Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para el periodo 2016-2030, centran la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer e incluyen la meta “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, pero en particular las mujeres”. Veamos un recuento del avance de ese y otros compromisos en Honduras.
Desde el 1 de enero de 2016, cuando entraron en vigencia, los ODS plantean como eje a la mujer rural, para garantizar el éxito de la casi totalidad de los 17 objetivos, un tema relevante cuando se revisa que en Honduras la población rural femenina asciende a casi 2 millones de mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En su mayoría son amas de casa, agricultoras, recolectoras, pescadoras, artesanas y asalariadas.
¿Cuál es la situación de las mujeres del área rural?
«Luchamos por mejorar nuestras familias y comunidades pero estamos relegadas, sin posibilidad alguna de que se acuerden que existimos. Si tan solo nos dieran una oportunidad demostraríamos que le damos un giro a las vidas de nuestras poblaciones”, dijo con contundencia Eleuteria Pérez, indígena Lenca de San Manuel Colohete, en el departamento de Lempira.
Pérez agregó: “nos ofrecen proyectos, ayudas, pero todo se lo dan a los hombres», una situación que es precisamente la que siguen viviendo las miles de mujeres del área rural y del campo. Y muestra de que sí están marginadas, es el dato que sostiene la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres, 2015), que el empoderamiento de las mujeres rurales a través de los ODS, demuestra que las agricultoras controlan menos tierra que los hombres y tienen un acceso limitado a los insumos, las semillas, el crédito y los servicios de extensión.
Hay una vulnerabilidad hacia las mujeres rurales, las que sufren una doble marginación: por ser mujeres y por ser rurales. Ante esto es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el que está motivando a los gobiernos de Latinoamérica a formular, de manera urgente, políticas públicas sólidas y de largo plazo para revertir la situación de vulnerabilidad e invisibilidad de las mujeres rurales.
“Sin una mayor atención del poder público y de la sociedad civil ante la situación de vulnerabilidad que padecen, se ahondarán brechas que acarrearán dolorosas consecuencias sociales”, dijo Edith Obschatko, especialista en Políticas del IICA.
Pocas son las esperanzas…
Pero ese anuncio no es nada halagador para las representantes de organizaciones feministas y campesinas en Honduras. Consideran que pese a que debe ser una prioridad para el Gobierno, llevan años luchando para que se les incluya en la agenda pública y no se ha considerado la trascendental importancia que tienen las mujeres y niñas rurales, a quienes se les han negado el derecho a una oportunidad.
«En Honduras es un escenario bien limitado para la mujer rural, porque a pesar de todos los esfuerzos que hemos emprendido, incluso las propias actoras del área rural, vemos sus demandas totalmente invisibilizada. El acceso a recursos y la atención en materia de violencia, de acceso a la tecnificación, a la participación política está bien limitada», explicó Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.
En Honduras: el 86% de las mujeres no tiene acceso a la tierra.
¿Por qué se limita en acceso a las mujeres del área rural? Algunos expertos identifican hasta aspectos culturales, como el origen indígena, que pesan en este tema y que se convierten en obstáculos de concebir a las mujeres indígenas y del campo como sujetas de esos derechos. «Hay una lucha por establecer esas políticas y se está trabajando para que se ponga atención, para que se dé un giro a esas políticas para evitar el asistencialismo y se vea como algo integral para las mujeres rurales», acotó Alvarado.
Desde el 2015, las organizaciones feministas en el país construyeron la propuesta de una política que diera acceso al crédito a las mujeres y fue así que nació CREDIMUJER. En el 2016, la aprobó el Congreso Nacional, pero la publicación de la ley fue efectiva hasta en marzo del 2017. Este año, específicamente en el mes de mayo, aprobaron el reglamento y en agosto asignaron 35 millones de lempiras para el fideicomiso del programa de crédito solidario.
Ese fondo se queda corto, no se cumplió la solicitud de recursos que realizaron las mismas mujeres y que aspiraban a contar con recursos por el orden de los 105 millones de lempiras para el fondo de fideicomiso que el Estado les dejó en 35. «Hemos presentado planes de inversiones de proyectos con mujeres que hemos identificado desde el 2017 y 2018, cuyo monto asciende a 66 millones y esto que son proyectos para las mujeres organizadas, que no es todo el universo de las mujeres rurales», explicó Wendy Cruz de la organización Vía Campesina.
Las mujeres organizadas y feministas que luchan por los derechos de las mujeres del área rural y del campo, sostienen que de implementarse integralmente las políticas públicas para las mujeres, se aseguraría su autonomía e igualdad. Además, se daría la oportunidad de implementar programas destinados para que las mujeres rurales tengan los insumos que les garanticen más ingresos, fortalecer su condición de mujer y sobre todo su derecho a tierra y acceso a recursos.
«Hemos estado ejecutando procesos de incidencia sobre una propuesta de desarrollo rural en el país. Hemos estado con el tema de los créditos solidarios para las mujeres rurales como una política pública. Esas dos leyes se han presentado pero desde el Estado no miramos esa visión integral», agregó Cruz.
«Los dueños de los bienes productivos son los hombres, algo que nos da la pauta de que eso va más enfocado a los hombres; prácticamente las mujeres en el área rural no contamos, estamos discriminadas totalmente de las políticas públicas», señaló la dirigente de la Vía Campesina.
Pese al panorama difícil en el que se mueve la lucha de las organizaciones de mujeres, afirman que las exigencias internacionales se orientan a que la hora para que las mujeres rurales se tomen en cuenta, ha llegado. Se lucha para que no estén más en el anonimato y que asuman el rol protagónico que por años la misma sociedad y el Estado les han negado.
