Escrito por Bladimir López Sánchez, analista político del CESPAD
En Honduras, en los últimos meses se ha radicalizado la lucha territorial por la defensa de los recursos naturales. Muchas comunidades se han alzado en contra de proyectos extractivos, cuestionando que su otorgamiento se ha hecho sobre la base de una serie de irregularidades legales: ausencia de consulta y participación de las comunidades, otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, la complicidad de los gobiernos locales con las empresas extractivas, destrucción y degradación de recursos naturales, como el agua y bosque.
Ante ese contexto de resistencia territorial, la élite política gobernante, sectores económicos y otros actores han expresado abiertamente que estos grupos, con sus acciones de protesta alejan la inversión extranjera y frenan el crecimiento económico y desarrollo del país. Lo anterior ha venido acompañado de campañas de desprestigio contra organizaciones sociales y líderes territoriales que luchan por la defensa de los recursos naturales.
En ese contexto de altos niveles de conflictividad socio-territorial y ataques desde los grupos de poder, tiene sentido preguntarse: ¿Qué modelo de desarrollo está detrás de la apuesta gubernamental de concesionamiento territorial? ¿Los marcos normativos existentes promueven una institucionalidad transparente o por el contrario promueven práctica corruptas con el otorgamiento de licencias ambientales para concesiones extractivas? ¿Cuáles son las demandas principales de los movimientos populares alrededor del proyecto extractivo hondureño? Con este análisis buscamos responder a esas interrogantes
I. El modelo extractivista en Honduras
El extractivismo es un modelo de desarrollo que prioriza los recursos naturales como fuente principal de acumulación de riquezas y beneficios. La pertinencia histórica del extractivismo reside en que profundiza los tres rasgos[1] principales del capitalismo: la naturaleza adopta una forma de mercancía, el mercado de producción capitalista (extractiva) se desarrolla en formas de monopolios que promueven la corrupción, y las estructuras legales y policiales del Estado se orientan a preservar los intereses de los grupos económicos y políticos.
En Honduras el extractivismo se concreta a través de la ejecución de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales, turísticos y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)[2]. En relación con este análisis, nos interesa comprender la dinámica de los proyectos hidroeléctricos y mineros.
A. La acumulación por despojo: el caso de la minería y las hidroeléctricas
El despojo se concibe como un proceso de expropiación, privación, enajenación de bienes y derechos, a través de acciones coercitivas, legales y políticas impulsadas desde el Estado, contra los sectores históricamente vulnerables y excluidos (indígenas, negros y campesinado). El rostro del despojo en Honduras se ha venido manifestando a través de las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos.
Hasta el 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), había otorgado un total de 282 concesiones mineras. Cortés es el departamento más concesionado con 56, le sigue Olancho con 33, Choluteca con 28, Francisco Morazán con 27 y Santa Bárbara con 25[3].
En el país, hasta el 2018, se registran un total de 315 plantas generadoras de energía[4]. De esa cantidad, 157 se tipifican como hidroeléctricas, siendo Cortés Olancho, Atlántida y Santa Bárbara, los departamentos en donde más se registran proyectos hidroeléctricos.
Estos proyectos tienen como fondo procesos que comparten las siguientes características: corrupción, impactos ambientales, efectos sociales y políticas de criminalización.
En relación con la corrupción, sobresalen contradicciones y vacíos en la normativa legal existente al momento de trasparentar el trámite de las licencias ambientales; en lo ambiental, al existir vacíos legales y débil institucionalidad, las empresas extractivas explotan irracionalmente los recursos, agotando las fuentes de agua y contaminando el medio ambiente. En lo social, se generan procesos de desalojos forzados, desplazamientos y agudización de la pobreza y en lo político, un proceso de criminalización, persecución y judicialización en contra de los y las luchadores sociales que defienden los recursos naturales
B. Reforma conservadora del Estado
Para que el despojo de los recursos naturales se dinamice, la élite política gobernante ha desarrollado un proceso de “rediseño del Estado” que se caracteriza por promover un diseño con rasgos autoritarios y tecnócratas[5]. El rediseño ha estado acompañado de una seria de Leyes que deterioran el Estado de Derecho, promueven la inversión extranjera y defienden los intereses de la élite económica nacional y transnacional.
Para logra lo anterior, se ha creado un marco legal favorable para el desarrollo del extractivismo, podemos mencionar la aprobación de algunas leyes: Ley de Secretos, Ley para el fomento de la inversión publica y privada, Ley antiterrorista, Ley de minería, Ley de la policía militar y una serie de decretos que hacen referencia a la disminución de categorías de las áreas protegidas y exoneraciones fiscales en beneficio de las empresas transnacionales.
A grandes rasgos se evidencian tres aspectos de la reforma conservadora del Estado que legitiman el modelo extractivista. Primero, la puesta en marcha de una política fiscal que abre a Honduras a los negocios extractivos mediante procesos de acumulación por desposesión. Segundo, el montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de los recursos naturales. Y tercero, la reforma ha priorizado un modelo de gestión pública autoritaria y tecnócrata que cierra espacios de participación ciudadana, impide acceso a la información pública y desarrollo de veeduría ciudadana. Esto lo convierte en un modelo de gestión promotor de la corrupción, la impunidad y falta de trasparencia.
II. Los marcos normativos existentes como promotores de la corrupción extractivista
En este apartado, es de nuestro interés puntualizar e identificar los vacíos y analizar las contradicciones en la normativa legal existente que promueve prácticas de corrupción y describir los actores sociales que tejen las redes de la corrupción extractivista en Honduras
A. La institucionalidad pública: ¿Promotora de la corrupción extractiva?
Conceptualmente[6] se define la relación entre corrupción y extractivismo como un proceso que conlleva sobornos para acceder a concesiones hidroeléctricas y mineras. Asimismo, el cohecho para modificar evaluaciones de impacto ambiental, abuso de funciones para ocultar impactos ecológicos y tráfico de influencias que ampara la violencia contras las comunidades locales.
Estos aspectos son favorecidos, además, por un marco legal que promueve las llamadas “alegalidades”. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos en los que se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma como, por ejemplo, las alegalidades que se presentan en la Ley de Minería y el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto.
De una manera rápida, interesa puntualizar la manera en que la legislación hondureña a través de la Ley de Minería (aprobada en el 2013), y el reciente Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, retratan una institucionalidad poco transparente, que promueve y profundiza el desarrollo de la corrupción extractivista. En el siguiente cuadro se plantean algunas ideas centrales.
Cuadro #1
La Ley de Minería y la promoción de la corrupción extractivista
| Artículos | Puntos críticos | Dimensión de la corrupción extractivista | Traducción práctica en la vida cotidiana |
| 22 | Otorga derechos mineros por tiempo indefinido. | Facilitismo y favoritismo al momento de gestionar concesiones. | Promueve el oligopolio y la falta de transparencia en los trámites administrativos. |
| 23,27 y 36 | Se utilizará tecnología adecuada y vigente. | Abusos de funciones para ocultar impactos ambientales adversos. | La explotación de minería a cielo abierto y la contaminación del medio ambiente. |
| 48 | No se establece la prohibición de que los proyectos mineros se desarrollaran cerca de caseríos y comunidades. | No se preserva la vida humana y se descompone el tejido social comunitario. | Desalojos, desplazamiento de pobladores de sus territorios y criminalización de la protesta. |
| 53 | Derechos que gozan los titulares de las concesiones. | Modifican la evaluación de impacto ambiental. | Profundiza la corrupción extractivista. |
| 67 y 68 | Consulta ciudadana previa e informada. | Tráfico de influencias que ampara la violencia contras los pobladores | Se impide acceso a la información pública y criminalización de las disputas ciudadanas. |
Fuente: Elaboración propia. El número de artículo fue tomado de informes realizados por CEPRODEC y tesis de investigación desarrollas en la UNAH. La descripción de las demás columnas, a través del análisis de contenido, fue realizado por el autor.
Estas dinámicas muestran que en Honduras la corrupción extractivista penetra en los distintos ámbitos de la vida política y social. Los análisis convencionales ponen el acento en los impactos relacionados con aspectos económicos. El cuadro anterior introduce a la idea que la corrupción impacta en otros ámbitos de la dinámica extractivista, como los mecanismos democráticos esenciales de consulta, la falta de acceso a la información pública, violación sistémica de derechos humanos, pérdidas humanas y ecológicas, y fragmentación territorial.
En el caso Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, los rasgos característicos de corrupción extractiva se esconden a través de los siguientes aspectos:
- El ocultamiento de información sobre los procesos de tramites de licencias ambientales que legitiman las concesiones mineras e hidroeléctricas.
- La orden para que el Instituto de Acceso a la Información Publica y la Unidad de Transparencia, limite la entrega de información relacionada con proyectos extractivos.
El Acuerdo Ministerial crea una especie de “Ley de secretos ambientales”, enmarcada en un contexto de país en el cual, en los últimos meses, distintas comunidades han declarado sus territorios libres de extracción minera y proyectos hidroeléctricos.
La iniciativa es consecuente con los últimos posicionamientos y demandas de la élite política gobernante, sectores económicos y organizaciones de la sociedad civil, al establecer que las luchas territoriales bloquean el crecimiento económico y frenan el desarrollo social.
Si bien es cierto, la corrupción extractivista en Honduras se concreta desde las grandes grietas alegales que promueve la normativa existente, hay una red de actores políticos y económicos que construyen toda la infraestructura sobre la cual opera el extractivismo en Honduras. El siguiente apartado trata de aproximarnos a esa premisa.
B. Aproximación a los actores que tejen la corrupción extractivista en Honduras
Los teóricos del extractivismo establecen que en Latinoamérica existe un modelo general de acción, denominado “Emprendimiento Extractivista”, que funciona como una especie de referencia y guía al momento en que las élites buscan legitimar y operativizar su visión de desarrollo extractivista. Además, establecen que ese modelo está detrás de la corrupción extractivista en su versión hidroeléctrica y minera.
La corrupción extractivista es un proceso relacional que aglutina a sectores económicos, políticos, militares, sociales, intelectuales y mediáticos. Cada actor se ubica en una posición diferenciada y desde esa posición defiende los intereses del modelo extractivista.
Cuadro #2
Aproximación a los actores y niveles donde se tejen las redes de corrupción extractivista en Honduras
| Nivel | Actor | Incidencia | Alcances |
| Nivel I: Rector estructural | El Ejecutivo, élites económicas nacionales y transnacionales. | Conciben y diseñan los proyectos de desarrollo y promueven su institucionalidad. | Construyen el marco normativo sobre el cual se asienta el extractivismo. |
| Nivel 2: Rector legislativo | Partidos políticos y sistema de justicia. | Diseñan la infraestructura sobre la cual se promueve la corrupción extractivista. | Reglamentan marcos políticos-jurídicos con grietas “alegales”. |
| Nivel 3: Rector operativo | La institucionalidad de medio alcance y los gobiernos locales. | Gestionan y operativizan la institucionalidad extractivista. | Aplican la corrupción extractiva a través de la gestión de licencias ambientales. |
| Nivel 4: Rector difusivo- legitimador | Periodistas, académicos, investigadores, intelectuales, tecnocracia y consultores. | Voceros intelectuales del modelo extractivista y legitimadores de la corrupción extractiva. | Crean un sentido de común de aceptación a los proyectos extractivos y buscan avalar la corrupción en nombre del desarrollo. |
| Nivel 5: Rector opresivo | Policía, militares, inteligencia del Estado | Se mueven en todos los niveles. | Imponen a la fuerza el modelo de desarrollo extractivo. |
| Nivel 6: Rector mediador-legitimador | ONG (conservadoras y afines al Gobierno) y liderazgo local. | Facilitadores en mediar los efectos negativos del modelo extractivista. | Despolitizan las acciones colectivas en contra de la corrupción extractiva. |
Fuente: Elaboración propia con base en información del cuadro #1
Con ese contexto se puede constatar que estos actores crean redes específicas para difundir el extractivismo y legitimar la corrupción extractiva. La primera red la podemos identificar a nivel de la élite política gobernante y sectores económicos nacionales, son los que se encargan de concebir y diseñar el esqueleto institucional sobre el cual se monta el extractivismo. La segunda red involucra a los funcionarios de la administración pública, quienes son los encargados de operativizar y dinamizar la institucionalidad extractiva que existe en el país a través de: INHGEOMIN, COALIANZA y Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas o MiAmbiente. Estas instituciones son las que gestionan y administran la corrupción extractiva.
La tercera es la red que involucra a los sectores intelectuales (periodistas, académicos, investigadores, consultores, universidades, tecnócratas, etcétera), los que fungen como los voceros oficiales del modelo extractivista en los esfuerzos por crear un sentido común que legitimé en el imaginario colectivo el modelo de desarrollo extractivista, que normalicé los actos de corrupción extractivistas.
La cuarta red involucra a los actores represivos del Estado (policías, militares y operadores de la inteligencia), que son el brazo armado, táctico y estratégico de la élite política gobernante que impone la fuerza y facilita la instalación de los proyectos extractivos pese a las acciones de protesta territorial que se suscitan en el país.
Por último, constatamos el desarrollo de una quinta red representada por actores de un tercer sector (conservador y afín al Gobierno), como líderes locales provenientes del tejido social comunitario (iglesias, patronatos, comités ambientalistas, etcétera). La función de esta red es servir como enlace mediador en los procesos de conflicto socio- territorial, con el objetivo de despolitizar las acciones de protesta y generar un clima favorable para la instalación y desarrollo de los proyectos extractivos.
En conclusión, estas redes están en total sintonía con el marco institucional extractivo desarrollado en el primer apartado del análisis, el cual, como hemos visto, profundiza el clientelismo, prolifera la corrupción, deteriora la transparencia en la gestión pública y viola los derechos humanos.
En ese marco de fragilidad institucional, el operar de las redes, los costos sociales, económicos, culturales y ambientales del extractivismo y su corrupción galopante, han venido gestando, profundizando y radicalizando un proceso de lucha que se caracteriza por atacar abiertamente la corrupción extractivista que se ha descripto a lo largo de este análisis. De manera puntual y precisa el siguiente apartado busca ofrecer elementos que sustenten la premisa anterior.
III. La lucha territorial por la defensa de los recursos naturales: un ataque frontal a la corrupción extractiva
En los últimos meses se ha reactivado la protesta territorial por la defensa y preservación de los recursos naturales en la zona sur, zona occidental y la zona norte. En esas zonas geográficas se encuentra el mayor número de concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros.
Las demandas principales de las organizaciones en esos territorios giran alrededor de la corrupción extractivista y el tema de fondo que persiste es, qué este tipo de corrupción “erosiona la democracia y compromete los derechos humanos”.
En ese marco de resistencia territorial sobresale la lucha que sostienen organizaciones sociales en el sector Pajuiles, en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida. Se trata de una comunidad que demandan que el Ministerio Público investigue y que con su investigación detenga los trabajos de construcción de la Represa Hidroeléctrica Centrales El Progreso HIDROCEP, debido a las irregularidades en el otorgamiento de las licencias ambientales, la destrucción de las fuentes de agua, la contaminación de los ríos que está provocando el aparecimiento de distintas enfermedades en los pobladores y la puesta en marcha de fuertes procesos de criminalización hacia líderes y lideresas comunitarios[7].
Por otra parte, organizaciones sociales del Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, desarrollan una ardua lucha en contra del proyecto concesionado a favor de la empresa Enco Mining Company, para explotar los ríos Guapinol y San Pedro. Los posicionamientos giran alrededor de los siguientes aspectos: al margen de La Ley, INHGEOMIN concedió licencia ambiental; las comunidades llevan meses sin contar con el acceso agua; la no participación de la población y las comunidades en la aprobación de la concesión; la concesión minera está ubicada en una zona de reserva y la complicad del gobierno local con las empresas extractivas.
Estos casos de lucha territorial evidencian la manera en que la corrupción extractivista está detrás de los efectos adversos que tienen los proyectos en las comunidades; constatan la manera en que las redes de corrupción promueven el despojo de los recursos naturales a través de la vinculación de actores políticos, nacionales, regionales y locales; y la manera en que operan las redes cuando se trata de defender los principios rectores del proyecto extractivista.
IV. Conclusiones
- Alrededor de un marco legal favorable, el modelo extractivista ha convertido al Estado de Honduras en un instrumento para promover y preservar los intereses de los sectores económicos nacionales y transnacionales, mediante el saqueo, la impunidad, la corrupción, el clientelismo.
- La corrupción extractivista en Honduras es facilitada por una normativa jurídica que contiene grietas “alegales” que abren espacios para que los intereses del capital extractivista se impongan por encima de los derechos humanos de la población.
- La lucha territorial es una repuesta a la corrupción extractivista que golpea los derechos humanos, la calidad de la democracia local y las condiciones de vida en general.
[1] Juan Carlos Monedero. Disfraces del Leviatán “El papel del Estado en la globalización neoliberal. Centro Internacional Miranda, Caracas Venezuela, 2008.
[2] Véase, Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras, 2017. Disponible en: https://www.alainet.org/es/articulo/191478
[3] Véase, Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos de CEHPRODEC, Tegucigalpa, Honduras 2017.
[4] Véase, La producción de energía eléctrica en Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2018.
[5] Para su profundización véase, Gustavo Irías. Rediseño del Estado en Honduras: ¿Avances o retrocesos en la
democratización?, CESPAD, Tegucigalpa, Honduras, 2008. Disponible en: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/Reforma-del-Estado-INTEGRADO-1.pdf
[6] Véase del mismo autor, Eduardo Gudynas. Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran. Rebelión, 2017; Extractivismo y corrupción en América del Sur “Estructuras, dinámicas y tendencias en una íntima relación”. Instituto Investigaciones Socio-Económicas, Universidad San Juan, Argentina, 2017.
[7] Para una mayor profundización, véase: Pobladores de Pajuiles se toman carretera CA-13 en Tela exigiendo el cumplimiento del paro de labores del proyecto hidroeléctrico los planes. Disponible en: https://www.movimientoamplio.org/single-post/2018/08/15/Pobladores-de-Pajuiles-se-toman-carretera-CA-13-en-Tela-exigiendo-el-cumplimiento-del-paro-de-labores-del-proyecto hidroel%C3%A9ctrico-los-planes
