Escrito por: Lucía Vijil / Bladimir López
Revisión y edición: Claudia Mendoza
I. Evolución histórica del conflicto en Namasigüe
A. Contratos de operación en un área protegida
El Congreso Nacional de Honduras, vía Decreto No 376-2013[1], aprobó una serie de contratos de operación con base en recursos renovables, con los se dio “ruta libre” a las empresas para invertir en la generación y comercialización de energía en el municipio de Namasigüe. Pero fue hasta el 28 de octubre del 2015 que la empresa de capital Noruego Scatec Solar, obtuvo el contrato de operación en la zona, el cual contempla compraventa de electricidad a 20 años y un contrato de arrendamiento del terreno por más de 40 años.
El municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, se encuentra ubicado en el denominado Corredor Seco, franja geografía del territorio nacional que se caracteriza por los altos niveles de pobreza, exclusión, migración y sequía. La tierra es el principal medio de subsistencia de las familias campesinas.
El proyecto, en el que participan cinco empresas (Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña, Generación Energética, Fotovoltaica Los Prados y Foto Sol, constituidas por Liana Bueso y Jim Eloy[2] y luego adquiridas por capital Noruego, Scatec Solar), consiste en el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de centrales de generación de energía solar fotovoltaica sobre una superficie total de 88.2 Hectáreas, cuyo costo asciende a US$ 102.02 millones[3]. Este proyecto es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en un 39.20% ($ 40.0 millones). El restante 60.8% es asumido por Scatec/Norfund.
Algunas investigaciones refieren que la cadena de compra-ventas de acciones y empresas de Liana Bueso y Jim Eloy, en países como Guatemala, han sido señaladas por infracción a los derechos humanos y de múltiples delitos[4] incluido el de utilizar testaferros en la compra de terrenos en Santa Cruz de Barillas Huehuetenango, Guatemala, en donde pretendían construir un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Cambalam, pero fue expulsada por los pobladores.
En Honduras, este proyecto de generación de energía solar está instalado en el Área Natural Protegida Hábitat–Especie “El Jicarito” que, además, es parte integral de las áreas protegidas y humedales del Golfo de Fonseca según la Convención RAMSAR de la ONU, desde junio de 1999[5]. Por esta razón no es extraño que salgan los pobladores a defender las pocas entradas de agua y reservorios naturales en sus comunidades y a exigir un proceso previo de consulta ciudadana.
La oposición al proyecto ha sido conducida por la instalación de un campamento de resistencia desde el 4 de enero del 2016, en la comunidad de Rancherías. La defensoría de los bienes comunes en estas comunidades ha dejado como saldo, un aproximado de 93 personas criminalizadas y constantemente hostigadas por elementos militares. 17 de estas personas están acusadas por los delitos de coacción, usurpación y daños, mientras que 2 personas fueron desplazadas por completo del país, a raíz de las amenazas y riesgos a su integridad emocional y física.
El proceso de oposición a la instalación del parque fotovoltaico logró aglutinar a los pobladores y defensores de los bienes comunes en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), el que actualmente es el referente de lucha territorial, acompañados por la Red de Defensores del Sur y la Red de Abogados del Sur.
B. Impactos ambientales del proyecto de Paneles Solares en Namasigüe
De acuerdo con los testimonios de algunos habitantes de Namasigüe, la instalación de los paneles solares en la comunidad de Ranchería (comunidad que autorizó la entrada de las empresas) ha aumentado las temperaturas y ha secado algunos riachuelos que pasaban por la zona, además, de las zonas que utilizaban para la ganadería y cultivos de subsistencia han sido acaparados por la instalación de los paneles solares. Los habitantes afirman que en la zona es notable la desaparición de animales domésticos y silvestres.
Según un experto consultado[6], la instalación de paneles solares debe pasar por un diagnóstico ambiental muy riguroso (vigilancia semanal), que permita identificar los ciclos de vida nocturna y diaria de las especies. Los paneles solares son creados para captar energía solar a través de estructuras que calientan y que generan: 1) ondas de calor, 2) radiación solar y 3) choques térmicos a las especies en tránsito, provocando un impacto directo en la regeneración natural de los bosques y la dispersión de semillas. Asimismo, en la vida de las personas y de allí la insistencia en que este tipo de proyectos tienen que ser instalados en zonas alejadas de asentamientos humanos y silvestres.
Se sugiere que la instalación de barreras absorbentes de temperaturas, acompañadas de barreras naturales, podría ser parte de las medidas de mitigación, con el fin de amortiguar el impacto de la temperatura en la biodiversidad y en las comunidades mismas. En el caso de Namasigüe, estas medidas no se han adoptado.
II. Coyuntura: Despojo territorial, impactos ambientales y la criminalización de la lucha territorial en Namasigüe
A. Principales acontecimientos de la coyuntura (2018-2019)
La lucha territorial que se desarrolla en el municipio de Namasigüe está condicionada por la instalación de parques fotovoltaicos o paneles solares que, según el relato de las y los pobladores de las comunidades, han “generado fuertes daños al medio ambiente y la biodiversidad, alterando la convivencia pacífica y fraterna en las familias y comunidades, forjado un fuerte proceso de criminalización y judicialización contra el liderazgo y despojando a los pobladores de sus principales medios de subsistencia (agua, tierra, jícaros)”[7].
Durante el 2018 (y desde tiempo atrás), el conflicto socioambiental en Namasigüe ha estado ubicado en las comunidades de Costa Azul, Prados 1 y 2, Rancherías, Guamerú, El Obraje y El Chagüitón. En el 2016 la comunidad de Rancherías negoció con la empresa y pactaron la instalación de los paneles solares, sin tomar en consideración al resto de comunidades de la zona.
Para las y los líderes de la zona, el proceso de instalación de la empresa fotovoltaica se dio a través de un fuerte proceso de división entre las comunidades, al igual que prácticas de coacción contra el liderazgo, impulsado por la municipalidad de Namasigüe y la empresa Los Prados. Según los entrevistados, el 70% de la población en Rancherías actualmente se muestra en contra de la instalación de los paneles debido a los impactos ambientales.
Ese contexto encendió las alarmas en las demás comunidades, ya que la apuesta de la empresa Los Prados era clara: expandir la instalación de los paneles solares hacia las demás comunidades de Namasigüe y de esa manera consolidar en la región su proyecto de generación de energía solar, sin ningún tipo de oposición y resistencia comunitaria.
Lo anterior conllevó a la instalación de un campamento de resistencia en las comunidades de Prados 1 y Prados 2 y en la comunidad de Costa Azul. El campamento de resistencia fue desalojado en el mes de marzo de 2018, por fuertes contingentes militares, policiales y guardias privados radicados en la zona. A tres días del desalojo las y los pobladores de Prados 1 y Prados 2 volvieron a instalar el campamento y hasta entonces se mantienen en resistencia, lo que implicó que durante el mes de abril y junio del 2018, su principal liderazgo haya sido acusado de coacción, daños y perjuicios contra la empresa Los Prados.
La resistencia territorial en estas comunidades es conducida por líderes de patronatos, juntas de agua y ciudadanos con conciencia ambiental, quienes se ha articulado en Comités Ambientalistas locales que, a la vez, forman parte del tejido organizativo MASSVIDA. En ese marco de adhesión, para el mes de abril del 2018 MASSVIDA realizó una Asamblea General para debatir ampliamente sobre la dinámica del modelo extractivista y los impactos que está generando en la zona Sur del país. En la asamblea se dictaron líneas estratégicas de acción para que las comunidades de Namasigüe fortalecieran su proceso de lucha territorial.
El posicionamiento político de MASSVIDA oxigenó el proceso de resistencia territorial y obligó a la empresa Los Prados a actuar con mayor cautela en sus intentos expansionistas hacia las demás comunidades. Hasta la fecha no se registran nuevas instalaciones de paneles solares en las comunidades, aunque las acciones de división, criminalización y judicialización persisten.
En lo referente a la división en las comunidades, durante el mes de agosto del 2018 la municipalidad de Namasigüe constituyó el Comité de Desarrollo Comunitario, el cual, según el liderazgo territorial, tiene como objetivo poner en contra a las comunidades a través de una serie de ayudas sociales que son canalizadas por la municipalidad y facilitadas por empresa Los Prados.
Desde la instalación del proyecto fotovoltaico, la criminalización y judicialización han sido el “modo operandi” de la empresa Los Prados. El liderazgo territorial reitera que estas acciones durante los meses de septiembre a diciembre del 2018 se han profundizado y radicalizado.
Entre esas acciones se pueden mencionar:
- Cámaras filmando casas de los principales líderes y lideresas
- Utilización de drones para mantener la vigilancia en las comunidades
- Persecuciones en carros y motocicletas
- Hostigamiento por parte de los guardias privados a los integrantes de los campamentos
- Mensajes y discursos de estigmatización por parte de representantes de la empresa y
- Acciones de persecución penal contra el liderazgo[8].
El asesinato de uno de los líderes de la lucha
Un hecho importante en esta coyuntura de lucha territorial, fue el asesinato de Reynaldo Reyes Moreno, en el mes de noviembre del 2018. Moreno, quien fue líder comunitario de Prados 1, fue judicializado por sus labores de defensa territorial en el 2017. Según relatos de otros líderes, antes de su asesinato, fue coaccionado por la empresa a tal punto de llegar a una conciliación. Su asesinato no contó con un proceso de investigación profundo y riguroso, aunque la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) expresó que el asesinato se debió a ajustes de cuentas[9].
En noviembre del 2018 la empresa se manifestó públicamente contra el proceso de resistencia que mantienen las y los pobladores de Namasigüe, aseverando que las demandas de las comunidades no tienen sustento técnico ni científico y expresó que actualmente se busca una solución entre las autoridades y los pobladores, ya que todo el equipo para la instalación de la obra ya se encuentra en el país[10].
A finales del 2018, la coyuntura territorial favoreció en gran medida a las comunidades en resistencia las que, mediante acciones directas de protesta ciudadana, lograron bloquear los intentos expansionistas de la empresa Los Prados.
De acuerdo con los pobladores, durante el 2019 se han suscitado tres eventos importantes:
- Expansión del proceso de organización y sensibilización en las comunidades
- Un repunte más agresivo de la criminalización y
- Una victoria jurídica significativa contra el sistema de justicia hondureña.
Durante el mes de marzo se realizó, en los territorios en resistencia, un proceso de intercambio en el cual líderes/as de otros territorios del país, visitaron las comunidades de Namasigüe y expusieron ampliamente sobre las implicaciones del modelo extractivista y definieron estrategias a seguir. Para el liderazgo territorial estos espacios han significado el replanteamiento de su lucha, la que se ha traducido en el fortalecimiento de la organización comunitaria y la concientización de la población.
Estos ejercicios ciudadanos de emancipación y empoderamiento no han sido del agrado de empresa Los Prados y con el objetivo de frenar el proceso de resistencia, en abril del 2019, 8 líderes (4 hombres y 4 mujeres) fueron citados por la Dirección Policial de Investigación (DPI), para rendir declaración en calidad de testigos. Sin embargo, al llegar a las oficinas fueron capturados y enviados a la cárcel, en vista que en febrero del 2019, un juez de letras habría librado orden de captura contra los líderes, quienes se dieron cuenta del proceso en su contra, hasta que se presentaron al juzgado.
La acusación en contra de los 8 líderes es por los delitos de coacción, daños y perjuicios. Sin embargo, ante la falta de pruebas que inculparan a los imputados, el 24 de abril, el juez que conoce la causa, se vio en la obligado a dictar sobreseimiento definitivo por el delito de daños y perjuicios. Lo anterior implica una victoria parcial de suma importancia ya que, por un lado, legitima y dar mayor fuerza a las comunidades que se mantienen en resistencia y, por otro lado, obliga a la empresa Los Prados a considerar el fracaso que está teniendo su actual estrategia de criminalización y judicialización contra los defensores y defensoras del medio ambiente.
B. Actores que se disputan el control y acceso al territorio en Namasigüe
Alrededor del conflicto territorial en Namasigüe se identifican tres actores principales:
- Comités Ambientalistas
- Corporación municipal de Namasigüe y
- La empresa Los Prados
En este apartado se realizará una descripción de cada uno de los actores.
- Comités ambientalistas del sector Prados y Costa Azul
Los comités ambientalistas en Prados 1 y 2 y Costa Azul, son espacios que articulan al tejido social existente en las comunidades: patronatos, juntas de agua, líderes religiosos y ciudadanía en general, que está en contra de la instalación de los paneles solares. Las organizaciones comparten una identidad, objetivos y un adversario en común.
Por Identidad se entiende un espacio integrado por ciudadanos de distintas clases sociales, conscientes de la problemática socio ambiental que vive el municipio. Son dos los Objetivos: proteger los medios de subsistencia y la biodiversidad y mantener tener el control y acceso sobre los bienes comunes naturales. Finalmente, el Adversario: son los diversos actores que tejen el modelo extractivista en la zona sur y cuyas acciones tienen efectos negativos sobre el medioambiente, aunque de forma directa el adversario principal lo constituye la empresa Los Prados.
2. Corporación municipal de Namasigüe
La Corporación es una de las instancias políticas que ha resguardado los intereses y que con su posicionamiento ha legitimado el accionar de la empresa Los Prados. La postura de apoyo de la Alcaldía, ha sido uno de los aspectos sobre el cual se ha valido la empresa para mantener su presencia en las comunidades de Namasigüe.
La Corporación Municipal es un actor de suma relevancia a nivel local por las siguientes razones:
- haber ocultado información a los pobladores sobre los permisos de operación de la empresa
- haber impulsado la conformación de comités comunitarios de desarrollo, los que se han convertido en espacios para generar división y conflictividad en las comunidades y
- no convocar a los principales actores involucrados en el conflicto, para que decidan el futuro de la instalación de los paneles solares en el municipio de Namasigüe
3. Empresa fotovoltaica Los Prados
Las comunidades en resistencia (en reiteradas ocasiones) han hecho saber a los representantes de la empresa Los Prados que desaprueban su trabajo por la constante degradación ambiental y por la violación sistemática de los derechos humanos de las poblaciones que se oponen a la instalación y operación de los paneles solares.
En contra posición, valiéndose del respaldo de la Corporación municipal y el control que ejerce sobre la institucionalidad pública, Los Prados ha profundizado y radicalizado el conflicto alrededor de las siguientes acciones:
- generando división en las comunidades
- manteniendo presencia en los territorios de guardias privados
- potencializando estructuras organizativas paralelas a los patronatos e
- influyendo en los procesos de criminalización y judicialización al liderazgo territorial
C. Demandas y posicionamientos de los actores en Namasigüe
Entre marzo del 2018 y junio del 2019, los principales actores en disputa emitieron una serie de demandas y posturas que hicieron visible los intereses que están en juego en el conflicto. De igual forma, los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto es factible entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la postura de las instituciones públicas encargadas de rectorar la generación de energía limpia en el país.
Los Comités Ambientalistas tienen como principales demandas:
- la cancelación del permiso de operaciones a la empresa Los Prados
- la mitigación ambiental causada por la instalación de los paneles solares y
- el cese a la criminalización y judicialización de los lideres/as de las comunidades de Namasigüe
Por su parte, el posicionamiento de la Corporación municipal está centrado en que el proyecto de generación de energía debe continuar y expandirse por el resto de comunidades, porque la empresa genera empleo a la población, realiza obras sociales en las comunidades y deja ingresos financieros, en concepto de impuestos, a la municipalidad de Namasigüe.
Finalmente, el posicionamiento de Los Prados consiste en continuar la operación y expansión del proyecto fotovoltaico. Argumentan que el contrato de operación está suscrito con base en lo que establece la normativa hondureña y se autodenominan como una empresa socialmente responsable y protectora del medio ambiente.
D. Correlación de fuerzas
En el conflicto territorial de Namasigüe se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.
El bloque dominante: está representando por la empresa Los Prados y la Corporación municipal de Namasigüe. Está sustentado, en gran parte, por la institucionalidad pública (Instituto de Conservación Forestal –ICF-, Congreso Nacional –CN-, Secretaría de Ambiente –MiAmbiente-, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica –ENEE-), reforzado por las fuerzas represivas del Estado (militares y policías), blindado por un marco jurídico que criminaliza y judicializa a los líderes/as de las comunidades en oposición. Además, tiene el respaldo mediático de los principales medios de comunicación locales y el respaldo de las fuerzas policiales, militares y guardias privados para reprimir a los sectores en oposición.
Este bloque, a corto plazo, tiene como objetivo desaparecer el actual proceso de lucha territorial. A largo plazo operar y expandir su proyecto de energía fotovoltaica en la zona sur de Honduras.
Bloque de resistencia territorial: está representado por los Comités Ambientalistas aglutinados en MASSVIDA. Este bloque, a corto plazo, tiene como objetivo lograr que las instituciones del Gobierno cancelen el contrato con la empresa Los Prados. A largo plazo, tener el control y acceso sobre sus bienes comunes naturales: tierra, agua y territorio.
Para lograr sus objetivos, el bloque de resistencia cuenta con legitimidad social, política y la capacidad organizativa para movilizar a los pobladores en oposición a la operación y expansión de los paneles solares. Además, cuentan con la radio comunitaria “Estéreo Namasigüe”, a través de la que se informa y se sensibiliza a la población. Con el trabajo de conscientización se ha logrado la incorporación masiva de las mujeres en la defensa del territorio, las que, al igual que los hombres, cuentan con el apoyo estratégico y político de MASSVIDA, el respaldo de las organizaciones de derechos humanos, el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país y la asesoría legal de la Red de Abogados del Sur.
Contradicciones e intereses de los dos bloques en disputa
Analizar las contradicciones principales y los intereses que existen entre los dos bloques en disputa, lleva a colegir con la problemática, tres ideas centrales relacionadas con la actual correlación de fuerza:
Primero, el sobreseimiento definitivo contra el liderazgo territorial es una importante victoria jurídica para las comunidades en resistencia. Les permite reforzar y reposicionar, con mayor legitimidad ante la opinión pública, sus demandas. Deja al descubierto, además, la manera cínica en que el sistema de justicia y la empresa crean escenarios y medios de pruebas falsos para criminalizar a las y los defensores del territorio.
Segundo, Los Prados seguirá manteniendo el respaldo de las instituciones del Estado y de ese respaldo se va a sostener para expandir la instalación de los paneles solares, con la disyuntiva que será un proceso con un costo político bastante alto para la empresa y el Gobierno, ya que a medida que aumenta la presión de la empresa, las comunidades van reforzando y expandiendo sus procesos de organización y sensibilización contra los impactos ambientales que están ocasionando los paneles solares.
Tercero, la disputa por el territorio, el control y acceso a los bienes comunes naturales sigue abierta. Los bloques enfrentados cuentan con herramientas y recursos para seguir presionando y resistiendo, por tanto continuará abierta la conflictividad comunitaria y socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política con una dimensión regional que implicaría: la militarización del territorio, recrudecimiento de la violencia política contra las comunidades en resistencia, profundización de la actual crisis humanitaria ante el despojo de los medios de vida y, en el peor de los casos, masivos brotes de migración y desplazamientos humanos.
III. Retos y desafíos de la lucha territorial en Namasigüe: A manera de líneas estratégicas para la acción política
En ese marco de conflictividad territorial, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), planteamos algunos retos y desafíos en el corto y mediano plazo para las organizaciones que acuerpan, sostienen y lideran el actual proceso de lucha y resistencia territorial en Namasigüe.
Se proponen las siguientes líneas estratégicas:
En lo legal, uno de los puntos de partida para avanzar en esta línea lo constituye el hecho de que el permiso de operación de empresa Los Prados, fue otorgado en un área protegida. Asimismo, la notoriedad de los impactos ambientales que están afectando directamente en la vida de las personas y la ausencia de consulta ciudadana para decidir sobre la instalación de los paneles solares. Esta línea se sustentaría alrededor de un proceso de incidencia nacional y local. El primero, ante las instituciones públicas del Estado para que cancelen el permiso de operación por los motivos antes mencionado. Y segundo, presionando a la Corporación municipal de Namasigüe para la convocatoria a un Cabildo Abierto y declarar al municipio libre de instalación de paneles solares y de proyectos extractivistas.
En lo organizativo, el actual proceso de resistencia territorial se caracteriza por ser fuerte y en constante proceso de expansión. No obstante, consideramos que sigue estando muy disperso y poco articulado con los demás espacios organizativos existentes en las demás comunidades. Es por ello la necesidad de que MASSVIDA y los Comités Ambientalistas se planteen la construcción de un espacio municipal más abierto y representado por las distintas fuerzas sociales que luchan contra la instalación de los paneles solares y el modelo extractivista, en general. Experiencias como las del municipio del Triunfo en Choluteca y la constitución del Movimiento Municipal Triunfeño contra la explotación minera y la constitución del Comité de Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, dan cuenta de la efectividad que tienen estos espacios articulados de resistencia territorial.
En lo político, el proceso legal y organizativo estaría acompañado de un fuerte proceso de presión y movilización social, encaminada a posicionar políticamente el conflicto socioambiental en Namasigüe. Lo anterior comprende los siguientes aspectos: Construcción de líneas de acción estratégicas en el corto y mediano plazo, fortalecimiento de redes de apoyo y solidaridad con organizaciones nacionales y territoriales que luchan por la defensa de los bienes comunes y por la asesoría y acompañamiento estratégico por parte de MASSVIDA, para que el proceso de resistencia trascienda de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional. Experiencias como las de Guapinol, ADEPZA, Agua Zarca y los Tolupanes en Yoro, demuestran la importancia de este tipo de acciones.
Y, por último, un punto importante para añadir en este marco político, es el tema del liderazgo de las mujeres, quienes han asumido la vigilancia del campamento durante el día y seguimiento de las operaciones de las empresas fotovoltaicas, por lo que se vuelve necesario el establecimiento de líneas de protección y de seguridad comunitarias que aseguren la continuidad de la labor de defensoría de los bienes comunes.
En lo mediático, la radio Estéreo de Namasigüe ha sido una de las principales herramientas de sensibilización y fortalecimiento de la conciencia ambiental de los pobladores. Consideramos que la radio puede potencializar su trabajo a través de las siguientes acciones: MASSVIDA y los Comités Ambientalistas, partiendo del relato de los pobladores, sistematizan las principales implicaciones que está generando la instalación de los paneles solares, apertura de programas específicos para tratar la problemática de las comunidades en los cuales las voces participantes sean las y los pobladores, impulsar y desarrollar foros públicos en las comunidades para dar a conocer la dinámica de actuación del modelo extractivista y la importancia de la organización comunitaria y visibilizar con mayor fuerza el trabajo que realizan las organizaciones en su lucha por la defensa de los bienes comunes naturales.
[1] http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2018/11/decreto-33423-A.pdf
[2] https://empresasabiertas.com/seis_empresas_creadas.html
[3] http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/593-cronica-del-despojo-fotovoltaica-los-prados-segunda-parte
[4] https://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf
[5] http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/593-cronica-del-despojo-fotovoltaica-los-prados-segunda-parte
[6] Datos sustraídos de conversación con Héctor Portillo, biólogo y master en Áreas Protegidas. Junio 2019.
[7] Entrevista a líder comunitario. Tegucigalpa, junio de 2019.
[8] Entrevista a defensor de los derechos humanos de la zona Sur. Tegucigalpa, junio de 2019.
[9] http://www.conexihon.hn/index.php/mirada-al-sur/882-que-hay-detras-del-asesinato-del-lider-comunitario-de-los-prados-namasiguee
[10] https://www.laprensa.hn/economia/1130179-410/energía-solar-sector-atrae-inversiones-lufussa
