Los militares en Honduras: de las barracas al Poder Ejecutivo

Escrito por: Claudia Mendoza, periodista del CESPAD.

Los militares en Honduras: de las barracas al Poder Ejecutivo

Fue en el mes de enero del año 2017, cuando el abogado Juan Orlando Hernández, justificó el por qué su gobierno optó por colocar a militares de alto y mediano rango en puestos claves en diversas instituciones del Estado, que forman parte del engranaje de un esquema militarista que amplía el número de uniformados como piezas claves de la actual administración:

“Los oficiales de las Fuerzas Armadas son tan hondureños como cualquier otro; son personas que a lo largo de su carrera acumulan mucha experiencia, son de los que culminan sus carreras de los mejor formados del país y es una pena que el Estado de Honduras no aproveche esa experiencia”, dijo Hernández tras consultas sobre reiterados nombramientos de militares en cargos importantes de su gabinete.

Se estima que entre 800 y mil militares estarían ocupando puestos (mandos altos, intermedios y bajos) en diversas instituciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, 26 (entre activos y retirados) que en el presente trabajo se detallan con nombres y apellidos, han sido ubicados como ministros o titulares, aparte de las carteras de Seguridad y Defensa, en Instituciones como Migración y Extranjería, Instituto Hondureño del Transporte (IHTT), Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE), representaciones diplomáticas, Universidad Nacional de Agricultura (UNA), o administrando el Proyecto Hidroeléctrico Francisco Morazán (el Cajón), entre otros más.

“De tal manera que no es militarización, sino más bien aprovechar la experiencia de un exmilitar que conoce muy bien lo que pasó en Honduras”, agregó Hernández.

El “sube, baja y sube” del poder militar en Honduras

Para quienes se atreven a analizar públicamente la gestión de Juan Orlando Hernández, conocido popularmente como JOH (mote producto de las siglas de su nombre), ese esquema solo es el reflejo de un gobierno con una base popular muy precaria debido a los cuestionamientos de legitimidad y legalidad con los que asumió el segundo mandato y por la re-militarización del país, que hacen que su gestión se transforme en un gobierno de fuerza y mucha represión, para lo cual la columna militar sosteniendo su mandato, es un pilar clave para mantenerlo como gobernante.

No es ninguna novedad que los militares exhiban poder en Honduras. Sí lo es, la moderna forma de hacerlo: a través de la asignación a discreción, de un presupuesto que ha ido creciendo (incluyendo el recaudado por la Tasa de Seguridad), en particular, desde el 2013 a la fecha, y la designación (como nunca en la historia) de militares al mando de dependencias gubernamentales propias para civiles.

Un repaso en la historia reciente es forzoso para reflexionar desde el pasado, el porqué del presente. Pero la historia de los militares que interesa leer es la que comienza a partir de la década de 1950 y la que, de acuerdo con los registros de la historia, fue una época de fuerte convulsión social que dio inicio en Honduras a los golpes de Estado, teniendo como protagonistas a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

Es a partir de entonces, que los subsiguientes años estarían marcados por golpes de Estado asestados a los gobiernos civiles. Esta etapa se les presenta a los militares como una oportunidad en “bandeja”, para convertirse en el poder real en Honduras y tratar de desplazar a los partidos políticos tradicionales y a la oligarquía que, en alianza con los caudillos, había gobernado el país antes de 1950.

“Desde la huelga del 54, los militares reciben profesionalización e incremento del presupuesto y de apoyo del Estado mismo; ven en este contexto de la rebelión del 54 y de rebeliones continentales, especialmente la revolución cubana, la oportunidad de dejar de ser actores tras bambalinas a actores que asumen el poder y es cuando empiezan a dar sus golpes militares”, dice el historiador y estudioso del tema, Jorge Alberto Amaya Banegas.

Los 80s, la década más oscura de los militares en Honduras

La década de los 80´s marcó una de las etapas más oscuras en la historia del militarismo en el país, porque se da en el contexto de una cantidad de importantes guerras civiles en los países vecinos de Honduras.

El Salvador, Guatemala y Nicaragua (país último había triunfado la revolución), significaban un peligro para la hegemonía de los Estados Unidos. Es cuando se desata la guerra de baja intensidad en la que Honduras es tomada por Estados Unidos como el “porta-aviones” para enfrentar esos procesos.

“En ninguna parte de américa latina del siglo 20, Estados Unidos había apostado en un país tanta plata, recursos, para tratar de frenar los procesos revolucionarios. Establecieron su base militar de Palmerola, que es una de las grandes de américa latina”, agrega Amaya.

Tabla 1: Militares y exmilitares ubicados en el Poder Ejecutivo.

Pero paralelo al horror que vivían los civiles, otra cara visible de la dominación y poderío que estaba en manos de los militares, se reflejaba en las riquezas y el emporio que fue acumulando, desde décadas atrás, la casta militar. “Provocaron terribles derechos humanos violentados, mientras que se apropiaron de muchos recursos. Eran el poder tras el trono; estaban los civiles gobernando ya desde el 82, pero en los 80 fueron los militares los que gobernaron”, comenta Amaya.Los anales de la historia de Honduras de esa época, quedaron trazados por la impunidad de la terrible y sistemática violación de muchos derechos humanos, incluyendo el de la vida. Detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones y lo más lamentable, el asesinato de centenares de personas que hicieron o intentaron oposición a lo que acontecía en la región se registraron con una autoría que se le sigue atribuyendo a elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La historia documentada nos recuerda que a la par de estructuras internas para beneficio de los agremiados, como el Instituto de Previsión Militar, el Hospital Militar, la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, el Banco de las Fuerzas Armadas de Honduras –BANFFAA-, que se creó mediante decreto número 777 emitido el 18 de junio de 1979, entre otras, la cúpula tenía bajo su mando empresas como la hondureña de telecomunicaciones, (HONDUTEL), emisoras de radio, empresas fúnebres, los famosos comisariatos (especies de tiendas de abasto) y hasta un equipo de fútbol. Los estudiosos del tema afirman que en esta etapa también hubo un fuerte involucramiento de oficiales militares en redes del narcotráfico y de armas para la guerrilla del El Salvador y del crimen organizado. En suma, fue la etapa en que los militares eran más ricos que los empresarios; eran, además, los amos de la política en Honduras.

Del arrebato del poder al resurgimiento público

Entre 1990 y el 2009, transcurrieron 19 años que se consideran por los analistas como el periodo del arrebato del poder militar. Dejaron de ser titulares de coyunturas, de ser visibles y perdieron la administración y dirección de empresas estatales como la Marina Mercante y HONDUTEL, al igual que muchas de sus propias empresas, incluyendo el banco, los comisariatos, entre otros.

Tabla 2: Militares y exmilitares ubicados en el Poder Ejecutivo.

Con ayuda de las élites políticas más reaccionarias de la extrema derecha de Honduras, un sector de la oligarquía financiera, la ayuda de las iglesias y una parte de la población civil que es tradicionalista, la crisis pos golpe se mantuvo, pero quienes fueron el instrumento más importante del golpe y mostraron la fuerza, fueron los militares. De acuerdo con Amaya, toda esta situación fue apoyada por los Estados Unidos porque enfrentaba algunos dilemas en América Latina, pero especialmente en Centroamérica. Era urgente, afirma, disuadir la opinión crítica estadounidense “que obliga al gobierno a hacerles ver varias situaciones: que hay una guerra contra los carteles de drogas en Colombia y Centroamérica, que el problema de la migración de centroamericanos hacia ese país continúa y cada vez más grande; y lo que más les importa, seguir mostrando y expresando su hegemonía en América latina a través de control directo de la política interna y exterior”. Sin embargo, el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, asestado al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, les hizo resurgir públicamente. “Recordemos que esto ocurre porque en América Latina estaba teniendo un éxito arrollador Hugo Chávez, el Alba, la Alianza, de la cual Honduras fue el último eslabón. Justo cuando Honduras se sube al tren, comienzan los preparativos para el desbaratamiento, no solo para el viraje de Honduras, también neutralizar en América latina”, agrega el historiador consultado.

En el sentido anterior, las bases militares en Honduras y en particular la de Palmerola, era y sigue siendo clave puesto que le permite una intervención armada en cuestión de horas, hacia cualquier país de la región.

La trama de la re-militarización de la seguridad en Honduras

Aunque el idilio de Juan Orlando Hernández con las Fuerzas Armadas ha sido más evidente durante su primer mandato (2014-2017) y lo que va del segundo, se trata de una relación que comenzó una década atrás. Una trama bien montada, dicen entendidos en el tema, se fue urdiendo durante los 4 periodos en los que Hernández fue diputado del Congreso Nacional, hasta que, en el 2010, fue electo presidente de ese Poder del Estado, mientras Porfirio Lobo Sosa era Presidente de Honduras.

Un breve recuento en el tiempo pone en perspectiva la serie de medidas controvertidas que se aprobaron, tales como la Ley Temporal de Seguridad o Tasa de Seguridad, la Ley de Inversiones para atracción de Capitales y la Ley para la Creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelos, que hoy explican muchas situaciones. Sin embargo, la seguridad fue el tema que ocupó la prioridad de Hernández, y en su derredor reactivó el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), creó la Oficina de Asuntos Internos de la Policía y la Unidad Toma Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).

Tabla 3: Militares y exmilitares ubicados en el Poder Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el pilar del gobierno de Hernández

Mediante decreto #239 del año 2011, Hernández también le dio vida al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como una Ley Especial que regula el artículo 287 de la Constitución de la República. El Consejo es un ente integrado por los titulares de los 3 poderes del Estado, el Fiscal General y los secretarios de Seguridad y de Defensa. Pero el órgano está supeditado a las órdenes del titular del Poder Ejecutivo.

En Honduras, en materia de seguridad, es el Presidente actual de Honduras, a través del Consejo, quien decide cómo se diseñan las políticas públicas en materia de Inteligencia, Seguridad y Defensa, tomando en cuenta que dentro de la Ley se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (fungirá con Unidades Especiales de Investigación[1]), que gozará de independencia funcional, administrativa y presupuestaria.Un hecho definitivo es que las administraciones Lobo-Hernández, como una herencia del golpe de Estado, han colocado a los militares como actores centrales en la gestión pública, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Su mandado (el de Hernández), sostiene el analista político y abogado Raúl Pineda, “lleva como objetivo estratégico la captación de las Fuerzas Armadas; se trata de una estrategia orientada en dos vías: invertir mucho dinero, especialmente de la Tasa de Seguridad y a abrir espacios de poder a los militares”.

Y es que elevar el protagonismo de la fuerza militar en la administración pública ha sido la constante de esta administración, al grado que se han convertido en los mediadores de los procesos políticos, llegando incluso a dar «poderes» en tareas que corresponden estrictamente a civiles. Y para afianzar esa dinámica, los legisladores han trastocado la Constitución de la República con reformas e interpretaciones, tendientes a concederles o atribuirles funciones, según las demandas de los políticos de turno. En la gestión de Hernández se buscó, incluso, elevar a rango constitucional a la fuerza élite de Juan Orlando Hernández, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), considerada y tildada por los hondureños como la «guardia pretoriana» del mandatario.

Siguiendo la línea de análisis de entendidos en la materia, lo que se ha generado en el país ha sido una deformación de las leyes, especialmente en los últimos dos gobiernos y que se refleja sobre todo en la seguridad. «El manejo militarizado de la seguridad hace que los militares no solamente estén ejecutando tareas policiales en la calle, sino que puedan estar desempeñando cargos importantes dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad y ese es un tema que vale la pena analizar, porque una cosa es que los militares estén apoyando a los policías a desempeñar esas tareas y otra es que los estén sustituyendo», afirmó la socióloga Leticia Salomón, al consultársele sobre el tema.

Tabla 4: Militares y exmilitares ubicados en el Poder Ejecutivo.

A criterio de Salomón, los militares siempre plantearon que podían administrar la seguridad del país, porque era un tema para el cual estaban preparados. El exceso de las funciones que cada vez se les están asignando a los militares solo refleja que el poderío militar es el que está controlando el sistema de Gobierno. «El punto no es si tienen los militares presencia en las instituciones de orden militar sino cómo están incursionando en aquellas que por tradición han sido de carácter civil», dijo Salomón.

Los militares en el Poder Ejecutivo ¿por qué son importantes?

Juan Orlando Hernández abrió espacio para que los militares activos y en retiro ocupen puestos clave dentro de la estructura gubernamental. Merece la atención analizar el por qué desde el año 2009 comenzaron sus nombramientos en cargos de civiles. Algunos analistas sostienen que se trata de «pagar favores», a quienes estuvieron durante la crisis político-social que provocó el golpe de Estado del 2009, y que es precisamente el momento en el que se comenzó a tejer el retorno de su poderío. Otros, como el reconocido analista político, Eugenio Sosa, consideran que es un juego basado en relaciones “clientelares” y de intereses geopolíticos lo que hay detrás del poder de los militares y de su nombramiento en estructuras del Poder Ejecutivo.

Es así que se explica, agrega Sosa, que los militares y policías no solo se encuentren desempeñando su papel en instituciones estrictamente militares y policiales, sino también en las relacionadas con aspectos estratégicos como las que manejan el tema energético, el control territorial, la cuestión marítima y aérea, el control de quien entra y sale el país, entre otras.

Algunas valoraciones de forma breve:

Marina Mercante

Es una institución clave para los militares porque significa el control de las diversas situaciones que se suscitan en los océanos que rodean Honduras. Es una institución estratégica, sugieren los analistas, para conocer, combatir, manipular o ser parte de la actividad del narcotráfico.

Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDEs)

Quienes analizan el binomio ZEDEs-militares, concluyen que es un tema que lleva implícito el control territorial, particularmente en tiempos en los que acontece convulsión social en diversas zonas del país, por parte de los movimientos sociales y poblados organizados que defienden sus territorios de las concesiones inconsultas de recursos naturales para la actividad extractivista.

Hay mucho que analizar alrededor de este tema, pues los territorios donde se construirán las ZEDEs, también son comunidades a las que no se les consultó ni consultará la instalación de estos proyectos. “Entonces, para ellos es fundamental tener el control, incluso para rebeliones y crisis políticas para garantizar que la sociedad funcione, eso es fundamental también”, agrega Sosa.

Esta es una instancia clave para los militares, pues es un tema relacionado con el control de las situaciones de personas, grupos o gobiernos que signifiquen una amenaza externa, en diversos sentidos. Desde esta dependencia, los militares pueden acceder a información y a fraguar estrategias también geopolíticas, a favor del statu quo del gobierno.

Instituto de Migración y Extranjería

Esta es una instancia clave para los militares, pues es un tema relacionado con el control de las situaciones de personas, grupos o gobiernos que signifiquen una amenaza externa, en diversos sentidos. Desde esta dependencia, los militares pueden acceder a información y a fraguar estrategias también geopolíticas, a favor del statu quo del gobierno.

Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE) 

Desde esta Dirección, creada en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la ley establece que se coordinará el diseño de las políticas públicas en materia de Inteligencia, Seguridad y Defensa, a través de las Unidades Especiales de Investigación: Dirección Policial de Investigación (DPI), Agencia de Lucha contra el Narcotráfico, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Unidad Antiextorsión.

Esta dependencia, reza la ley que le dio vida, fungirá con independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Los analistas vinculan esta dirección con la intromisión que se hará a la vida de las personas, empresas e instituciones que se supongan enemigos al statu quo, a quienes vigilarán con total libertad, particularmente a través de la Ley de Escuchas, pues no hay quien audite, vigile o sancione su accionar. Desde aquí se planifican las acciones para intervenir con operaciones en el país.

Proyecto Hidroeléctrico Francisco Morazán (el Cajón)

Esta represa es la principal fuente de generación de energía eléctrica en el país, tanto dentro del sector público como el privado. Controlar la energía que abastece en su mayoría al país se presupone un tema estratégico en caso de una emergencia producida por convulsiones sociales, por eso, y aunque suene extrema, la idea de ser administrada por militares, entre otros aspectos más que podrían enunciarse, es un tema estratégico.

Sosa sostiene que los gobiernos siempre han estado muy preocupados “por mantener una relación estrecha con los militares y ellos están felices en la medida en que se les abren puestos, en la medida en que se les da dinero, un dinero del cual no rinden cuentas, un dinero del que no informan en qué lo gastan y que usan a discrecionalidad”. Todos estos factores se han conjugado para fertilizar el terreno de la remilitarización que vive Honduras.

Pero mientras siguen los nombramientos de militares hasta en Comisiones Interventoras, las alertas se encienden entre los analistas, quienes aseguran que si no se detiene la asignación de funciones de los militares en la estructura gubernamental a las puertas del país estará el caos, el desorden que ninguna fuerza armada podrá detener. «Se está creando un caldo de cultivo que puede generar un estallido social que no tiene ningún componente político. La solución es darle trabajo a la gente. Esto genera inconformidad. El Gobierno no tiene una base política sólida, por eso se sustenta más en el poder militar que en el poder político», puntualizó Pineda Alvarado.

Tabla 5: Militares y exmilitares ubicados en el Poder Ejecutivo.

[1] El país cuenta con cinco Unidades de Investigación: Dirección Policial de Investigación (DPI), Agencia de Lucha contra el Narcotráfico, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Unidad Antiextorsión.

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