I. Introducción al conflicto de Guapinol
A. Marco legal de la concesión en el “Parque Nacional Carlos Escaleras”
En los últimos meses, la comunidad de Guapinol ha sido escenario de la agudización del conflicto entre los defensores y defensoras del agua y el medio ambiente, organizados en el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa con la minera Inversiones Los Pinares. Contando, esta última, con la complicidad de la institucionalidad estatal (local y nacional) para impulsar sus negocios extractivistas en esa región del territorio hondureño.
En este panorama, el balance de poder ha sido muy desfavorable para el Comité de los Bienes Comunes y Públicos en la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, pues han tenido que enfrentar a una institucionalidad que ha facilitado y permitido la maximización de los beneficios de los agentes privados y públicos con fuertes intereses en la industria extractiva.
Por esta razón, para abordar los conflictos en los territorios es importante identificar los patrones de acción entre los agentes públicos y privados en el país. Esa relación es evidente en el Congreso Nacional y el proceso sistemático por el cual, mediante la aprobación irregular de reformas y leyes, se ha creado un ambiente legislativo favorable para la concesión de los bienes comunes a la industria extractiva en Honduras. Por consiguiente, el caso de Guapinol es un ejemplo relevante que evidencia cómo los conflictos territoriales tienen su origen en las instituciones estatales.
En este sentido, la problemática en la comunidad de Guapinol tuvo sus orígenes en el año 2013, cuando en el Congreso Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 252-2013, los legisladores aprobaron de forma deliberada e irregular la reducción de la zona núcleo del área protegida Parque Nacional Carlos Escaleras en 217.34 hectáreas, con la intención expresa de permitir la concesión minera a Inversiones Los Pinares[1].
De esta manera, de acuerdo con los defensores legales del Comité de Bienes Comunes y Públicos, la adopción de normas para ajustarlas a intereses particulares a través de procesos irregulares en el Congreso Nacional, son el principal argumento de la ilegalidad de la concesión del proyecto minero sobre el área protegida el Parque Nacional Carlos Escaleras.
B. Impactos de la concesión en Guapinol
La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Guapinol. Entre los impactos ambientales se incluye la destrucción de 15 manzanas de bosque primario y sus consecuencias, como ser el deslizamiento de tierra, hundimientos y la disminución de las afluentes de agua del Rio San Pedro y el cambio del color del agua (radioprogreso, 2018).
Por consiguiente, esta concesión generó la oposición por parte de los sectores sociales organizados en el Comité de Bienes Comunes y Públicos. Dos acciones fueron relevantes en esta coyuntura. En primer lugar, la toma de la Municipalidad de Tocoa, como una acción de denuncia y presión para la convocatoria a un cabildo abierto que tendría como fin consultar a las comunidades afectadas sobre la presencia de los proyectos; y, en segundo lugar, la instalación de un campamento en la carretera que conduce a la empresa minera.[2]
Teniendo en consideración el desarrollo de estos acontecimientos, se propone un análisis de la coyuntura en Guapinol, centrado en los siguientes aspectos: la dinámica de la contienda política en el territorio, los actores involucrados en el conflicto, las demandas y posicionamientos de los actores en contienda, y el balance de poder entre los sectores confrontados. Finalmente se concluye con una descripción de los posibles escenarios que podrían presentarse en la continuidad del conflicto, en un corto y mediano plazo.
II. Coyuntura: Criminalización, victoria jurídica y la persistencia del conflicto
A. Dinámica de la contienda política en el conflicto de Guapinol
Las ilegalidades que rondan alrededor de la concesión minera y los impactos ambientales que vulneran los derechos humanos, han sido el telón de fondo sobre el cual los pobladores de Guapinol y San Pedro se han alzado en contra del accionar de la empresa Inversiones Pinares.
En el mes de agosto de 2018, Inversiones Pinares abrió una nueva carretera que conduce a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, el principal productor de agua y oxígeno del municipio de distintas comunidades del Municipio de Tocoa. De esta manera, con grandes máquinas y explosivos de dinamita pretenden, sin ningún control, destruir la montaña para extraer oro del territorio ubicado en el Parque Nacional (COPA, 2018).
Por consiguiente, ese hecho conllevó a la movilización de las distintas organizaciones sociales en 15 comunidades de Tocoa, que finalmente desembocaron en la instalación del Campamento de Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, que desde su establecimiento demandaron categóricamente la cancelación de la concesión minera, el retiro de la maquinaria de excavación y la desmilitarización del territorio.
Sin embargo, esas acciones reivindicativas no fueron del agrado de la élite extractivista y el 27 de octubre de 2018, usando 1,500 efectivos, incluyendo a las fuerzas de seguridad del Estado integradas por la Policía Nacional, Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se llevó a cabo un desalojo violento de los/as pobladores que participaban en el campamento organizado por los miembros del Comité de Bienes Comunes y Públicos. ´
De esta forma, el proceso de desalojo del 27 de octubre tuvo dos implicaciones: los cambios en la correlación de fuerzas de los actores involucrados en el conflicto y, la profundización de la criminalización de la lucha territorial. En este sentido, la primera consecuencia del desalojo significó un cambio que se ha evidenciado alrededor de los siguientes hechos:
- El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa,ha logrado mayor legitimidad, y como resultado, también ha fortalecido su identidad como movimiento territorial y su presencia en las comunidades en Tocoa.
- La Corporación municipal, en un comunicado del 11 de noviembre, declaro la voluntad de cancelar la concesión, por no cumplir con la consulta previa e informada que manda la ley hondureña. (Hondudiario, 2018).
- Inversiones Pinares, con el objetivo de imponer su proyecto extractivo radicalizó acciones parar generar división en las comunidades, mediante la entrega de armas a los pobladores en apoyo al desarrollo del proyecto minero.
En ese momento el Comité supo conducir la coyuntura al menos por dos eventos: a) El impacto mediático del desalojo violento del campamento que se produjo el 27 de octubre, obligó a que las principales instancias de Derechos Humanos nacionales e internacionales se pronunciaran condenando la brutalidad del desalojo, y b) La auto convocatoria de líderes/as para celebrar la Cumbre municipal en enero del 2019, en la cual se ratificó al municipio de Tocoa libre de Minería y proyectos extractivistas y, además, se le exigió a la Corporación municipal la convocatoria a un Cabildo Abierto.
La segunda implicación, giró alrededor de la criminalización de la lucha territorial.
Por consiguiente, de esta forma, entre octubre y diciembre de 2018, la empresa minera, con la complicidad de la institucionalidad estatal, comenzó un proceso de criminalización en contra del liderazgo territorial a través de acciones de persecución, intimidaciones, vigilancia y atentados. En definitiva, con estas acciones se buscaba generar temor en la población y la desmovilización del movimiento.
Durante el periodo de enero-marzo, las acciones de criminalización se incrementaron y se radicalizaron. A lo largo del mes de enero, se implementó una campaña de desprestigio por las redes sociales digitales en contra del liderazgo territorial.
Ya para febrero de 2019 el proceso de criminalización tomó un nuevo giro y la persecución penal contra el liderazgo territorial marcó la coyuntura política de ese momento. El día en que los lideres/as con procesos de judicialización se presentaron a los juzgados, fue evidente el proceso irregular de la persecución penal, pues se les imputó el delito de la asociación ilícita, y posteriormente, fueron requeridos y trasladados a Tegucigalpa para empezar con el proceso de audiencia en un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional.
Lo anterior conllevó a la judicialización de 12 líderes/as del Comité. Es importante notar que el proceso se desarrolló alrededor de un autoritarismo judicial, que colocó al descubierto la manipulación de pruebas del Ministerio Público y la imparcialidad, en diferentes momentos del proceso, del Juez a cargo.
Afortunadamente la defensa jurídica dispuso de la sabiduría y capacidad de desmontar las infundadas pruebas esgrimidas por el Ministerio Público, no teniendo el Tribunal de Competencia Territorial Nacional más alternativa que la de dictar sobreseimiento definitivo a los líderes y lideresas de Guapinol. Esta ha dejado como aprendizaje que la lucha territorial y la defensa de los bienes comunes es un proceso legítimo de resistencia. No obstante, en el fondo el conflicto persiste, ya que Inversiones Pinares sigue en funcionamiento en la zona de Guapinol. De tal manera que, los pobladores han continuado con las denuncias de violación a sus derechos humanos y la Corporación municipal sigue jugando un tímido papel para darle respuesta satisfactoria al conflicto.
B. Actores que se disputan el territorio en Guapinol
Alrededor del conflicto territorial en Guapinol se identifican tres actores principales: el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Inversiones Pinares y la Corporación Municipal de Tocoa. En este apartado se realizará una descripción de cada uno de los actores y sus posicionamientos en el conflicto territorial en Guapinol.
- Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, es un espacio articulador de las distintas organizaciones sociales del municipio que está integrado por las siguientes organizaciones: patronatos, sindicatos, juntas de agua, comités ambientales, organizaciones de mujeres, plataformas agrarias, organizaciones religiosas con mayor fuerza de la Iglesia Católica. Cabe destacar que todas las organizaciones comparten una identidad, objetivos y un adversario en común.
Por Identidad se entiende a un espacio integrado por ciudadanos de distintas clases sociales conscientes de la problemática socio ambiental. Son dos los Objetivos: proteger la naturaleza y promover un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos de la población. Finalmente, el Adversario: son los diversos actores que tejen el modelo extractivista, y cuyas acciones tienen efectos negativos sobre el medioambiente, aunque de forma directa el adversario principal lo constituye la empresa Inversiones Pinares.
2. Corporación Municipal de Tocoa
La Corporación Municipal es una de las instancias políticas que ha resguardado los intereses y con su posicionamiento ha legitimado el accionar de Inversiones Pinares. El rol de la Alcaldía ha sido uno de los aspectos sobre los cuales se ha valido Inversiones Pinares para mantener su presencia en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Finalmente, la alcaldía municipal es un actor de suma relevancia a nivel local por las siguientes razones: Haber otorgado permisos de explotación sin consultar a las comunidades sobre la instalación de las empresas extractivas, por no acatar las demandas de las comunidades en declarar al municipio de Tocoa libre de Minería y por no convocar a un Cabildo Abierto democrático, incluyente, libre y transparente para que la ciudadanía decida el futuro de los proyectos extractivos en el municipio.
3. Inversiones Pinares
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en reiteradas ocasiones han hecho saber a los representantes de Inversiones Pinares que desaprueban su trabajo por la constante degradación ambiental y por la violación sistemática de los derechos humanos de la población que se opone al proyecto minero.
En contra posición, valiéndose del respaldo de la alcaldía y el control que ejerce sobre la institucionalidad pública, Inversiones Pinares ha profundizado y radicalizado el conflicto alrededor de las siguientes acciones: generando división en las comunidades, militarizando el territorio, dándole armas a un sector de la población que se mostró a favor de la minera, y además, influyendo en los procesos de criminalización y judicialización al liderazgo territorial.
C. Demandas y posicionamientos de los actores involucrados en el conflicto
En la coyuntura de noviembre de 2018 a febrero de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. De igual forma, los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida los mecanismos de participación y consulta ciudadana.
El Comité de los Bienes Comunes tiene como principal demanda la convocatoria a un Cabildo Abierto para declarar libre de minería al municipio de Tocoa. En este sentido, cabe apuntar que el Cabildo Abierto se sustenta en los artículos (12 y 25) de la Ley de Municipalidades, y se entiende como un espacio abierto en el cual se puede contar con la presencia de todas las comunidades y el pleno de la corporación municipal.
Cabe apuntar que desde el Comité, se tiene conciencia que la municipalidad no tiene la potestad de cancelar una licencia ambiental, pero su posicionamiento oficial (manifestarse a favor o en contra), es un elemento importante para que las instituciones encargadas de rectorar la cuestión minera y ambiental tomen cartas sobre el asunto. En conclusión, si la municipalidad convoca a un cabildo abierto y se declara al territorio libre de minería, las instituciones públicas tendrían que cancelar la concesión a Inversiones Pinares.
Por su parte, la Corporación Municipal de Tocoa, ha expresado que su posicionamiento es la ejecución de una consulta popular mediante un plebiscito, como la vía para poder preguntarles a los pobladores sobre sí quieren o no la continuidad del proyecto minero. En definitiva, desde la Corporación Municipal se establece que sería un proceso desarrollado y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Paralelamente, el Comité se opone al plebiscito por los siguientes puntos: No confían en el TSE, teniendo en cuenta su rol en el fraude electoral del 2017. Por otra parte, la corporación municipal tiene el control de la institucionalidad local, los recursos para comprar conciencias, trasladar gente de otros departamentos para votar y los medios para alterar los resultados y consumar un fraude[3]. En definitiva, las opiniones expresadas por los líderes y lideresas del Comité, indican su desacuerdo con ésta vía por la desconfianza en el TSE y en la Corporación Municipal.
Finalmente, el posicionamiento de Inversiones Pinares consiste en continuar con el proyecto minero. Por medio de sus acciones se puede inferir que van a seguir en funcionamiento, ya que tienen todos los permisos legales otorgados por el Estado de Honduras.
D. Correlación de fuerzas
En el conflicto territorial de Guapinol se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.
El bloque dominante, está representando por Inversiones Pinares, la Municipalidad de Tocoa y las instituciones estatales con presencia local. Este bloque dominante es sustentado en gran parte por la institucionalidad pública (INGEOMIHN, ICF, Congreso Nacional, MiAmbiente) y reforzado por las fuerzas represivas del Estado (militares y policías). Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo disipar y fragmentar el actual proceso de lucha territorial y a largo plazo imponer su proyecto extractivista en el municipio de Tocoa.
Por su parte, el bloque de resistencia territorial, está representado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo lograr que la corporación municipal convoque a un Cabildo Abierto para declarar al municipio de Tocoa libre de minería y, a largo plazo lograr que la CSJ declare inconstitucional la concesión a Inversiones Pinares para que el Congreso Nacional inscriba al Parque Nacional Carlos Escalera en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable.
Como principales herramientas para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivista, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición al proyecto minero, y además, tiene el respaldo mediático de los principales medios nacionales/locales y el respaldo de las fuerzas policiales y militares para reprimir a los sectores en oposición.
Por su parte, para lograr sus objetivos, el bloque de resistencia cuenta con legitimidad social, política y la capacidad organizativa para movilizar a los sectores sociales en oposición al desarrollo del proyecto minero. Además, cuentan con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos, tanto nacional como internacional y el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país, integrados en una coalición de oposición social.
Por otra parte, el bloque de resistencia ha realizado acciones importantes, como la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Decreto Legislativo 252 – 2013, que es la base para la legalización de la concesión minera a Inversiones Pinares. Entre otras fortalezas del Comité también se incluye el acompañamiento y asesoramiento legal que condujo a una victoria en los juzgados que conllevó al sobreseimiento definitivo de los líderes y lideresas judicializados.
Finalmente, se pueden evidenciar las contradicciones principales y los intereses que existen entre los dos bloques en disputa, lo cual nos lleva a concluir con tres ideas centrales.
Primero, la victoria jurídica le da un respiro importante al Comité, viene a reforzar su legitimidad, presiona a la CSJ a que falle a favor y obliga a la Municipalidad a jugar un papel más protagónico, orientado a darle respuesta al conflicto.
Segundo, el bloque dominante seguirá valiéndose del control que ejerce sobre la institucionalidad pública para seguir imponiendo su proyecto extractivista y buscará actuar con mayor cautela para criminalizar y desprestigiar la lucha territorial.
Tercero, el control por el territorio y los bienes comunes siguen en disputa. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política regional.
Las demandas de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar y problematizar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.
III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto? A manera de escenarios
Escenario A. Cancelación de la concesión a Inversiones Pinares
Este escenario significa que la coyuntura actual encuentre una salida al conflicto mediante la cancelación de la concesión a Inversiones Pinares. En éste sentido, la cancelación se podría realizar a través de tres vías: 1) Cabildo Abierto, 2) Plebiscito Municipal, y 3) Fallo favorable de la CSJ.
Para que este escenario se pueda materializar se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:
- El Comité refuerza su posicionamiento político y aumenta la presión política para que la municipalidad convoque al Cabildo Abierto.
- La Corporación Municipal y el Comité, pactan el mecanismo de consulta más pertinente y satisfactorio para salir del conflicto.
- La Corporación Municipal pacta con el Comité la convocatoria y realización del Cabildo Abierto, para declarar el municipio libre de Minería.
- La CSJ falla a favor y declara inconstitucional la concesión obligando a Inversiones Pinares a retirarse del territorio.
Este escenario es el más deseable. No obstante, es medianamente probable que se materialice, debido al control que ejerce Inversiones Pinares sobre la institucionalidad estatal, y también por los bloqueos políticos que impiden que el Comité y la Municipalidad lleguen a un consenso para determinar el mecanismo de consulta.
Escenario B. Radicalización del conflicto y de la lucha territorial.
Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial y de intensificación de la lucha en todos los espacios: territorio, las calles y espacios mediáticos-comunicacionales. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La Corporación Municipal no toma una posición firme en el conflicto y no pacta un mecanismo de consulta con el Comité.
- La CSJ falla a favor de Inversiones Pinares y obliga a la Municipalidad a respetar dicho fallo.
- La criminalización y judicialización se profundiza y las acciones colectivas de protesta logran escalar del nivel local a un plano regional y probablemente nacional.
- Aumentan los impactos ambientales por las excavaciones y extracciones de Inversiones Pinares.
Este escenario presenta un menor grado de deseabilidad, por su costo social y humano muy elevado y medianamente probable, ya que los actores involucrados en el conflicto buscan salir victoriosos al corto plazo de la actual contienda política.
Escenario C. Militarización del territorio en conflicto, la continuidad del proyecto extractivista y desaparición del movimiento territorial
Este es un escenario en el cual termina de imponerse el proyecto minero en Guapinol, pero para ello, la elite política y económica tendrá que hacer un uso desmedido y sostenido de la fuerza militar y policial, y como consecuencia, sería un factor que podría dar lugar a la desmovilización y a la posterior desaparición del movimiento territorial en la zona en conflicto. Para que se materialice este escenario se requiere que se produzcan las características o condiciones siguientes:
- La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para militarizar la zona de explotación
- Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial
- Se produce la fragmentación a lo interno del movimiento territorial, particularmente en torno al accionar estratégico de la organización.
Este escenario es el menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto minero en una zona en la cual la ciudadanía organizada se ha opuesto de forma enérgica a los numerosos daños ambientales producto de la minería.
IV. Conclusiones
- Los actores estatales vinculados al sector extractivista ejercieron un rol relevante en el origen del conflicto en Guapinol, ya que participaron directamente en los delitos de abuso de autoridad y omisión de los deberes de los funcionarios jugando un rol central en el proceso que concluyó con la aprobación de la concesión ilegal otorgada a Inversiones Pinares.
- La ilegitimidad de la concesión otorgada a Inversiones Pinares se encuentra particularmente en el papel desempeñado por el Congreso Nacional, mediante el legislador Ricardo Díaz Aceituno quien en el año 2013 presentó el proyecto de decreto para modificar la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, con el propósito de permitir la entrada de la empresa a la zona protegida. No obstante, también tuvo importancia el papel de las instituciones como INHGEOMIN, la Secretaría MiAmbiente, y finalmente, el dictamen del ICF señalando la viabilidad del proyecto minero.
- El proceso de criminalización y judicialización de los defensores y defensoras organizados en el Comité de Bienes Comunes y Públicos involucró la participación de distintos actores de la institucionalidad hondureña, en el que jugó un rol relevante el Ministerio Público como ente acusador; en segundo lugar, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), debido a que fue la institución encargada de proveer las supuestas pruebas de los delitos cometidos por los integrantes del Comité. Paralelamente, el poder judicial se encargó de juzgar la protesta social en un Juzgado de Jurisdicción Nacional creado para juzgar al crimen organizado. Finalmente, con este proceso ha quedado evidenciado que la institucionalidad estatal estuvo al servicio de las elites económicas del sector extractivista en Honduras.
- El conflicto en Guapinol da lugar a la posibilidad de que sucedan ciertos escenarios favorables y desfavorables para el Comité de Bienes Comunes y Públicos y el movimiento territorial en general. En este sentido, la apuesta del Comité es el escenario más deseable, es decir, la cancelación de la concesión otorgada a Inversiones Pinares. No obstante, este resultado implicaría un consenso entre el Comité de Comunes y la Municipalidad, así como también la participación de las organizaciones de DD.HH y una postura firme del partido LIBRE, la institución política a la cual pertenece el alcalde de Tocoa.
Bibliografía
COPA. (2018). Comunicado. Tocoa, Colón, Honduras.
Hondudiario. (11 de Noviembre de 2018). Alcalde de Tocoa pedira que se cancele consecion a Inversiones los Pinaeres , pág. 1.
Radioprogreso. (05 de
mayo de 2018). https://wp.radioprogresohn.net. Obtenido de
https://wp.radioprogresohn.net: https://wp.radioprogresohn.net/minera-provoca-danos-severos-al-rio-guapinol-en-tocoa-colon/
[1] La noticia en detalle en:
[2] El campamento de los defensores y defensoras del agua y el medioambiente se ubicó en la zona de Ceibita, Tocoa, Colón. Para conocer más sobre la dinámica del campamento consultar en:
[3] Entrevista realizada a lideresa del Comité de Bienes y Comunes y Públicos de Tocoa, en la ciudad de Tegucigalpa en febrero de 2019
