Por Gerzon Padilla
Edición: Claudia Mendoza
Parte 2 de 2
Con los detalles de la forma en cómo acontecen los crímenes, cómo ocurren las agresiones y, en general, el clima de asecho y violencia que se vive en la montaña de Locomapa, Yoro, Honduras, se podrían escribir libros enteros de historias. Entre el 2013 y el 2019, nueve (9) indígenas Tolupanes fueron asesinados en diversas circunstancias. Sus muertes permanecen en la impunidad, al igual que las de decenas de indígenas en otras tribus Tolupanes que han sido ultimados durante décadas, mientras defendían sus territorios, ríos y bosques.
Ante la falta de investigaciones, el retardo en la aplicación de la justicia o el poco avance en los procesos judiciales, en muchos de los casos, sigue sin conocerse quién o quiénes están detrás de los asesinatos de los Tolupanes, al igual que en los ataques y agresiones de que son objeto. Por eso, en esta segunda entrega, el equipo periodístico de CESPAD le da a conocer los hechos alrededor de algunos de los crímenes impunes de hombres y mujeres que jugaron un papel importante en la lucha por la defensa del territorio Tolupán.
Cómo inicia todo
La tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral desde 1864, que consta de un territorio de siete caballerías, en los cuáles ha habitado tras su desplazamiento forzado del Valle de Sula, norte de Honduras. La región es rica en plantaciones de árbol de pino, abundante agua en sus ríos y los minerales de sus montañas que son codiciados por ladinos. Parte de la conflictividad social en el interior de la Tribu acontece por el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación Forestal, áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a terratenientes que no son Tolupanes.
Esta situación ha provocado división entre las comunidades, las que permanecen agrupadas en dos estructuras: los Consejos Directivos, que son las estructuras tradicionales con las que han dirigido las comunidades. Más recientemente, los Consejos Preventivos, estructuras en las que se aglutinan líderes y pobladores que denuncia a los primeros, por considerarles parte de los grupos ladinos que llegan a beneficiarse con la venta de la madera.
Son los líderes del Consejo Preventivo, los que acompañados por pobladores, realizan acciones para proteger la soberanía y autonomía de la zona, pero eso les ha dejado como saldo que sean perseguidos, mientras que otros han tenido que pagar con su vida, la resistencia que ejercen contra el despojo de sus bosques y ríos. Otros, se enfrenta a procesos judiciales. En los últimos siete años (2013-2019), el saldo de este enfrentamiento ha sido fatal. Solo en la Tríbu de Locomapa, el Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia (MADJ), ha documentado 9 crímenes.
Los miembros de esta tribu han denunciado, además, que las acciones de los empresarios se mueven avaladas por el Consejo Directivo y por la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), una tercera estructura que tal y como se citó en la primera entrega de este trabajo, recibe ganancias con la explotación del bosque.
ICF otorga permisos de explotación de madera
El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero René Roberto Cabrera, en su condición de subdirector de Desarrollo Forestal del departamento de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual No. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino (unos 5,304.0295 metros cúbicos de madera) sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio que serían procesadas por la empresa Velomato, propiedad de Kenton Gerardo Landa Uclés.
Los Tolupanes denuncian que el proceso de aprobación del Plan Operativo Anual se realizó sin la consulta previa, libre e informada entre el pueblo indígena, privando así a los miembros de la tribu a decidir sobre el uso de sus recursos naturales.
Las primeras acciones en contra de los Tolupanes
Las protestas de los indígenas que se oponen a la tala de la madera en San Francisco Locomapa comenzaron el 11 de febrero de 2010. Esto generó también acciones de criminalización en contra de los líderes Tolupanes por parte de los madereros.
El 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Landa Uclés denunció y acusó a José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y a Juan Matute por el delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF.
Al día siguiente (16 de marzo), un requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los 8 líderes indígenas denunciados. En la audiencia de declaración de imputados se les ordenó presentarse a firmar en el juzgado cada 15 días y dejar de concurrir a lugares donde distribuyen bebidas embriagantes.
De acuerdo con el abogado Mario Iraheta, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el procedimiento judicial estuvo “cargado de muchos vicios”, por lo que se solicitó la nulidad de las acciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente una audiencia inicial en la que se volvió a ratificar lo dicho en el fallo anterior. La resolución fue apelada. La Corte resolvió revocar el auto de prisión y decretó sobreseimiento definitivo a favor de los ocho líderes indígenas que son apoyados por el MADJ.
Aumentan los conflictos
El proceso judicial contra los 8 líderes indígenas provocó fuertes roces entre la comunidad y los empresarios. El 03 de enero del 2012, Landa Uclés denunció de nuevo a José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de su empresa Velomato. Los indígenas fueron detenidos el mismo día. La detención fue la respuesta a la protesta pacífica que la tribu realizó en el predio de la empresa, porque consideraron que la aprobación del plan de manejo anual y plan de manejo forestal eran ilegales.
En ambos procesos se dictaminó sobreseimiento definitivo y el Estado admitió, a través de ambos fallos de la Corte, que la protesta indígena no puede ser considerada como ilegal, ya que se ampara en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reclama el derecho de consulta antes de emprender un proyecto de explotación de los recursos naturales en las tierras tribales.
El triple asesinato
Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute fueron asesinados el 25 de enero de 2013, cuando protestaban pacíficamente en rechazo a la instalación de una mina de antimonio en sus territorios, también de forma inconsulta. Ramón Matute, miembro del Consejo Preventivo de la tribu de San Francisco Locomapa, dijo al equipo periodístico de CESPAD que los asesinatos acontecieron luego de 10 días de protesta pacífica.
Se logró establecer por parte de los entes de investigación y los relatos de los testigos que el triple crimen fue cometido por Carlos Roberto Luque Varela y Selín Eleazar Fúnez Bonilla, el primero detenido tras la emisión de una orden de captura el 30 de septiembre de ese mismo año y el segundo arrestado en febrero del presente año (2019).
De acuerdo con la narración del hecho por Matute, Carlos Roberto Luque y Selín Eleazar Fúnez despojaron de sus machetes a Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, a quienes asesinaron. Pero en la escena del crimen se encontraba también la señora María Enriqueta Matute, quien intentó huir, pero fue alcanzada por los criminales que le asestaron varios machetazos hasta dejarla sin vida.
En febrero del 2018, Luque fue condenado a 45 años de prisión por el triple asesinato. En junio se fugó de la cárcel de Yoro, junto a otros seis reclusos, pero en octubre de ese mismo año (2018) fue asesinado en Locomapa por desconocidos.
Luego, en febrero de 2019 (seis años después del triple asesinato) a Selín Eleazar Fúnez se le dictó auto de formal procesamiento. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el defensor público, por lo que el juicio se va a alargar hasta el juicio oral y público en el que se definirá la sentencia para el imputado. A Fúnez se le identificaron 5 procesos más por robo y asesinato, es decir que sus actos delictivos no se limitan a los hechos ocurridos en 25 de agosto de 2013. Ante ese contexto, el juez determinó auto de formal procesamiento. Actualmente el caso se encuentra en espera de la audiencia preliminar.
De acuerdo con Iraheta, en agosto del 2013 se abrió el expediente 90-2013. “En este caso el Estado garantizó impunidad para los victimarios durante seis años, desde el 2013 hasta el 2019 fueron condenados los ejecutores de los asesinatos”.
Iraheta agrega que las autoridades policiales informaron de un allanamiento y acciones de despliegue en la zona. Pero, “nunca hubo un informe específico de quién fue el ejecutor de esas acciones policiales, si fue FUSINA o quién”, denunció el abogado, quien agregó que “esto solo lo ha presentado el Estado en un informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares”.
Las medidas cautelares sirvieron para generar un poco de presión –agregó-, porque las víctimas fueron al Ministerio Público, fueron a la DPI a gestionar acciones. No tenían ninguna relevancia ni interés de parte de los funcionarios. Ante estos casos, los representantes del MP consideraron que no había una orden judicial para ejecutar algunas acciones y la Policía argumentaba que no había requerimiento por parte de la Fiscalía. Se trataba de evitar acciones que sustentaran la no ejecución de las órdenes de captura.
“En ese jueguito se le garantizó 6 años de impunidad a los actores materiales de los hechos y en esos 6 años no se realizó ninguna acción encaminada a investigar la autoría intelectual”, cuestionó el profesional del Derecho del MADJ. Ahora se espera la audiencia preliminar en el juicio que se le sigue a Eleazar Fúnez, por considerársele uno de los asesinos de los 3 líderes a quienes les quitó la vida el 25 de agosto de 2013.
Impunidad: Luis de los Reyes Marcía
En abril del 2015, varios desconocidos asesinaron al dirigente Tolupán Luis de los Reyes Marcía, quien departía con unos amigos en la comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro. En un comunicado emitido por el MADJ se indicó que Marcía fue apuñalado en el tórax y el cuello.
Reyes Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien goza de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Soto ha sido amenazada a muerte en varias ocasiones y hostigada junto a su familia debido a la lucha que libró junto a su esposo y ahora sin él, a favor de la protección del bosque Tolupán.
En este caso no existe ningún avance respecto a la investigación y la judicialización de las personas que asesinaron al líder indígena. “Es del público conocimiento de personas que pudieron ver un tipo de irregularidades de quienes acompañaban a Marcía, que pudieron estar confabulados con quienes participaron en el triple asesinato de 2013”, sostiene el abogado Iraheta.
Las únicas diligencias que se han realizado por parte de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), fueron la sustracción de declaraciones a varios testigos que presuntamente vieron a Luis Marcía departiendo con sus amigos. “A cuatro años de este asesinato no hay nada y el Estado sigue garantizando impunidad de los hechores de este crimen, porque los asesinos son parte de una banda que opera en la zona”, espetó el profesional del Derecho.
Vieda, otro crimen sin respuesta
Erácimo Vieda vivió en la comunidad Las Brisas, cerca de San Blas, donde vive la mayoría de los miembros del Consejo Directivo y, según los pobladores, la mayoría de quienes se les vincula con las bandas criminales. Vieda fue una de las personas criminalizadas desde el 2012 por su participación en los actos de defensa de los bienes naturales y también era beneficiario de las medidas cautelares emitidas por la CIDH.
Este caso es similar al de Luis Marcía, puesto que no hay una identificación de sus victimarios. Pero cabe mencionar que Erácimo ya había hecho denuncias de varias amenazas a muerte que de forma directa le habían proferido Carlos Roberto Luque Varela y Selin Eleazar Fúnez Bonilla.
Por otro lado, de acuerdo con información del MADJ, los vecinos de la comunidad reconocieron a Marlon Matute como ejecutor material de esta muerte. Matute es sindicado como miembro de la banda de sicarios que asesinaron a María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez en el 2013, siempre por defender el bosque. El caso sigue en la impunidad y sin respuesta alguna.
El crimen de los Matute
De acuerdo con el relato de los pobladores de Locomapa, Salomón Matute acudió a trabajar en sus siembras de frijoles. Salió temprano e iba siempre acompañado de sus hijos.
Era 25 de febrero del 2019. En la comunidad se sabe que tras tomar café y desayuno, los Matute caminaron sin imaginarse que les aguardaban en el trayecto René Córdova y Melquín Javier Córdova, quienes horas atrás los habían amenazado a muerte.
La tierra que ha pertenecido a la familia de Salomón, estaba en disputa. Había sido ocupada, de forma arbitraria, por Córdova, un vecino de Matute y quien de acuerdo con los pobladores de Locomapa, pretendía vendérsela a un terrateniente de la zona sin importarle que es territorio Tolupán y que forma parte de lo que comprende el título ancestral que prohíbe la venta de tierra a particulares.
Los testigos del crimen fueron los propios hijos de Salomón. A las autoridades y al pueblo contaron que un primer disparo le fue asestado al patriarca de la familia en la rodilla. Al caer al suelo, levantó la vista y con tono firme le dijo a su asesino: “René, toma mi vida y que Dios te perdone. El orgullo que tengo es que voy a morir en mis tierras”. Un segundo disparo le segó la vida”.
Los vecinos dicen que entre las montañas se escucharon varias detonaciones. Los hijos restantes de Salomón cuentan que un segundo y tercer disparo impactaron en Juan Samael Matute, hijo de Salomón.
Padre e hijo eran beneficiarios de Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el Estado de Honduras nunca les proveyó de resguardo policial.
Un crimen impune
La familia de Matute interpuso la denuncia en los juzgados de Yoro. Sin embargo, a la fecha, solo se han documentado los testimonios del doble crimen y se ha detenido a uno de los hijos de los acusados por los asesinatos. La familia está a la espera de que comience la investigación y que se realicen requerimientos fiscales. Denuncian el inexplicable retardo en la aplicación de la justicia en el caso.
Padre e hijo eran bastiones fuertes en la lucha por la defensa de los recursos de los Tolupanes.
Empresario acusa a líderes Tolupanes
El empresario Filander Armijo Uclés acusó judicialmente, en el 2016, a los líderes indígenas Ramón Santiago Matute, Vilma Consuelo Soto (esposa de Luis Marcía) y a Ángela Murillo Bardales, por el delito de usurpación. De acuerdo con Iraheta, el abogado del MADJ, existe un título supletorio sobre el título ancestral. Este documento fue entregado a Uclés, quien se constituyó en uno de los terratenientes de la zona.
“En este caso, Filander Armijo acusó a estos tres líderes indígenas por usurpar su `propiedad privada`. Imagínese, hablar de propiedad privada cuando en realidad es una propiedad con título ancestral de la tribu”, cuestionó, Iraheta.
En esta ocasión, los dirigentes Tolupanes indiciados entraron a la “supuesta propiedad” de Armijo para realizar una inspección acompañados de miembros de la Policía Nacional, para verificar la tala ilegal del bosque y la producción ilegal del carbón. El acta de la audiencia indica que fue el 10 de octubre del 2016. Este caso, que se encuentra en apelación, fue remitido por el Ministerio Público al juzgado, mediante un proceso conciliatorio, porque la acción fue tipificada como faltas a la propiedad privada de Filander Armijo Uclés, cuando las tierras son parte del territorio tribal.
Extravían expediente
Previo a la acción antes descrita, los líderes Tolupanes habían denunciado a Filander Armijo Uclés por el corte y aprovechamiento ilegal del producto y subproducto forestal, pero esta acción fue archivada por el Ministerio Público. En contraposición, la denuncia, descrita atrás y que fue presentada por Uclés días después, fue atendida diligentemente.
Por este caso, el juez condenó a un año y 20 días de prisión a los dirigentes indígenas. El caso se encuentra en apelación, pero los acusados debieron pasar 20 días de prisión. Por otro lado, el expediente de este caso, que es el 1801-2016-0137, fue extraviado en el juzgado durante un año. Es decir que durante tres años, los dirigentes indígenas han estado sometidos a este proceso.
Actualmente, Ramón Matute y Ángela Murillo fueron criminalizados nuevamente por la petición de otro empresario que tiene múltiples denuncias en su contra.
Empresario acusa a Tolupán de robarle café
En los juzgados se registra otra acusación hecha por el coronel retirado Filander Uclés en contra Carlos Hernán Rivera, un indígena Tolupán de la aldea Cabeza de Vaca por “supuestamente” robarle la producción de café.
En el expediente consta que el grano fue sembrado por el señor Hernán Rivera en un territorio que ahora Uclés aparece reclamando como propietario.
El 22 de abril del 2019 se realizó la audiencia inicial en contra de Rivera. En este momento se encuentra sujeto a medidas sustitutivas a la medida de prisión preventiva por el delito de robo. “Criticamos la actitud de la juez Gladys Omara Peña Murcia, que es la misma que conoce en este momento el caso de criminalización contra ocho de los dirigentes indígenas que están en contra de la tala ilegal del bosque”, dijo Iraheta.
Agresiones
El 25 de agosto del 2018 se registraron agresiones contra varios dirigentes indígenas Tolupanes, entre ellos José María Pineda, quien viajaba a su comunidad con varios miembros del Consejo Preventivo con quienes recordaba los cinco años del triple asesinato de sus compañeros defensores del bosque (Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute).
Sin embargo, en la entrada de su aldea se encontraron con un plantón promovido por los miembros del Consejo Directivo presidido por José Alberto Alonzo, Christian Medina, Noris Ramírez, Cándido Matute, entre otros señalados por José María Pineda durante un proceso judicial.
De acuerdo con el relato de los hechos, José María se bajó de la unidad de transporte en la que se conducían para dialogar con las personas que se encontraban en plantón, el objetivo era llegar a su comunidad sin contratiempos.
Junto con los directivos, andaba un grupo aproximadamente de 30 personas con palos, piedras, machetes y armas de fuego. Sin mediar palabra, Christian Medina y Alberto Alonzo comenzaron a golpear a José María Pineda. También estaba dentro del grupo agresor, Antonio Zavala, Carlos Rubí Sandoval y Guadalupe Matute.
Tras los golpes, Pineda quedó tendido en el suelo. Los agresores dejaron de golpearlo debido a la intervención de los indígenas de otras tribus que se encargaron de llevar al agredido al centro asistencial de la ciudad de Yoro. En este caso, durante el juicio oral, la juez absolvió de responsabilidad a los agresores, de acuerdo con lo que consta en el expediente 91-18 del Juzgado de Paz. El caso está en espera de apelación.
Denuncia contra el Director del ICF
En medio del conflicto en la zona también existe una denuncia contra el director regional del ICF en Yoro, Samuel Arturo Núñez, quien aprobó el Plan de Manejo y el Plan Operativo Anual para la extracción de madera sin la debida consulta. La denuncia de parte de los miembros del Consejo Preventivo se realizó el 19 de febrero del 2018, un mes después de haberse aprobado el Plan Operativo.
En la denuncia se le atribuyen a Núñez los delitos de abuso de autoridad y la violación a los deberes de los funcionarios, ante la Fiscalía Especial de las Etnias. El caso se encuentra aún en etapa investigativa.
El abogado del MADJ resiente que cuando se trata de acusaciones contra los tolupanes, la justicia se ha apresurado en actuar, pero cuando se acusa a funcionarios públicos, los expedientes de los casos se engavetan y sucesos como el de José María Pineda, quien casi muere por la paliza, son tomados como simples faltas.
La información sobre todos estos casos es nula, puesto que el Ministerio Público se niega a brindar detalles de los expedientes, escudándose en la Ley de Secretividad. La información está vedada hasta para las víctimas y sus familias, quienes no pueden obtener noticias sobre el avance de sus procesos judiciales.
