacional de Honduras en el año 2013, una situación que avivó el malestar colectivo. Las protestas durante el auge del movimiento entre junio y septiembre, obligaron a que las autoridades del país y otros sectores sociales actuaran y se pronunciaran con respecto a las exigencias de esta organización social, principalmente en torno a la petición de instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), bajo tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, se constituyó el acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Gobierno de Honduras, para la conformación de la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH). De esta manera, la formalización de la MACCIH en Honduras se hizo a través de un convenio suscrito entre el presidente de la República, Juan Hernández, y el Secretario General de  la OEA, Luis Almagro. Este convenio fue firmado entre las dos partes el 16 de enero de 2016 y fue ratificado por el Congreso Nacional el 29 de marzo de 2016 con la mayoría calificada, lo que incluyó también el voto favorable de los partidos políticos de oposición en el país.

A tres años de presencia de la MACCIH en Honduras, es válido preguntarse: ¿Ha contribuido la Misión a la lucha contra la corrupción en el país?, ¿Ha favorecido su trabajo a la desarticulación de las redes de corrupción?, ¿Es la MACCIH una oportunidad para el trabajo de lucha contra la corrupción que realiza la sociedad civil organizada?, ¿Cuáles son las barreras que evitan la integración de trabajo entre la MACCIH-UFECIC y las organizaciones de sociedad civil? y ¿Cuáles son los bloqueos que enfrenta la Misión para realizar un trabajo integral?

Un análisis y valoración del trabajo realizado por la MACCIH, es el objetivo del presente documento, producido por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), con miras a dar respuesta a las preguntas anteriores.

I. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MACCIH ¿EXISTEN POSIBILIDADES PARA LA EXTENSIÓN DE SU MANDATO?

Para el año 2019, los principales resultados observables de la MACCIH se resumen en los siguientes aspectos:

• Acompañamiento y asesoría para la elaboración de la ley sobre financiamiento de la política, creación de estándares y mecanismos de implementación;
• Conformación del Observatorio del Sistema de Justicia Penal (julio-septiembre 2019), que constituye un mecanismo de veeduría ciudadana hacia la justicia penal y rendición de cuentas, con la participación descentralizada de la sociedad civil en 6 regiones de Honduras;
• Implementación de un sistema de cooperación interinstitucional, mediante la conformación de equipos de investigación entre la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la estructuración del Sistema Nacional Anticorrupción para la investigación, persecución penal y judicialización de casos de corrupción de alto impacto;
• Puesta en marcha del modelo anticorrupción mediante la investigación y persecución penal de 12 casos de corrupción, entre los cuales se incluyen dos procedimientos especiales de privación de dominio.

Entre estos logros, el mayor impacto se encuentra en los 12 casos de investigación y persecución penal ejecutados por la UFECIC con el apoyo de la MACCIH. Cabe destacar que como consecuencia de los requerimientos fiscales presentados por el binomio UFECIC-MACCIH, han sido llevados a la justicia exfuncionarios del Estado de Honduras, actuales diputados del Congreso Nacional, excandidatos a la presidencia del país, y una ex-primera dama de la nación.

Asimismo, los casos de corrupción presentados por el binomio UFECIC/MACCIH han evidenciado la forma en cómo han operado las redes de corrupción en una Honduras pos golpe. En tal sentido, los casos muestran características similares con respecto al modus operandi de las asociaciones delictivas, tal como el uso de sofisticados procedimientos y estrategias para malversación del erario público. En algunos casos, se ha constatado la creación de empresas y organizaciones fachada y el uso de testaferros.

Por otra parte, desde su constitución hasta la actualidad, el trabajo conjunto entre la UFECIC/MACCIH ha encontrado numerosos bloqueos en las estructuras del Estado, expresados a través de diversas formas y mecanismos de blindaje a la corrupción. En la actualidad, estos bloqueos se expresan principalmente en la aprobación y reformas de leyes en el Congreso Nacional que limitan las capacidades de investigación y persecución de la MACCIH; y, las resoluciones favorables a los funcionarios estatales en el poder judicial, cuando los jueces naturales de la Corte Suprema de Justicia son seleccionados para impartir la justicia.

La principal amenaza: El fin del convenio entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Respecto al convenio de la MACCIH, se debe establecer que se creó en enero de 2016 para que actuara durante un periodo de cuatro años. Por consiguiente, la presencia de la Misión en Honduras concluiría en enero de 2020, en caso que el poder ejecutivo decidiera no renovar su mandato. No obstante, las últimas declaraciones de altos funcionarios del Estado y de importantes actores locales e internacionales permiten inferir que el futuro de la MACCIH se debate entre dos alternativas: a) su salida del país, o, b) la renovación de su mandato, con sustanciales modificaciones que limitarían sus capacidades para investigar y perseguir a las redes de corrupción.

El año 2019 inició con declaraciones públicas de los más altos funcionarios de la institucionalidad estatal hondureña refiriéndose a la continuidad de la MACCIH en el país. Entre ellos, se destaca la dirigencia del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el presidente de Honduras, Juan Hernández. En todas las declaraciones se observa la ambigüedad de estos sectores con respecto a la extensión del mandato de la MACCIH.

De acuerdo con un comunicado del CCPN, a través de su presidente Reinado Sánchez, argumentó que los nacionalistas no se oponen a la continuidad de la MACCIH en el país, en tanto que ha hecho cosas buenas al país, especialmente en el fortalecimiento institucional (La Tribuna, 2019).

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ha manifestado que el fin del convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA está dentro de las posibilidades. De acuerdo con Argueta, la presencia de la MACCIH en los últimos tres años ha ayudado a consolidar las instituciones del Estado. De esta forma, se refirió a la continuidad de la MACCIH afirmando que “En el caso del Poder Judicial que estamos consolidando un proceso, nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera porque tenemos que aprender a caminar solos” (Criterio, 2019).

De forma reciente, el Gobierno de Honduras, por medio de la Cancillería de la República solicitó a la OEA un proceso de evaluación de la MACCIH después de tres años y medio de trabajo. Con respecto a la continuidad de la Misión, Juan Hernández estimó que “Una vez que se evalúe por medio de entidades independientes altamente técnicas, con esos resultados, ver cuál es el siguiente paso”. A su vez, Hernández destacó la necesidad de la MACCIH de enfocarse en el sistema carcelario y en el sistema de depuración policial (Gobierno de la República de Honduras, 2019).

Otros sectores no oficialistas también se han pronunciado a favor de la continuidad de la MACCIH. Aquí se incluyen a importantes actores locales e internacionales. Uno de los actores locales lo comprende la Coalición de Renovación de la MACCIH. Esta alianza está integrada por organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas, representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y, los diputados y diputadas que integran el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH.

La Coalición de Renovación de la MACCIH planteó al Secretario General de la OEA, mediante una carta escrita, la importancia de la continuidad de la MACCIH en Honduras, señalando que la institucionalidad todavía se enfrenta a grandes desafíos que resolver en el sistema de justicia. Para argumentar su posicionamiento, retomaron algunos indicadores internacionales que ubican a Honduras en una situación decadente (Criterio, 2019).

Por ejemplo, destacaron que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional clasifica a Honduras, tanto en el año 2017 como en 2018, con 29/100, y por otra parte, el sistema de Justicia Civil y de Justicia Penal de World Justice Project, sitúa a Honduras en la posición 99 y 111, de 113 países evaluados.

Finalmente, un actor relevante en la dinámica del país, tal como lo es el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, ha expresado la necesidad de la extensión del mandato de la Misión Anticorrupción. En declaraciones públicas el  9 de mayo de 2019,  instó a la OEA y al Gobierno de Honduras a “renovar el mandato de la MACCIH para que esta organización pueda continuar trabajando con las instituciones del gobierno y la sociedad civil para fortalecer las mismas y combatir la corrupción” (Embajada de los Estados Unidos en Honduras, 2019)

II. EVOLUCION Y BLOQUEOS DE LA MACCIH

Es importante mencionar que para alcanzar sus objetivos en la lucha contra la corrupción, la MACCIH se trazó 4 áreas temáticas de trabajo, que es importante citar: 1) Prevención y Combate a la Corrupción, 2) Reforma de la Justicia Penal, 3) Reforma Político-Electoral, 4) Seguridad Pública. A continuación, una breve descripción de esas 4 áreas de trabajo:

Prevención y Combate a la Corrupción

En relación con esta temática, la misión incluye actividades como investigar, perseguir, juzgar, sancionar la corrupción y de recuperar los activos y bienes provenientes de actos de corrupción. Asimismo, establece que esta contribución se realizará a través de equipos de fiscales, forenses financieros, investigadores policiales y expertos analistas internacionales, buscando desmantelar las redes de corrupción en el ámbito público y privado.

Reforma de la Justicia Penal

Esta arista de trabajo incluye mejorar la justicia penal y reducir los altos niveles de impunidad; se propone impulsar con el sistema de justicia y la sociedad civil reformas que permitan mejorar el acceso a la justicia, reducir la mora judicial, mejorar los mecanismos de investigación criminal, administrar con eficacia el proceso penal y optimizar la calidad de las sentencias.

Reforma Político-Electoral

La reforma Político-Electoral se refiere al apoyo técnico para la creación de una reforma con normas eficaces para regular el financiamiento de la política y de las campañas electorales. En esta área, la misión afirma que el financiamiento irregular de fondos para candidatos y partidos explica gran parte del origen de la corrupción política en Honduras. Cabe resaltar que para el año 2018, la MACCIH-OEA cerró esta división por considerar que ya se habían agotado las funciones de acompañamiento y asesoría en áreas como la elaboración de la ley sobre financiamiento de la política, y la creación de estándares y mecanismos de implementación.

Seguridad Pública

Por último, el área de la Seguridad Pública, la que incluye el apoyo a las instituciones para mejorar el sistema nacional de seguridad ciudadana en Honduras. Contiene la profesionalización de la policía y la implementación de mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y, en especial, a los operadores de justicia.

Es relevante destacar que durante el proceso de establecimiento de la MACCIH hubo una tendencia a compararla con el modelo de Guatemala, es decir con la CICIG. Sin embargo, el modelo hondureño carece de las herramientas legales del modelo guatemalteco, como: autonomía y capacidad para iniciar procedimientos judiciales. Al respecto se profundizará más adelante.

El Mecanismo de Cooperación Bilateral que dio vida a la Unidad Especial contra la Impunidad de la corrupción

El acuerdo “Mecanismo de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de la MACCIH-OEA”, suscrito el 18 de enero de 2017, ha significado un importante fortalecimiento institucional de la misión en el país. El principal resultado del acuerdo entre las dos partes ha sido la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Este ente ha provisto de mayores herramientas legales a la MACCIH, para la investigación y persecución penal. En tal sentido, la UFECIC, que a su vez está conformada por integrantes seleccionados por la MACCIH/OEA y la Fiscalía General del Ministerio Público, asume de forma exclusiva los casos seleccionados por la Misión por medio del Comité de Selección de Casos (MACCIH-OEA, 2018).

En síntesis, el acuerdo dispone de la colaboración conjunta para la investigación y la persecución penal por el binomio UFECIC-MP/MACCIH-OEA. Como resultado de las investigaciones conjuntas entre las dos instituciones, desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018, se han presentado de forma pública doce casos de Investigación Penal Integrada, que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción en el país, y que actualmente se encuentran en distintas etapas investigativas y de judicialización.

Con nombres que hacen mucha referencia a los sectores denunciados en cada proceso, se enlistan los siguientes casos presentados públicamente:

1) El caso “Caja Chica de la Dama”
2) El caso “Red de diputados”
3) El caso “Pacto de Impunidad” y la ampliación del caso “Pacto de Impunidad”
4) El “Caso Pandora”
5) El caso “Extinción de dominio de bienes del Caso Pandora”
6) El caso “Caja Chica del Hermano”
7) El caso “Licitación fraudulenta del Seguro Social”
8) El caso “Arca Abierta”
9) El caso “Fraude sobre el Gualcarque”
10) El caso “Patuca III- Colusión y Corrupción”
11) Aseguramiento de bienes en el caso “Caja Chica de la Dama”
12) El caso “Narcopolítica”

Renuncia del primer vocero de la MACCIH

La renuncia del Representante Especial de la Secretaria General/Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor (febrero del año 2018), por “falta de comunicación y diferencias irreconciliables con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro”, tal como citó él mismo en un carta pública, hizo que la escasa confianza que para ese entonces tenía la sociedad de la Misión se tambaleara, sobre todo porque este hecho aconteció en el marco de la presentación del caso “Red de Diputados”.

Este fue el primer caso que identificó la forma en cómo operan las redes de corrupción en el país para sustraer fondos estatales destinados para programas sociales y los artilugios y componendas de los funcionarios para salir bien librados de los actos de corrupción en los que se les vincula[1].

Finalmente, Jiménez Mayor, el ex vocero de la MACCIH, apuntó en su momento que, las autoridades del país, tanto en el Gobierno como en las instituciones estatales, impedían las acciones de la Misión. De manera que a estas acciones se les ha conocido coloquialmente como el pacto de impunidad.

Personal especializado y presupuesto de la MACCIH 

La MACCIH-OEA se instaló en Honduras el 19 de abril de 2016. En esta fecha se dio inicio a los procesos operativos y logísticos de la misión y en su primer informe semestral publicado en octubre de 2016, estableció que contaría con una estructura total de 70 funcionarios. No obstante, para octubre de 2016, apenas contaba con una planta de 19 profesionales (MACCIH-OEA, 2016). Pero, para el 2018, la Misión inició un amplio proceso de selección de funcionarios nacionales e internacionales (MACCIH-OEA, 2018).

Por otra parte, cabe notar que algunos de los retrasos en las contrataciones de la MACCIH en sus primeros años, estuvieron relacionados con los procesos logísticos en la constitución de la Misión y con la falta de presupuesto para un funcionamiento  para el funcionamiento  óptimo de la entidad. Posteriormente, el financiamiento de la MACCIH se obtuvo principalmente de las contribuciones de los Estados Unidos de América, Canadá, Alemania, la Unión Europea, Italia y Perú.

En el año 2018, se presentaron cambios importantes en la estructura de la MACCIH. Luego de la renuncia de Jiménez Mayor, fue designada la fiscal internacional Ana María Calderón Boy como Vocera Interina. Entre la trayectoria de la funcionaria se destaca haber fungido como Fiscal Anticorrupción de los casos Fujimori-Montesinos en Perú.

La renuncia de este importante personaje tras desacuerdos con el Secretario General de la OEA pudo suponer una crisis para la misión, no obstante, la MACCIH-OEA, en su cuarto informe semestral del 18 de abril de 2018, aseguró que la designación de Calderón Boy reafirmaba que la MACCIH-OEA se seguía manteniendo “incólume, firme en su compromiso en la lucha contra la corrupción” (MACCIH-OEA, 2018, pág. 2).

En octubre se instaló una nueva Vocería en la MACCIH, un hecho que representó otro importante cambio en la misión para el año 2018. En este sentido, para la fecha de publicación del quinto informe semestral de la institución, se contaba con la presencia de cinco funcionarios principales en la MACCIH-OEA en Honduras: el Representante Especial del Secretario General/Vocero de la MACCIH, el abogado de nacionalidad brasileña Luiz Antonio Marrey; la Coordinadora de la División de Prevención y Combate a la Corrupción, la abogada de nacionalidad peruana Ana María Calderón Boy (vocera interina/2019); la Coordinadora de la División de Seguridad Pública, abogada de nacionalidad venezolana, Virginia Contreras; el Director del Departamento de Gestión Pública Efectiva, ostentado por la Maestra en Relaciones Internacionales de origen boliviano, María Fernanda Trigo, y por último, el Enlace de MACCIH en la sede OEA/ Jefa de Mediación y Diálogo, Katalina Montaña (OAS, 2018).

A finales de junio de 2019, se produjo la salida del Vocero Luiz Guimarães. No obstante, en esta ocasión no hubo indicios de que su retiro se debiera a desacuerdos con el Secretario General de la OEA.  Consecuentemente, en julio de 2019, Ana María Calderón Boy fue designada nuevamente como la vocera interina de la MACCIH.

Por otra parte, la insuficiencia de personal en la MACCIH-OEA ha sido un problema destacado por esta institución, particularmente en la Unidad de Análisis. El reducido equipo de trabajo se ha convertido en una dificultad para el cumplimiento de los trabajos y consolidación de las actividades de la misión, como el apoyo técnico al Ministerio Público de la República de Honduras. En definitiva, el problema se traduce en la falta de selección e incorporación de nuevos fiscales internacionales, analistas e investigadores para dicha unidad (MACCIH-OEA, 2018).

Consecuentemente, con la intención de superar esos riesgos, en febrero de 2018 la MACCIH-OEA inició un proceso de selección de funcionarios nacionales y extranjeros en las áreas previamente mencionadas. En este proceso además se incluyen una multiplicidad de roles como: Investigadores Financieros Internacionales, Analistas Informáticos Forenses Internacionales, Investigadores Policiales Internacionales, Investigadores Legales Internacionales, sociólogos y abogados nacionales, expertos en seguridad e inteligencia, analistas informáticos, y además, personal de seguridad para los funcionarios de la misión.

La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC)

Mandatos de la UFECIC

La UFECIC es la unidad del Ministerio Público creada para investigar casos complejos de corrupción, en los que participan redes de personas del ámbito público y privado que cometan delitos contra la Administración Pública y otros delitos conexos. De esta manera, la UFECIC se ha constituido con el objetivo de realizar investigaciones de casos de redes de corrupción en conjunto con la MACCIH-OEA.

La UFECIC tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los casos que la MACCIH-OEA determina. Asimismo, en su mandato, esta unidad especial tiene la facultad para operar en todas las instancias del proceso penal, es decir, desde la investigación, el requerimiento, las audiencias consagradas en la legislación procesal penal, los recursos impugnatorios, y de ser necesarios, los recursos de casación. En este sentido, la UFECIC controla las distintas etapas en el proceso.

En síntesis, el mandato de la UFECIC debe entenderse como parte de los objetivos del Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre la MACCIH y el Ministerio Público. Por lo tanto, el mecanismo permite que las dos instituciones desarrollen de forma conjunta y coordinada la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables de la comisión de los delitos de corrupción. (OEA-MP, 2018). En conclusión, su mandato consiste en la implementación de la investigación y persecución penal integrada en los grandes casos de redes de corrupción.

El personal de la UFECIC y su vinculación con la MACCIH-OEA

La UFECIC está integrada por 41 funcionarios entre Fiscales, Agentes de Investigación, Especialistas en Recopilación y Análisis de Información Financiera, Especialistas en Recopilación y Análisis de Información Criminal y Forenses Informáticos. Al igual que en el caso de los integrantes de los Juzgados y Tribunales de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los miembros de la UFECIC fueron certificados, en consenso, por el Ministerio Público y la MACCIH-OEA, a través de una Comisión de Certificación de Postulantes, conformada por integrantes del Ministerio Público y representantes de la Misión (MACCIH-OEA, 2017). Finalmente, el proceso de selección y certificación concluyó con el nombramiento de los funcionarios por parte del Fiscal General, en consenso con el Vocero de la MACCIH-OEA, conforme a un protocolo aprobado mediante acuerdo de la Fiscalía General de la República de Febrero del 2017.

Cabe destacar que como resultado del proceso de selección y certificación de los funcionarios se designó a la persona que obtuvo el mayor puntaje, el Abogado Luis Javier Santos, como jefe de la UFECIC, un fiscal de amplia trayectoria, reconocido por importantes investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público. Asimismo, es importante notar que la forma de operación de los integrantes de la UFECIC se rige bajo el principio de la inamovilidad, lo que implica que sus miembros no pueden ser separados del cargo o rotados de sus funciones, sin el consentimiento de la MACCIH-OEA.

Selección de casos de investigación y persecución penal de las redes de corrupción en Honduras

La selección de los casos de investigación y persecución penal desarrollada por la UFECIC/MACCIH se guía por el “Protocolo de selección de Casos” establecido en el artículo 7 del Acuerdo “Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA).

El artículo 7 del Acuerdo “Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) dio paso al diseño del Protocolo de selección de Casos. En este sentido, cada uno de los casos investigados por el binomio UFECIC-MACCIH debe incluir los siguientes criterios:

• Deben comprender actos o hechos propios de corrupción, conforme a la legislación nacional, así como delitos conexos;
• Deberá tratarse de una red de corrupción en donde participen tres o más personas con el ánimo de delinquir en agravio del Estado. Dicha red podría estar conformada, indistintamente, por funcionarios públicos, personas naturales e incluso empresas o personas jurídicas, en calidad de autores, colaboradores o partícipes.
• Los hechos delictivos denunciados sean de alto impacto, es decir, que además de afectar el bien jurídico protegido lesionen a la sociedad.

De igual forma, el Protocolo de Selección de Casos identificó como áreas sensibles de corrupción a los campos de a) Salud pública; b) Contrataciones del Estado; c) Industrias Extractivas; d) Aduanas y Migraciones; y e) Corrupción dentro del sistema de justicia (MACCIH-OEA, 2018)

De esta manera, el trabajo del equipo integrado por la MACCIH-OEA y la UFECIC ha tenido como resultado la investigación, persecución penal y posterior judicialización de 12 casos de redes de corrupción en Honduras. Asimismo, la MACCIH destaca que con las resoluciones de los casos se han procesado 104 personas de los cuales 72 son funcionarios públicos y 32 particulares. Finalmente, ésta institución identifica que los delitos de corrupción implican un daño en el patrimonio del Estado de 302,9 millones de lempiras o su equivalente a 12,6 millones de dólares aproximadamente (OEA, MACCIH, 2019)

Los casos y las redes de corrupción hondureñas

Los casos de corrupción ejecutados por el binomio UFECIC-MACCIH son los primeros que han sido impulsados por el Ministerio Público contra este tipo de delito a gran escala. No obstante, varios de los imputados han sido sobreseídos o han recibido medidas distintas a la prisión en el sistema judicial. Por otra parte, a excepción del caso Caja Chica de la Dama, los demás casos continúan con las etapas del proceso judicial en los juzgados anticorrupción y en la Corte Suprema de Justicia.

Para identificar las particularidades de cada uno de los casos, a continuación un resumen de cada caso, donde se evidencia las diversas maneras en que han venido operando las redes de corrupción enfrentadas por la UFECIC-MACCIH.

1. El caso “Caja Chica de la Dama”

El caso “Caja Chica de la Dama” fue seleccionado por el Equipo UFECIC/MACCIH en noviembre de 2017. Este fue el primero del modelo anticorrupción implementado de forma conjunta entre las dos instituciones. El trabajo se realizó durante cuatro meses por los Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal y conllevaron a la detención de la ex primera dama de la República de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo (MACCIH-OEA, 2018).

Los hechos consistieron en que varias personas recibieron cheques sin justificación legal, afectando fondos destinados al despacho de la ex Primera Dama para obras sociales y que, supuestamente, fueron cambiados con su autorización, obteniendo fondos por más de 16 millones de lempiras ilícitamente, proveniente de varias cuentas bancarias (MACCIH-OEA, 2018). Esto ocurrió durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

El febrero de 2018 se produjo la captura, allanamiento y el aseguramiento de inmuebles de los denunciados. En marzo el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción dictó Auto de Formal Procesamiento con la medida de prisión preventiva a Rosa Elena Bonilla Ávila por nueve delitos de malversación de caudales públicos y un delito de lavado de activos. No obstante, se le dictó sobreseimiento provisional por el delito de asociación y confabulación ilícita para el lavado de activos.

En último lugar, el juicio contra Rosa Elena Bonilla concluyó el 26 de abril de 2019, es decir, a 14 meses de la reclusión de la ex primera dama que se produjo el 28 de febrero de 2018 en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social[2].

2. El caso “Red de Diputados”

Utilizando la metodología de Investigación Penal Integrada, el siguiente caso investigado fue el denominado “Red de Diputados”. De acuerdo con el cuarto informe semestral de la MACCIH, este caso representó un hito en la judicialización de los casos de corrupción en Honduras, tanto por el nivel de funcionarios involucrados como por la extensión de la red criminal (MACCIH-OEA, 2018).

En este sentido, el 11 de diciembre de 2017, la cooperación UFECIC/MACCIH presentó formalmente la acusación y solicitó la privación preventiva de libertad y suspensión del cargo de los imputados, específicamente contra los diputados al Congreso Nacional durante ese período Augusto Domingo Cruz Asencio (Partido VAMOS), Héctor Enrique Padilla Hernández (Partido LIBRE), Audelia Rodríguez (Partido VAMOS), Dennys Antonio Sánchez Fernández (Partido LIBRE) y Eleazar Alexander Juárez Saravia (Partido LIBRE). (MACCIH, 2018)

La tardanza de la jueza asignada al caso, en iniciar el proceso judicial, dio  el espacio de tiempo para que en el Congreso Nacional se aprobara una reforma a la Ley de Presupuesto General, que establecía que las acusaciones penales por corrupción cometidos por funcionarios primero deberían pasar por un proceso de auditoría administrativa, conducida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). De esta manera, la principal implicación de la reforma aprobada fue el archivo de la causa penal y su remisión al TSC.

En definitiva, a pesar de que el equipo de la UFECIC/MACCIH afirmó que este caso representó un hito en la investigación y persecución penal de los grandes casos de corrupción, el resultado fue muy favorable para las redes de corrupción en la institucionalidad hondureña.

3. El caso “Pacto de Impunidad”

Este caso es el tercero que se ejecutó de forma conjunta entre el binomio UFECIC/MACCIH. Surgió como consecuencia de las modificaciones normativas a la Ley Orgánica de Presupuesto, emitidas en el Congreso Nacional presuntamente para obstaculizar el caso denominado “Red de Diputados” (MACCIH-OEA, 2018).

El acto delictivo consistió en que algunos aspectos críticos del decreto fueron alterados de manera irregular por una comisión del Congreso Nacional en enero del 2018, ya que no fueron discutidos o aprobados en el pleno del Legislativo. (MACCIH-OEA, 2018). Este hecho condujo a que la UFECIC/MACCIH investigara las discrepancias entre el Decreto No. 141-2017 para reformar la Ley Orgánica de Presupuesto y la versión oficialmente impresa el día siguiente.

4. El Caso “Pandora”

Este es el cuarto caso investigado por el Equipo Integrado, al que también se sumó la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP-MP). La importancia del caso se debe a la multiplicidad de diputados, funcionarios públicos, instituciones políticas y personas naturales involucradas en una amplia red de corrupción. De igual forma, el caso es relevante por las grandes sumas de dinero extraído de los recursos del Estado para el beneficio personal de los implicados y para el financiamiento de campañas políticas.

El equipo integrado UFECIC-MP/FETCCOP-MP/MACCIH-OEA presentó en junio de 2018, ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra 28 imputados por los presuntos delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Malversación de Fondos, Lavado de Activos, Falsificación y Uso de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública, Fe Pública y la Economía del Estado de Honduras (MACCIH-OAS, 2018).

Se ha destacado que los fondos públicos fueron utilizados para financiar las campañas políticas del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (FAPER) y del Partido Liberal, al igual que otros gastos personales por un monto de 282, 016,175 de lempiras o su equivalente a casi 12 millones de dólares. Para tal fin, fueron utilizadas las fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista. Los fondos provenían de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). (MACCIH-OAS, 2018)

Quizás este caso, contrario a los anteriores y posteriores presentados, tiene como elementos diferenciadores los detalles que se conocieron de forma pública de la forma en cómo operó esta red, las personas involucradas y la burda forma en cómo se despilfarraron esos fondos. Asimismo, se conocieron detalles de la presunta implicación de las principales autoridades políticas en el país, incluyendo como cabecillas de la organización criminal al presidente electo de forma inconstitucional Juan Hernández y a su hermana, la ex-ministra, Hilda Hernández. Este caso se consagró porque evidenció la forma en cómo operan este tipo de redes de corrupción en el país, siendo solo la superficie de la gran corrupción pública-privada que se beneficia del abuso de los fondos públicos.

5. El caso “Extinción de dominio de bienes del Caso Pandora”

Este caso se encuentra estrechamente relacionado con el Caso “Pandora”. Ha supuesto la incorporación del equipo integrado por UFECIC/MACCIH a las actividades de Privación de Dominio de Bienes. De acuerdo con la MACCIH-OEA, la importancia del caso consiste en que éste se constituyó en el primero de éste tipo ejecutado por la UFECIC.

En síntesis, el caso consistió en la solicitud del equipo UFECIC/MACCIH al Juez de Letras del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el aseguramiento de bienes de origen ilícito y por valor equivalente de los recursos estatales extraídos a través de las Organizaciones No Gubernamentales fundaciones “Dibattista” y “Todos Somos Honduras”. Cabe señalar que los recursos ingresaron al patrimonio de personas naturales y jurídicas, como también a los partidos políticos: Nacional y Liberal (MACCIH-OEA, 2018).

Para diciembre de 2018, los resultados del caso consisten en medidas cautelares sobre 46 bienes inmuebles, 6 vehículos, 9 sociedades mercantiles, 2 certificados a plazo fijo, 3 cuentas bancarias y el valor representado en un cheque, los cuales siguiendo el proceso, pasarían a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Cabe resaltar que al igual que el caso “Pandora”  aún no se ha producido una decisión final en el proceso de privación de dominio.

6. El caso “Caja chica del hermano”

En noviembre de 2018, se presentó el sexto caso de Investigación Penal: “Caja Chica del hermano”. El caso tuvo como acciones iniciales la presentación de un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, ex Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial y Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de Honduras, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública (MACCIH/OEA, 2018)

Los hechos parten de la investigación realizada por el Equipo Integrado, en la cual consideraron tener pruebas de que los imputados en el caso “Caja chica del hermano” crearon un entramado para desviar recursos públicos que estaban inicialmente destinados a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencia. De acuerdo con la investigación, los imputados presuntamente percibieron irregularmente 8,4 millones de lempiras (unos 350.000 dólares).

En una segunda etapa, tras la audiencia inicial, la UFECIC/MACCIH amplió los requerimientos en el caso. En este sentido, los fiscales de UFECIC-MP sostuvieron que después del requerimiento fiscal presentado el 6 de noviembre, recibieron nueva información relevante que aumentó sustancialmente la cantidad de cheques emitidos y la cantidad de los fondos públicos apropiados, de forma que hasta los momentos ascienden a las suma de 13.728.000.00 lempiras. (MACCIH/OEA, 2018)

7. El caso “Licitación fraudulenta del Seguro Social”

Éste caso es el séptimo que fue ejecutado por la UFECIC/MACCIH. El 4 de diciembre de 2018, el Equipo Integrado presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado.

El caso se resume en los actos cometidos en el año 2011 por la Ex Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la que, en sesión ordinaria, discutió y aprobó de forma irregular una licitación para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y el regional Noroccidental de San Pedro Sula a la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. DE C.V (DIMESA)  por un monto de 95, 244,166 dólares americanos.

Con el caso se evidenció la aviesa intención de beneficiar a la empresa citada y las implicaciones del personal y equipo médico en la sobrevaloración.  De igual forma, mostró la forma en cómo operó de forma planificada la red de corrupción en el interior del Seguro Social. El 10 de diciembre 2018, la jueza a cargo del caso decretó auto de formal procesamiento contra todos los imputado por los delitos atribuidos, y otorgó a uno de los imputados sobreseimiento provisional solo por un delito (OEA, MACCIH, 2019)

Finalmente, el proceso se encuentra en fase de apelación por parte de la defensa, en contra del auto de formal procesamiento y, por parte del Ministerio Público en contra de las medidas cautelares diferentes a la detención judicial. De esta manera, el caso continúa en los juzgados correspondientes sin que hasta la fecha se hayan ejecutado las acciones penales en contra de los propietarios de la empresa DIMESA S.A. de C.V.

8. El caso “Arca Abierta”

El 11 de octubre de 2018, el binomio UFECIC/MACCIH presentó el octavo caso de corrupción. En esta ocasión, el requerimiento fue presentado ante la Corte de Suprema Justicia por el presunto delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Asimismo, los entes investigativos identificaron que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño por un total de 21, 000,000 de Lempiras provenientes de tres instituciones: Casa Presidencial, Congreso Nacional y la Secretaria de Finanzas (OEA, MACCIH, 2019)

En este caso, además, se identifica la forma en cómo operaron las redes de corrupción haciendo uso de Organizaciones no Gubernamentales para la sustracción de los fondos estatales. En tal sentido, entre los imputados en el proceso judicial se encuentran varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional que, en su momento, solicitaron los fondos a Casa Presidencial mediante el programa de Asistencia Social del Gobierno.

Por consiguiente, se deduce que en el delito también participaron los tomadores de decisiones en Casa Presidencial y la Secretaria de Finanzas, pues fueron quienes aprobaron la transferencia de los fondos a la cuenta de la ONG Asociación Planeta Verde. No obstante, los acusados solamente incluyen a los diputados y diputadas. En resumidas cuentas, de esta forma se gestionó el depósito de los recursos a las cuentas personales de los diputados, familiares y terceras personas.

En conclusión, con respecto a los resultados relevantes de la audiencia inicial del proceso judicial se acuerda el auto de formal procesamiento contra 6 personas por el delito de Malversación de Caudales Públicos. Entre ellas están Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton de Jesús Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez (diputada), Gladys Aurora López (diputada), Fabricio Puerto Oseguera (exdiputado) y Alejandro Flores (El Heraldo, 2019). De igual forma, el auto de formal procesamiento contra 3 personas como autores del delito de Fraude en agravio del Estado.

9. El caso “Fraude sobre el Gualcarque

El noveno caso de investigación penal integrada, ejecutado por la UFECIC/MACCIH, tiene como principal argumento las denuncias de irregularidades realizadas por Berta Cáceres, la lideresa indígena y ambientalista que fue asesinada hace tres años por oponerse a la concesión hidroeléctrica en el rio Gualcarque, también conocida como el Proyecto Agua Zarca.

Por consiguiente, el 4 de marzo de 2019 la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas, por los presuntos delitos de Fraude, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Falsificación de Documentos, en perjuicio del Estado (OEA, MACCIH, 2019).

En síntesis, el caso evidenció los delitos de corrupción que conllevaron a que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fuera beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el rio Gualcarque con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (OEA, MACCIH, 2019)

Finalmente, este caso también evidenció la subordinación de la institucionalidad estatal a los intereses de las redes de corrupción, incluyendo a los sectores públicos y privados del país. Un ejemplo de ello fue la participación de instituciones como la SERNA, ENEE, INA, ICF y la Municipalidad de San Francisco de Ojuera en el otorgamiento de la concesión al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

10. El caso Patuca III, Colusión y Corrupción

El 18 de marzo de 2019 fue presentado el décimo caso de corrupción de forma conjunta entre el binomio UFECIC/MACCIH. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Circuito Anticorrupción contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El caso evidenció la forma en como los acusados defraudaron al Estado mediante el contrato denominado “Contrato para el Equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas en el Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”. En resumidas cuentas, la sustracción de los recursos fue por medio de la manipulación y sobrevaloración hasta por un 149% del valor de mercado de los bienes adquiridos (OAS, 2019)

11. El caso “Aseguramiento de bienes de la Caja Chica de la Dama”

El 20 de marzo de 2019, UFECIC-MACCIH,  solicitó ante el Juzgado de Privación de Dominio, medidas cautelares de bienes de origen por valor de algo más de 3,6 millones de lempiras en posesión de los acusados del caso “Caja Chica de la Dama”. Entre ellos se incluye a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. De manera que, con esta acción, el trabajo conjunto entre UFECIC y la MACCIH tiene como objetivo recuperar a favor del Estado de Honduras, los caudales que en su momento fueron sustraídos del Despacho de la Primera Dama (OAS, 2019).

12. El caso “Narcopolítica”

El 24 de mayo de 2019 la UFECIC, con el apoyo técnico de la MACCIH, presentó ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron (OAS, 2019)

En este caso se destaca la acusación por lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo contra Miguel Rodrigo Pastor Mejía (exalcalde, exministro y ex precandidato presidencial por el Partido Nacional), Fabio Porfirio Lobo, Devís Leonel Rivera Maradiaga, Walter Noé Maldonado y Deysi Marina Zúñiga Méndez.

De acuerdo con la documentación publicada por la MACCIH-OEA, los antecedentes del caso se identifican en las declaraciones de Devís Leonel Rivera Maradiaga, ex cabecilla del grupo criminal Los Cachiros, quien en sus exposiciones afirmó que, en el año 2009, financió la campaña del ex presidente de Honduras, José Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional a cambio de que, una vez en la presidencia, se le otorgara contratos por parte del Estado para la empresa INRIMAR.

En tal sentido, la acusación de la UFECIC/MACCIH contra Miguel Pastor fue en su condición de titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), teniendo en cuenta que durante su gestión se otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por Devis Leonel Rivera Maradiaga, un total de 21 contratos por un monto total de 68,3 millones de lempiras para supuestamente realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa (OAS, 2019).

Finalmente, entre los resultados iniciales del proceso judicial, conviene apuntar que la juez de letras con competencia nacional en materia de corrupción determinó el 29 de mayo de 2019 dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra los acusados en el caso Narcopolítica. De esta manera, el proceso judicial se encuentra a la espera de la audiencia inicial[3].

En resumen, el equipo integrado de la UFECIC/MACCIH ha logrado ejecutar doce casos de investigación y persecución penal en el periodo de un año. En tal sentido, los esfuerzos conjuntos han conllevado a la presentación de acusaciones y requerimientos fiscales contra varios funcionarios y ex funcionarios del Estado de Honduras, así como también a algunos empresarios vinculados a las redes de corrupción en el sistema político hondureño.

Sin embargo, las particularidades del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras, en especial, en especial, haciendo referencia a las atribuciones de los jueces naturales para conocer los casos de altos funcionarios implicados, y sus consecuentes resoluciones favorables para los acusados, han sido uno de los principales aspectos que han sido determinado una percepción exitosa de los casos de investigación y persecución penal ejecutados por la UFECIC/MACCIH.

PRINCIPALES BLOQUEOS DEL BINOMIO UFECIC/MACCIH

Desde su instalación en el país, la MACCIH ha tenido como contratiempos principales las normativas vigentes en Honduras. En este sentido, entre las dificultades se incluyen un conjunto de normativas que limitan sus capacidades de acción pero, además, se destaca la falta de aprobación de otras normativas, como es la ley de colaboración eficaz, que potenciaría el funcionamiento de la UFECIC/MACCIH en cuanto a los procesos de investigación y persecución penal.

• Clasificación de documentos públicos de seguridad y defensa nacional

La Ley de Clasificación de información pública vigente, conocida como la “Ley de Secretos Oficiales” implica que el órgano decisor en materia de clasificación y desclasificación de documentos sea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, bajo el mandato directo del presidente de la República, Juan Hernández. Entre sus implicaciones se destaca el uso discrecional por parte de las autoridades en la clasificación de información financiera y administrativa de las instituciones del Estado como reservada bajo los argumentos de seguridad nacional.

• Reforma a Ley Orgánica de Presupuesto

La reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto ha implicado un retroceso significativo para la investigación y persecución penal de los casos de corrupción seleccionados por el equipo UFECIC/MACCIH. Mediante esta reforma, la ley confiere al Tribunal Superior de Cuentas la competencia para realizar auditorías e investigaciones especiales sobre el manejo de fondos públicos, así como el monopolio de la determinación de la responsabilidad civil, penal y administrativa de los sujetos involucrados en manejos irregulares de fondos públicos, de manera retroactiva desde el año 2006 (MACCIH-OEA, 2018).

• Otras reformas con implicaciones para el funcionamiento de la UFECIC/MACCIH.

La aprobación del nuevo código penal

Durante el año 2019 se aprobó un nuevo Código Penal cuya puesta en marcha, una vez que entre en vigencia en noviembre de 2019 limitaría ampliamente  las acciones del binomio UFECIC-MACCIH y en general, la lucha contra la corrupción en Honduras.

A través de un análisis de la normativa, y teniendo en cuenta sus implicaciones, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y sectores empresariales, solicitaron la abrogación del nuevo Código Penal. Entre estas organizaciones se encuentran el Consejo Nacional Anticorrupción, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), entre otras.

Para los propósitos del estudio, conviene destacar de dicho análisis, las implicaciones del Nuevo Código Penal para los delitos de corrupción, que incluyen una importante reducción de las penas para los delitos como la malversación de caudales públicos, fraude en contra de la administración pública, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. En síntesis, la normativa presenta una lógica que brinda una mayor importancia al incremento de las penas para los delitos de delincuencia común, en contraposición con una postura compasiva, evidenciada en la reducción de penas para quienes cometan delitos de criminalidad organizada.

Con el objeto de generar mayor impunidad, el nuevo Código Penal establece en el artículo 109 periodos de tiempo sumamente cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo cual las personas que hayan malversado fondos públicos y que estén amparados bajo la ley de clasificación de documentos públicos, nunca serán sometidos a la ley

Por otra parte, el delito de malversación de caudales públicos pasó de tener una pena privativa de libertad entre 6 y 12 años de prisión a una pena de 4 a 6 años. Este hecho permitirá que las personas condenadas por este tipo de delito puedan recibir penas favorables o piadosas

El delito de fraude en contra de la administración pública, señalado en el artículo 482 disminuye la pena de 6 a 12 años en el vigente Código Penal a una pena de 5 a 7 años en el nuevo Código Penal permitiendo que los funcionarios públicos con una sentencia condenatoria firme puedan gozar de penas leves como el arresto domiciliario, el uso de brazalete electrónico, entre otras

Paralelamente, el delito de enriquecimiento ilícito en el nuevo Código Penal señala una pena de prisión entre 4 y 6 años, lo cual representa una significativa reducción en comparación con la pena que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que establece una sanción de 5 a 15 años.

En definitiva, las penas consignadas en el nuevo Código Penal, respecto a los delitos en contra de la Administración Pública disminuyeron de manera que las personas sometidas a la justicia podrían gozar de medidas alternas a la privación de libertad. Asimismo, las personas ya condenadas por algún delito de este tipo, se beneficiarían con el nuevo Código Penal, mediante el principio de retroactividad de la ley del artículo 96 de la Constitución de la República.

• Ley de Colaboración Eficaz

Desde diciembre de 2016, la MACCIH-OEA presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto denominado Ley de Colaboración Eficaz. Esta propuesta permitiría que personas del propio entorno criminal brinden información de manera segura, obteniendo con ello rebajas a sus penas y otro tipo de beneficios (MACCIH-OEA, 2018). No obstante, las distintas iniciativas presentadas por la Misión y por los diputados/as integrantes del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, no han logrado ser dictaminadas ni discutidas en comisiones especiales y en el pleno del Congreso Nacional.

Las implicaciones en los mandatos y prácticas de la UFECIC/MACCIH a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional 

El 6 de marzo de 2018  el abogado defensor de tres funcionarios implicados en la investigación y persecución penal del caso “Red de Diputados”,  presentó ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad del Convenio MACCIH (Criterio, 2018). El 14 de marzo de 2018, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso interpuesto por el abogado, reconociendo el interés directo, personal y legítimo de los funcionarios, y además, bajo el argumento de que el convenio automáticamente implicaba una limitación de los derechos de los representados.

El recurso presentado por la defensa de los funcionarios acusados se basó en dos razones: 1) El primero hacía referencia al contenido del convenio suscrito entre la OEA y el Estado de Honduras. En tal sentido, el argumento relataba que el tratado internacional restringía el principio de soberanía e independencia del Estado de Honduras, 2) El segundo argumento se refería a la forma en la que se aprobó el convenio con la MACCIH en el Congreso Nacional. De esta forma, el representante legal de los funcionarios acusados por la UFECIC/MACCIH alegó que no se respetó el principio de legalidad en la aprobación de un convenio internacional que afecta las disposiciones constitucionales.

Finalmente, el 29 de mayo de 2018, la CSJ emitió el fallo declarando la constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 23-2016 que aprobó el Convenio MACCIH. No obstante, la CSJ se atribuyó o extralimitó en sus funciones al establecer algunos considerandos que se podrían entender como un nuevo reglamento del Convenio de la MACCIH entre el Estado hondureño, ya que estos establecen un marco de actuación, es decir, límites y prohibiciones para el accionar de la MACCIH (ASJ, 2018).

En este sentido, los Considerandos en el fallo de la CSJ suponen los siguientes aspectos:

• Delimita el accionar de la MACCIH a temáticas generales y no a colaborar en casos concretos o específicos de interés público
• Prohíbe a la MACCIH evaluar el desempeño de jueces y fiscales.
• Prohíbe la participación de la MACCIH en futuros procesos de selección y certificación de jueces anticorrupción
• Limita la forma en cómo debe producirse el asesoramiento de la MACCIH-OEA, y establece que este se debe realizar de forma conjunta con jueces y fiscales de las instituciones del Estado hondureño
• Pone en duda la validez de los acuerdos establecidos entre la UFECIC-MP y la MACCIH-OEA, bajo el argumento subjetivo de una posible violación a la Supremacía Constitucional, en referencia al trabajo conjunto entre las dos instituciones.

En definitiva, el uso discrecional de los considerandos establecidos por la CSJ podría constituirse como una herramienta a favor de las elites políticas involucradas en las investigaciones y persecuciones penales por actos de corrupción. De esta manera, los acusados podrían hacer uso de las contradicciones emitidas en el fallo de la CSJ para presentar recursos de nulidad y excepciones con base en la interpretación vinculante de los considerandos.

Conclusiones

1. La estructura del Estado hondureño ha representado numerosos bloqueos para el funcionamiento de la UFECIC/MACCIH. De forma que, la eficacia en la investigación y persecución penal impulsada por la colaboración conjunta entre estas instituciones ha estado limitada por el retraso en la discusión y aprobación de las iniciativas legislativas presentadas por la MACCIH-OEA durante el 2017, tales como la Ley de Colaboración Eficaz, Reformas a la Legislación sobre Clasificación de Documentos Públicos de Seguridad de Defensa Nacional, un nuevo sistema de enjuiciamiento para altos funcionarios del Estado y un nuevo régimen de investigación y judicialización del Delito de Enriquecimiento Ilícito.
2. El cuestionamiento a los logros de la MACCIH en sus tres años y medio de funcionamiento en Honduras, tales como la implementación de un sistema de cooperación interinstitucional (UFECIC-MACCIH), la estructuración de un Sistema Nacional Anticorrupción y, la investigación y persecución penal de 12 redes de corrupción en Honduras, se debe en gran parte a las altas expectativas generadas por la labor de su homólogo la CICIG en Guatemala, así como también por las resoluciones favorables a los acusados requeridos por parte del sistema judicial hondureño.
3. La principal deuda que la UFECIC-MACCIH mantiene con la ciudadanía hondureña, es la omisión de personajes claves en cada uno de los casos de corrupción presentados por la Misión desde que se implementó el modelo anticorrupción en Honduras. Por lo tanto, la falta de acciones de investigación y judicialización de la UFECIC-MACCIH, que involucre a los altos mandos de la institucionalidad estatal de Honduras vinculados con las redes de corrupción, hace que permanezca la desconfianza y la postura crítica de la ciudadanía y de las organizaciones de sociedad civil con respecto al trabajo que realiza la MACCIH en el país.
4. Durante su tercero y cuarto año, la MACCIH ha realizado esfuerzos significativos para trabajar de forma conjunta con las organizaciones de sociedad civil que integran la Comitiva Provisional del Observatorio del Sistema de Justicia Penal. El Observatorio está evolucionando hacia una Plataforma ciudadana para la incidencia y seguimiento del sistema de justicia penal, integrada por representantes relevantes de la sociedad civil y movimientos sociales regionales y nacionales. Este en un aporte significativo en la lucha contra la corrupción e impunidad
5. El fin del mandato de la MACCIH o la renovación de su mandato, en un escenario con sustanciales modificaciones, limitarían sus capacidades para investigar y perseguir a las redes de corrupción. En este escenario, se vuelve muy relevante fortalecer el apoyo de la ciudadanía al actual mandato de la MACCIH, visibilizando sus logros e identificando estrategias de cómo superar las limitaciones que han impedido una mayor eficacia en las acciones anticorrupción impulsadas hasta el presente.

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Referencias

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[1] Los congresistas de Honduras reformaron la Ley del Presupuesto, a efecto de dejar aprobada la prohibición de incoar procesos judiciales por actos de corrupción contra las y los diputados, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no concluya los procesos de auditoría. Así evitaron las acciones de la UFECIC-MACCIH, en el caso la “Red de Diputados”, dirigidas a impedir la judicialización de los acusados por el Equipo Integrado (La Prensa, 2018).

[2] https://www.elheraldo.hn/pais/1279231-466/concluye-juicio-contra-ex-primera-dama-rosa-elena-bonilla-de-lobo-por

[3] https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/hoy-habra-resolucion-de-la-audiencia-inicial-en-caso-narcopolitica.html