Autores del documento:Sergio Ulloa y Bladimir López
I. Evolución histórica del conflicto en La Tigra
La actual ola creciente de conflictos territoriales y socioambientales que se manifiestan en Honduras, ha tocado puerto en las comunidades (El Hatillo, El Chimbo, La Tigra), pertenecientes a los municipios del Distrito Central (Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucia). En un contexto, marcado por intereses empresariales y de grupos políticos, que han visto en el Parque Nacional la Tigra (PNTL) una oportunidad para emprender procesos de acumulación capitalista, a través del despojo, desplazamientos, violencia y daños al medio ambiente y destrucción de la biodiversidad.
El PNLT es la primera área protegida y primer Parque Nacional del país, mediante Decreto Ley 976-80 el 14 de julio de 1980, cuyo principal objetivo es la conservación, preservación ecológica y el mantenimiento del potencial hidrológico y territorial de dicha reserva. Se encuentra ubicado entre los municipios del Distrito Central (DC), Santa Lucia, Valle de Ángeles, San Juan de Flores, Talanga y Cantarranas.
El territorio que comprende el PNLT, es una de las principales fuentes productoras de oxígeno y agua que abastece del vital líquido a 63 comunidades que se encuentran alrededor del parque, con una población aproximada entre 35 y 40 mil personas. El agua en las comunidades es utilizada para consumo humano y para actividades de agricultura para la subsistencia de las familias, además abastece de agua a aproximadamente 110 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Ante ese potencial de vida y riqueza que ofrece el PNLT y la imperativa necesidad de preservarlo y protegerlo de los intereses empresariales, el 29 de abril del 2018 se organiza la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra (CPDCLT), que aglutina aproximadamente a 63 comunidades, además de organizaciones comunales como ser Patronatos, Juntas de Agua, Asociaciones Campesinas y Cooperativas de diferentes rubros.
Desde entonces la CPDCLT, se ha venido enfrentando a una coyuntura determinada y motivada por tres problemas de fondo: proceso de regularización del “Parque Nacional La Tigra”, construcción de reservorios de agua en el sector de La Tigra y los impactos ambientales causados por el Proyecto Inmobiliario Bosques de Santa María, problemas relacionados con tema tierra, agua, territorio, biodiversidad y medioambiente.
a) Proceso de regularización del Parque Nacional La Tigra.
El 13 de febrero del 2018 el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) emite el decreto ministerial 013-2018, en el cual se declara la zona del “Parque Nacional La Tigra” sujeta a regularización, indicando un área de 10,577.08 hectáreas, que comprenden la Zona Núcleo y zonas aledañas.
Las comunidades aglutinadas en la CPDCLT coinciden en que el proceso de regulación persigue como objetivo principal: la regularización de un proceso de ordenamiento territorial, que busca redefinir el área del PNLT y titular sobre todo las zonas donde están las zonas productoras de agua, inscribirlas en el Instituto de la Propiedad (IP) y tener campo abierto para después concesionar y privatizar el territorio y los bienes comunes existentes[1].
Existen antecedentes como el caso de Guapinol y San Pedro, Tocoa, Colon, cuando en el año 2013 el Congreso Nacional mediante decreto legislativo 252-2013, redefinió el área del Parque Nacional Carlos Escaleras, para disminuir la Zona Núcleo, y así beneficiar a la empresa minera Inversiones Los Pinares.
b) Proyecto Inmobiliario Bosques de Santa María
Residencial Bosques de Santa María, Portales “Taragones y Jilgueros” es un proyecto habitacional impulsado por el Grupo Inmobiliario Midence Soto – Pierrefeau y construido por la empresa contratista Santos y Cía. El proyecto, pretende satisfacer la demanda habitacional de la población de altos ingresos económicos, en un área que comprende 499.72 hectáreas ubicadas en el sector noreste de Tegucigalpa, entre la zona de El Hatillo y la carretera que conduce a Santa Lucia[2] .
En el documento de Evaluación Ambiental se identificaron dos nacimientos de agua, mismos que se encuentran en la parte norte del terreno de la residencial y ambos están dentro de los límites del Parque Nacional. Es necesario mencionar que 96.21 hectáreas del área del proyecto (19.25% del área total) se encuentran en la Zona de Amortiguamiento del PNLT, a lo que la inmobiliaria propone que esta área del proyecto sea considerada para el desarrollo de una obra no residencial, sino eco-turística (Hotel Montaña, Club Ecuestre, Club Campestre, Hotel, Escuelas, etcétera).
El proyecto habitacional se pretende imponer sin el consentimiento de las comunidades que conforman el PNLT, violentando la autonomía de los pueblos a decidir sobre sus territorios y es una manifestación más de cómo opera el modelo extractivo en nuestro país, donde se confabulan instituciones estatales como la AMDC, MiAmbiente e ICF con la empresa privada, haciendo uso y apelando siempre al sistema de leyes, para justificar el despojo y saqueo de los territorios y reducir a simple mercancía los bienes comunes de la Madre Naturaleza (la tierra, los bosques, el oxígeno, el agua, el subsuelo, la fauna) y desplazar a las comunidades que han habitado ancestralmente dichos territorio.
c) Los reservorios y la municipalización del agua en la capital del país
En el Distrito Central como en el resto de municipios del país, el proceso de municipalización del agua está facultado legalmente desde el año 2003, que se traduce en el traspaso de la administración de los servicios de agua y alcantarillados del SANAA a los gobiernos locales. La AMDC el 07 de mayo de 2019 publicó un aviso de Licitación Pública Nacional (LpuNo-01-AMDC-45-2019) para el Diseño y Construcción de un Reservorio de Agua en el sector La Tigra (sitio denominado Rancho Viejo).
Dicho proyecto pretende la captación de aguas lluvia en la temporada de invierno y aliviar la demanda de agua en el Distrito Central, además del fortalecimiento y regulación del abastecimiento de agua potable para el Subsistema El Picacho.
Para la CPDCLT, este proyecto es solo un paso más hacia la privatización del vital líquido, pero que esta vez han puesto sus ojos y garras en el agua que se produce en el PNLT. Con la construcción de este reservorio denuncian, no solamente es la captación de aguas lluvias de invierno, sino que existe la intención de captar fuentes de agua de la montaña de La Tigra para abastecer a quienes puedan pagar por el agua, sin descartar que sea para el Condado Santa María, provocando esto un impacto ambiental fatal, generando más problemas de acceso a agua en las comunidades y en la ciudad capital.
II. Dinámica de la coyuntura: despojo y ascenso de la lucha territorial en La Tigra
A. Principales acontecimientos de la coyuntura
La lucha que lideran distintas organizaciones comunitarias, por la preservación del medio ambiente y la defensa de los bienes comunes naturales, se viene desarrollando desde marzo de 2018. Sin embargo, es entre los meses de agosto y septiembre de 2019, en el cual se manifiestan altos niveles de conflictividad territorial.
En el 2018 el conflicto fue motivado por el proceso de regularización de tierras que viene impulsando el ICF. La CPDCLT ha denunciado que detrás de este proceso de regularización, está la expulsión progresiva de las comunidades por parte de Estado, con el objetivo de tener el control y acceso del territorio cuyo principal recurso es el agua[3].
En ese contexto, las comunidades accionaron en tres direcciones: i) Realizaron acciones de protesta, ii) organizaron las comunidades, y, iii) promovieron reuniones de diálogo con representantes del ICF y AMITIGRA. La primera acción de protesta, se realizó en abril de 2018 por parte de los pobladores de San Juancito, cuando representantes del ICF y AMITIGRA visitaron la zona para informar sobre el proceso de regularización. La visita de esos representantes fue un llamado de atención para los pobladores y dio paso a la constitución en abril de 2018, de la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra.
Entre junio y noviembre se adhieren a la CPDCLT, patronatos, juntas de agua, empresas campesinas y cooperativas. A la par de dicho proceso, entre los meses de abril a octubre, se emprendieron acciones de diálogo con representantes del ICF, a los cuales se les presentó toda la documentación referente a la propiedad privada, colectiva y comunal de las tierras en posesión de los pobladores.
En ese momento el posicionamiento de la Comisión giró alrededor de los siguientes puntos: a) proceso de regularización de manera excluyente, b) falta de trasparencia y corrupción, y c) reordenamiento territorial a través del cual la propiedad de la tierra pretende ser sustituidas por un convenio de usufructo, en lugar de otorgar documentos de propiedad definitiva a quienes han vivido y producido por años en estas zonas[4].
En los diversos diálogos sostenidos, la CPDCLT logró influir y pactar acuerdos con el ICF para que el proceso de regularización se realizara de manera transparente, se reconocieran los títulos de propiedad y se contara con la participación activa de las comunidades[5]. En el momento que se escribe este análisis, los acercamientos se encuentra en crisis, debido a las prácticas dilatorias y estrategias de división impulsadas desde ICF y AMITIGRA[6].
La coyuntura entre mayo y septiembre de 2019, al tema tierra se le sumó con mayor fuerza el tema agua y medioambiente. En mayo, la Corporación Municipal de Tegucigalpa realizo un llamado de licitación para la construcción de reservorios en el sector La Tigra y los pobladores ante los escases de agua empezaon a sentir los impactos ambientales causados por el Proyecto Inmobiliario Bosques de Santa María.
Esos dos acontecimientos elevaron la intensidad del conflicto, y la Comisión centró sus esfuerzos en la incidencia y el posicionamiento público. En los meses de junio realizaron acciones legales denunciando los impactos ambientales del Proyecto Inmobiliario, denunciando que el proyecto se encuentra en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.
La denuncia encontró eco en los operadores de justicia y el 20 de agosto la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron expedientes en (MiAmbiente) por posibles anomalías en la ejecución del proyecto y, el 27 de agosto FEMA llegó a la zona a inspeccionar el proyecto habitacional.
El 28 de agosto se celebró en Tegucigalpa una conferencia de prensa en la que se hizo alusión al proceso de regularización, reservorios de agua y al proyecto inmobiliario, denunciando que dichos procesos conllevan al despojo de los bienes comunes naturales y privatización de los servicios públicos.
Esa acción trajo consigo el ascenso de la lucha territorial. Desde el 2 al 17 de septiembre, se han suscitado cuatro acontecimientos importantes: incremento de las acciones de protestas (Hatillo, salida a Olancho en Tegucigalpa, El Chimbo), represión, criminalización y división en las comunidades en las que intervienen la policías, ICF y AMITRIGRA), la paralización del Proyecto Inmobiliario y, por último, asambleas populares para solicitar un Cabildo Abierto.
Han sido más de 7 días de acciones disruptivas (movilizaciones, plantones, protestas, tomas de carretera), las cuales tuvieron dos resultados importantes: paralización del Proyecto Inmobiliario y sentar en Asamblea Popular a los actores principales del conflicto (alcalde de Tegucigalpa, ICF, AMITIGRA). Las comunidades han sido categóricas, han solicitado: i) la cancelación del proyecto inmobiliario, ii) el respecto al derecho de posesión de la tierra, iii) un verdadero proceso de ordenamiento territorial, iv) la anulación del acuerdo ministerial sobre la regularización, v) la derogación del decreto Ley No 153-93 que le otorga AMITRIGRA la administración del Parque Nacional, y, vi) la supresión de la Ley General de Aguas[7].
B. Actores que se disputan el territorio en La Tigra
Alrededor del conflicto territorial en La Tigra se identifican seis actores principales:
- Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra (CPDCLT).
- Corporación Municipal de Tegucigalpa.
- Grupo Inmobiliario Midence Soto – Pierrefeau
- Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
- Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)
- Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA)
En este apartado se realizará una descripción de cada uno de los actores.
- Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra (CPDCLT)
La CPDCLT, es un espacio que aglutina y articula el tejido social existente en las comunidades que resistente contra las políticas de despojos impulsadas desde el Gobierno, grupos políticos y sectores empresariales. Las organizaciones alrededor de la CPDCLT comparten una identidad, adversarios y promueven una totalidad común de cambio social.
Por “Identidad”, se entiende un espacio integrado por ciudadanos/as de distintas clases sociales, conscientes de la problemática socioambiental que viven las comunidades. Referente al “Adversario”, son los diversos actores que tejen el modelo de despojo y saqueo en La Tigra y cuyas acciones tienen efectos negativos sobre el medioambiente. Y finalmente, la “Totalidad del cambio”, mediante una serie de acciones organizativas y posicionamientos políticos- estratégicos, que tienen como horizonte la transformación social y lograr la convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
2. Corporación Municipal de Tegucigalpa
La Corporación es una de las instancias políticas responsables de las causas que han originado el conflicto y con su posicionamiento ha legitimado el accionar del Grupo Inmobiliario Midence Soto – Pierrefeau. Sin embargo, a raíz de la presión de las comunidades, en las últimas semanas el alcalde del Distrito Central se ha acercado a las comunidades para conocer sus demandas y planteamientos.
La Corporación Municipal es un actor de suma relevancia a nivel municipal por las siguientes razones:
- Ausencia de posicionamiento sobre el actual proceso de regularización de la tierra que impulsa el ICF, que atenta contra la seguridad jurídica de las tierras en posesión de los pobladores.
- No haber socializado y consultado con las comunidades el proyecto de Reservorio de Agua.
- Ausencia de supervisión y monitoreo del Proyecto Inmobiliario, con el objetivo de evitar impactos ambientales.
- No convocar a los principales actores involucrados en el conflicto, para que decidan el futuro de la construcción de Reservorios y del Proyecto Inmobiliario.
Las comunidades en resistencia (en reiteradas ocasiones), han hecho saber a los representantes del Grupo Inmobiliario que desaprueban su trabajo por la constante degradación ambiental y por la violación de los derechos humanos de las poblaciones que se oponen a la construcción del proyecto.
Debido a la presión de las comunidades, la Corporación Municipal ha solicitado a la Inmobiliaria la suspensión temporal del proyecto habitacional. Sin embargo, el Grupo Inmobiliario expresa que sus acciones son en base a ley, lo cual indica que en cualquier momento pueden retomar labores.
3. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
El ICF, a pesar de los acercamientos con la CPDCLT para buscar armonizar el proceso de regulación, su posición no ha sido franca y de respaldo a las comunidades. Y en contra posición han emprendido acciones dilatorias, no ha cumplido los acuerdos y promueve procesos de división en las comunidades, orientadas a fragmentar y debilitar el actual proceso de resistencia territorial.
4. Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente)
MiAmbiente, facilitó al Grupo Inmobiliario la licencia ambiental para la construcción del proyecto habitacional. Su posicionamiento en las últimas semanas del conflicto ha sido ambivalente, desde reconocer la legalidad de la concesión, hasta expresar la voluntad de cancelar dicha licencia.
Sin embargo, es de importancia señalar que el accionar de MiAmbiente, como sucede en gran parte de los conflictos territoriales del país, se caracteriza por la parcialización hacia los intereses empresariales, falta de rigurosidad técnica y científica al momento de extender las licencias ambientales y por excluir a las comunidades de todo el proceso normativo y operativo que exige la extensión de licencias ambientales, para que se extiendan de manera transparente y participativa.
5. Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA)
Alrededor del conflicto generado por la regularización de la tierra, construcción de reservorios y los impactos ambientales por el Proyecto Inmobiliario, AMITIGRA ha girado alrededor de los intereses empresariales y de los grupos políticos. En definitiva, su accionar en el manejo de La Tigra se ha caracterizado por la falta de trasparencia, corrupción, excluir a las comunidades de las decisiones importantes en la administración de La Tigra y por emprender acciones de división en las comunidades[8].
C. Demandas y posicionamiento de los actores en pugna
Entre mayo y agosto del 2019, los principales actores en disputa emitieron una serie de demandas y posicionamientos que hicieron visible los intereses que están en juego en el conflicto. De igual forma, los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto es posible entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la voluntad política de las instituciones públicas encargadas de rectorar la cuestión socio ambiental en el país.
Las principales demandas de las comunidades representadas en la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra, son las siguientes:
- Cancelación del permiso de construcción de Condominios Santa María.
- Respeto al derecho de posesión de las y los pobladores del Parque Nacional La Tigra.
- Derogación del Acuerdo de Regularización 013-2018 del ICF.
- Conocer los convenios que la Alcaldía ha suscrito vinculados a la administración de las fuentes de agua del Parque Nacional La Tigra, con mayor énfasis en los Reservorios.
- Derogación de la Ley General de Aguas.
- Desarrollo de un Cabildo Abierto.
El posicionamiento de la Corporación Municipal, es un posicionamiento tímido que no ofrece soluciones reales al conflicto y a las demandas de las comunidades, expresando que el tema de la cancelación del proyecto habitacional, el acuerdo de regularización y la derogación de la Ley General de Aguas son demandas a las que la Corporación no puede darle respuesta ya que dependen del Congreso Nacional y de otras instancias gubernamentales como ICF, MiAmbiente y el Sistema de Justicia.
Dicho posicionamiento es frágil y opaco, quedando evidenciado en el momento que las comunidades solicitan al alcalde un Cabildo Abierto en 15 días para tratar las demandas, con el objetivo de que las comunidades decidan en un espacio amplio de participación y deliberación política el rumbo del proceso de regularización, proyecto habitacional y construcción de reservorios. Ante la solicitud de las comunidades, el alcalde respondió que solo era posible realizar dicho cabildo en dos meses.
Lo anterior demuestra la manera en que el posicionamiento de la Corporación Municipal, promueve toda una estrategia de dilatación, generación de confusión y división en las comunidades, a la vez que busca evadir su responsabilidad política y no tomar posición sobre el conflicto y las demandas de las comunidades.
Por su parte, ICF, MiAmbiente y AMITIGRA, expresan que los procesos de regularización y el proyecto habitacional se desarrolla en base a ley. De igual forma, expresan que las comunidades no cuentan con información objetiva y que están desinformados de los procesos que se desarrollan en La Tigra. Por un lado, ese posicionamiento demuestra la manera en que las instituciones públicas y privadas operan alrededor de los intereses empresariales y de grupos políticos. Y, por otro lado, es clara la intención de deslegitimar las demandas y acciones de las comunidades en resistencia por la defensa del agua, tierra, biodiversidad y medio ambiente.
D. Balance en la correlación de fuerzas
En el conflicto territorial de La Tigra se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque social de resistencia territorial.
El bloque dominante: está representando por el Grupo Inmobiliario Midence Soto – Pierrefeau y la Corporación municipal del Distrito Central. Está sustentado, en gran parte, por la institucionalidad pública (ICF, Congreso Nacional, MiAmbiente), reforzado por las fuerzas represivas del Estado (militares y policías) y favorecido por un marco jurídico que promueve acciones de despojo hacia las comunidades.
Este bloque, a corto plazo, tiene como objetivo debilitar el actual proceso de lucha territorial. A largo plazo operar y expandir los procesos de regularización de la tierra, proyecto habitacional y reservorios de agua.
Bloque social de resistencia territorial: está representado por organizaciones comunitarias aglutinadas en la CPDCLT. Este bloque, a corto plazo, tiene como objetivo lograr la cancelación de proceso de regularización y el proyecto habitacional. A largo plazo, tener el control y acceso sobre los bienes comunes naturales: tierra, agua y territorio.
Para lograr sus objetivos, dicho bloque cuenta con legitimidad social, política y la capacidad organizativa para movilizar a los pobladores. Con el trabajo organizativo se ha logrado el desarrollo de una conciencia ambiental forjadora de identidad y cohesión social. De igual forma, el trabajo de incidencia y acciones mediáticas le ha permitió a la CPDCLT, influir en los tomadores de decisiones y posicionar en el imaginario social el conflicto territorial y socio ambiental.
Podemos evidenciar las contradicciones principales y los intereses que existen entre los dos bloques en disputa, lo cual nos lleva a concluir con tres ideas centrales para comprender la actual correlación de fuerzas:
Primero, la suspensión temporal del proyecto habitacional, le da un respiro importante a la CPDCLT, viene a reforzar su legitimidad y posicionamiento, a la vez que presiona a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente para fallar a favor de las comunidades y obliga a la Municipalidad a jugar un papel más protagónico, orientado a darle respuesta al conflicto.
Segundo, el bloque dominante seguirá valiéndose del control que ejerce sobre la institucionalidad pública para imponer su proyecto inmobiliario y proceso de regularización. Con la disyuntiva, que será un proceso con un costo político alto para la Inmobiliaria y el Gobierno, ya que a medida que ambos proyectos avancen las comunidades irán expandiendo y radicalizando sus acciones de lucha y resistencia.
Tercero, la disputa por el control y acceso a los bienes comunes naturales sigue abierta. Los bloques enfrentados cuentan con herramientas y recursos para seguir presionando, por tanto, continuará abierta la conflictividad territorial y socio ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política con una dimensión municipal que implicaría: la militarización del territorio, recrudecimiento de la violencia política, estrategias políticas de criminalización y judicialización y, en el peor de los casos, masivos brotes de desplazamientos humanos.
Las demandas y posicionamiento de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar y problematizar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.
III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto en La Tigra? A manera de escenario
Escenario A. Derogación del acuerdo de regularización y cancelación del proyecto habitacional
Este escenario significa que la coyuntura actual encuentre una salida al conflicto mediante la derogación del acuerdo de regularización y cancelación del proyecto habitacional. En este sentido, la derogación y cancelación se podría realizar a través de tres vías: 1) Cabildo Abierto, 2) Presión desde el Congreso Nacional, y 3) Fallo favorable de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.
Para que este escenario se pueda materializar se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:
- La CPDCLT refuerza su posicionamiento político-estratégico y aumenta la presión política para que la municipalidad convoque al Cabildo Abierto y que los acuerdos sean de carácter vinculante.
- La Corporación Municipal y la CPDCLT, definen la ruta a seguir para solicitar la derogación del acuerdo y la cancelación del proyecto habitacional.
- La CPDCLT, realiza acciones de incidencia y cabildeo en el seno del Congreso Nacional para la derogación del acuerdo de regularización.
- La Fiscalía del Medio Ambiente, falla a favor de las comunidades y obliga al Sistema de Justicia y MiAmbiente a emprender acciones orientadas a cancelar la licencia ambiental para la construcción del proyecto habitacional, además exige mitigar los impactos ambientales.
Este escenario es el más deseable. No obstante, es medianamente probable que se materialice, debido al control que ejerce el bloque dominante sobre la institucionalidad estatal.
Escenario B. Radicalización del conflicto y de la lucha socioambiental
Este es un escenario de la polarización de la lucha socio ambiental y de intensificación de la lucha en todos los espacios: territorio, las calles y espacios mediáticos-comunicacionales. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La Corporación Municipal no toma una posición firme en el conflicto, no convoca al Cabildo Abierto y no define la ruta a seguir para la derogación del acuerdo de regularización y cancelación del proyecto habitacional.
- La Fiscalía falla a favor del Grupo Inmobiliario Midence Soto – Pierrefeau y obliga a la Municipalidad a respetar dicho fallo.
- Se emprenden acciones de criminalización y judicialización contra el liderazgo territorial.
- Se acrecientan los impactos ambientales productos del proyecto habitacional, aumenta la escases de agua por la construcción de reservorios y desplazamientos de comunidades debido al proceso de regularización.
Este escenario presenta un menor grado de deseabilidad, por su costo social y humano muy elevado. Dicho escenario es medianamente probable, ya que los actores involucrados en el conflicto buscan salir victoriosos al corto plazo de la actual contienda política.
Escenario C. Militarización del territorio en conflicto, la continuidad del proyecto y desaparición del movimiento socioambiental
Este es un escenario en el cual termina de imponerse el proceso de regularización y el proyecto habitacional. Para ello, la elite política y económica tendrá que hacer un uso desmedido de la fuerza militar y policial, y como consecuencia, sería un factor que podría dar lugar a la desmovilización y a la posterior desaparición del movimiento territorial en la zona en conflicto.
Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La estructura legal e institucional que dio origen al proceso de regularización y al proyecto habitacional se mantiene vigente, y debido al probable ascenso y radicalización de la lucha, el bloque dominante hace uso de la fuerza militar y policial para militarizar la zona de regularización y de construcción habitacional.
- Se implementan estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial
- Se produce división y fragmentación a lo interno del movimiento territorial, particularmente en torno al accionar estratégico de la organización.
Este escenario es el
menos deseable, ya que implicaría la imposición del proceso de regularización y
proyecto habitacional, en una zona en la cual la ciudadanía organizada se ha
opuesto de forma enérgica a los numerosos daños ambientales ocasionados por la
mala administración del Parque Nacional La Tigra.
[1] Entrevista 2, con lideresa de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, 16 de septiembre de 2019.
[2] Memorándum-MIRNOT-No-085-2014, Dictamen Técnico/AMITIGRA, 12 de noviembre de 2014.
[3] Fragmento de conversación sostenida con integrante de la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra. Tegucigalpa, 27 agosto de 2019.
[4] Comunicado de la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra. Tegucigalpa, mayo de 2018
[5] Ayuda memoria de reunión sostenida entre ICF y la Comisión. Tegucigalpa, febrero de 2019.
[6] El ICF y AMITIGRA, no reconocen el liderazgo y legitimidad de la Comisión Pro-Defensa. Nota envida al ICF, Tegucigalpa, septiembre de 2019.
[7] Comunicado No 6. Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra. Tegucigalpa, 11 de septiembre de 2019.
[8] Fragmento de conversación sostenida con integrante de la Comisión Pro-Defensa de las Comunidades de La Tigra. Tegucigalpa, 27 agosto de 2019.
