El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, frente a las violaciones a los derechos elementales que el Estado de Honduras comete contra las comunidades, población y defensores del agua y la vida en Guapinol y sector San Pedro, ante la comunidad Nacional e Internacional denunciamos:
El 1ro de septiembre, en medio de numerosas irregularidades y testimonios contradictorios, la Juez de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo dio razón a la empresa minera Inversiones Los Pinares que usó de forma maliciosa el sistema de justicia penal para castigar a siete defensores del agua y la vida de Guapinol y Sector San Pedro por su resistencia pacífica contra la instalación ilegal de una mina sin haber consultado y obtenido el consentimiento de las comunidades afectadas.
La Juez, que no tiene jurisdicción para conocer el caso, dictó auto formal de procesamiento por los delitos de privación injusta de libertad e incendio agravado sin motivar su fallo y sin dar razones por decretar prisión preventiva, aunque los delitos por los cuales son acusados deben de gozar de medidas sustitutivas. Días después, la Juez Vallecillo fue ordenada a dar sus razones por una Juez de la Corte de Apelaciones, pero hasta la fecha, la Juez Vallecillo ha negado acatar la orden.
La Juez Vallecillo ordenó al Instituto Nacional Penitenciario enviar a los defensores al Centro Penal de Olanchito, Yoro; sin embargo, la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario no acató la orden judicial, y en su lugar tomó la decisión arbitraria de enviarlos a la cárcel de máxima seguridad ”La Tolva” en Morocelí, El Paraíso, decisión que ha sido denunciado ante el Ministerio Público.
Hacemos de conocimiento público que los compañeros defensores del agua y la vida han sido víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por las autoridades del sistema penitenciario, al menos uno de ellos fue trasladado en ropa interior hacia la cárcel. El régimen gubernamental ha violentado el marco general del derecho nacional constitucional y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los protocolos de Naciones Unidas sobre el tratamiento a personas privadas de libertad.
El Comité, junto a nuestro equipo de defensa legal y junto a la solidaridad nacional e internacional, exigimos al Estado de Honduras, a través de los responsables de gobierno en el sistema Penitenciario, el Ministerio Publico, el sistema judicial y demás instituciones responsables, rectifique lo más pronto posible las decisiones anteriormente denunciadas y deje en libertad a los defensores.
De inmediato exigimos que los defensores, presos políticos por defender el agua y la vida, sean trasladados al Centro Penal de Olanchito, Yoro. La cárcel de máxima seguridad en Morocelí es para criminales de alta peligrosidad, no para defensores de la vida reconocidos por el mismo Estado de Honduras. En esa cárcel, están en grave peligro la seguridad integral de Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán y Kelvin Romero.
Responsabilizamos al Sistema Nacional Penitenciario, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Instituto Hondureño de Geología y Minas, a la Secretaría del Ambiente, Gobierno Municipal de Tocoa y a la empresa minera Inversiones Los Pinares de cualquier situación lamentable en la vida de los presos políticos y demás defensores y defensores del agua y la vida en Guapinol y el Municipio de Tocoa, Colón.
También Jeremías Martínez, defensor del agua y la vida, está preso desde diciembre de 2018 en el Centro Penal de La Ceiba por los mismos delitos quién será sometido a Audiencia Preliminar el próximo 24 de septiembre en los Juzgados de Jurisdiccion Nacional de San Pedro Sula, el Juez Carlos Irías de León que conoce del caso tampoco tiene jurisdicción, ni argumentos sustentables para enviarlo a prisión.
¡Libertad para los presos políticos por la defensa del agua y la vida!
Tegucigalpa, 12 de septiembre de 2019
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
