El Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD) ante la comunidad nacional e internacional condena enérgicamente la campaña que ha emprendido la empresa Minera Minerales de Occidente S.A. –MINOSA-, subsidiaria de la empresa canadiense Aurora Minerals, dirigida a desprestigiar el trabajo que es realizado por la Asociación de Organismos No Gubernamentales –ASONOG-, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia –MADJ- y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos -CIPRODEH- en la localidad de Azacualpa (departamento de Copán) en defensa de la vida y de los recursos naturales.
En ese sentido el CESPAD hace de conocimiento público lo siguiente:
La comunidad de Azacualpa por más de 30 años ha vivido en zozobra desde que a la empresa minera MINOSA se le concesionaran más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales preciosos, principalmente oro, mediante el sistema de explotación a cielo abierto.
El conflicto con la minera no es reciente data desde que la empresa obligó a reubicarse a las comunidades de San Andrés, San Miguel y Platanares, porque debajo de ellas habían grandes yacimientos de oro por explotar. En 2012 este conflicto se agudiza teniendo como epicentro la comunidad de Azacualpa cuando la empresa MINOSA decidió remover su cementerio y el de 5 aldeas más, donde se calcula que hay más de 400 personas sepultadas. Considerando que algunas osamentas cuentan con más de 200 años, estas constituyen un patrimonio cultural y comunitario de la población de Azacualpa que la empresa MINOSA pretende destruir para para la sustracción del oro.
Las protestas realizadas por la comunidad de Azacualpa que demanda el cese de la explotación por parte de la minera han provocado una serie de abusos y violación sistemática de los derechos humanos, así como la destrucción de la propiedad comunal-cultural y patrimonial. Entre 2014 y 2015 más de 26 líderes de la comunidad han sido perseguidos y judicializados por defender su cementerio y su territorio.
El afán por extraer y explotar la riqueza del sub suelo en la comunidad de Azacualpa, y sobre todo su cementerio, no solo ha desencadenado una serie de conflictos, también ha dejado una estela de destrucción a su paso, desde la contaminación de los ríos, hasta el desaparecimiento de los ecosistemas locales y las principales fuentes productoras de agua de la zona.
En días recientes, la comunidad de Azacualpa interpuso un recurso de amparo con el apoyo de ASONOG y el MADJ para el cese de la explotación minera en el cerro “La Bufa”, donde se ubica el cementerio. El recurso fue aceptado por el Poder Judicial y se ha dictado sentencia para suspensión provisional de las labores de exhumación. La Corporación Municipal de La Unión, Copán, se ha negado a cumplir esta sentencia. En ese marco la empresa MINOSA, la Corporación Municipal y otros actores han desencadeno una campaña de odio y desprestigio que ha colocada en riesgo la integridad física y los derechos humanos del personal de ASONOG, el MADJ, CIPRODEH y el liderazgo social de Azacualpa que batalla en defensa de la vida y del medio ambiente.
Por lo tanto, el CESPAD hace un llamado a las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y de velar por la protección por los derechos humanos a que actúen en cumplimiento de la sentencia emitida a favor de la población de Azacualpa y a preservar la vida de los y las integrantes de las organizaciones que se oponen a la continuidad de las actividades ilegales de MINOSA.
