Escrito por Eugenio Sosa, analista político senior del CESPAD
La derogación de los decretos ejecutivos (PCM) en los sectores de la salud y de la educación, coloca un nuevo escenario para la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación Pública, y nuevos desafíos para la movilización popular contra las privatizaciones. Este nuevo escenario y estos nuevos desafíos se expresan de la manera siguiente:
- La política de la calle expresada en las movilizaciones populares, es la que le ha empezado a poner los límites al gobierno abusivo y autoritario de Juan Orlando Hernández. Después de un mes de movilizaciones populares en todo el territorio nacional, y sobre todo, de las movilizaciones disruptivas, combativas y beligerantes de los días 30 y 31 de mayo de 2019, el gobierno se vio obligado a derogar los decretos ejecutivos (PCM) el 02 de junio, que fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 03 de junio. Sin embargo, el gobierno busca demostrar que las derogaciones de los decretos ejecutivos es el producto del diálogo y de un pacto entre el gobierno y la dirigencia magisterial, que se encuentra cuestionada por sus bases y el mismo gobierno que ha hecho públicos casos de corrupción que se encuentran en el Ministerio Público. Esta dirigencia magisterial, más cercana al gobierno que a sus bases, que firmó el pacto con el gobierno actúo a espaldas del liderazgo genuino de la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación Pública, que lidera Suyapa Figueroa.
- No se puede desconocer que la derogación de los decretos ejecutivos (PCM) constituye una victoria muy importante para la los gremios de la salud y la educación, y para la lucha popular en general. Los maestros, médicos y trabajadores de la salud tenían diez años de estar sometidos a las políticas de precarización y amenaza de sus conquistas laborales. Hasta hace algunos días era inimaginable que estos gremios de la salud y la educación podrían irrumpir con capacidad de movilización y hacer retroceder algunas políticas gubernamentales. La Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública acepta y reconoce la derogación de los decretos ejecutivos (PCM), pero para ir al diálogo ha propuesto las condiciones o requisitos siguientes: ¿Quién será el convocante?, ¿cuál es la agenda del gobierno?, ¿que se investiguen las muertes de quienes han participado en las protestas?, ¿realizar el diálogo de salud y educación en una sola mesa, no por separado?, ¿cuáles serán las secretarías de Estado, instituciones públicas, padres y madres de familia, cooperantes internacionales y sectores de la sociedad, que participarían en el diálogo?, ¿ cuál será el lugar donde se instalará la mesa nacional de salud y educación? y ¿cuáles van a ser las garantías para una participación efectiva que permita a la Plataforma el logro en el corto y mediano plazo, del fortalecimiento del sistema nacional de salud y educación?
- Que la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública demande establecer condiciones o requisitos para el diálogo, no sólo es correcto, sino que fundamental. Un diálogo democrático y horizontal debe tener las reglas del juego claras, entre las que implica: los actores del diálogo deben ser relevantes y legítimos porque han estado como protagonistas centrales del conflicto, deber haber claridad de la agenda del diálogo y la misma debe ser compartida y aceptada por todos los actores participantes; debe estar claramente definida y consensuada la metodología; los coordinadores, facilitadores o mediadores, también deben ser seleccionados por consenso. Es clave de que quede claro cuál será el proceso que garantizará la implementación y cumplimiento de los acuerdos o resultados del diálogo; así como los mecanismos de monitoreo y seguimiento. Si las reglas del juego son impuestas y manipuladas por uno de los actores, éste tiende todas las posibilidades de manipular el proceso del diálogo y sus resultados.
- La Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública; además de ir al diálogo con las reglas claras del juego, debe también llegar con propuestas que garanticen el derecho a la salud y la educación para los sectores más excluidos del pueblo hondureño. Es necesario hacer cambios profundos en el presupuesto nacional, en el que lo social, como la salud y la educación, sean prioridad por sobre el gasto en los sectores de la seguridad y la defensa. No se puede seguir ofreciendo “una educación pobre para pobres”. Hay que superar los rezagos de repitencia y deserción escolar, asumir los desafíos de cobertura en los niveles de pre-escolar y media. El sistema de salud necesita una transformación radical, que lleve a garantizar el derecho a la salud del pueblo hondureño, garantizándole medicinas, atención especializada, incrementar la inversión presupuestaria y combatir la corrupción.
- Las contundentes movilizaciones y acciones de protesta de los días tres y cuatro de junio, proporcionan legitimidad a los líderes genuinos (Presidenta del Colegio Médico de Honduras, Presidente del COPEMH y Presidente de COLPEDAGOGOSH) de la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública, los posicionan como los representantes genuinos de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación y del pueblo hondureño en general. Es estratégico que durante el diálogo los representantes de la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública mantengan el contacto directo con sus bases y el pueblo hondureño a través de las asambleas informativas, asambleas departamentales, asambleas generales y otro tipo de mecanismos de consulta y participación. Esto significa mantener en el movimiento su carácter asambleario y el principio de “conducir obedeciendo”.
- Todos los sectores populares y ciudadanía en general, debe asumir el desafío de prepararse para avanzar en una nueva escala de lucha popular, constituyendo una Plataforma de Lucha Popular Contra Todas las Privatizaciones y la Corrupción, donde se incluya la demanda de derogar todo tipo de concesiones territoriales para las mineras, hidroeléctricas y otros tipos de extractivismo, las demandas populares en el tema de la energía eléctrica y la lucha contra la corrupción.
