El Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), lamenta el accionar de los diferentes poderes del Estado a favor del despojo de los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y campesinos.
Mediante decreto No. 23-2015 fue concedido por el Congreso Nacional el contrato con la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia (PROGELSA), para la generación de energía eléctrica por un periodo de 20 años, en el depto. de Francisco Morazán, Reitoca, en el Río Petacón, principal fuente de agua de los municipios de Reitoca y aledaños.
Las y los pobladores afectados han denunciado por diferentes medios que el proyecto ha causado daños irreversibles en el agua del río vulnerando su derecho al agua, salud y alimentación, además, que la empresa ha levantado campañas de desprestigio y procesos judiciales contra quienes se oponen al proyecto.
Como manifestación de resistencia los pobladores han declarado en Cabildo Abierto al municipio libre de proyectos extractivos y mantenido un campamento que ha sido anteriormente incendiado por simpatizantes de la empresa, además constantemente se enfrentan a militares y policías donde hombres y mujeres han resultado heridos de bala.
El día de ayer, 24 de abril un contingente de la Policía Nacional y Cobras armados desalojaron violentamente al Comité de Protección del Río Reitoca que resistió durante horas el desalojo, sin embargo, esos agentes tomaron el control del campamento, mientras este día en un intento por evitar que PROGELSA siga explotando sus recursos los entes represores del Estado les esperaban armados, cobrando como resultado un herido de bala.
Por lo anterior desde CESPAD nos solidarizamos con los y las compañeras defensoras y demandamos al Estado de Honduras a:
- Suspender definitivamente la concesión de este territorio ante el rechazo de la población expresada en Cabildo Abierto.
- Detener la criminalización y persecución contra el liderazgo del Comité de Protección del río Petacón.
- Poner alto a los desalojos violentos en contra de la población que defiende sus bienes comunes.
- Al Ministerio Publico, dar seguimiento a las denuncias presentadas por estos pobladores vulnerados y judicializar a los actores materiales e intelectuales de los ataques a su dignidad y a sus vidas.
25 de abril 2019, Tegucigalpa M.D.C
