Hace más de diez años, la comunidad de San José del Aguacatal, en el departamento de La Paz, era una zona tranquila. Marcada por la pobreza de las comunidades indígenas que habitan el lugar, pero sin mayores conflictos y amenazas para la subsistencia.
Es una población lenca con características de abandono gubernamental, que contrastan con la riqueza de sus bienes naturales. Toda una melodía atrayente para llamar el interés de empresarios nacionales como internacionales.
En ese escenario, hace más de seis años, a través del Congreso Nacional, un predio de 102 kilómetros de ese territorio ancestral Lenca, fue otorgado a la ex presidenta de ese poder del Estado y actual diputada nacionalista, Gladys Aurora López.
La acción se realizó sin efectuar la correspondiente consulta previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras 1994 y que beneficia a grupos indígenas del país.
Desde ese momento y bajo la amenaza no solo de las hidroeléctricas, sino también de la minería, empezó una lucha organizada, dirigida desde diferentes instituciones, pero en especial, el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, (MILPAH).
Como era de esperarse, el poder político de López y su esposo Arnold Sánchez, no tardó en buscar silenciar la lucha de estas comunidades, concentradas en el municipio de Santa Elena, así lo han denunciado en organizaciones defensoras, a nivel nacional e internacional.
Ante el fortalecimiento y la persistencia de la comunidad, pronto llegaron algunos mecanismos de intimidación, que posteriormente pasaron a la criminalización y hasta encarcelamiento de quienes se manifestaban públicamente contra la hidroeléctrica. Lo peor que han vivido estas comunidades, es la muerte de algunos de sus líderes comunitarios.
Un asunto de salvación
De acuerdo con las y los líderes de la organización MILPAH, el acoso llegó al extremo que hasta los representantes de la Iglesia Católica de la zona tomaron partido en el conflicto. En una de sus homilías, el sacerdote del pueblo se negó a dar la comunión a aquéllas personas que fueran simpatizantes o miembros de MILPAH.
Esto fue denunciado públicamente, al igual que los otros abusos cometidos por autoridades locales quienes intimidaban permanentemente a los líderes y lideresas que luchan contra la concesión de los recursos patrimoniales del pueblo Lenca.
Son tantos los episodios de los miembros de MILPAH, quienes afirman que los hombres empezaron a ser encarcelados, acusados de daños a la propiedad o de ser incitadores de disturbios. Hubo quemas de viviendas e incluso asesinatos, aún impunes, de no menos de 25 personas. 20 de ellos en el 2010, ejecutados, según testimonios, por una alianza militar, policial y sicarios civiles, fuertemente armados, que son vistos diariamente en las zonas, donde permanece la resistencia indígena.
La lucha feminista
Pero la situación que enfrentaron los hombres, pronto despertó el interés en las mujeres, quienes empezaron a trabajar por la defensa de los territorios y a apoyar en un trabajo de concientización a los miembros de las familias que habitan la zona.
“Al inicio de esta lucha tuve bastante miedo. Cuando nos intimidaban, los policías andaban armados y bien uniformados y yo podía andar un arma para defenderme, pero es más poderoso el poder del Estado que el poder del patriarcado, porque el patriarcado si uno se empodera no se deja dominar, mientras que el poder del Estado es terrible, porque es de plata y uno contra esos poderes no tiene como defenderse”, relata María Felicita López, lideresa de MILPAH.
Para María Felicita, a las mujeres indígenas lencas les ha tocado vivir momentos muy difíciles dentro de la lucha por la defensa territorial. Esa violencia de Estado que ella define a través de varios instrumentos de opresión, le han llevado a presenciar el sufrimiento de sus compañeras, como la historia de una de sus amiga, quien murió después de un derrame cerebral.
Según relata María Felicita, su amiga se presentó a la audiencia por criminalización contra su esposo y al no haber resolución por parte del juez para dejarlo en libertad, se empezó a complicar hasta que la depresión la llevó a sufrir un fulminante derrame cerebral.
“Cuando mi amiga murió, la policía se llevó casi secuestrados a sus dos hijos. Sabíamos que estaban en un refugio y cuando salió en libertad su compañero, por ayuda de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, le regresaron a los niños. Pero él ahora tiene miedo, lo han amenazado intimidándolo de que si siguiera en esto, le quitarán a sus hijos y no los volverá a ver”, agrega la defensora Lenca.
María Felicita habla de todas las complicaciones experimentadas pero que pese a eso, sigue tratando de orientar a sus compañeras lencas para que tomen consciencia de lo que representa la construcción de hidroeléctricas y las concesiones mineras.
“A nuestro pueblo lo han despojado de casi todo, ahora estamos recuperando lo que es nuestra cultura ancestral, estamos recuperando la lengua, todo lo que nuestros ancestros tenían, por eso a mí, se me traba la lengua, porque lo que tengo es un idioma colonizado, recuperando nuestra lengua y nuestra cultura que nos han robado es que vamos a recuperar todo, también nuestros recursos”, sostiene.
Las campañas de desprestigio son más fuertes para las mujeres. Asegura que las señalan de “putas” y a los hombres de “asesinos y violadores”. Con estas acusaciones, que se propagan entre personas civiles que están a favor de la dueña de la hidroeléctrica, buscan restarles credibilidad en un ambiente patriarcal, dice María Felícita, y se les restriega que deben estar vinculadas a los quehaceres domésticos y no a las luchas sociales.
A esta lideresa es común verla en todas las comunidades, capacitando a otras mujeres, empoderándolas sobre las leyes que les favorecen, en especial del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, sobre los daños y consecuencias que pueden traer para ellos la operación de las represas y las mineras en sus tierras.
La situación sigue hostil en la zona, aunque la mayor parte de la comunidad ha ido tomando consciencia de la importancia de preservar sus recursos naturales. Han formado parte de los procesos de consulta a través de los que la comunidad ha dicho “NO”, tanto a las empresas mineras como a las hidroeléctricas.
Entre tanto, el acoso a sus líderes es permanente, aunque para su protección se hayan otorgado medidas cautelares a 15 de sus integrantes, hombres y mujeres.
“Nosotros no creemos en esas medidas, porque las cumple la policía. No creemos en la policía, son corruptos, nunca nos han dado seguridad, por eso usamos nuestras propias estrategias de seguridad como organización”, concluyó la lideresa lenca.
