Escrito por Mario Sorto, analista del CESPAD

Los últimos casos de corrupción, revelados por la acción conjunta entre la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), han evidenciado que la corrupción no es una acción delictiva que se comete de forma individual y para beneficio personal, sino  por redes de corrupción que buscan un beneficio colectivo y que a su vez, están insertas en las estructuras de poder político y económico en el país.

Por otra parte, el trabajo de investigación y persecución penal del binomio UFECIC-MACCIH también ha mostrado la diversidad de las redes de corrupción en Honduras y la forma en cómo han operado, ya que en cada uno de los casos de corrupción se identifican características particulares, pero también patrones comunes del modus operandi de estas asociaciones delictivas.

Pero para entender mejor este asunto: ¿Qué son las redes de corrupción?

En Honduras, la corrupción ha estado presente a lo largo de su historia, no obstante, se ha ido consolidando de forma progresiva y acumulada, hasta constituirse en un sistema de corrupción e impunidad, promovido por distintos actores públicos y privados integrados en redes de corrupción que actúan con el amparo de la impunidad.

Estas redes de corrupción, también conocidas como redes indebidas de poder, o redes político-económicas ilícitas, son un tipo de estructura delictiva de carácter mixto que supone la interrelación entre los sectores del ámbito gubernamental o público, con el sector empresarial y estructuras criminales, es decir privado, cuyo objetivo es utilizar de forma estratégica los instrumentos legales e ilegales con el objetivo de transformar los recursos estatales en su principal mecanismo de acumulación de capital.

Por lo tanto, “constituyen microsistemas sociales conformados por individuos y agrupamientos de individuos en un contexto socio-histórico e institucional determinado con un modo específico de distribución de cuota de poder político, económico e influencia política y económica”  (Waxenecker, 2016, pág. 7). En definitiva, la posición que ocupan los grupos involucrados en el ámbito político y económico, les brinda enormes ventajas comparativas y competitivas frente al Estado y el mercado realmente existente en un territorio determinado.

En tal sentido, este tipo de corrupción constituido por las conexiones entre las elites políticas, económicas, gobernantes y el crimen organizado puedan tener una diversidad de mecanismos y estrategias para llevar a cabo las acciones de acumulación.

Por consiguiente, las redes de corrupción operan en “una zona gris, mezcla entidades legales e ilegales, empresas de papel y contribuciones de campañas políticas, y oculta sus actos ilícitos cooptando miembros del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad” (Dudley, 2016, pág. 4). De tal forma que, no son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada, sino que son entidades adaptativas mixtas que se desplazan entre lo público y lo privado.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sugiere que las redes de poder conjugan simbióticamente todo el continuum que abarca desde lo formal-legal hasta lo informal-ilegal, y esto les permite comportarse, según las circunstancias y sus intereses de diversos modos: formal-legal, formal-tendencial, informal-legal, informal-ilegal. Finalmente, son redes que se interrelacionan ya sea de manera oculta o semi-oculta con el fin ejercer el control político y generar negocios redituables.

Por lo tanto, es esta misma elasticidad entre lo gubernamental, empresarial y el crimen organizado lo que permite que las acciones de las redes de corrupción puedan ser cometidas de múltiples formas como: “espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera…” (Waxenecker, 2016, pág. 7)

¿Qué tipo de estructuras se generan en la interacción de las redes de corrupción?

Algunas hipótesis sugieren que las redes de corrupción operan bajo una estructura similar a la de las organizaciones criminales transnacionales y, en particular, en las redes de tráfico de drogas con una jerarquía agrupada o centralizada. De esta manera, las redes cuentan con un núcleo central y con estructuras periféricas, entre las cuales se establecen vínculos fuertes y flexibles dependiendo de su lugar en la estructura. 

La importancia del papel que cumple un agente en la red de corrupción, depende de su ubicación en la estructura. Si se encuentra en el núcleo, este tiene un rol sobresaliente en las actividades de planificación, organización y administración de toda la red.  En cambio, si se encuentra en las subestructuras o en la periferia, tiene un rol operativo y su participación consiste en las actividades que sustentan el funcionamiento de la organización (Gómez Calderón, 2018).

Por otra parte, la red de corrupción también está constituida por una serie de vínculos entre sus miembros. De forma que los nexos pueden ser fuertes o flexibles dependiendo de la posición de los agentes en la estructura. El núcleo generalmente está constituido por relaciones fuertes o densas entre un grupo pequeño de individuos u organizaciones que velan por la administración de toda la red y que, para los propósitos perseguidos, necesitan de un alto grado de confianza y cohesión en sus relaciones mutuas. Cabe notar que estos son en su mayoría funcionarios públicos, por lo cual estos vínculos tienden a caracterizarse por relaciones fuertes basadas en la amistad o en relaciones de parentesco. En cambio, la periferia, tiende a tener conexiones menos densas con relaciones más flexibles en las que los mecanismos de filiación no son tan fuertes (Gómez Calderón, 2018)

Tabla 1. Esquema orientador sobre la estructura de una red de corrupción

Grupo central (núcleo)	Relaciones fuertes
Se desarrollan las actividades de organización y administración de toda la red. Se encuentran los funcionarios públicos de alto poder de discrecionalidad. Se encuentran agentes con alto poder de incidencia sobre las decisiones de los agentes de alta jerarquía.	Vínculos fuertes entre un grupo no muy grande de individuos o pequeñas organizaciones. Vínculos soportados en la amistad o en relaciones de parentesco. Alto grado de confianza y cohesión en sus relaciones mutuas.
Subestructuras (periferia)	Relaciones flexibles
Se llevan a cabo diversas labores que sustentan el funcionamiento de la organización. Agentes con menor poder de incidencia en el núcleo. Agentes de menor importancia de la actividad corrupta.	Conexiones menos densas. Relaciones más flexibles en las quelos mecanismos de filiación no sontan fuertes.

Elaboración propia con base en Gómez Calderón (2018)

En definitiva, una red de corrupción está compuesta por una diversidad de redes, subestructuras y de perfiles de los agentes que la componen. Por ende, es una estructura con un alto grado de complejidad y niveles de articulación entre las elites políticas, económicas, burocráticas y del crimen organizado. 

Factores contextuales del surgimiento de las redes de corrupción en Honduras

Históricamente, la región de América Central se ha caracterizado por una alta concentración de ingreso y riqueza. Y una de las consecuencias directas de esta situación ha sido la concentración de la riqueza en manos de pequeños grupos, que concentran el poder, y cuya influencia les ha permitido incidir en los distintos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de los países, asimismo, en el control de la toma de decisiones decisiones estatales y, por tanto, en el proceso de construcción del Estado y de la democracia realmente existente. (Segovia, 2005)

En el caso de Honduras, los factores contextuales son múltiples y complejos en el ámbito económico, político, institucional y social, sin embargo, han sido dos los aspectos determinantes para el surgimiento de las elites de poder que actualmente integran las redes de corrupción, que son el cambio del régimen político y las transformaciones en la institucionalidad estatal y en el modelo económico que acontecieron durante los años ochenta y noventa en el país.

Con respecto al modelo económico, desde la década de 1990 se puso en marcha una serie de reformas y medidas económicas que sustituyeron el modelo basado en la sustitución de importaciones, con una producción orientada al mercado nacional y centroamericano, por la implementación de un programa neoliberal con una agenda transnacional, acorde con la mirada de los organismos financieros internacionales. Complementariamente considerar la profundización de este modelo neoliberal, con la privatización de los bienes públicos y bienes comunes de la naturaleza, en el el post golpe de Estado del 2009. En definitiva, el cambio más importante del modelo, fue “trasladar los recursos del sector público al sector privado, y garantizarle a este la maximización de sus ganancias y beneficios” (Barahona, 2018, pág. 21).

Por consiguiente, los cambios políticos y económicos “constituyeron el telón de fondo para comprender los mecanismos y estrategias que utilizaron las elites para apropiarse de los recursos políticos y económicos del país” (Barahona, 2018, pág. 7). Sin embargo, para lograr estos objetivos, las principales herramientas han sido las negociaciones y los acuerdos informales que se enmarcaron en un sistema de corrupción en el país (Rodríguez, 2012).

Por consiguiente, las elites se constituyeron en grupos de poder con estrategias definidas y con la capacidad de influir directamente en las instituciones del Estado, hasta lograr una representación en las esferas políticas. De forma que, con estos espacios, lograron obtener beneficios como la adquisición de exenciones de pagos de impuestos y de amplias concesiones de recursos, para favorecer la ampliación de su capital y el uso de la institucionalidad para intereses personales y corporativos.

En este contexto también las elites burocráticas o gobernantes (provenientes del liderazgo de los partidos políticos) se constituyeron en actores con intereses propios que promover y defender, compartiendo con las elites económicas el mismo interés de emplear al Estado para sus propios fines y como una fuente de suma importancia para la acumulación de capital. En definitiva, bajo esta dinámica, los grupos de poder se transformaron en estructuras políticas y económicas con intereses compartidos, pero ejerciendo sus actividades en el ámbito de lo ilícito.

De acuerdo con Steven Dudley (2016), en los últimos años, tanto las elites económicas como las burocráticas o gobernantes han establecido vínculos basados en interacciones sociales, comerciales y políticas en los múltiples espacios donde la política y los negocios toman lugar en Honduras, con estructuras criminales no estatales, hasta el punto en que se ha establecido “una relación orgánica con el crimen organizado, que ayuda a algunos miembros de las élites a llegar a la cima, y a otros a mantenerse en ella” (pp.5)

¿Cómo operan las redes de corrupción en Honduras?

Una de las consecuencias de los cambios políticos y económicos, y del acaparamiento por parte de las elites del mercado político y económico ha sido la construcción de un modelo atípico de Estado de derecho y de democracia, así como de un modelo de explotación de los recursos naturales, estatales y sociales (Barahona, 2018).

En este escenario, la consolidación del poder de las redes de corrupción en Honduras ha tenido como manifestaciones concretas: la creación de instituciones y leyes que favorecen la maximización de los recursos, el uso de los recursos institucionales ya existentes y el debilitamiento de otras instituciones que suponen riesgos para la actividad de las redes corruptas.

Uno de los mecanismos privilegiados por estas redes de corrupción  para la malversación del erario público, según las investigaciones de la MACCIH-UFECIC, ha sido la creación de empresas de “fachada”, es decir, empresas constituidas a iniciativas de los corruptos utilizando testaferros o personas ajenas, fundaciones y ONG con el propósito de simular contratos con estas y justificar el flujo del dinero ilícito. (CNA, 2018).

Todos estos elementos suponen herramientas de adaptabilidad estratégica de las redes de corrupción, ya que posibilita que los agentes que componen la estructura pongan en práctica diversas modalidades para la cobertura de riesgos, y para continuar operando en impunidad. En tal caso, la principal estrategia de las redes de corrupción se encuentra en la influencia que tienen sobre el sistema de justicia penal.

Finalmente, las redes de corrupción tienen como primera estrategia, desestimar el papel de la justicia penal o disciplinaria en las investigaciones sobre actos de corrupción probados. Pero, por otra parte, en caso de que la persecución e investigación penal no pueda ser impedida, las redes ponen en marcha estrategias para el favorecimiento judicial, expresada en las resoluciones favorables a los miembros de las redes acusados por delitos de corrupción, tales como son las medidas sustitutivas a la prisión o la cancelación de los cargos delictivos.

En conclusión, las redes de corrupción son estructuras complejas y adaptativas, que utilizan los recursos privados, públicos y los propios de las estructuras criminales para utilizar al Estado como la principal fuente de acumulación de capital en un marco de impunidad, teniendo un campo de poder e influencia en la institucionalidad estatal, pero de forma particular en los entes encargados de impartir la justicia. 

Bibliografía

Barahona, M. (2018). Elites, redes de poder y régimen político en Honduras. Resumen Ejecutivo. El Progreso, Yoro: Editorial Guaymuras.

Chayes, S. (2017). When corruption is the operating system. The case of Honduras. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

CNA. (21 de junio de 2018). http://cna.hn. Obtenido de http://cna.hn: http://cna.hn/index.php/2015-01-03-20-26-17/casos-detalle/126-caso-instituto-hondureno-de-seguridad-social-ihss

Dudley, S. (2016). Elites y crimen organizado en Honduras. InSight Crime.

Gómez Calderón, D. J. (2018). Redes de corrupción política: una revisión para el caso colombiano. análisis político, 180-201.

Rodríguez, M. (2012). Transición política, modernización económico-institucional y movilización de la sociedad civil en Honduras. En A. Murga Frassinetti, & J. Castellanos, Tres décadas de transición política en Honduras (págs. 115-140). Tegucigalpa: Editorial Universitaria.

Segovia, A. (2005). Integración Real y Grupos de Poder Económico en América Central. Implicaciones para la Democracia y el Desarrollo de la Región. San José, C.R.: fesamericacentral.

Waxenecker, H. (2016). Honduras: ¿Redes indebidas de poder, impunidad y enriquecimiento? -Un bosquejo de una realidad compleja-. Guatemala.