En complicidad con autoridades estatales y el acompañamiento de elementos policiales y militares, la Empresa canadiense Aura Minerals (MINOSA), comenzó nuevamente la exhumación de cadáveres del Cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán en busca de más oro.
Ante la oposición y resistencia de los familiares, vecinos y autoridades de la comunidad, que previamente declararon mediante cabildo abierto “NO CERRAR NI TRASLADAR EL CEMENTERIO”, la empresa MINOSA ha estado provocado con reiteradas detonaciones el derrumbamiento del cerro del cementerio, con el objeto de obligar a las familias a aceptar el proceso. Ha amenazado, además, con presentarse junto a personal del Sistema Nacional de Gestión de riesgos (SINAGER) y seguridad del Estado, quienes avalarían la necesidad de decretar el área como zona de riesgo, y evitar, a la vez, que el pueblo se manifieste en contra.
La ambición de MINOSA ha provocado daños ambientales severos provocados por las excavaciones. Sin embargo, la oposición de la comunidad ha dejado: procesos judiciales en contra de líderes locales, daño a las estructuras físicas de las viviendas, la escuela, del centro comunitario y de la iglesia; destrucción y desaparición de la flora y fauna. Al igual que de 13 fuentes de agua que abastecen a las comunidades contaminadas.
Frente a este contexto de abusos y violación de derechos humanos, el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), exigimos:
- Al Estado y Gobierno de Honduras, respetar la voluntad del pueblo de Azacualpa y evitar que se continúen las exhumaciones de los cuerpos que aún quedan en el cementerio de la comunidad.
- A MINOSA, cesar sus actividades de abuso a la dignidad humana de las comunidades y reparar los daños causados a los familiares.
- A INHGEOMIN, incidir para poner un alto a los enormes daños ambientales que han generado en la zona las detonaciones de los cerros y montañas de la comunidad de Azacualpa, al igual que el uso de químicos para la extracción minera.
- A la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), vigilar y garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras por mecanismos de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta la relación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.
Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse con la defensa del derecho a la paz y autodeterminación de los pueblos.
Tegucigalpa, Honduras. 04 de noviembre de 2019
