Escrito por Claudia Mendoza.
Parte 3/3 (Periodista y analista del CESPAD)
Seis bancos en los que se depositaban y sacaban los fondos que se trasegaban a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras; agencias de viajes, de renta de vehículos, empresas tecnológicas para impresión de material y una cantidad extraordinaria de cheques emitidos a personas particulares y diputados (sobre todo del partido Nacional), fueron el armazón perfecto para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández en el año 2013.
Una vez que Fernando Suárez, apoderado legal de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, decide entregarse a la justicia hondureña y hablar, el panorama fue quedando más claro: Honduras es una cleptocracia. Por primera vez en la historia del país se conoce con lujo de detalles cómo funcionan las redes de corrupción y tal como ese concepto lo indica, “hay un establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, el funcionamiento de la ley, todo el sistema político y económico”.
Recapitulando los hechos de forma breve, el caso “la caja de pandora” es un robo millonario que se realizó a través de 7 convenios y un addendum entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y las fundaciones Dibattistas y Todos Somos Honduras, entre los años 2005 y 2013. Con ellos se aseguró el robo de 282 millones de lempiras que equivalen a unos 12 millones de dólares. El falaz argumento fue la firma de los convenios para la capacitación a jóvenes de zonas rurales, la ejecución de proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas para madres jóvenes, entre otros.
Como ya se dijo en las entregas 1 y 2, “la caja de pandora” fue el caño para un robo en el que participaron funcionarios públicos de alto, mediano y bajo nivel; diputados y personas particulares. Pero más allá del beneficio personal de esta estirpe, el saqueo se utilizó para contribuir a hacer realidad un rumor que es de conocimiento público: el financiamiento de la campaña del entonces presidente del Congreso Nacional y quien en enero del 2014 se coronó como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.
Echemos un vistazo a los documentos y datos en poder del Ministerio Público de Honduras, los que al igual que las declaraciones de Fernando Suárez, a través de su apoderado legal Omar Menjívar, sustentan este extremo.
Suarez repartió 7 millones de lempiras entre activistas “cachurecos”
Fernando Suárez no quiere estar solo en prisión, tampoco quiere que se vincule a sus padres en delitos que sostiene, no cometieron. Por eso autorizó a Menjivar, su apoderado legal, a dar detalles de cómo se repartía dinero a los seguidores y activistas del partido nacional, a quienes en el argot popular de Honduras se les llama “cachurecos”.
El 28 de diciembre del 2010, Suárez terminó con dolor en el túnel carpiano, ya que luego de hacer un retiro por 7 millones de lempiras, tenía orden estricta de repartirlos entre activistas del partido Nacional.
“A me pareció terriblemente reprochable”, sostiene Menjívar, mientras agrega, “dice Fernando que ese día le tocó firmar, no sé cuántas libretas de cheques completas. Estuvo con dolor en la muñeca de su mano derecha por firmar tantos cheques. Fondos del Congreso Nacional que habían sido sacados y depositados en la cuenta de la Fundación Dibattista o Todos somos Honduras, no precisó cuál, para entregárselos a activistas del partido nacional. Se entregaron cheques de 3 mil 500 lempiras a cada activista”, rememora.
Fue un acto de agradecimiento, un bono navideño para los seguidores del partido, por eso Suárez tuvo que firmar un estimado de 2 mil cheques en “una sola sentada”, pues él era la firma autorizada para sustraer dinero de las fundaciones.
Las acciones eran decisión del partido, dice Menjívar: “y en la cabeza de esa organización estaba el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y la cúpula del Comité Central del Partido Nacional. La estrategia era continuar en el poder y en esa estrategia querían que Juan Orlando Hernández fuera el que sustituyera al presidente Lobo y fue escogido y bendecido desde el principio. Por eso comienzan a financiar una campaña interna del partido nacional”. Se trataba de mantener la lealtad de quienes forman las “filas del partido nacional”.
JOH y el Movimiento Azules Unidos
En el mes de julio del año 2012, “Azules Unidos” se convirtió en el segundo movimiento interno nacionalista en presentar sus planillas a candidatos de elección popular para los comicios primarios que se desarrollaron en noviembre de ese mismo año. El movimiento lo lideraba Juan Orlando Hernández, quien posteriormente ganaría el título de candidato oficial del Partido Nacional para presentarse en las elecciones generales de noviembre del 2013.
Ese movimiento político, de acuerdo con Suárez, fue uno de los principales beneficiarios del dinero que salía y entraba a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras. De hecho, el requerimiento del Ministerio Público de Honduras sobre el caso Pandora, establece que el 17 de mayo del año 2013, se transfirieron de la cuenta número 1171165534 del Banco Davivienda, 40 millones de lempiras a la cuenta 1171174142 del mismo banco. Ambas cuentas estaban a nombre de la fundación Dibattista. Pero más se tardaron en depositar el dinero que en sacarlo a través de los siguientes movimientos: catorce (14) transacciones para sacar dinero en efectivo se realizaron con libreta en ventanilla, por Suárez. Todas sumaron 16 millones 496 mil 249. 05 lempiras. Además de esas, se realizaron 3 que sumaron 23 millones 664 mil 486. 18.
Una de esas tres transacciones se realizó el 30 de mayo del año 2013, por un monto de 9 millones 931 mil 231,49, con el cual Fernando compró dos cheques de caja; lo demás se lo llevó en efectivo. Uno de esos cheques es el número 398686, por la cantidad de 6 millones 231 mil 231. 49 a favor de Creativa Asociados S. de R.L., empresa a la que “se le pagó publicidad en los medios de comunicación, para la campaña que realizaba el candidato a la presidencia Juan Orlando Hernández”, dice de forma literal el Ministerio Público en su requerimiento.
El segundo cheque de caja número 398687, se emitió por 2 millones 500 mil a favor de Aviation Partners S. de R.L., empresa que se dedica al alquiler de aeronaves. Sin embargo, hasta el momento, por ninguna vía, se ha podido justificar el por qué recibió esa millonaria cantidad de dinero.
Se pagaron talonarios para encuestas
El 11 de noviembre del 2013, en plena efervescencia política, Suárez retiró a través del cheque número 54470734, 2 millones de lempiras a favor de la empresa Creador Publicidad, que fueron depositados en la cuenta 111554002898 de Banco Lafisse. Pero el 31 de octubre del mismo año ya se había emitido otro cheque con número 54470719, por otros 2 millones que fueron depositados en la cuenta 291034080 del mismo banco.
Es decir, en un mes, esa empresa recibió 4 millones de lempiras que se pagaron para la elaboración de 10 mil talonarios, de 100 juegos cada original, más dos copias. Los talonarios corresponden a encuestas y dice el Ministerio Público que contenían 12 preguntas: las número 10 y 11 consultaron ¿a qué partido político pertenece y por quién votará en estas elecciones?
La cachureca, la tarjeta pandora
El 9 de octubre de 2013, a un mes de la realización de las elecciones generales en Honduras, y como parte de su campaña proselitista, Juan Orlando Hernández hizo oficial el lanzamiento de la tarjeta de descuento “la cachureca”. El entonces candidato anunció que la tarjeta permitiría a sus usuarios recibir descuentos de hasta un 35%, por la compra de artículos variados en restaurantes, universidades, hospitales, tiendas de repuestos de carro, telefonía móvil, clínicas privadas y supermercados, compra de recargas, entre otros.
Ese proyecto, que Hernández aseguró se realizaba mediante una alianza con las empresas de los productos enlistados, aparece como uno de los beneficiados con el dinero que se trasegó a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Unos 4 millones de lempiras se sustrajeron para “la cachureca”, dice el requerimiento fiscal. Las transacciones se hicieron a través de dos cheques: el primero, emitido el 4 de septiembre del 2013, un mes antes del lanzamiento del proyecto, con número 2565792, por un monto de 2 millones 501 mil 285 lempiras.
El monto, agrega de forma literal el Ministerio Público, “fue depositado en la cuenta de cheques 1-2057923 a nombre de Claudia Noriega González, coordinadora del proyecto de la tarjeta “La cachureca”, que fue utilizada durante la campaña política del partido nacional para el periodo presidencia 2014-2019”.
El segundo cheque emitido a favor de “la cachureca”, fue el número 2402 de fecha 26 de agosto del 2013, por un monto de 2 millones de lempiras a nombre de Mega Tecnology Informática S.A.
Fue depositado a la cuenta 01101384477 de Banco Ficohsa y se pagó por concepto de abono a contrato de servicios de impresión de trecientos mil (300, 000) carné de full color, de la tarjeta la cachureca, utilizada durante la campaña del ahora presidente Hernández, agrega el Ministerio Público.
Sobre “la cachureca” Suárez dice que no tuvo mucho conocimiento, pues él no se encargaba de las transacciones de “poca monta”. “Para eso no se destinó mucha plata, al menos de lo que conoce Fernando. Dice que no se involucraba en operaciones pequeñas, que eran aquellas cuyos montos oscilaban entre 3 o 4 millones de lempiras”, agregó su abogado defensor.
Diputados y líderes nacionalistas, beneficiados con Pandora
Muchos niegan vinculación alguna, otros dicen que simplemente no saben cómo llegó ese dinero a sus cuentas bancarias. Lo cierto es que muchos de los líderes del partido nacional y diputados de la misma entidad política recibieron, de acuerdo con Suárez y con documentos en poder del Ministerio Público, dinero vinculado al robo “la caja de pandora”.
Citemos algunos casos. Comencemos por el reconocido líder y diputado nacionalista (por varias ocasiones) José Celín Discua Elvir, del departamento de El Paraíso, oriente de Honduras. El 15 de noviembre del 2013, a la cuenta personal número 001-101-363945, en Banco Ficohsa, le fueron depositados al señor Discua Elvir, 4 millones 550 mil 435.00 lempiras, mediante cheque número 54470750.
Esos 4 millones se repartieron en 66 cheques a favor de 43 personas, de acuerdo con el propio Ministerio Público. Esas personas la mayoría son de municipios del El Paraíso: Yuscarán, Trojes, Danlí, Soledad, Guinope, Jacaleapa, El Paraíso, Potrerillos, Oropolí, Yauyupe, Morocelí, Oropolí, Teupasenti, Liure y Texiguat. También figuran en la lista personas de algunos municipios de Francisco Morazán: Vado Ancho, Yauyupe, San Lucas, San Antonio de Flores y San Matías.
Para muestra “un botón más”. Ese mismo 15 de noviembre se emitió otro cheque a nombre de Elden Vásquez. Se trata del número 54470751, cuyo monto ascendió a 2 millones 647 mil 503, que le fue depositado a Vásquez el 16 de noviembre (un día después de emitirse), a la cuenta número 21-305000287-7 de Banco de Occidente. Vásquez es diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional (2018-2022). El requerimiento y la investigación no han llegado a dar a conocer qué hizo este diputado los casi 3 millones de lempiras que se le depositaron.
Sigamos la lista con Rodolfo Irías Navas, un reconocido líder nacionalista del departamento de Atlántida, norte de Honduras y quien al igual que Discua, han vegetado como diputados en el Congreso Nacional.
A Irías Navas, el 18 de noviembre del 2013, días antes de las elecciones generales, le fueron depositados a su cuenta bancaria personal número 00041-101-00012996 de Banco Ficohsa, mediante cheque número 54470746, nada menos que 3 millones 358 mil 633 lempiras.
El requerimiento fiscal establece que dos días después, el 20 de noviembre del 2013, Irías emitió el cheque número 665 por el mismo monto (3 millones 358 mil 633) que fue depositado en la cuenta 110-026-5154 de Banco Atlántida, registrada a nombre del Comité de Campaña del Partido Nacional.
Reparten fondos a candidatos a alcaldes y líderes “cachurecos”
El 16 de noviembre del 2013, a través del cheque número 54470748, a nombre de Rolando Enrique Barahona, Fabricio Tercero depositó 3 millones 975 mil 797 en la cuenta número 11-701001827 de Banco de Occidente.
Según el Ministerio Público, estos fondos se repartieron entre todos los candidatos a alcaldes por el Partido Nacional del departamento de Comayagua, días antes de la celebración de las elecciones generales en el año 2013. El documento citado brinda los nombres de los aspirantes y los montos repartidos entre ellos. La mayoría de los aspirantes estaban reeligiéndose.
Citemos un par de ejemplos más. Redín Lenis Chávez Galindo fue presidente del Comité Departamental del Partido Nacional en Colón. A Chávez Galindo, según constató el Ministerio Público, se le depositaron, el 16 de noviembre del 2013, en su cuenta personal número 914245801 de BacCredomatic, 2 millones 911 mil 046, mediante cheque número 54470747.
Coincidente con las fechas de los demás depósitos citados en este apartado, otro caso que se destaca en el requerimiento fiscal es el de Arnold Castro Hernández. A Castro, dice el MP, se le depositaron el 16 de noviembre del 2013, mediante cheque número 54470752, un millón 687 mil 046 lempiras en su cuenta personal número 11-302000690-8, de Banco de Occidente. El requerimiento hace énfasis en decir, literalmente: “el individuo Arnold Gustavo Castro Hernández, es el esposo de la diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional, Gladys Aurora López Calderón”. Tampoco se sabe qué hizo Castro este dinero.
La justicia hondureña, ¿coludida con pandora?
Muchos más nombres y apellidos, cheque, montos y transacciones podrían enunciarse, al igual que anécdotas que parecen episodios de mafias italianas, pues la pericia en este robo llegó al extremo en que hubo momentos que el dinero se pesaba al “tanteo”. Los involucrados, contó Suárez, podían hacer cálculos casi certeros de cuánto dinero había en los paquetes que se repartían en efectivo, con solo alzarlo en sus manos.
Pero también, como una muy buena estructurada mafia, los acusados, que pululan entre los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, prevaricato y lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, han sabido salir bien librados, pues en la colusión la justicia también se alió.
A los inculpados, la jueza que conoció del caso disminuyó al grado mínimo posible las acusaciones, sostiene Menjívar, mientras agrega, “les bajó la responsabilidad penal de las imputaciones más elevadas: asociación ilícita, que tiene una pena de 20 a 30 años. Luego lavado de activos, que va de 15 a 20 años. Esos 2 delitos se los quitaron de plano a todos; luego está el delito de defraudación de malversación de caudales que tiene una pena de 6 a 12 años, eso es una pena grave y una pena similar tiene el delito de fraude, esos delitos se los quitaron todos a los acusados, a los principales, a los diputados”.
Por otro lado, de tantos nombres citados en esta trama, han permanecido invisibles e innombrables los que Suárez insiste en decir que fueron los cabecillas, porque la red, sostiene Menjívar, “necesita culpables a quienes exhibir y condenar para dar la apariencia de que el sistema funciona, pero no se trata de los cerebros. Los verdaderos responsables aparecen como los que fueron engañados, que no sabían de donde venía la plata, e ingenuamente la usaron, en este caso, para la campaña política”.
En otras palabras, planifican la comisión de un delito pero en esa planificación presupuestan también “a los sacrificados”, para cuando el momento lo requiera. Pero en medio de todo, dice este abogado, la Fiscalía tiene la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba en la apelación, que no tenía al momento de la audiencia inicial y que han sido ahora proveídos por el ex apoderado legal de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, Fernando Suárez. “Legalmente existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras pudiese revertir el orden de este caso, si se parte de la pretensión de que es un tribunal independiente e imparcial”, sugiere Menjívar.
Y así avanza una trama, como pocas antes conocida con lujo de detalles. Un complot, dice el abogado que decidió contarla, que tiene que conocerse por la población hondureña porque quizás sea la única manera de arrinconar al sistema para que se haga justicia.
