Escrito por Gustavo Irías/ Director Ejecutivo del CESPAD
La crisis política que atraviesa la sociedad hondureña desde el 28 de junio del 2009, fue reactivada por el fraude electoral de noviembre del 2017, ahondando la polarización y la desconfianza mutua de los principales actores del sistema político y, en general, de los diferentes sectores de la sociedad hondureña.
La protesta social contra los resultados electorales de noviembre pasado y las graves consecuencias en derechos humanos, colocó en la agenda nacional el tema del diálogo político. Dependiendo de las motivaciones de cada fuerza política, el diálogo se ha visto como un instrumento para legitimar intereses e incluso, en algún momento, se ha concebido como una herramienta para revertir el resultado electoral o adelantar las elecciones generales del 2021.
Una constatación histórica es que en la región latinoamericana no existe experiencia alguna que indique que a través del diálogo político se haya revertido un fraude electoral. Esto porque, normalmente, detrás de un fraude electoral en cualquier país de la región, está el aval del gobierno de los EEUU y la disposición a favor del bando usurpador de las fuerzas militares, policiales y los medios de comunicación corporativos, factores esenciales de poder.
Aun así y luego de varios meses de pre diálogo, el diálogo político en Honduras dio inicio el pasado 28 de agosto, con la participación de tres fuerzas: el Partido Nacional, Partido Liberal y Salvador Nasralla. El partido LIBRE decidió no participar, hecho que evidencia la profunda fractura política que vivimos y lo lejos que estamos de alcanzar una salida consensuada a la grave crisis política nacional.
A fin de cuentas, no es sólo un diálogo el que se ha abierto, son varios diálogos en paralelo. El diálogo institucional facilitado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es uno. El otro es el convocado por Manuel Zelaya Rosales al liderazgo regional y de base de LIBRE. Pero es probable que el diálogo más significativo, con sentido de transformación y futuro, sea el convocado por la Convergencia contra el Continuismo, con la apuesta de fondo, de re-articular el nuevo movimiento social hondureño.
Desde la huelga general de 1954, los movimientos sociales han sido una fuerza esencial en las transformaciones democráticas de Honduras: la conquista de las libertades ciudadanas, las leyes e instituciones laborales, la reforma agraria, la lucha contra el autoritarismo y la ocupación extranjera, la conquista de marcos jurídicos y políticas públicas favorable a los sectores vulnerables, entre otras.
El diálogo facilitado por la ONU y los intereses en juego
Tal como lo informa un medio oficial de la ONU, fechado el 28 de agosto, el “Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras y agentes gubernamentales han firmado el documento “Compromiso por Honduras: Reconciliación para Transformar”, que refleja la voluntad de los partidos políticos para “respetar, continuar y comprometerse con la búsqueda y consecución de resultados”, durante este proceso de diálogo.
La arquitectura central de este compromiso ha sido la formación de cuatro mesas de trabajo: 1) Mesa de los hechos del proceso electoral 2017 y reelección presidencial; 2) Mesa de derechos humanos, 3) Mesa de reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho y 4) Mesa de reformas electorales. En relación con la crisis política, estos temas son relevantes y la construcción de acuerdos podría significar avances importantes hacia su solución. No obstante lo anterior, la falta de confianza mutua y las profundas divergencias en torno a las condiciones previas para el diálogo han impedido la presencia de todas las fuerzas políticas en pugna.
Adicionalmente, los eventuales acuerdos que podrían construirse carecerán de un carácter vinculante y en caso de que logren generarse, serán presentados como recomendaciones a los órganos correspondientes del Estado: Congreso Nacional, Ministerio Público y otros que serán los que tomaran las decisiones sobre los temas en consideración. Esto fue confirmado por Igor Garafulic, representante de la ONU, el mismo día del inicio del diálogo. Asimismo, días anteriores, el mismo Garafulic aseveró que “En ningún momento se ha hablado de adelantar las elecciones en Honduras”.
La existencia de limitadas condiciones para la construcción de acuerdos puede explicar el bajo perfil político de la representación de las tres fuerzas políticas: Luis Colindres, Kilvett Bertrand y Abi Lozano del Partido Nacional; Maribel Espinoza, Octavio Pineda y Eduardo Martell del Partido Liberal; Tony García y Julio Larios como representante de Salvador Nasralla; Ebal Díaz y Leonel Ayala por el gobierno.
Las posiciones sobre los temas más sensibles, como los referidos a los presos y asesinatos políticos y a las reformas electorales, parecen difíciles de conciliar. Sobre el primer tema, para el Partido Nacional y para el gobierno las protestas ciudadanas generadas por el fraude electoral y sus consecuencias en términos de detenciones y crímenes están asociados a los “mareros, crimen, narcotráfico y los agentes extremistas internacionales”. Y en relación con las reformas electorales, aspectos claves como la segunda vuelta electoral, la integración del Tribunal Supremo, la transmisión de resultados y la integración de las mesas de votación y su mecánica de funcionamiento mantienen enfrentados a liberales, nasralistas y nacionalistas.
Pero a pesar de todo lo dicho, el espacio del diálogo político es esencial para las tres fuerzas políticas participantes en la búsqueda de su propia legitimidad. Para el Partido Nacional y el gobierno es legitimar el resultado electoral del 26 de noviembre del 2017, para el Partido Liberal es validar y reposicionar el liderazgo de Luis Zelaya en el actual lucha interna de ese partido y para Salvador Nasralla, es legitimar su partido político sin que haya pasado por el proceso de inscripción, como una nueva fuerza político-electoral.
El otro diálogo: ¿un camino para transformar?
En contraposición al diálogo oficial facilitado por la ONU, el 25 de agosto, Manuel Zelaya Rosales convocó a un dialogo interno a la militancia de LIBRE, en la Colonia El Pedregal, en Tegucigalpa, como el inicio de un proceso encaminado a construir una Coalición de Oposición, dejando atrás la compleja experiencia de la Alianza Contra la Dictadura, encabezada por Salvador Nasralla. No hay duda, que la oposición política en toda su diversidad (Libre, nasralistas y liberales) padece de una severa fragmentación y su estado de ánimo no es el más favorable. De allí que LIBRE, como principal fuerza de oposición, tiene por delante una larga jornada por reconstruir las heridas internas, articular energías y de nuevo aportar certezas y esperanzas a una base de simpatía desmotivada y confundida por la consolidación de los cuestionados resultados electorales de noviembre pasado.
Por ello mismo, en la actual coyuntura hondureña, aunque la prensa oficial y no oficial le han puesto poca atención, la iniciativa más relevante del otro diálogo es la impulsada por la Convergencia Contra el Continuismo que busca articular las voluntades y energías dispersas del nuevo movimiento social, con base territorial. La mayoría de las organizaciones de este nuevo movimiento social están en resistencia contra las concesiones de los recursos naturales o bienes comunes y en defensa de los territorios y de la vida.
Uno de los logros de esta Convergencia es haber definido una agenda mínima de movilización, recogiendo las demandas y agravios de una ciudadanía indignada por los retrocesos democráticos, la infracción de los derechos humanos y las políticas excluyentes del actual régimen. Esta agenda se resume en siete puntos:
1) Juicio y castigo a los responsables de asesinatos de defensores y luchadores sociales y de los movilizados contra el fraude electoral. Libertad para los presos políticos. 2) Desmilitarización de la seguridad pública. Eliminar la Policía Militar.
3) Derogación de la Ley de Secretividad y aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz para hacer efectiva la lucha contra la corrupción e impunidad.
4) Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y negros y cumplimiento estricto del Convenio 169.
5) Anulación de todos los contratos y decretos de concesionamiento de bienes naturales comunes.
6) Derogación de las leyes y decretos que cercenan los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Emisión de una Ley de Reforma Agraria Integral.
7) Declarar inconstitucional al actual régimen, y demandar un proceso efectivo y seguro para un pronto retorno al orden constitucional.
Asimismo, mediante diálogos en diferentes regiones del país entre la diversidad de expresiones de los movimientos sociales, la Convergencia logró convocar y realizar una movilización nacional en Tegucigalpa el 30 de agosto, a dos días de iniciado el diálogo oficial. Esta manifestación logró colocar de nuevo la protesta ciudadana en las calles, activando las denuncias y demandas por un nuevo orden constitucional y un conjunto de reivindicaciones para desmontar el militarismo y el extractivismo. Estas demandas tejen y conforman el nuevo imaginario de los movimientos sociales por la recuperación y transformación de la democracia. Esta es una agenda que hasta el momento no ha sido asumida por ninguna de las fuerzas políticas existentes.
En la manifestación del 30 de agosto la Convergencia Contra el Continuismo dio un paso más, proponiendo y alcanzando la aprobación, de parte de los y las manifestantes para la convocatoria, de una Consulta Popular en torno a tres interrogantes: 1) ¿Está usted de acuerdo con la construcción de un nuevo orden constitucional?, 2) ¿Está usted de acuerdo que siga Juan Orlando Hernández con el control del Estado? y 3) ¿Está usted de acuerdo con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la privatización de los bienes y servicios públicos sociales?
La convocatoria y la eventual realización de la Consulta Popular a efectuarse, al margen de la institucionalidad gubernamental, constituye en sí un desafío al orden establecido, no sólo en su realización, sino especialmente por el contenido de las interrogantes y posibles resultados. Aunque sus resultados no tendrán ningún carácter vinculante con el marco jurídico y políticas públicas vigentes, podría ser el punto de partida para la re-articulación popular y la reactivación de la protesta ciudadana en un sentido de transformación democrática. No puede desconocerse que la Consulta en el fondo es una búsqueda por la legitimidad de las protestas y demandas ciudadanas en el actual contexto hondureño.
¿Hacia dónde camina la sociedad hondureña?
Cruzada por múltiples diálogos: los oficiales, y los de la oposición política, la sociedad hondureña no encuentra el camino para la reconciliación y gobernabilidad democrática. Aunque ha sido frecuente en la historia de Honduras la ingobernabilidad, las revueltas armadas, las matanzas sin sentido, las pugnas desbocadas de los grupos dominantes, los golpes de Estado, etc., pocas veces, como país, hemos enfrentado una situación tan compleja, con un Estado cooptado por una elite voraz, penetrado por el crimen organizado y saqueado por poderosas redes corruptas. Y en general, con una institucionalidad, en sus diversos poderes, controlada por los intereses del partido en el gobierno. Esto ha conformado un modelo de dominación autoritario, que entraña graves peligros para la sobrevivencia democrática.
En tal sentido, la contradicción principal de la actual sociedad hondureña es indudablemente entre autoritarismo y democracia. De tal suerte, que la única posible salida a la actual crisis nacional este en la construcción de una nueva mayoría política y social profundamente anti-autoritaria y que tome en firme las banderas por la democratización en todos sus planos y la decencia nacional.
