El Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), condena la perversa estrategia de las autoridades estatales para fragmentar la lucha por la defensa de los bienes comunes en Honduras.
Los pobladores del municipio de Namasigüe, Choluteca, mantienen una lucha contra la instalación de proyectos de energía solar fotovoltaica, construidos en la zona sur del país, y que han dejado como consecuencia la destrucción sistemáticamente los recursos naturales, vulnerando derechos fundamentales de los pobladores, disminuyendo las fuentes de agua y por ende las áreas dedicadas a la producción de granos básicos. Además del daño ambiental, los y las defensoras de este territorio han sido víctimas de diversas formas de criminalización desde el Estado y las empresas extractivistas, incluida la acción penal.
Este día, en horas de la mañana y bajo engaños, se presentaron los defensores y defensoras Ancelma Escobar de 64 años de edad (adulta mayor), Noesis Gómez de 56, Juana Mendoza de 44, Erasmo de Jesús Pastrana de 38 años, Kelvin Gómez de 27, Félix Pastrana de 25 años, Marlene Pastrana de 27 y la menor Jenny Aguilar de 20 años de edad, citados por la Dirección Policial de Investigación (DPI), en Choluteca, en calidad de testigos. Sin embargo, al llegar se les privó arbitrariamente de su libertad, acusados por la empresa fotovoltaica Los Prados, del delito de daños a la propiedad.
Ante este contexto de violencia y criminalización, desde CESPAD nos solidarizamos con los y las compañeras defensoras y demandamos al Estado de Honduras a:
- Frenar la violación sistemática del Estado que vulnera la integridad física y emocional de los y las defensoras de los bienes comunes.
- Garantizar el derecho de las personas al debido proceso.
- Respetar los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
Finalizamos haciendo un llamado a la comunidad nacional e internacional para unir la voz en pro de los pueblos que defienden los bienes de todos y todas.
11 de abril de 2019, Tegucigalpa M.D.C.
