La dirigente campesina hondureña Margarita Murillo fue asesinada hace cuatro años y nadie ha sido acusado, investigado ni castigado por su crimen. Sin embargo, las luchas a favor de las causas sociales hicieron de Margarita una leyenda, que al reescribirse evidencia que su vida estuvo llena de abusos por parte del Estado de Honduras, desde hace 30 años antes de que fuese asesinada.
Su muerte…
En la mañana del 27 de agosto de 2014 Margarita fue asesinada mientras sembraba una parcela de la Empresa Asociativa Campesina, en El Planón, municipio de Villanueva en el Departamento de Cortés. La base campesina de 23 familias, de la que era su presidenta, había tomado posesión de esas tierras del Estado desde hacía 7 años y estaban en proceso de legalizarlas.
Cuatro meses antes del crimen de Margarita, otro miembro de su base campesina fue asesinado. Margarita temía por su vida y había denunciado amenazas al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas de protección especial que en la práctica fueron inexistentes y no sirvieron para evitar que le cegaran la vida.
Margarita nació en 1958 y comenzó su participación a favor de la lucha agraria en el departamento de Copán desde sus 13 años de edad, cuando la gran Marcha del Hambre en 1975 (que pretendía llegar con 40 mil campesinos a la capital) fue duramente reprimida en todas las regiones donde se llevaban a cabo caminatas.
En 1980 se aglutinaron las organizaciones campesinas en el Frente de Unidad Nacional Campesino (FUNACAM), y allí estuvo Margarita, en las acciones de recuperación de tierras que se impulsaron. Después, en 1985, cuando se fundó la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, se convirtió en parte de su directiva nacional en la que ocupó la Secretaría de Actas en un período y Secretaría de la mujer, en otro.
Fue capturada, torturada y desaparecida
La participación en la lucha por los derechos agrarios hizo que la persiguieran los terratenientes y el Estado de Honduras. En 1987 fue capturada, desaparecida temporal, brutalmente torturada y violada. Después de sus 27 días de secuestro fue presentada por la policía acusándosele de ser terrorista, sin presentar ninguna prueba. Al igual que ella, otros campesinos de Morazán, departamento de Yoro, fueron apresados y torturados. Todos fueron acusados de subversivos ante los medios de comunicación.
Las torturas y abusos por parte de la policía contra Margarita y demás campesinos fueron documentados y denunciados por los organismos de derechos humanos, pero ninguno de sus victimarios fue acusado y ni siquiera señalado por las autoridades.
Los verdugos siguieron “prestando sus servicios a la patria”, que en esos años significaba cumplir las tareas dentro de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba a cualquier luchador o luchadora social un enemigo al cual debía eliminarse.
Margarita pudo ser una más de los casi doscientos desaparecidos políticos o de los casi mil asesinados en la década de los ochenta. Afortunadamente se salvó de las garras de la muerte en aquel entonces. Eso implicó vivir por un tiempo a escondidas, ir al exilio y separarse de su familia.
De acuerdo con defensores de derechos humanos, la mayoría de los militares, policías, los miembros del Batallón 3-16 (escuadrón de la Muerte) y demás criminales violadores que persiguieron, torturaron y mataron a miles de personas, fueron arropados con el grueso velo de la impunidad a través de decretos de amnistía, cargos diplomáticos o visas para refugiarse en los Estados Unidos. Hay algunos todavía en puestos dentro de la estructura del Estado y otros que están en el lucrativo negocio de la seguridad privada, en el que emplean a sus antiguos subalternos.
Pero el temple alcanzado por Margarita la hizo comprometerse de nuevo al volver del exilio, en las luchas populares y los esfuerzos por impulsar un proceso de trasformación política y social en Honduras. Ansiaba justicia y bienestar para las grandes mayorías.
A partir de los años noventa y hasta 2009, Murillo formó parte del Partido Unificación Democrática. Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y Participó en la creación de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular -CNRP-, que se constituyó formalmente el 26 de agosto de 2003, en el marco de una toma simultánea de las cuatro entradas a la Capital Tegucigalpa por múltiples demandas, fundamentalmente en contra de una ley que daba paso a la privatización del agua.
Después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Margarita Murillo fue designada por el pueblo en oposición al Golpe, como coordinadora departamental en Cortés del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP. Estuvo durante meses en las acciones fuertemente reprimidas por la policía y los militares.
Un crimen que sigue impune
La primera Fiscal que asumió la investigación del crimen de Margarita con mucha dedicación, fue asesinada en San Pedro Sula. El asesinato de la Fiscal Marlen Banegas, ex coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, se lo achacaron a David Edgardo Ordoñez, un pandillero conocido como “el Pony”, pero no pudo ir a juicio porque apareció asfixiado en la prisión provisional del Comando de Operaciones Especiales Cobras, en Tegucigalpa, el 7 de julio
de 2015.
Desde entonces, el crimen de Murillo sigue sin investigarse y sin llevarse a prisión a los responsables intelectuales y materiales. Han pasado cuatro años y las autoridades aún no investigan ni aclaran su asesinato, el que para muchos sectores defensores de derechos humanos, pudo provenir del Estado mismo.
En vida, Margarita fue agredida y amenaza a muerte. Siempre señaló a los aparatos policiales y militares como los principales sospechosos y más de una vez los responsabilizó de cualquier atentado que pudiese ocurrirle.
El crimen de Margarita es considerado emblemático, pues la lucha contra la impunidad resulta mucho más difícil cuando es el mismo Estado el que ha cometido los crímenes. Y en su caso, Murillo siempre vio y señaló a estas estructuras del Estado, como sus principales atacantes.
En la actualidad, protegidos por las estructuras estatales continúan quienes persiguieron, violaron y torturaron a Margarita Murillo desde hace 30 años. No debe descartarse, entonces, que desde esas mismas estructuras se haya ordenado su asesinato y que desde allí se proteja a los asesinos.
Los sicarios y la forma de actuar quizás hayan cambiado con los años, pero tal parece que la actitud criminal desde este tipo de estructuras que operan dentro del Estado de Honduras se mantiene y arropa a los asesinos de los y las luchadoras y defensoras de derechos humanos.
