Por: Gerzon Padilla y Claudia Mendoza
Edición: Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
Honduras se encuentra en una encrucijada: su Presidente es señalado de estar vinculado al narcotráfico y a redes de corrupción. Y, por otro lado, desde la administración pública de justicia, el país no da visos contundentes de pretender investigarlo y mucho menos de llevarlo ante los tribunales.
Pero, ¿por qué no se investiga al presidente de Honduras y su familia? ¿Lo investigará la MACCIH, por los casos de corrupción con los que se le vincula? Esas son algunas preguntas que se hace constantemente la población hondureña. Pero, al analizarse el contexto del país, surge otra: ¿conviene en este momento investigar y enjuiciar a Juan Orlando Hernández?
Un corto recuento pone en perspectiva algunos hechos
Del presidente de Honduras y de algunos de sus más cercanos funcionarios y colaboradores de alto nivel, al igual que de otros titulares de instituciones de gobierno se ha dicho mucho, en los recientes años. Uno de los casos que despertó con fuerza la alerta entre la población aconteció en el mes de junio del año 2015, cuando el propio presidente admitió, públicamente, que el Partido Nacional (el que lo llevó al gobierno) recibió dinero desviado del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Se estima que las pérdidas ocasionadas al IHSS, durante la gestión de Mario Zelaya, ascienden a unos 6 mil 300 millones de lempiras (unos 300 millones de dólares). Estas pérdidas fueron ocasionadas tanto por empresas legítimas que firmaron contratos sobrevalorados (vendieron bienes y servicios reales al IHSS, pero por precios exagerados), como por empresas “de maletín”, que solo existían en papel, únicamente para robar dinero de las arcas del IHSS.
Otro acto de corrupción que llamó poderosamente la atención fue el titulado “La caja de Pandora”, un desfalco que se cometió a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para, entre otro tipo de hechos, favorecer la campaña política de Juan Hernández. El caso fue denunciado de forma pública por Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suarez, uno de los principales implicados en el robo y quien guarda prisión en este momento. Este caso involucra, además, al ex presidente del país, Porfirio Lobo Sosa, a la difunta hermana del Presidente, Hilda Hernández y a muchos funcionarios de segunda y tercera categoría. Las transacciones se planificaron y ejecutaron entre el 2010 y el 2014. Con ellas se robaron 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares de los fondos públicos.
Un hecho que recientemente volvió a colocar en la mira al presidente de Honduras es la captura de su hermano Antonio Hernández, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico “a gran escala”. De acuerdo con la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el abogado, ex diputado y hermano del mandatario hondureño, habría desarrollado una actividad en el narcotráfico, desde el año 2004 hasta la fecha de su captura. El documento público de la Corte agrega que Hernández tenía, incluso, laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia.
La población hondureña no desconoce que (citando siempre a la Corte), “Hernández (Tony) estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas que se desplazaba a través de Honduras y hasta Estados Unidos”, dijo el fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman (citado el texto). Pero, para la población hondureña también resulta inverosímil que Hernández, en su condición de presidente de Honduras, no tuviese información, conocimiento y pruebas de las “andanzas” de su hermano.
Hernández se volvió a colocar en la palestra pública con la denuncia que hizo el periodista David Romero Ellner, quien fue enviado a prisión por 10 años, en el mes de marzo del 2019, luego de una serie de eventos y de un proceso judicial en su contra que tiene diversos matices, pero como base una demanda por difamación constitutiva de calumnias, que interpuso la ex fiscal Sonia Gálvez.
Ver: El laberinto jurídico y político del caso de David Romero
Mientras esperaba su captura, Romero hizo señalamientos fuertes que implican al titular del Poder Ejecutivo, a la madre de la primera dama (Ana García) y a otros funcionarios del partido de gobierno. La denuncia brinda datos de la presunta sustracción desde el Estado, más de 4 mil millones de lempiras, a través de varias Organizaciones no Gubernamentales.
Sobre el caso, en un hecho jamás visto, mientras Romero era detenido por las autoridades, su esposa, la también periodista Lidieth Díaz, se hizo presente en las instalaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), el pasado 28 de marzo del 2019, para entregar la documentación que afirmó, sustenta las denuncias contra el presidente de Honduras.
Estos casos y muchos más que se han acumulado en la última década, han ido generando un descontento entre la población, la que comenzó a brotar de nuevo en las calles, a través de la reactivación de las protestas de los indignados y “las marchas de las antorchas”.
La MACCIH ¿aliado en la lucha contra la corrupción?
Desde que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad se instaló en Honduras, en el 2015, ha desatado opiniones encontradas. Un sector considera a la Misión como una de las pocas opciones para investigar la corrupción y los corruptos en el país. Otros reflexionan que este es un ente que nació con muchos “pecados de origen” y que difícilmente podrá enfrentarse y mucho menos llevar ante los tribunales a las y los corruptos, sobre todo los de “altos quilates”.
En el actual momento, en el que detrás de la MACCIH hay una población que casi en su totalidad “pide a gritos” que se investigue a los “peces grandes”, es imperativo retomar la reflexión sobre los alcances de una iniciativa que para algunos sectores sigue siendo una alternativa, pero que para otros es un “número más, de un show” instalado en Honduras. Asimismo, la viabilidad o no, de investigar y enjuiciar a Hernández, en su condición de presidente de Honduras.
Víctor Meza: “la MACCIH nació con alas cortadas”
Con las «alas cortadas», con funciones limitadas y con facultades reducidas, llegó a Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, sostiene Víctor Meza, analista político y director del Centro de Documentación de Honduras, (CEDOH).
Pero más allá de que ha sido evidente que la Misión tiene una autonomía muy reducida (no solo por el Acuerdo que le dio vida), sostiene el analista, el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Secretario General, Luis Almagro, es la causa de un problema mayor, particularmente por lo complaciente que ha sido con el que considera el “gobierno corrupto de Honduras”.
Meza dice que cuando se habla de una coalición de macro-impunidad entre autoridades importantes de ese organismo internacional y el gobierno hondureño, hay razones para pensar que ese pacto ha funcionado y la expresión más concreta de esto fue la salida de Juan Jiménez Mayor, quien sin duda le había puesto a la MACCIH una dinámica positiva, que permitía ir cumpliendo, al menos el papel que el convenio le concede.
La valoración del consultado es que la MACCIH fue mostrando una colaboración activa, mientras el gobierno abogaba por el acompañamiento pasivo. Ambas concepciones chocaron y a eso se debe la salida del anterior vocero, trayendo en su sustitución a alguien con un perfil más bajo y menos beligerante como Luiz Antonio Guimarães.
En el mejor de los casos, coinciden los analistas, aun y cuando a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), el ente que se creó a iniciativa de la MACCIH, dentro del Ministerio Público, se abra alguna línea de investigación para Hernández, las barreras que proceden a esta etapa, son casi imposibles de sortear.
Omar Menjívar: “una Corte con “sello Hernández” juzgaría al presidente de Honduras”
Para ser investigado y llevado ante los tribunales, el presidente de Honduras tendría que ser acusado ante la actual Corte Suprema de Justicia. “Jueces y juezas que él escogió”, dice Omar Menjívar, abogado y analista político que comienza señalando este aspecto, como un primer inconveniente para procesar a Hernández por los casos de corrupción que se le vinculan.
Menjívar dice que no hay que olvidar que la actual Corte Suprema tiene el sello Hernández, ya que todos los abogados que la conforman fueron seleccionados con su beneplácito. “El que está allí le tiene agradecimiento por haber sido seleccionado, por haberle dado la bendición, por haberlo favorecido para disfrutar de todas las canonjías que implica ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Una especie de compromiso para protegerlo”, agrega.
La reflexión de este abogado pone en perspectiva el hecho de la inconveniencia de llevar ante tribunales a Hernández, pues hacerlo bajo las actuales circunstancias, simplemente le daría la oportunidad de limpiar su nombre. “Sería una especie de proceso fraudulento, mediante el cual sería exonerado y solo serviría para sustraerlo de la responsabilidad que tiene en los delitos que podrían atribuírsele”, cuestiona.
En otras palabras, hay un choque entre la inconveniencia de juzgarlo con un sistema de justicia fiel a sus intereses y la urgencia que tiene la población hondureña de que sea enjuiciado y deducirle responsabilidades por los casos de corrupción que se le achacan.
La embajada de EUA: el apoyo de Hernández hasta que no sirva a sus intereses
Aún y cuando la MACCIH realice atisbos de investigar a Juan Hernández, para Menjívar, la decisión de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en Honduras y del Departamento de los Estados Unidos es crucial y hasta el momento no han mostrado ningún interés para que la justicia alcance al presidente hondureño. “De hecho, son los que lo pusieron y los que lo sostienen”, dice categóricamente el entrevistado.
Incluso, para este abogado, ni la “vocería” de algunos congresistas estadounidenses como Norma Torres, es suficiente para que ese gobierno, a través del departamento de Estado, cambie su postura. “No la visualizó en el corto ni mediano plazo”, sostiene.
El apoyo denodado que brinda el gobierno norteamericano a Hernández se afinca, dice Menjívar, “en que les ha servido mucho, es muy servil, ha sido muy complaciente con los Estados Unidos. Si le dicen que doble rodillas, las dobla; que entregue a alguien, lo entrega y al final eso es lo que es interesa a los gringos”.
Hernández tiene a su favor que los norteamericanos no encuentran aún, un sustituto dentro de la oferta posible, que les garantice esa fidelidad. “Yo no veo, por lo menos en el corto plazo, que Los Estados Unidos vayan a cambiar su posición respecto a este señor y si no ocurre ese cambio, va a ser difícil que sea enjuiciado con garantía de la aplicación correcta de ley, como corresponde, sobre todo si eso tiene que hacerlo la actual Corte Suprema”, finalizó diciendo Menjívar.
La movilización ciudadana ¿la única alternativa?
Regresemos al análisis de Meza, quien considera que en el contexto actual el país está inmerso en un “sistema integral de hiper-corrupción”, una condición que lleva a que la ciudadanía exprese su preocupación de diferentes maneras. Las recién reactivadas, son las marchas de las antorchas que, a mediados del 2015, fueron multitudinarias e impresionantes, demandando la instalación de una Comisión Internacional en contra la Corrupción y la impunidad, al estilo de Guatemala, bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Si bien no se logró conseguir ese objetivo, sí se instaló una Misión de Apoyo, asistida por la Organización de Estados Americanos, OEA. De allí que se advierte una diferencia substancial, “un organismo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sin duda tiene más peso que un organismo auspiciado por la OEA”, dice el entrevistado.
Para Meza, la OEA ha tenido una tradición de fracasos en la gestión de las crisis hondureñas. “Concretamente y la más reciente, la crisis del golpe de Estado en el 2009, hace 10 años, cuando no fue capaz ni siquiera de poner las sanciones de la Carta Democrática de una manera sostenida al gobierno golpista de entonces”, sostiene.
Este analista considera que la única alternativa en este momento es la movilización. “No hay otra salida más que la presión ciudadana para sacar a las pandillas de corruptos que se han apoderado de los recursos públicos, de la administración y han convertido a Honduras en un Estado degradado”, concluye.
