«No tenemos miedo, defender nuestra tierra, nuestros recursos es una prioridad. Nos llaman delincuentes por defender la montaña y el agua, pero no ven el daño que le causan a las comunidades”, dijeron a los policías Lourdes, Mirian e Irma, tres mujeres de Guapinol, criminalizadas por defender los recursos naturales de su comunidad.
Lourdes Elizabeth Gómez, Miriam Janeth Mejía Cruz e Irma Lemus, son 3 mujeres criminalizadas y enjuiciadas por defender sus comunidades. Tanto la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunciaron que desde el 13 de septiembre existe una orden de detención contra 18 defensores de los recursos naturales que instalaron un campamento en el sector conocido como Ceibita, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras. El objetivo: proteger los ríos San Pedro y Guapinol de la explotación que realiza la empresa Minera Inversiones Pinares, antes llamada Emco Mining Company.
La empresa comenzó hace algunos meses los trabajos de apertura de una calle para empezar la explotación de minerales en la Ceibita, por eso los pobladores decidieron asentarse en la zona e impedir ese objetivo, pues los trabajos, que apenas han comenzado, han dejado severos daños al río Guapinol, principal fuente de agua de las comunidades de la zona.
Pero la orden recibida por los agentes policiales era limpiar la zona; abrir paso para dejar operar a la minera. Fue así como el humo de las bombas lacrimógenas provocó desmayos, desesperación y que hasta quienes estaban en sus casas tuvieron que salir en veloz carrera. Pero estas mujeres, junto a decenas de mujeres y hombres más, se levantaron en defensa de sus ríos.
“Nos han dicho que tenemos orden de captura por estar en la lucha, pero no desmayamos, seguimos adelante hasta detener el operar de la minera», dijo de voz contundente, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas.
88 días de toma y una lucha que sigue
Durante 88 días, la zona de acceso fue tomada por los miembros de las comunidades que se oponen al proyecto y que fueron desalojados el sábado 27 de octubre. El contingente de unos mil policías y militares que llegó hasta el campamento, ejecutó el desalojo y con bombas lacrimógenas los dispersó. A los uniformados no les importó si en el lugar había mujeres y niños.
Desde ese día las comunidades están con miedo y las mujeres saben mejor que la persecución se inició y que más allá de un tema de capturas, es un conflicto que sobrepasa la intimidación, amenazas y agresiones, es una lucha de vida o muerte.
La difícil situación de Irma Serrano
Un ejemplo claro de la difícil situación que están viviendo las mujeres de la zona de Guapinol, es el de Irma Serrano. Ella es una lideresa de la comunidad de La Ceibita y una persona a quien apoyar el movimiento de defensa de los bienes comunes le ha pasado factura.
Volviendo al sábado 27 de octubre, el mismo día del desalojo, en horas de la noche, desconocidos llegaron hasta su vivienda pues querían llevarse a Irma, pero no la hallaron. Al no encontrarla le incendiaron su casa; no rescató nada, el fuego consumió todo lo que tenía en la vivienda. A Irma la dejaron sin un techo, sin su ropa y sus pertenencias.
Del paradero de Irma, nadie sabe nada. Algunos de sus vecinos aseguran que está desaparecida, otros que junto a sus hijas huyó y que se refugia en otro lugar por miedo. Lo cierto es que otras mujeres que como Irma se sumaron a defender el agua están atemorizadas, presas de miedo. Temen que ellas también sean blanco de la represión y que militares, policías o los grupos armados de apoyo que quieren que la empresa opere en el cerro, las ataquen por oponerse.
«No puedo darle mi nombre porque aquí todas corremos peligro. Luchar por lo que ha sido de nuestros poblados ahora nos tiene expuestos. Las autoridades nunca nos consultaron, la empresa minera llegó y no nos dijeron si estábamos de acuerdo y por librar la defensa del agua, ahora enfrentamos el miedo y la muerte. Difícil porque no somos escuchadas, no se nos da el derecho para opinar porqué es que no queremos que se explote la montaña» dijo otra de las pobladoras del sector San Pedro que se ha sumado a la lucha, pues son muchas las perseguidas y amenazadas.
Pero la persecución y hostigamiento alcanza también a organizaciones sociales y religiosas que apoyan a los pobladores; hay temor en los miembros de la Fundación San Alonso Rodríguez, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) y la Parroquia San Isidro.
«Estas son amenazas que se suman a otras que se dirigen contra defensores de derechos humanos y contra mujeres. La situación para las mujeres hondureñas es muy difícil; la violencia contra las mujeres no para y cada día suman más casos. Se está criminalizando y judicializando a las mujeres», cuestionó Suyapa Martínez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H).
El emponderamiento que toman las mujeres en la defensa de sus territorios genera en Honduras mayores índices de persecución, pese a ello las mujeres están tomando papeles relevantes al frente de los movimientos dentro de sus comunidades y ejemplos como el de Lourdes, Irma y Miriam, son la muestra de que la mujer no se rinde, lucha por defender la vida, el agua y el bosque, a costa de sus vidas.
Hasta ahora, ninguna de las 18 personas contra quienes se emitió orden de captura por ser parte del movimiento social en Guapinol ha sido capturada. Sin embargo, están alertas, atentas y atentos para responder a un proceso judicial injusto.
De acuerdo con datos que ha brindado el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN), del total de concesiones aprobadas en el país, 59 concesiones mineras pertenecen al departamento de colon y de ese número, 34 se ubican en la parte alta del municipio de Tocoa.
