Escrito por: Tomas Andino Mencía
Desde hace varios años, capos hondureños de la droga capturados entre 2014 y 2019 han incriminado a destacados personajes políticos y empresariales de Honduras con importantes repercusiones políticas en el país. El ultimo de esos casos, fue la publicación en diario La Prensa de un fragmento de un documento originado en la Fiscalía del Estado de New York en el juicio seguido al narco traficante Héctor Emilio Fernández Rosa (alias “Don H”) según el cual el capo habría entregado 2 millones a un personaje llamado “Oficial 1” (que el diario La Prensa presume se trata de Manuel Zelaya Rosales, aunque el documento no lo nombra) para que este colocara un Ministro de Seguridad a su conveniencia, si ganaba las elecciones en 2005.
Finalmente, al ser difundidas otras secciones del documento original se aclaró que esta noticia fue manipulada por el diario en cuestión, para hacer aparecer que el expresidente Zelaya habría recibido ese dinero, cuando el documento original tenía otro párrafo –omitido por la publicación de La Prensa—en el que Don “H” declara que finalmente no lo hizo porque no creyó que Zelaya iba a ganar las elecciones. La misma organización que giro la información en su sitio web, Pro Honduras Network, hizo la aclaración sobre ese tema[1].
Pero este no ha sido el
primero ni será el último que nos vendrá de las Cortes Distritales de Justicia
de Estados Unidos, por lo que es necesario intentar explicar qué es lo que hay
detrás de este mecanismo que tiene al borde de una crisis de nervios a la
llamada clase política y empresarial hondureña desde hace cinco años.
SOBRE LA EXTRATERRITORIALIDAD
La extraterritorialidad de la jurisdicción penal de un país sobre otros es un principio ampliamente aceptado en materia de derechos humanos en las últimas décadas. El caso de Pinochet, juzgado por un tribunal español, es un ejemplo de eso. El principio es que un crimen de Lesa Humanidad es un crimen contra la humanidad y no solo contra los habitantes de un país.
Pero ¿qué pasa cuando ese principio es utilizado en procesos en los cuales el bien jurídico que se protege no es un principio universal sino una norma nacional? En ese caso, por regla general no se le debería considerar lícito. Eso es lo que ocurre con la justicia norteamericana que posee al menos un tribunal con facultades de extraterritorialidad (Tribunal del Distrito Sur de New York) que juzga personas que no cometieron delito en Estados Unidos, pero que considera que es materia de juzgamiento porque de alguna forma afecta al país. Este tipo de juicios se ha usado mucho en el juzgamiento de casos en México[2], y ahora se experimenta en Centroamérica, con nuestro país.
Ese sistema, sin embargo, no tiene un trato reciproco, es decir no es objeto de un convenio de mutuo acuerdo, de tal modo que un tribunal nacional pueda juzgar a norteamericanos que han afectado los intereses de Honduras desde aquel país. Si así fuera, seguramente todos los gobiernos norteamericanos que han tomado decisiones que nos afectan deberían haber desfilado por nuestros juzgados.
La extraterritorialidad que aplican las cortes norteamericanas son una imposición imperial a la que dicho país somete a sus estados vasallos, lo cual se complementa con la constitución de Comisiones internacionales de justicia o contra la corrupción e impunidad promovidas por la OEA y la ONU, como el caso de la CICIG y la MACCIH.
Lo peor es que se le acepta como legítimo y hasta conveniente, habida cuenta de las debilidades de los sistemas judiciales nacionales. Eso no solo es renunciar a construir nuestro propio sistema sino rendirse al nuevo tipo de colonialismo judicial del imperio, que es utilizado crecientemente como un instrumento de injerencia en nuestros países.
ANTECEDENTES
Desde 2013 arrancan procesos judiciales por parte de la Corte del Distrito Sur de New York sobre personajes hondureños que allá consideran pueden ser objeto de estos en materia de criminalidad organizada, para los cuales se utiliza el recurso de la extradición.
Una característica de estos procesos es que existe un notorio desfase de tiempo desde que sus expedientes son constituidos y son hechos los resúmenes de la Fiscalía norteamericana, y la fecha cuando trascienden públicamente en Honduras. Este desfase es una muestra de la manipulación de que son objeto. Algunos ejemplos relevantes de esto son los siguientes:
- Los hermanos Rivera Maradiaga (alias Los Cachiros) se entregaron voluntariamente en enero de 2015, y tuvieron sus audiencias y sentencia en 2017[3], en las cuales involucraron en sus declaraciones al expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero la noticia fue difundida en Honduras hasta mayo de 2019 (hace unos dos meses).
- Los Cachiros también involucraron en la misma declaración a Tony Hernández. La noticia trascendió en octubre de 2016, pero no tuvo ninguna consecuencia judicial en Honduras en esa ocasión. Después, la acusación fue confirmada por testimonio de Fabio Lobo, hijo de Pepe Lobo, capturado en marzo de 2017, pidiéndosele al gobierno su extradición, sin que se hiciera nada para ello. Tony Hernández, tuvo que ser capturado por la justicia norteamericana en Estados Unidos hasta el 23 de noviembre de 2018.
- Carlos Lobo, alias “El Negro”, capturado el 27 de abril de 2014[4] y cuyas audiencias se desarrollaron en 2017, involucró a Juan Orlando Hernández (conocido en el país por las siglas JOH), pero esto fue difundido en Honduras en mayo de 2019, sin mayor consecuencia para este.
- Héctor Emilio Fernández, alias Don “H”, fue capturado en febrero de 2015, y desde noviembre de ese año ha dado declaraciones para las audiencias que le siguen en la Corte del Distrito Sur de New York, pero las mismas fueron difundidas cuatro años después, en julio 2019, para involucrar a Manuel Zelaya Rosales.
De lo anterior se colige que todos y cada uno de estos expedientes de la Corte de NY fueron filtrados a la prensa nacional varios años después de cuando se originaron y que esta, a su vez, los hace circular cuando mejor estima conveniente con consecuencias diferentes en Honduras, dependiendo de si el involucrado está cerca del poder o si es de la oposición política.
Que el gobierno de alguna forma intercede para definir el destino de esos documentos o de la información que contiene, lo muestra el hecho de que Marvin Ponce, asesor de JOH, conocía en 2018 que “un expresidente será extraditado”, algo que en efecto estaba siendo tramitado en esa época[5].
Un caso que retrata de cuerpo entero este trato diferenciado es un documento originalmente redactado en 2013 por la Fiscalía del Estado de NY, en el que se declaran objetivos de investigación la familia Rosenthal (Jaime, Yani, Yanquel) así como como Ebal Diaz, asesor de la Presidencia; Hilda Hernández (posteriormente fallecida ministra sin cartera y hermana de JOH) y el actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco. Sin embargo, la extradición fue efectivamente pedida solo para la familia Rosenthal desde enero de 2016, al tiempo que todas sus propiedades fueron incautadas por el gobierno hondureño (por cierto, ilegalmente, ya que no fueron vencidos en juicio en el país), mientras que JOH, su asesor y su ministro de seguridad, involucrados en el mismo documento que aquellos, su caso viene a sonar hasta mayo de 2019, sin que haya asomo de que se hará en su contra algo similar a lo actuado con los Rosenthal, por parte del sistema judicial hondureño.
Pero estos casos son apenas la punta del iceberg. Ya en 2017, es decir, hace dos años, el empresario Eduardo Facussé, aseguró que el gobierno ha recibido más de 33 solicitudes de extradición contra funcionarios de las que ha accedido a menos de la mitad (15), lo que significa que el procesamiento de esa información es muy selectivo[6]. A estas alturas la lista debe ser mayor, así como la deuda.
¿Qué significa esto? Que los casos de supuestos narcos o aliados de narcos fundamentados en los juicios de New York son utilizados de manera selectiva y de alguna forma conveniente por el poder de turno, teniendo consecuencias de “castigo”, solo para quienes se encuentran en la oposición política interna o externa al Partido del mandatario.
JOH LIMPIA EL PATIO INTERNO USANDO LAS EXTRADICIONES Y EL SISTEMA JUDICIAL HONDUREÑO
Esto último se ve a las claras en el tratamiento que dio el sistema de justicia y la prensa afín al gobierno al caso de Rafael Leonardo Callejas, Pepe Lobo y de Manuel Zelaya Rosales, todos ellos personajes que fueron (o son) peligrosas competencias u obstáculos para el gobernante en su meta reeleccionista. En este apartado me referiré a los dos primeros casos y luego al caso de Manuel Zelaya.
Rafael Leonardo Callejas fue el primer caso de extradición. Callejas había mostrado sus aspiraciones presidenciales en marzo de ese año, presentando ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad contra la Constitución (¡) para romper la prohibición a ser reelecto, lo que logró en abril de 2015, abriéndole también la puerta a la reelección a JOH. Sin embargo, Callejas fue extraditado el 3 de diciembre de 2015 por el escándalo del FIFA Gate, sin que JOH hiciera nada por impedirlo.
Pepe Lobo es otro caso simbólico. Pepe era el todo poderoso presidente del Comité Central del Partido Nacional, quien catapulto a JOH en el Congreso, influyendo para que fuera su presidente, y lo encubrió del escándalo del IHSS. Sin embargo, después de que su hijo Fabio Lobo involucrara al hermano de JOH, Tony Hernández, en las audiencias de su juicio en 2017, el mandatario inicio una cacería contra su familia, capturando a su hermano Ramon, a su esposa, Rosa Elena, al cuñado de esta, Mauricio Mora, estando su sobrina y su hermano también en la mira de la justicia. Desde entonces Pepe Lobo se convirtió en su principal contrincante político en el Partido Nacional.
JOH no actuó en su contra inmediatamente porque el Partido Nacional estaba en plena campaña electoral en 2017, y una denuncia de ese calibre habría tenido consecuencias muy negativas en la intención de voto. Pero pasado el proceso electoral, y habiéndose colocado Pepe Lobo en rebeldía ante la autoridad central del Partido Nacional por el tema de la reelección presidencial, tanto su caso como el de su esposa fueron objeto de persecución política. Casi de inmediato que fue dado a conocer por la prensa nacional el expediente de la Corte de New York, donde se le menciona, la MACCIH lo sometió a un proceso de investigación criminal en mayo de este año y desde entonces es sometido a lo que llama una persecución política.
La labor de “limpieza” interna en el Partido Nacional del gobernante lo llevó a deshacerse también de otros potenciales contrincantes. Fue el caso de Ricardo Álvarez, el principal contendiente de JOH en las internas de 2012, quien bajó su perfil político desde que fue mencionado en el escándalo del Trans 450; o el de Oscar Álvarez, quien aspiraba a la candidatura del Partido Nacional para la Presidencia en 2013, pero rápido le cortaron las alas desde que en 2016 fuera mencionado por Ramírez del Cid y Muñoz Licona como parte del crimen organizado, en un artículo del New York Times, desapareciendo del escenario político[7].
Otro caso importante es el de la ex Designada Presidencial, Lorena Herrera, quien fue objeto de persecución y amenazas de muerte de parte de miembros del circulo gobernante, según denuncia interpuesta por ella ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a nivel internacional[8].
EL CASO DE ZELAYA
El caso de Manuel Zelaya Rosales merece una mención aparte. Es el primer caso cuyo nombre no aparece explícitamente en lo que se ha logrado filtrar de las revelaciones del “Negro” Lobo, desde 2015, aunque por las referencias que da la Fiscalía, no es difícil imaginar de quien se trata[9].
Lo que llama la atención es que Manuel Zelaya, siendo el principal líder de la oposición política y teniendo JOH mucho más poder que en la actualidad, nunca fue mencionado en los cuatro años que transcurrieron desde las primeras declaraciones de “Don H” aunque por esa época.
¿Por qué no lo hizo público por esa época para incomodar a su contrincante? Las razones de ese silencio tan prolongado, teniendo JOH acceso al expediente de las declaraciones de “Don H”, están aún por ser determinadas por la historia. Sin embargo, mi hipótesis es la siguiente: Aunque JOH pudo haber hecho un escándalo usando la prensa que tenía a su favor, el documento no constituye una base sólida para una acusación, pues ni siquiera la Fiscalía de la Corte de NY se atrevió a solicitar la extradición de Zelaya por falta de méritos suficiente, ya que, a pesar de la sospecha del Fiscal de turno, “Don H” no avaló en su primera declaración la presunción de la entrega de soborno al expresidente.
Por otro lado, iniciar un juicio al líder del Partido LIBRE, con tan débil “prueba” cuando en 2015 JOH estaba arrinconado por el movimiento de las antorchas y necesitaba recuperar la estabilidad política necesaria para encaminarse al proceso electoral de 2017, donde consumaría su reelección, lo llevó a apostar pragmáticamente por no agitar las aguas antes de noviembre de 2017, por lo que la situación se decantó hacia una coexistencia pacífica de ambos líderes.
Esto explicaría la anuencia del Partido Nacional para llegar a arreglos con Zelaya en esa época. ¿Será que el acceso de LIBRE a cargos en el RNP, TSC, así como el acuerdo para aprobar una limitada reforma electoral y crear el nuevo CNE y TSE, formaban parte de ese entendimiento? De hecho, las “reparticiones” de esa época, solo incluían las tres fuerzas principales, con exclusión de otras fuerzas políticas existentes en el país. ¿Será que eso también explica la ambivalencia de Zelaya en el tema de la reelección y el abandono de las protestas en las calles para volcarse a las urnas?
EL IMPERIO Y SU TRAMA PARA LIMPIAR EL PATIO DE CARA AL 2021
Pero algo ocurrió este año 2019, que lleva al diario La Prensa a sacar de sus archivos el documento que involucra a Manuel Zelaya, acusándolo sin fundamento, pero con escándalo, en el que también se menciona a Roberto Micheletti Bain, miembro del lado oscuro del Partido Liberal, e involucrado en las declaraciones de “Don H”, por haber recibido un soborno de 500 mil dólares (lo cual la prensa local no lo ha destacado de la misma manera)[10].
La clave se encuentra en el hecho extraordinario, de que dos días después de lanzada esa información sobre Zelaya, la MACCIH hizo pública una acusación en contra de Ana Rosalinda García Carias, esposa del gobernante, y de su cuñado, Jean Francois Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, entre otros connotados políticos y empresarios de ambos partidos tradicionales, como Rodolfo Irías Navas, Celin Discua Elvir, Elvin Santos Ordoñez, vinculados al “Caso Pandora”. Esa acusación incluye la solicitud de la privación de bienes a la familia Hernández. Todo un misil político lanzado desde una instancia controlada políticamente por la OEA, o lo que es lo mismo, por el Departamento de Estado USA, en contra del círculo más íntimo de JOH.
Cuando se esperaba que la prensa destacase esto último a grandes titulares, lo que se observa es que se le ha bajado el perfil a modo de hacerlo pasar desapercibido. Pero tiene todos los ingredientes de una crisis que la oposición política, si lo fuera de verdad, debería estar aprovechando.
A partir de estos hechos, hay tres lecturas que podrían hacerse.
Una primera lectura es banalizar estos hechos diciendo que la acusación de la MACCIH es un “show” para blindar al círculo más cercano a JOH, incluida su esposa, para luego declararlos “inocentes”. Pero si fuera así, ¿para qué demandar la privación de dominio es decir la retención de sus bienes inmuebles y muebles? Es una medida demasiado fuerte para que sea simplemente un show. Que los tribunales no les den trámite es otro asunto, pero que la petición no es una broma, lo es. Así que descarto esa posibilidad.
Una segunda lectura es que la acusación ligeramente lanzada contra Zelaya era una cortina de humo para concentrar en este la atención, cuando era inminente la revelación de la acusación de la MACCIH en contra de la esposa de JOH y de connotados líderes del Partido Nacional y del lado oscuro del Partido Liberal. En tal caso, sería una desesperada forma de disminuir el impacto político negativo de la acusación contra la familia Hernández.
Si eso fuera así, lo que se esperaría es que la trama contra Mel continuaría hasta llevarlo a los tribunales por parte de la MACCIH, tal como se hizo con Pepe Lobo. Pero esa ruta no conduciría a estabilizar la situación política en un país clave para el gobierno norteamericano, ya que la reacción de las bases de LIBRE y de Mel mismo por razones de sobrevivencia, patearía el tablero político actual.
Me inclino más a pensar en una tercera posibilidad: que estos hechos reflejan una estrategia de más largo plazo, que implica la salida ordenada de JOH para las elecciones de 2021 y su sustitución por otro cuadro afín a sus intereses pero que no esté vinculado a las narco-mafias de los dos partidos tradicionales, ni tampoco implique el ascenso de LIBRE al Poder. Para ello utilizaría, por un lado, la amenaza de la extradición y de las acusaciones de la MACCIH como un arma de chantaje político, y por otro, la emergencia de un actor político no “quemado” que garantice un triunfo electoral sobre los dos extremos.
UNA OPERACIÓN DE ATERRIZAJE SUAVE DE LA DICTADURA
Detrás del escándalo contra Zelaya y la acusación de la MACCIH contra la familia Hernández, hay una estrategia hilada desde el Departamento de Estado norteamericano, la OEA y la UE, que consiste en limpiar el camino para darle una salida política preventiva y no traumática a la crisis del régimen dictatorial de JOH, con el objetivo de evadir los escenarios de levantamientos populares recurrentes que impiden al capitalismo desarrollar sus procesos de explotación y saqueo.
¿En qué hechos se basa esta hipótesis?
Primero, el imperio no “suelta prenda” así nomás. Los documentos oficiales de la Corte de New York, aunque no son documentos propiamente “clasificados”, tampoco se reparten como confites; son protegidos como en cualquier juzgado serio, y cuando así lo requiere las condiciones del proceso, pueden ser editados en su presentación usando una cinta negra para ocultar nombres que se considere no conveniente divulgar.
Por tanto, la difusión de documentos de los juicios, sobre todo la exposición pública de información sensible y nombres de los principales personajes políticos de nuestro país no es un hecho fortuito, sino un acto hecho con cálculo político.
La imparcialidad en el manejo de información comprometedora no es una de las virtudes del Departamento de Estado norteamericano. Ese manejo obedece a las prioridades políticas de dicho gobierno en cada momento histórico.
Y aquí vemos tres momentos históricos diferentes en el caso del Estado de Honduras:
a) Momento del coqueteo de Pepe Lobo y JOH con Rusia, Brasil y Nicaragua (2010-2014). De esta época datan la investigación abierta en 2013 contra Callejas, JOH y sus ministros, y contra los Rosenthal, por parte de la Corte de NY.
b) Momento de realineamiento pro-gringo y consolidación de la dictadura (2015-2017). De esta época datan las revelaciones sobre los juicios a Pepe Lobo y su familia, y el requerimiento a Oscar Álvarez.
c) Momento de la transición hacia la salida de JOH (2018-2019). De esta época datan las revelaciones sobre su hermano Tony Hernández, su esposa Ana García y su cuñado y sus ministros más cercanos (Ebal Diaz, Julián Pacheco).
Es decir que cada difusión de esos documentos obedeció al objetivo que el imperio buscaba alcanzar en cada uno de esos momentos.
Durante la administración Obama y la mayor parte de la administración Trump, el gobierno de JOH gozó de un apoyo a regañadientes. Nunca ha sido un narco gobernante de su confianza, pero es “su” narco-gobierno y no lo han sacado porque no habían tenido, hasta ahora, un sustituto o sustituta leal que tenga el mismo control férreo del Estado, y que obedezca sus órdenes, como él.
Este parcialismo a su favor fue evidente en varios momentos, tanto que hasta generó choques entre demócratas y republicanos. Cuando la Encargada de Negocios Heidi Fulton, avaló en persona el fraude electoral de noviembre 2017, y cuando el Departamento de Estado norteamericano se resistió a entregar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la lista de los funcionarios corruptos de Honduras, para aplicarles la “Ley Magnistky”, se produjo una fricción entre la congresista Norma Torres y Michael Richard Pompeo, Secretario de Estado por la cual la primera acuso a Trump de “encubrimiento”. [11]
Sin embargo, con la crisis protagonizada por la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación, el régimen llego a su peor momento de aislamiento político y crisis, sostenido únicamente por la bota militar. El Pueblo estaba a diario en las calles, paralizando el país, reconstruyendo su tejido organizacional en plataformas locales, casi tocando el cielo de hacer real el Fuera JOH.
Desde entonces, el régimen de JOH, cada vez más hundido por las declaraciones en los juicios de New York, los escándalos de corrupción en el país y por el odio generalizado del Pueblo en su contra, se ha convertido en un aliado incomodo de Washington, porque con facilidad pierde el control del país, porque le genera ríos de migrantes sin control y porque en tiempos de campaña electoral en Estados Unidos, es un estorbo para la imagen de Trump a la Presidencia y un potencial motivo de “empeachment” (juicio político) de parte de los demócratas. De tal manera que la estrategia norteamericana parece estar cambiando.
Todo indica que el Departamento de Estado seguirá continuar apoyando la permanencia de JOH en el poder temporalmente, porque no le interesa que sea derrocado por un levantamiento popular al estilo de lo ocurrido en Puerto Rico; pero en lo que queda de tiempo prepararán las condiciones para su salida en el proceso electoral de 2021. ¿Cómo? Mediante seis medidas:
1) Potenciar el proceso electoral de 2021, para volverlo creíble ante el Pueblo, para lo cual equipos técnicos de la UE, la OEA han tomado control de las reformas en el RNP y el futuro CNA y TSJ.
2) Llegar a un consenso para la integración de esos organismos electorales, para viabilizar el proceso electoral con la colaboración de LIBRE (que entonces desmontaría su “insurrección parlamentaria”).
3) Desmovilizar o reducir la movilización popular a un nivel tolerable, tanto de parte de la Plataforma como de LIBRE, los dos grandes convocantes de masas, de manera que no genere levantamientos populares que pongan en riesgo al régimen, para lo cual debería contar con la colaboración de la cúpula de ambos organismos.
4) Mantener a raya a los extremos del espectro político. Por un lado, a JOH, mediante el encausamiento judicial de su círculo cercano, la pérdida paulatina de su perfil político, la negativa de la posibilidad de una reelección. Y, por otro lado, impedir que tome fuerza una candidatura desde LIBRE, el partido hoy día mejor colocado para competir por la presidencia, ya que aún es un partido indigerible para quienes gobiernan el imperio. Para estos propósitos es que sirve el encausamiento de la familia de JOH y del mismo Zelaya.
5) Mover por este periodo el eje del poder del Ejecutivo al Congreso Nacional, en particular a Mauricio Oliva. Una anécdota lo evidencia: el recién nombrado nuevo representante del imperio, Lawrence J. Gumbiner, quien no viene como Embajador, sino, de nuevo, como Encargado de Negocios de Estados Unidos (un hecho significativo en el lenguaje diplomático) hizo una visita públicamente más destacada ante Oliva, que ante JOH.
6) Potenciar la candidatura de un candidato o candidata que no esté sujeto al Partido Nacional ni a LIBRE, para lo cual sería viable alguien que esté dispuesto a impulsar su proyecto neoliberal, su sumisión al imperio y potable para la oligarquía criolla. Este puede provenir bien del Partido Liberal, una alianza de los Partidos mal llamados emergentes, o un(a) “outsider” de los movimientos sociales recientes; o una combinación de todos estos.
En la práctica, los hechos indican que se están cumpliendo al menos las cinco primeras condiciones, en menor o mayor medida. Las últimas dos se irán develando con el tiempo a medida que nos acerquemos al proceso electoral.
La pregunta es: ¿las dirigencias de la Plataforma y de LIBRE se prestarán para este juego del imperio? ¿Los partidos de la oposición burguesa se sumarán a ese proyecto?
A MANERA DE CONCLUSION
La filtración y difusión de documentos de los juicios en Estados Unidos son parte del instrumental político que utiliza el imperio y subsidiariamente el gobierno de turno para manipular a actores políticos en función de los intereses de la política exterior norteamericana y de la elite del país.
Mal hacen quienes depositan sus esperanzas en que cabe esperar algo positivo de estos mecanismos coloniales, porque aún en el supuesto de que hagan una justicia inmediata, al largo plazo están privando a los hondureños(as) de hacernos de nuestros propios medios de hacer justicia, atentando contra nuestra soberanía como pueblo. Las cuentas que los corruptos, fraudulentos, narco criminales y demás hierbas, deben ser juzgadas y pagadas en nuestro país mediante un sistema de justicia confiable y expedito, que aún no tenemos, pero por el cual hay que luchar.
Para eso, la primera condición
es que JOH y su dictadura decadente salga del poder mediante un proceso de
INSURRECCION que EMPODERE A LA CIUDADANIA y que permita la construcción de un
nuevo tipo de Estado a través de una Asamblea Constituyente Originaria, y no
mediante una estrategia imperial, en la que, mediante elecciones con un
resultado inducido, se sustituya a un peón por otro.
[1] https://www.facebook.com/218098678751329/videos/2266582636786016/
[2] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/alcance-puede-tener-jurisdiccion-extraterritorial-eeuu-para-juzgar-crimenes-extranjero/
[3] https://www.elheraldo.hn/pais/1237084-466/jefe-de-los-cachiros-delató-a-tony-hernández-hermano-del-presidente-de
[4] https://confidencialhn.com/el-capo-negro-lobo-revela-que-dio-250-mil-dolares-al-presidente-de-honduras/
[5] https://criterio.hn/2017/09/26/pepe-lobo-esta-lista-extraditables-gobierno-no-lo-entrega-teme-escandalo-politico-adolfo-facusse/
[6] https://criterio.hn/2017/09/26/pepe-lobo-esta-lista-extraditables-gobierno-no-lo-entrega-teme-escandalo-politico-adolfo-facusse/
[7] https://www.nytimes.com/es/2016/04/15/tres-generales-y-un-cartel-violencia-policial-e-impunidad-en-honduras/
[8] https://confidencialhn.com/joh-ordeno-matar-a-vicepresidenta-por-no-apoyarlo-en-maniobras-continuistas-y-mafiosas/
[9] El documento se refiere a “un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente a partir de 2006 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado”, en clara alusión a Zelaya.
[10] El texto del documento dice que también: ““luego se alineó con el acusado (Fernández Rosa) de participar tanto en los envíos de drogas como en los asesinatos, pagó unos $500,000 en ingresos por drogas para apoyar la campaña del entonces congresista que se convirtió en presidente en 2009”, refiriéndose indudablemente a Roberto Micheletti Bain. Ver: La Prensa, edición lunes 29 de julio 2019.
[11] De acuerdo con la congresista Torres, el Departamento de Estado tardó casi 250 días en identificar a los líderes políticos y empresariales acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Después de fuertes presiones a ese nivel, Pompeo entrego la siguiente lista a la Cámara de Representantes: Mario Zelaya, Carlos Montes, José Valery, Boris Espinal Ponce, Nelson Abdalah Ghawi Darío Alberto Mejía Valdivieso, Teodoro Bonilla, Marcelo Antonio Chimirri Castro, Yani Rosenthal, Yankel Rosenthal, quienes ya habían sido procesados. La congresista Torres reacciono:
“Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. SI el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google. Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también lo saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción den Centroamérica.” Ver. https://criterio.hn/2019/04/04/norma-torres-dice-que-la-lista-es-una-farsa-y-acusa-a-trump-de-encubrir-a-los-corruptos-de-centroamerica/
